Tras sufrir múltiples hechos victimizantes y afectaciones en sus territorios, la comunidad indígena de Jaidukamá, en Ituango, y el consejo comunitario de Bocas de Caná, en Zaragoza, adelantan con la Unidad para las Víctimas el proceso de reparación colectiva.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: Gobernación de Antioquia
Jaidukamá y Bocas de Caná sufrieron diversos hechos violentos durante el conflicto armado, como desplazamientos forzados, amenazas, asesinatos, confinamiento e invasión de sus territorios por parte de los grupos armados ilegales. Actualmente, estas comunidades étnicas adelantan el proceso de reparación colectiva con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, UV.
Comunidad indígena Jaidukamá
El resguardo indígena Jaidukamá, del pueblo emberá katío eyábida, se encuentra ubicado en el corregimiento La Granja en Ituango, a nueve horas a pie y a tres horas en chiva del casco urbano del municipio, zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Ni siquiera su remota ubicación lo salvó de la violencia; según la UV, este territorio hace parte de los 375 resguardos que tienen presencia de grupos armados ilegales en Colombia.
Dentro de la ruta de reparación colectiva en Ituango, la UV tiene contemplados los corregimientos de El Aro, La Granja y Santa Lucía. Foto: Unidad para las Víctimas.
Desde los noventa, la comunidad indígena ha sufrido el flagelo de la violencia que hasta hoy persiste. Han ocurrido en el territorio enfrentamientos, asesinatos, desplazamientos forzados, accidentes con minas antipersonal, confinamientos, pérdida de bienes y amenazas.
De acuerdo con un líder de la comunidad, el actuar y la presencia de los grupos armados en el territorio ancestral han vulnerado sus tradiciones: su economía, tejido social, seguridad alimentaria y las formas como los habitantes interactúan con la naturaleza.
“Con las minas antipersonal en el resguardo, hay temor, no hay derechos y no hay seguridad. Nos afecta económicamente, a nosotros como artesanos y artesanas. También afecta la cacería; nos restringe los horarios de trabajo, de salidas y de entradas. Con estos artefactos no podemos correr por nuestro territorio, no lo podemos disfrutar”, comentó un líder de la comunidad que pidió reserva de su nombre.
Tras sufrir múltiples hechos victimizantes y afectaciones a su territorio y cultura, la comunidad de este resguardo en Ituango aprobó en consulta previa avanzar con el programa de reparación colectiva que coordina la UV. Desde 2023, están en la etapa de caracterización de las víctimas y de los daños colectivos materiales y sociales, económicos, al gobierno propio y al territorio. Se espera que en el segundo semestre del 2024 se inicie con las fases de diseño de las medidas y acciones reparadoras.
Para la realización de esta etapa, los funcionarios indígenas y líderes de la comunidad tradujeron del español a la lengua emberá la metodología, las fases, los beneficios y los compromisos para avanzar con la reparación colectiva, que contempla medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición.
El líder de la comunidad consultado para este artículo agrega que los espacios del proceso de reparación colectiva son importantes para el resguardo, pero que en ocasiones son limitados por el poco tiempo para que los habitantes den a conocer los hechos violentos que han ocurrido y siguen ocurriendo en el territorio, y para explicar de una forma clara en qué consiste cada una de las etapas.
“Desde el 2022, venimos acompañando el proceso de reparación colectiva. Este tiene su límite para la recolección de información, pero a veces los espacios son limitados. Con nosotros deben trabajar con mucha paciencia, por la lengua, porque la mayoría de los habitantes no manejan el español. Por esta razón, se debe explicar muy bien de qué trata este proceso”, señala el líder de la comunidad.
Para Fabián Domicó, primer gobernador del cabildo de Jaidukamá, es importante que se avance con la reparación colectiva de la comunidad para el restablecimiento de sus derechos. “Nos gustaría que el Estado siga visitando el territorio a través de sus instituciones para que no nos dejen solos”, puntualiza.
Consejo comunitario de Bocas de Caná
A las orillas del río Porce se ubica el consejo comunitario afrodescendiente de Bocas de Caná, en el corregimiento de El Pato, en Zaragoza. Para llegar a este territorio, es necesario recorrer un trayecto de 40 minutos por el río, desde el casco urbano de este municipio del Nordeste antioqueño.
La reforestación en el consejo comunitario de Bocas de Caná es una de las iniciativas que se ha llevado a cabo en los últimos tres años y ha contado con la participación de personas de diversas edades. Foto: Kelly Johana Ramírez.
Según Kelly Johana Ramírez, representante legal del consejo comunitario de Bocas de Caná, desde 1997, la comunidad ha sufrido diferentes hechos victimizantes, como homicidios, desapariciones forzadas, accidentes con minas antipersonales, entre otros.
En el 2013, más de 200 habitantes de este consejo comunitario huyeron de la zona por los fuertes enfrentamientos entre las FARC y la banda de crimen organizado Los Urabeños.
“Desde años anteriores hemos vivido diferentes tipos de hechos violentos, pero el más duro fue en 2013; un enfrentamiento que duró dos días. Durante ese tiempo, un habitante del consejo fue asesinado y otra persona fue secuestrada, posteriormente, fue torturada y asesinada. Esto fue muy duro para nosotros y nos dejaron marcados”, dice Ramírez.
La comunidad, que está en proceso de reconstrucción de su tejido social, avanza con el programa de reparación colectiva que iniciaron con la UV para resarcir los daños del conflicto armado. Después de haber finalizado en noviembre de 2023 las fases de alistamiento y caracterización de los daños a los habitantes, el territorio y su cultura, ahora deben concertar y diseñar las medidas y acciones reparadoras.
Ramírez resalta que este proceso es importante para la comunidad, porque hay muchas personas que están retornando al territorio y deben recuperar sus derechos, así como reconstruir el tejido social como comunidad afrodescendiente.
La lideresa del consejo comunitario también hace un llamado a la UV para que agilice el proceso de reconocimiento de las víctimas; al respecto, expresa: “Hubo muchas personas que quedaron por fuera al momento de ser reconocidas como víctimas del conflicto armado. Hoy en día hay personas que están reclamando ese derecho; cada vez que llega la Unidad para las Víctimas al territorio tocamos ese tema. Incluso, el padre del joven que fue raptado en el 2013 no ha sido reconocido ante la Unidad”.
Agrega Ramírez que la comunidad seguirá luchando para recuperar sus derechos ante el Estado. “Porque no solo hemos vivido ese suceso del 2013; muchos años atrás se habían registrado otros hechos violentos contra la comunidad. A raíz de eso hoy en día no tenemos colegio en nuestro territorio, solo queda la estructura deteriorada por los enfrentamientos”, enfatiza.
En Antioquia, la Unidad para las Víctimas registra 70 sujetos de reparación colectiva correspondientes a comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas, población LGBTI y organizaciones sociales.