La Unidad para las Víctimas declaró al pueblo raizal como víctima del conflicto armado y como sujeto de reparación colectiva. En el archipiélago de San Andrés persisten las violaciones a los derechos humanos, por el accionar de grupos armados ilegales que ejercen control a través de las bandas locales del crimen organizado.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: Unidad para las Víctimas
Los cánticos religiosos, oraciones y música tradicional de las islas resonaron nuevamente en la iglesia bautista New Life Tabernacle el 15 de diciembre de 2023, cuando la Unidad para las Víctimas, UV, notificó oficialmente al pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como víctima del conflicto armado y como sujeto de reparación colectiva.
La UV destaca que su inclusión en el Registro Único de Víctimas, RUV, es un hito a favor de los pueblos étnicos cuya pervivencia se ha visto afectada por los estragos de la guerra. Según la entidad, es una oportunidad histórica para que el Estado repare y garantice los derechos colectivos a la autonomía, la integridad cultural y territorio, que les fueron vulnerados.
En el acto de notificación, la directora de la UV, Patricia Tobón Yagarí, expresó: “Este reconocimiento permitirá visibilizar y entender cómo las dinámicas del conflicto se adaptaron de manera diferencial a la insularidad, cómo sus expresiones son distintas a las del resto del país continental. Con esto, se espera iniciar la ruta para concertar el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC)”.
De parte de la Dirección de Asuntos Étnicos de la UV, Diana Garrido contó que la resolución es el resultado de diversos ejercicios realizados durante el 2023, en los que se priorizaron temas como los daños al ambiente, la cultura, la identidad y los procesos organizativos de la comunidad. Estos espacios “se centraron en reconocer la importancia del mar como desarrollo y el proceso de construcción del archipiélago, así como de la evolución de sus pobladores”, dijo Garrido.
A la ceremonia en la iglesia bautista asistieron las comunidades raizales representadas por organizaciones políticas y socioculturales de la isla.
La declaratoria
A través de la resolución 2023-111763 del 29 de noviembre, la UV incluye en el RUV a la comunidad raizal del archipiélago y establece que existen daños a los derechos colectivos, vinculados de forma directa e indirecta al conflicto armado.
Según la resolución, el pueblo étnico se ha enfrentado a hechos de violencia que han producido la pérdida de su identidad. Afectaciones derivadas del narcotráfico, de la implantación del modelo de desarrollo ligado al turismo y de la sobrepoblación, han causado una disminución a la calidad de vida y una pérdida paulatina de sus prácticas.
La resolución señala que en el territorio hubo “un patrón de violencia en el que se presentaron hechos de desaparición forzada; homicidio; delitos contra la libertad e integridad sexual; lesiones personales; esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso; allanamientos; amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal; discriminación; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, estigmatización y señalamientos, entre otros”, se lee en el documento.
Patricia Tobón, directora de la Unidad para las Víctimas, y Rossana Teresa Livingston, primera vicepresidenta del Raizal Council, en el acto de notificación del pueblo raizal de San Andrés como sujeto de reparación colectiva. Foto: Unidad para las Víctimas.
Los impactos sociales de la violencia
La llegada del narcotráfico cambió la forma en que la gente se relaciona en las islas. De acuerdo con voces de la comunidad, ahora predominan las acciones violentas de grupos ilegales, lo que ha hecho que la sensación de inseguridad entre los pobladores aumente. Así mismo, las fronteras invisibles impuestas por estas estructuras al margen de la ley han conllevado a la pérdida de vidas humanas en el territorio isleño.
Según Luz Vianan Christopher, líder social raizal e integrante de Cane Roots Asociation, CRA, organización social que trabaja temas relacionados con derechos humanos en las islas, el conflicto en el departamento ha tenido varios impactos sociales en el territorio como la ruptura del tejido social y familiar, y también problemas de seguridad y paz. “Se ha registrado una alta incidencia de violencia, como desapariciones forzadas y desplazamientos. Aunque no hay estadísticas precisas, muchas personas han abandonado la zona debido a la violencia y extorsiones, dejando negocios y propiedades”, expresa.
Por otra parte, Luz Marina Livingston, periodista raizal con varios años de experiencia documentando el conflicto armado en las islas, y que se ha destacado como líder e integrante de la organización social de Blue Haws e investigadora del informe Mar, guerra y violencia (que las organizaciones locales le entregaron a la Comisión de la Verdad), dice que el tejido comunitario en el territorio se fracturó: “Éramos una comunidad unida; al ser un territorio pequeño, todos nos conocíamos y compartíamos en familia. Con la llegada de estos grupos, comenzó a surgir desconfianza entre la población, por el temor a relacionarse con personas involucradas en este tipo de actividades ilícitas”.
Entre otras formas de violencia que persisten en las islas se encuentra el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos ilegales, especialmente hombres, para el desarrollo de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Esto ha aparejado asesinatos, amenazas y desapariciones hacia esta población.
“Sé que no es una excusa decir que las necesidades, carencias y falta de oportunidades en la islas han llevado a que muchas personas ingresen a este tipo de actividades, pero así ha podido ocurrir. En cuanto a sectores, los pescadores, por ejemplo, han sido afectados por sus conocimientos en temas marítimos y son reclutados para el transporte de la droga y abastecer las lanchas”, resalta Luz Christopher, integrante de la CRA.
De acuerdo con el informe El pueblo raizal en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: los escenarios del conflicto armado, realizado por la Comisión para el Esclarecimiento de Verdad, CEV, a partir de trabajos realizados por las organizaciones y universidades con trayectoria en las islas, el nivel de organización de las estructuras armadas postdesmovilización permitió sostener una red de reclutamiento de jóvenes sanandresanos. Estos fueron utilizados como apoyo logístico para las lanchas que transportaban drogas desde el Caribe colombiano con destino a Centroamérica y Norteamérica.
La periodista Livingston comenta al respecto: “Estos grupos ofrecían grandes recursos económicos para que las personas participaran en este tipo de actividades ilegales, y algunas aceptaban voluntariamente. Sin embargo, cuando las personas expresaban su negativa a continuar con estas actividades, se desencadenaban las presiones, las amenazas, los asesinatos y la desaparición por parte de grupos ilegales”.
Esta dinámica tuvo impactos en el tejido social. “Las familias se han desarticulado por la falta de alguno de sus miembros”, complementa la activista raizal Luz Christopher.
En la declaratoria también se relata que con la llegada del narcotráfico en 1980 a las islas, se registraron diversos hechos violentos, como la instrumentalización y estigmatización hacia los navegantes y pescadores, conocedores del mar. Foto: Federación de Pescadores Artesanales de Providencia y Santa Catalina.
El mar como territorio
Para los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el mar no es apenas una masa de agua salada. Algunos de ellos, como el raizal Frank Rodríguez, quien desde hace más de una década es pescador en Providencia, dicen que el mar lo es todo. “Lo llevo en la sangre porque mi abuelo me enseñó a pescar, y eso corre por mis venas”, explica. El mar hace parte de la vida cotidiana y de la historia de los isleños, determina las relaciones económicas, políticas y culturales de estas comunidades.
Pero también, con la irrupción de los grupos armados ilegales en el archipiélago, el mar ha adquirido otros significados, pues se ha convertido en un espacio receptor de víctimas y lugar de ocurrencia de desapariciones. “El conflicto armado también ha afectado los imaginarios de las personas en relación con el mar. A través de los usos y costumbres que teníamos, se han visto afectados porque estos actores lo han utilizado como una cosa para hacer sus actividades ilegales, deslegitimando nuestros saberes”, dice Luz Christopher.
Al respecto, comenta Frank Rodríguez: “Estamos perdiendo a nuestros jóvenes en la isla porque se involucran en actividades ilegales. Los conocimientos que tenemos sobre el mar no deberían ser utilizados para estos fines. Creo que en el mar hay suficiente pesca, y necesitamos apoyo para continuar con nuestras tradiciones como hombres de mar”.
Una historia ligada al narcotráfico
Las dinámicas del conflicto armado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina son diferentes a las que persisten en la región continental del país. Las islas, como señala el informe Mar, guerra y violencia, son un lugar estratégico para los grupos al margen de la ley, debido a su cercanía con Centroamérica y otras islas del Caribe, lo que convierte al archipiélago en un sitio de escala para el tráfico de drogas y armas.
Por una parte, desde la década de los ochenta, de forma paralela a la expansión y auge de la industria turística, ha habido un desplazamiento de la comunidad raizal, lo que ha impactado en la economía local. Por otra parte, explica Inge Helena Valencia, antropóloga, directora del Laboratorio de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Icesi e investigadora del informe Mar, guerra y violencia, con ese auge del turismo, “se abrió la posibilidad de la llegada del narcotráfico a las islas, donde ya había contrabando de mercaderías y presencia de actores indirectos del narcotráfico”.
Así mismo, el ya citado informe de la CEV, El pueblo raizal en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: los escenarios del conflicto armado, dice que en los noventa se intensificaron en las islas acciones de los carteles de la droga, como el de Cali.
A mediados y finales de la misma década, con la desarticulación de los grandes carteles, actores ilegales como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, tomaron el control de los puertos y puntos de salida de embarcaciones en la región Caribe colombiana, lo que les garantizó el dominio sobre los envíos de droga al mercado internacional.
Ya en la primera década del dosmil, tras la desmovilización de las AUC, surgieron nuevos grupos al margen de la ley, como Los Paisas, Los Rastrojos o Los Urabeños. Esto provocó una disputa por el control de las rutas del narcotráfico y de las islas. Por otra parte, si bien las FARC no ejercieron soberanía marítima, sí lograron beneficiarse del tráfico de armas provenientes de Centroamérica. Así lo recogen los informes mencionados.
De acuerdo con el informe Mar, guerra y violencia, realizado en 2022 por organizaciones sociales y universidades como Icesi, “en las islas estos grupos, a diferencia del continente, no se presentan como ejércitos formales, sino introduciendo tempranamente las lógicas de la subcontratación de pequeños grupos locales o pandillas, bajo la figura del outsourcing criminal para ejercer la violencia”.
El conflicto persiste
El más reciente capítulo de la historia del narcotráfico en San Andrés, Providencia y Santa Catalina lo están escribiendo las llamadas AGC, grupos al margen de la ley que han venido expandiéndose desde el año 2020 en el territorio nacional. La Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 028-2022, señala un fortalecimiento de esta estructura armada del narcotráfico y del crimen organizado en el archipiélago.
Igualmente la entidad humanitaria detalló en el documento que persisten las estructuras ilegales de Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales, tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza que mantienen su injerencia en la isla.
La institución también señaló que los líderes sociales, comunitarios y defensores de los derechos humanos están expuestos a riesgos. El seguimiento identificó agresiones dirigidas a líderes que participan en actividades de veeduría ciudadana y denuncia pública. También se ha constatado que el trabajo comunitario se ve perjudicado por las amenazas provenientes de las bandas criminales.
Si bien la declaratoria como víctima y sujeto de reparación colectiva otorgada al pueblo raizal en diciembre de 2023 da algunas pistas acerca de cómo este fue afectado durante el conflicto armado, aún faltan etapas del proceso que ayuden, no solo a entender los contextos de victimización, sino también a acordar con la misma población cómo el Estado va a llevar a cabo la reparación que promete dejar atrás décadas de abandono.
Según Marta Salazar, directora territorial de Bolívar y San Andrés de la Unidad de Víctimas, “después de la notificación de la declaratoria, entrará la fase de aislamiento, quiere decir que la UV comienza diálogos con la comunidad para explicar en qué consiste la reparación y cuál es su alcance”.
La ruta de reparación colectiva, que siguen las comunidades luego de la notificación, implica las fases de aislamiento, caracterización del daño, formulación del plan integral de reparación colectiva e implementación. Para el caso del archipiélago, de acuerdo con Salazar, este año se avanzará en las dos primeras: “Tenemos previsto hacer la fase de alistamiento, en el primer semestre, y tenemos el reto de iniciar la fase de caracterización luego. Esto depende de las voluntades institucionales de los órdenes local y nacional, de la comunicación con las comunidades raizales y con los líderes y lideresas, y de los tiempos de todos los actores”, expresó.