Además del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, con el caso 7, la JEP también investiga hechos asociados a la instrumentalización de quienes fueron víctimas. Algunos de estos hechos son: la violencia y esclavitud sexual, la planificación y realización de abortos forzados, la imposición de trabajos forzados y los fusilamientos. Se calcula que en Colombia más de 18 mil niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de estos delitos.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: ICBF
Cada 12 de febrero, desde el 2002, el Día de las Manos Rojas conmemora la firma del protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados. Esta instrumentalización, que configura varios delitos, atenta contra derechos fundamentales de los menores, como a la libertad, la educación, la salud, la integridad física, el tener una familia y, sobre todo, el derecho a la vida.
Según las Naciones Unidas, todavía se siguen registrando este tipo de hechos victimizantes contra los menores de edad en cerca de 18 países. Algunos de ellos son Siria, República Centroafricana, Afganistán, Costa de Marfil y Colombia. El símbolo de las manos rojas se refiere a la necesidad de ponerle un alto al uso y reclutamiento de menores de edad con fines bélicos.
El conflicto colombiano no ha sido ajeno a esta problemática y hecho victimizante. Desde 1985 hasta el 2023, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), 9707 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado y lograron desvincularse de los grupos armados ilegales antes de cumplir la mayoría de edad.
Después de la firma del Acuerdo de Paz, en el 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, SRVR, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, abrió el caso 7, denominado “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, que aborda los hechos ocurridos entre el 1 enero de 1971 y el 1 de diciembre 2016.
De acuerdo con la JEP, los departamentos donde se concentran las mayores afectaciones a niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado son Meta, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Cauca. Foto: JEP.
¿En qué va este caso?
En agosto del 2021, la JEP identificó 18 677 víctimas, una cifra provisional resultante de la investigación preliminar sobre el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, presuntamente cometido por las extintas FARC. Esta información se recopiló al cruzar 31 bases de datos proporcionadas en 45 informes presentados por organizaciones de víctimas, el Estado y los centros académicos.
Según la SRVR, en el portal de consulta de la JEP, el 48% de las conductas victimizantes dentro de este caso han sido atribuidas al bloque Oriental de las antiguas FARC, que abarcaba los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés. El bloque Oriental es la estructura con mayor número de victimizaciones asociadas; le siguen los antiguos bloques Noroccidental, Occidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe. Por ello, la Sala decidió priorizar la investigación de forma territorial.
Debido a las particularidades de estos departamentos, que albergan 166 resguardos de 60 pueblos indígenas, la JEP, a través de la SRVR, investiga específicamente el impacto diferencial del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en estos grupos étnicos, buscando su participación activa en las versiones que se llevan a cabo.
En el 2021, la SRVR llamó a 47 exintegrantes de estos bloques guerrilleros a rendir versión. Entre los comparecientes se encuentran: Rodrigo Granda Escobar (alias Ricardo Téllez), Victoria Sandino (senadora en 2018-2022), Jairo Reinaldo Cala (representante a la Cámara en 2018-2022) y Guillermo Enrique Torres (alias Julián Conrado, alcalde de Turbaco en 2020-2023).
Además, la JEP se ha articulado con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, para coordinar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes reclutados. La JEP ha compartido información sobre 135 casos y trabaja junto a la UBPD y Medicina Legal en la identificación de 47 cuerpos recuperados en La Unión Peneya, en Montañita, Caquetá.
Análisis de priorización
Para llevar a cabo la priorización temporal, la SRVR consideró que los datos analizados muestran cuatro momentos históricos destacados de reclutamiento de personas menores de edad en el país.
El primero empieza a aumentar desde 1997 hasta alcanzar su punto máximo en el año 2000, con 1817 victimizaciones. Un segundo pico se observa en el 2002, con 1201 registros; el tercer pico, en el 2007, con 1140 víctimas registradas; y un último pico en el 2013, con 1766 víctimas.
Con base en estas cifras, la SRVR tomó la decisión de priorizar temporalmente el periodo de 1996 a 2016, ya que concentra el mayor número de hechos. Esto facilitará, según la JEP, evidenciar con mayor claridad su gravedad y representatividad.
De acuerdo con los relatos proporcionados por las víctimas, la SRVR también observó que las personas menores de edad reclutadas pudieron haber experimentado hechos violentos, tales como homicidios, torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes, así como otros actos inhumanos.
Nuevas líneas de investigación
La SRVR de la JEP inició una sublínea de investigación denominada “discriminación y violencias contra niños y niñas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas” en el contexto del reclutamiento, en el marco de la línea de violencia sexual y basada en género.
La decisión fue tomada en el Auto 032 de 2022, que presentó la caracterización de las 400 víctimas acreditadas hasta ese momento en el caso 7. En ese informe se reveló que 68 de ellas, además de haber sido reclutadas siendo niños, niñas o adolescentes, también fueron víctimas de diferentes tipos de violencia sexual y de género.
¿Qué sigue ahora?
En el 2023, la defensa nacional de los firmantes del Acuerdo de Paz radicó un documento en el que solicitó, en segunda instancia, la remoción de la magistrada Lily Rueda en el caso 7, argumentando falta de imparcialidad por parte de la jueza.
De acuerdo con Juan Manuel Martínez Ramírez, abogado líder del equipo de representación de las víctimas de la secretaría técnica de la Coalico (Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia), este caso se ha visto afectado por la solicitud de recusación que elevaron los comparecientes de las antiguas FARC contra la magistrada relatora del caso en octubre del 2023.
“Los comparecientes de las FARC han cuestionado la idoneidad de la magistrada Rueda como relatora o como persona que dirige el caso, y en ese sentido han cuestionado también las metodologías que se han usado especialmente en materia de violencia sexual, no de determinación de hechos de violencia sexual”, expresó el abogado Martínez.
El vocero del equipo representante de las víctimas agregó que están a la espera de la sección de apelación para poder continuar con el caso. Según Martínez, con ello se reanudarían las versiones voluntarias individuales, a las que están citados algunos comparecientes.
De acuerdo con el abogado de Coalico, es necesario “que haya un cambio de actitud por parte de la bancada de defensa de los comparecientes, para que haya un reconocimiento de verdad de forma plena y oportuna”.
Con respecto a las dificultades que enfrenta el caso 7, Martínez puntualizó: “Hasta el momento este caso no ha tenido avances relevantes en la línea de investigación de la fuerza pública, por lo que sería importante que se avanzara en ambas líneas”.