En el 2022, la Corporación Jurídica Libertad junto a organizaciones de distintas subregiones le propusieron a la Gobernación de Antioquia la creación de refugios humanitarios, unos espacios que buscan resguardar a la población, brindarle seguridad colectiva e integridad, protegerla de los actores armados e impulsar el cumplimiento de sus derechos humanos. Aquí, un recorrido por la instalación del refugio humanitario en Puerto López, corregimiento de El Bagre.

Por Juan Prado
Corporación Jurídica Libertad

Amanecer cálido en El Bagre, Antioquia. Los primeros rayos de luz dibujan en el horizonte un paisaje ribereño tropical; varios dragones brasileños aparecen dominantes en la cuenca del río Nechí. Lentamente el comercio abre sus puertas, y un sol radiante anuncia que la jornada será muy cálida. A medida que avanza la mañana, las calles contiguas al aeropuerto El Tomín se inundan de zapotes, mangos y mucha patilla.

En medio de su afán por llegar a la alcaldía municipal, dos guardias indígenas se detienen a comprar tres mil pesos en mangos; degustan el jugoso fruto con la tranquilidad de llegar a tiempo para recibir a funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Paz y No violencia de la Gobernación de Antioquia e integrantes del área de garantías de la Corporación Jurídica Libertad, quienes vienen acompañando la conformación e instalación de refugios humanitarios en el departamento.

Los refugios humanitarios son uno de los mecanismos de autoprotección que las comunidades campesinas y étnicas de varias subregiones de Antioquia vienen impulsando con el propósito de mitigar las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos armados. En esta misma dirección, en septiembre del 2022, conformaron la Mesa Humanitaria y de Paz en Antioquia, desde la cual vienen trabajando en la implementación de trece mínimos humanitarios en las zonas más golpeadas por la prolongación de la violencia armada.

Vista del corregimiento de Puerto López, en El Bagre, Antioquia. Foto: Corporación Jurídica Libertad.

El Bajo Cauca es una de esas zonas. En los seis municipios que lo componen tienen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC. Según el Observatorio Sobre el Nivel de Riesgo para la Labor de Líderes y Lideresas de la Corporación Jurídica Libertad, entre 2018 y 2022, en esta región se registraron 22 masacres, una tasa de homicidio de entre 85 y 122 personas por cada cien mil habitantes, más de 3000 personas desplazadas y comunidades enteras confinadas en los municipios de Cáceres y El Bagre.

En esta subregión también han tenido influencia los dos últimos procesos de paz que ha vivido Colombia. Se trata de la desmovilización en el 2005 de los bloques Central Bolívar y Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, y la de las FARC-EP en el 2016. Paradójicamente, estos procesos no se han traducido en un escenario de tranquilidad. Actualmente, sus pobladores padecen las mutaciones del conflicto armado: la degradación derivada de la guerra es el pan de cada día. La política de Paz Total del gobierno actual tiene allí uno de sus mayores retos a nivel nacional.

Puerto López construye paz en medio del abandono estatal

Después de terminar el desayuno de patacón con queso costeño, la guardia indígena señala el camino para abordar el jeep que conduce a los funcionarios de la Gobernación y a los integrantes de la Corporación Jurídica Libertad a la comunidad Almendros 2, en el corregimiento de Puerto López.

Esta localidad del sur de El Bagre ofrece bastante tela para cortar en lo referente a las dinámicas de la guerra y las resistencias campesinas y étnicas frente a los atropellos de los actores armados. “Este es el carro que nos transporta normalmente de la comunidad al pueblo y viceversa. Ustedes no me van a creer, pero acá montamos hasta 30 personas en los puestos y el capacete; es una chiva indígena” dice entre risas Alejandro Beltrán, un indígena senú de 30 años, coordinador de la guardia indígena de Almendros 2.

Inmediatamente el jeep pone sus llantas fuera del casco urbano se abre ante la mirada un panorama de destrucción y sobrevivencia, normalizado para los afectados por la guerra en Colombia. El conductor es un inmigrante venezolano que se sabe bien estos caminos y que, cada que puede, toca la bocina para saludar a las motos que pasan a su lado. A izquierda y derecha de la carretera se forma una imagen que se podría titular “tierra pelada”: una paleta marrón opaca la gama de verdes característica de los bosques tropicales, resultado de la remoción de suelos y el uso de mercurio para extraer oro.

Mientras el vehículo avanza por la carretera polvorienta, se logran divisar en las paredes de casas e instituciones educativas las marcas de los actores armados presentes en El Bagre; en su mayoría son amenazas e insultos que aportan una dosis de tensión al ya candente ambiente del corregimiento, lo que da cuenta del nivel de la confrontación armada en las once veredas que lo integran.

“En junio y julio las AGC prohibieron el comercio de gasolina e incluso dinamitaron una torre de energía que dejó sin luz por varios días algunas veredas. En esta región son constantes las situaciones de bloqueo económico, confinamientos, asesinatos y reclutamientos forzados” dice uno de los líderes campesinos de la región que se subió al jeep para acompañar la instalación del refugio humanitario en Almendros 2.

Los refugios humanitarios no son un mecanismo de autoprotección colectiva desconocido para los cerca de tres mil habitantes que tiene Puerto López. En el año 2016, organizaciones campesinas, resguardos indígenas y consejos comunitarios declararon el corregimiento como territorio de paz, mediante la instalación de cuatro refugios humanitarios en diferentes veredas y la realización de una gran movilización en apoyo al proceso de negociación que originó el acuerdo de paz de La Habana.

La falta de presencia integral del Estado en los lugares controlados antiguamente por las FARC conllevó a que otros actores armados entraran a disputárselos, generando nuevas confrontaciones armadas y, por eso hoy, la instalación del refugio humanitario en la comunidad de Almendros 2 es el mecanismo que las comunidades han retomado para permanecer en el territorio.

Almendros 2 y la autonomía territorial

Luego de pasar sin ningún inconveniente un par de riachuelos, el jeep llega a la vereda Las Negritas con los acalorados pasajeros. El conductor gira a la izquierda para tomar una vía destapada en la cual empiezan a resaltar vallas y banderas blancas, lo cual permite comprender que se está ingresando a territorios ancestrales del pueblo indígena Senú.

Almendros 2 es una comunidad relativamente nueva en Puerto López, su origen se remonta al 2020, como resultado de algunas diferencias que se presentaron entre varias familias y las autoridades del resguardo Almendros.

Al llegar al corazón de Almendros 2, Alejandro se baja del carro e inmediatamente convoca a la guardia indígena: adultos y semilleros juvenil e infantil, para recibir a los visitantes. Rápidamente sus integrantes forman dos filas, y Robinson Benítez, el líder más veterano de la comunidad, procede a decir unas palabras: “La instalación del refugio no es algo protocolario, una izada a la bandera. Es un salvavidas muy importante para las comunidades en medio de la guerra. Para nosotros es muy importante recibir apoyos de instituciones comprometidas con nuestra permanencia en el territorio. Es la posibilidad de mitigar los impactos de la violencia, la cual, al parecer, no va a terminar”.

Él es un líder curtido en el ejercicio del trabajo comunitario. Ha cursado estudios en la Licenciatura de Pedagogía de la Madre Tierra, participa en el colectivo Gente y Bosques, que pretende cuidar y conservar los ecosistemas de El Bagre que no han sido alcanzados por el extractivismo minero, y desde el año 2004 ha sido cacique mayor durante varios periodos en el resguardo de Almendros. Sus sesenta años de vida transmiten el don de la serenidad y la experiencia que se requiere para liderar a una comunidad que se resistió al atropello de los paramilitares, desde su llegada al municipio a finales del siglo XX, así como a las disputas entre estos y las guerrillas por el control de corredores de movilidad y economías ilegales hasta el día de hoy.

Los integrantes de los semilleros infantil y juvenil de Almendros 2, convocados por el líder Robinson Benítez. Foto: Corporación Jurídica Libertad.

“Lo que hemos logrado hacer en medio de un escenario tan adverso es que los armados no entren, ni se asienten en nuestra comunidad. Les hemos pedido respeto al territorio: ni reclutamiento, ni asentamiento”, expresa Robinson Benítez, mientras convoca a niñas y niños para entregarles los balones de fútbol y voleibol que llegaron como parte de la dotación para la conformación del refugio humanitario. Ollas, enseres, banderas blancas, astas, pendones y vallas son el paquete inicial entregado a la comunidad por parte de la institucionalidad.

Al refugio lo protege la resistencia milenaria

Procesos de negociación frustrados, acuerdos de paz incumplidos. Una pregunta circula entre veredas: ¿Qué esperar de la Paz Total en un escenario de guerra permanente? Los ceses bilaterales del fuego son una política humanitaria que ganó credibilidad en las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que actualmente parecen impotentes por la prolongación degradada del conflicto armado en Colombia.

“El ELN firmó un cese bilateral y eso lo valoramos. Pero en nuestro territorio es insuficiente. La guerra sigue. Exigimos un cese multilateral; todos los grupos armados deben comprometerse a no atropellar más a la comunidad de Puerto López” dice con vehemencia Jairo Rodríguez, campesino, defensor de derechos humanos de antigua data, que recibió con bastante alegría la pequeña caravana humanitaria que llegó al pequeño caserío.

En Almendros 2 la comunidad es bastante organizada, pese a que no han sido reconocidos por la Agencia Nacional de Tierras como resguardo indígena. El mediodía llegaba acompañado de una temperatura que alcanzaba los cuarenta grados, menguada de vez en cuando por una leve brisa proveniente de la lejana serranía de San Lucas, en los límites entre Antioquia y Bolívar. Mientras la guardia indígena atendía la recepción e instalación de las banderas blancas en diferentes puntos del territorio, algunas mujeres se ocupaban de la alimentación; la mayoría de ellas estaban en el vivero en el que trabajan desde hace un año, con el propósito de impulsar iniciativas de seguridad alimentaria para sus familias.

“Hemos visto un empoderamiento femenino en la comunidad. Inicialmente fue difícil porque las autoridades no reconocían la importancia de diferenciar a las mujeres, pero ya estamos ejerciendo funciones de liderazgo y creamos el comité de mujeres, con el que venimos sensibilizándonos para cambiar las relaciones entre hombres y mujeres”, sostiene con criterio Yaliz Flórez, cacica mayor de Almendros 2, mientras organiza a todas las mujeres para que se tomen una foto colectiva en las instalaciones del vivero.

Las mujeres de Almendros 2 impulsan proyectos de seguridad alimentaria y promueven una mayor equidad en las relaciones entre los hombres y las mujeres de su comunidad. Foto: Corporación Jurídica Libertad.

Luego de posar para la foto, Yaliz sale rápidamente para la reunión en la cual Ricardo Madrid, que porta con orgullo su bastón de mando, explica a la delegación visitante el origen de la guardia indígena en este territorio de Antioquia: “Antes éramos alguaciles. Con el acompañamiento de la OIA y la ONIC nos organizamos mejor y hoy somos guardia indígena. En ese proceso jugaron un papel muy importante los mayores. Ellos nos enseñaron que, pese a las dificultades con los armados, la palabra y la resistencia son el mejor antídoto contra sus atropellos”.

Días antes del encuentro, las y los guardias habían recorrido su territorio para marcar los puntos en los cuales se instalaron diez banderas blancas que definen los límites del refugio humanitario. Estos recorridos, realizados con integrantes de los semilleros juvenil e infantil, son una de las estrategias más usadas por la guardia indígena para que los grupos armados que merodean por las veredas vean su presencia y se alejen de la zona.

El refugio humanitario en Almendros 2 no solo estará habilitado para atender a población indígena en situación de riesgo. Comunidades campesinas y negras de Puerto López tienen las puertas abiertas para cuando los vaivenes del orden público así lo requieran.

Óliver Madrid es cacique dentro del pueblo Senú; es el delegado por las autoridades étnicas para atender lo referente a la conformación del refugio. Su sonrisa es sinónimo de la alegría que producen las gestiones realizadas ante la institucionalidad y las organizaciones acompañantes. “Hoy han llegado diferentes entidades a apoyar nuestro trabajo y esto nos permite decirles a los armados que queremos hacer trabajo comunitario. Queremos activar el festival del dulce, el del bollo, fortalecer nuestros lazos como comunidades, más allá de evitar el desplazamiento por razones del conflicto armado”, expresa con la satisfacción del deber cumplido tras despedir a los visitantes, quienes salen acompañados de Almendros 2 por el sol que momentáneamente viste el cielo de un tono rosado pastel.

 

 

Esta publicación hace parte de la #CampañaImprescindibles de la Corporación Jurídica Libertad, una apuesta por visibilizar la labor de las personas líderes y defensoras de derechos humanos en los diferentes territorios de Antioquia como constructores de paz.

Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Unidad Hacemos Memoria ni de la Universidad de Antioquia.