El corregimiento San José, de La Ceja, retomó el 12 y el 13 de septiembre el proceso para ser reconocido como sujeto de reparación colectiva, el cual había iniciado en 2021 pero que, debido al cambio de Gobierno nacional, estuvo frenado por casi un año.
Por Emmanuel Zapata Bedoya
Líderes y lideresas del único corregimiento de La Ceja, San José, retomaron los encuentros del proceso de reparación colectiva por las afectaciones del conflicto armado desde los años ochenta. No obstante, la pausa en las jornadas de formulación de la reparación redundó en un enfriamiento en las relaciones entre la Unidad para las Víctimas, institución encargada del proceso, y los habitantes del corregimiento, quienes en algunos casos mencionaron haber perdido interés o confianza en las posibilidades de este tipo de reconocimiento.
En las sesiones del 12 y 13 de septiembre, además de contar con nuevos capacitadores de la Unidad, los habitantes del corregimiento expresaron de qué forma se habían visto afectados por el conflicto armado en sus once veredas, y explicaron sus propuestas para ser reparados.
Esta vez se inició la segunda etapa, denominada “diagnóstico del daño”, en la que los capacitadores de la Unidad para las Víctimas a quienes les correspondió el caso de San José y sus veredas, César Orozco y Juan Camilo Arredondo, hicieron un recorrido histórico, desde los primeros pobladores de San José hasta el después de la violencia en ese territorio, contada a partir de la desmovilización de los paramilitares en 2005. Además, teniendo en cuenta las propuestas de las víctimas, los profesionales explicaron las formas en que el corregimiento, donde viven unas cinco mil personas, puede beneficiarse con dicha reparación.
La presencia guerrillera en San José se remonta a finales de la década de los ochenta, cuando las FARC invadieron la zona boscosa del corregimiento y se fortalecieron en el corredor que conecta a La Ceja con el vecino municipio de Montebello. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia sucedió a finales de los noventa con la llegada de paramilitares del Bloque Metro de las AUC. Este grupo paramilitar tenía la intención de disminuir, en compañía del Ejército nacional, la ofensiva del frente guerrillero. Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica describe así este contexto: “La retoma militar-paramilitar del Oriente antioqueño empezó en la zona de Altiplano y se fue cerrando sobre las zonas de retaguardia de la guerrilla”.
Muchos de los habitantes de San José vivieron algunos de estos hechos de violencia: los grupos armados campeaban por sus montañas. “Yo soy víctima de desplazamiento forzado. A mí me tocó salir de mi casa por miedo, porque uno de los paramilitares se enamoró de mi hija. Lo único que yo pido para el corregimiento, ya que volví, es que reparen lo que perdimos: infraestructura, nuevos salones para los colegios y que, ojalá, gestionen la media técnica para los muchachos”, afirmó en el encuentro Orfelia Osorio, lideresa de San José, a la vez que enfatizó en que espera que este proceso y las diferentes capacitaciones les permitan a los demás campesinos aprender a trabajar en equipo y reconstruir el tejido social.
El proceso de reparación colectiva en el corregimiento estuvo quieto por casi un año. La razón que les dieron de parte de la Unidad para las Víctimas, según Orfelia, fue que, por el cambio de Gobierno nacional en agosto de 2022, cambiaron también los funcionarios y las metodologías de trabajo, lo que ocasionó una pausa en los encuentros. “Nos dijeron que el nuevo Gobierno traía cambio de personal. Nosotras llamábamos y preguntábamos, pero eran pocas las respuestas. Afortunadamente pudimos continuar con las reuniones, pero sí consideramos que hubo un retraso”, dijo.
En cuanto a esto, Luz María Builes, abogada y magíster en Ciencia Política y quien ha estudiado el caso de la reparación colectiva de San José, expresó: “Es muy grave que hayan frenado el proceso, pues la comunidad se enfría y eso es una forma de revictimización. Fue un año de trabajo y empezar nuevamente con el diagnóstico del daño es muy fuerte. Es un momento en que, a veces, las personas lloran, recuerdan y escriben; es hacer una línea de tiempo donde usted cuenta qué vivió y remover el pasado. Entonces, para ellos revivir tantas cosas y que el proceso se frene, se enfríe y luego, un año después, volver a lo mismo, es muy triste y nefasto”.
Los próximos encuentros para continuar con la etapa del diagnóstico del daño se llevarán a cabo en octubre. Sin embargo, la Unidad aún no ha acordado las fechas con la comunidad.
La comunidad del corregimiento discute sobre los proyectos productivos que se pueden hacer en el territorio y los que posiblemente se potencializarán gracias a la reparación colectiva. Foto de Emmanuel Zapata Bedoya.
La Unidad para las Víctimas los llamó al trabajo en comunidad
En 2013, a los presidentes de las juntas de acción comunal de las once veredas que conforman el corregimiento de San José les llegó un oficio de parte de la Unidad para las Víctimas, donde se les invitaba a declarar y dar su testimonio en la Personería municipal, con el fin de que San José se constituyera como sujeto de reparación colectiva.
“A todos nos llegó el oficio. Recuerdo que casi nadie quería ir a declarar porque tenían miedo y porque le habían perdido confianza a la institucionalidad. Yo fui, con miedo, pero fui a declarar”, explicó Olga Lucía Franco, lideresa y víctima de la violencia tanto en San José como en el vecino municipio de Sonsón. “Es que yo soy de allá, de Sonsón, pero la violencia me hizo desplazar. Llegué a San José y me tocó irme otra vez. Soy doblemente desplazada”, detalló.
Y aunque la declaración se hizo en 2013, solo hasta 2021 se empezó con el proceso para que el corregimiento se constituyera como sujeto de reparación colectiva. “Yo no sabía que podía demorar tanto en empezar. Me hubiera gustado que todos los presidentes de las juntas de acción comunal hicieran parte, pero era difícil. Empezamos con varios encuentros ese año en los que nos explicaban las etapas del proceso, lo que se venía y cómo se trabajaría de ahora en adelante. La primera etapa fue la de alistamiento. La segunda, en la que estamos ahora, es el diagnóstico del daño”, explicó Olga Lucía.
En total los procesos constan de cinco etapas: identificación, alistamiento, diagnóstico o caracterización del daño, formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) e implementación. Según la Unidad para las Víctimas, el objetivo es desarrollar dos etapas por año, lo que lleva a suponer que en San José la última etapa se concluirá en el 2025, dependiendo de cómo continúen las relaciones entre la institucionalidad y los habitantes del corregimiento.