Mujeres buscadoras de Colombia y México se reunieron en ese país para intercambiar experiencias, métodos de búsqueda y estrategias para dar con sus familiares desaparecidos.
Por Emmanuel Zapata Bedoya
Foto: Esperanza Sánchez
El encuentro, que se realizó el pasado 9 de mayo, fue promovido por la artista antioqueña Astrid Viviana Suárez Álvarez y tuvo como objetivo “socializar en espacios académicos las experiencias de desaparición forzada en los países. También queríamos propiciar aprendizajes sociales sobre los modos de resistencia de estas mujeres y estimular la reflexión sobre prácticas rituales y espirituales que contribuyan y ayudan a sobrellevar el dolor de la desaparición forzada”, explicó Suarez Álvarez.
Ella vive en México desde hace cinco años. Allí adelantó su doctorado en Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su investigación, titula “Conjuros de Paz: acciones artísticas de memoria sobre la desaparición forzada en Colombia y México”, fue la razón que la llevó a indagar por el fenómeno de la desaparición en ambos países.
Suárez Álvarez no es ajena al conflicto. Cuando era joven y vivía en la Comuna 13, en Medellín, padeció la Operación Orión: “desde lo que viví cuando estaba en el colegio quedé muy sensible con el tema. Saber que en esa operación desaparecieron a más de trescientas personas hizo que naciera en mí un interés por la desaparición forzada”, expresó.
Luz Amparo Mejía, en representación de Madres de la Candelaria – Línea Fundadora, fue una de las invitadas al intercambio de saberes: “tuvimos la posibilidad de conocer 46 colectivos de mujeres buscadoras y compartir con ellas. Hablamos sobre nuestras formas de realizar las búsquedas y tuvimos la oportunidad de escuchar a algunas de esas madres. Todo fue muy impresionante porque conocí mujeres que llegaban a tener hasta cuatro hijos desaparecidos”.
Esperanza Sánchez, representante del colectivo mexicano Búsqueda de Familiares Regresando a Casa Morelos valoró como muy gratificante el intercambio: “para nosotras a veces es más complejo porque la Fiscalía mexicana entorpece nuestros procesos de búsqueda, en muchos casos ni nos ayudan a continuar con ellos, pero nos motivaron mucho para ejercer presión ante la justicia mexicana”. También, enfatizó en la relación que tienen las Madres de la Candelaria con lo espiritual: “Amparo me decía: ‘antes de dormir tómese una lechita caliente con miel y trate de hablarle a su a hijo. Él es único que le puede dar las coordenadas del lugar donde se encuentra’. Lo que me dijo todavía lo pienso y trato de hacerlo. Con esto crece la esperanza de encontrarlo”, describió Sánchez.
Ellas son algunas de las mujeres buscadoras de México que hacen parte de colectivo Búsqueda de Familiares Regresando a Casa Morelos. En la foto las acompaña Luz Amparo Mejía (primera persona de izquierda a derecha). Foto: Esperanza Sánchez.
El caso colombiano
“Con los informes recientes de la Comisión de la Verdad (CEV) y las demás investigaciones que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), pareciera que apenas nos estamos enterando de que en Colombia hay desaparecidos, como si fuera un hecho reciente”, cuestionó la doctora y magíster en América Latina Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, Adriana González Gil, quien ha estudiado la desaparición forzada en Colombia de la mano de organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad.
En Colombia el fenómeno de la desaparición forzada no es nuevo. Como explica un informe del CNMH, desde la década de los 70, con “Omaira Montoya Henao la víctima del primer hito reconocido de este tipo de hecho en el año 1977”, se empezó a denunciar esta práctica. Sin embargo, pasaron muchos años hasta la tipificación del delito mediante la Ley 589 de 2000. “Este es un fenómeno muy presente y está asociado a las dinámicas del conflicto armado, pero también es muy desconocido e invisibilizado y al que yo creo se temía nombrar”, afirmó González Gil.
La Comisión de la Verdad, en su informe presentando en 2022, dio cuenta de los responsables de esta práctica y compartió algunas particularidades de los mismos: “los grupos paramilitares, guerrillas y fuerza pública han sido responsables de las desapariciones forzadas cometidas en Colombia […], dentro de los servicios de inteligencia y Fuerzas Militares se establecieron, en muchos casos, entramados institucionales que facilitaron que sus miembros cometieran desapariciones forzadas”, dice el informe.
La Comisión también señaló que miembros de la fuerza pública trabajaron aliados con grupos paramilitares para capturar, interrogar, torturar y asesinar a quienes muchas veces eran civiles. Y afirma que los grupos guerrilleros, como actores armados y victimarios, que más víctimas de desaparición forzada han dejado en el país son las FARC-EP y el ELN.
Al revisar las cifras de víctimas y afectados por esta práctica, los repositorios de datos arrojan cifras muy diferentes, pero igualmente preocupantes. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), entre 1985 y el 31 mayo de 2023, la desaparición forzada dejó 51263 víctimas.
Por su parte, según Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2016 fueron desaparecidas forzosamente 121768 personas en Colombia; sin embargo, aclara que, debido al subregistro de estos casos, la cifra puede alcanzar las 210000 víctimas. Mientras que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) contabiliza 103 955 desaparecidos en el país, cifra que, advierte, puede crecer con los años.
Aunque, como dijo González Gil, este es un fenómeno que ha estado invisibilizado en el país, se resalta el trabajo que han desarrollado a lo largo de los años los familiares de las víctimas, quienes nunca han claudicado en la búsqueda de sus seres queridos. También es fundamental la labor que realizan las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de mujeres buscadoras en el país, ya que “han sido ellas las que han resistido al dolor y han hecho suya la búsqueda de personas desaparecidas. Por la presión que ellas han ejercido a las instituciones es que la desaparición forzada en Colombia es hoy tipificada como delito”, explicó la doctora González Gil.
Las acciones de estos colectivos han aportado significativamente a la construcción de memoria del país. Un ejemplo de eso son las Madres de la Candelaria y Mujeres Caminando por la Verdad, quienes tienen “todo documentado. Hacen un trabajo riguroso en cuanto a la búsqueda. Por medio de planes de búsquedas, archivos y estrategias, buscan a sus familiares desaparecidos, pero también ayudan a otras familias a buscar a sus seres queridos”, contó González Gil. Por otro lado, organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad, “no solo ayudan a restablecer los derechos de las víctimas, sino que se encargan de asesorar cientos de familias que hoy padecen la dolorosa búsqueda de un ser querido, armando todo un archivo de procesos”, finalizó.
El caso mexicano
Lo que en Colombia fueron años de violencia política y militar, donde se perseguían y desaparecían a los militantes de partidos de izquierda, a los familiares de insurgentes o donde se asesinaba por pensar o hablar de comunismo, en México, en la década de los 60 y 70 se le conoció como la Guerra Sucia.
En este periodo, que fue hasta principios de los 80, la represión militar y las políticas encaminadas a disolver los movimientos de oposición al gobierno mexicano eran protagonistas. “En esta etapa de la Guerra Sucia tenemos un Ejército que se especializa en técnicas de contrainsurgencia, entre las que se encontraba la desaparición de personas y la tortura, que tienen continuidad actualmente, pero no solo como institución sino como personas, porque muchos de los jóvenes que participaron en la Guerra Sucia son, ahora, altos mandos del Ejército”, explicó Aida Hernández, doctora en Antropología por la Universidad de Stanford y profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en la Ciudad de México, quien también ha trabajado temas de justicia y derechos humanos con diferentes colectivos de mujeres buscadoras, específicamente en el norte y el centro de México.
En contextos donde existen organizaciones criminales, grupos armados al margen de la ley, complicidad por parte del Ejército e impunidad, “cualquier persona puede desaparecer”
Aida Hernández
Y aunque la etapa de la Guerra Sucia en ese país finalizó, ahora la desaparición de personas está asociada a la llamada guerra contra el narcotráfico, que dio paso a la militarización del país. “Con el recrudecimiento de la guerra contra el narcotráfico, algo similar a lo que pasó en Colombia, el Ejército mexicano, en vez de confrontar realmente al crimen organizado, empieza a hacer redes donde apoya a unos cárteles y a otros no, y en los que decomisa la droga de algunos y otros no”, detalló Hernández.
Sobre esto, la licenciada en filosofía y actual doctoranda en antropología en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) de la Ciudad de México, Andrea de la Serna Alegre, en su investigación Las ‘buscadoras’ enfrentan la crisis forense: México alcanza los 100000 desaparecidos, afirma: “la corrupción política, la violencia policial y militar, el crimen organizado y la desigualdad suponen algunos de los pilares que habilitan que la violencia extrema se expanda en el territorio, bajo la forma de asaltos, secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, masacres y feminicidios”.
En esa misma investigación, Serna Alegre explica que a nivel legal se “ha llegado tarde”, pues teniendo en cuenta que el fenómeno de la desaparición forzada se viene dando desde la década de los 60, tan solo hasta 2013 se crea la Ley de Víctimas y cuatro años después, a finales de 2017, se crea la Ley General de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Desde que la lucha contra el narcotráfico se agudizó, con el gobierno de Felipe Calderón, en el 2006, se han registrado en México, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 94817 víctimas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 71 490 eran hombres y 22 646 mujeres.
Pendón expuesto en el encuentro desarrollado el 9 de mayo en México. Allí se muestran los rostros de personas desaparecidas en ese país y que son buscados por el colectivo Búsqueda de Familiares Regresando a Casa Morelos. Foto: Esperanza Sánchez.
Actualmente, las desapariciones forzadas en México pasan por una etapa de efervescencia en la denuncia ciudadana. “Las organizaciones de búsqueda ciudadana empiezan a florecer en 2014, cuando en septiembre desaparecen a 43 estudiantes de una escuela normal. Esa institución era muy militante, muy antisistémica y crítica del Estado”, narró Hernández. Los jóvenes se dirigían a la Ciudad de México para participar de la marcha que se realiza cada 2 de octubre con el fin de conmemorar la Masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968. “Los estudiantes, quienes el 27 de septiembre de 2014 ya iban rumbo a Ciudad de México, fueron detenidos por policías municipales de Iguala, en el estado de Guerrero, y fueron entregados a estructuras de crimen organizado. Este hecho es conocido como el caso Ayotzinapa”, relató Hernández.
“Cuando estos jóvenes desaparecen, inician la búsqueda y empiezan a encontrar fosas, pero no eran los 43 jóvenes desaparecidos. Entonces madres, hermanas y esposas, y hablo en femenino porque el 98 por ciento de personas buscadoras son mujeres, se empiezan a preguntar de quiénes son esos restos que están encontrando. Así empieza un movimiento civil en todo el país, donde estas mujeres, ante la incapacidad del Estado para buscar, han tomado la búsqueda en sus propias manos”, detalló Hernández.
La lentitud de las búsquedas por parte del Gobierno mexicano tiene que ver con muchos factores, como las horas de espera para acceder a una cita, la falta de personal en el sistema judicial y los escasos planes de ruta para iniciar las búsquedas. Así lo describe Serna Alegre en su artículo Las desoladas burocracias de la desaparición (o de la importancia de dar cuenta del desgaste y el maltrato institucionales).
La autora hace énfasis en que la deshumanización de los servidores públicos y su desconexión con la realidad de las familias de las víctimas es el panorama que día a día se vive en los procesos de búsqueda mexicanos.
¿A dónde acudir alguien desaparece en Colombia? ¿Qué hacer en el caso mexicano?
Los familiares de los desaparecidos tienen derecho a saber qué pasó y a conocer dónde están sus seres queridos, por eso en ambos países se han adelantado procesos y planes de búsqueda para encontrar a las víctimas que aún no regresan a sus hogares.
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