En Colombia no existen registros que permitan consolidar la información de cuántas personas desaparecieron en combate. Hacemos Memoria planteó este tema en el foro “Desaparecidos en hostilidades. ¿Quién los busca?”.
Por Lina Martínez
Después de seis meses de una investigación periodística que incluyó la consulta de nueve archivos, seis solicitudes de acceso a la información y 56 entrevistas en cuatro departamentos de Colombia, el equipo de Hacemos Memoria publicó Liberto: un nombre desaparecido en combate, un reportaje que se pregunta por la suerte de Liberto Antonio Pineda Godoy, guerrillero de las Farc que perdió la vida combatiendo contra un grupo paramilitar en Alejandría, Antioquia, el 31 de julio de 2001.
La Fiscalía identificó su cadáver y lo enterró junto a los de otros combatientes en un potrero de la vereda La Inmaculada de este municipio, donde los campesinos de la zona construyeron un altar para honrar su memoria. Pasaron 20 años sin que esa institución regresara por los restos de Liberto, a pesar de que su familia denunció su desaparición desde el 15 de noviembre de 2013.
Este especial periodístico, además de evidenciar la inacción del Estado frente a la búsqueda de las personas muertas en enfrentamientos armados y la soledad de los familiares que los reclaman, dejó una serie de interrogantes que se pusieron sobre la mesa el pasado 30 de noviembre en el foro Desaparecidos en hostilidades. ¿Quién los busca?, organizado por Hacemos Memoria.
A esta conversación, modera por Patricia Nieto, directora de Hacemos Memoria, se unieron Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas (UBPD); Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad; y John León, de la Corporación Reencuentros. Nivaldo Javier Jiménez, representante del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas de la Fiscalía (Grube), también estaba invitado, pero a última hora canceló su participación y pidió que le enviaran las preguntas por correo electrónico.
Este diálogo partió de una cifra alarmante: según la UBPD más de 90 mil personas continúan desaparecidas en el país, la mayoría son civiles. Se presume que 8.945 de estas personas son hombres y mujeres que desaparecieron en combate. ¿Quién los busca?, ¿dónde están sus familias?, ¿cuáles son las dificultades para encontrarlos?, ¿por qué la sociedad también debe buscar a quienes desaparecieron en combate?
Emprender la búsqueda
Cuando Adriana Arboleda estudiaba derecho en la Universidad de Antioquia creía que al profesor de penal se le ocurrían los casos más absurdos en los exámenes finales: “eso solo se lo imagina él”, pensaba. Cuando se graduó y se enfrentó a la realidad, se dio cuenta de que los casos difíciles sí existen, y lo ha podido confirmar cada vez que a la Corporación Jurídica Libertad llega el familiar de un combatiente que quiere saber qué pasó con su ser querido. Estos casos le han demostrado que hay más de una modalidad de desaparición: “Nos llegaba el caso de la mamá que aparecía diciendo: ‘a mi niña la reclutaron forzadamente y no volvimos a saber de ella’, ‘es que aquí en el periódico apareció que mi hijo murió en combate, pero no sé dónde está, qué pasó con él’. En ese momento, empezamos a preguntarnos cómo se busca a un combatiente”, recordó Adriana.
La primera dificultad que encontró la Corporación Jurídica Libertad, una organización que desde 1993 se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos en Antioquia y Chocó, fue que las personas a las que estaban buscando no tenían derechos: ni el Estado ni la sociedad estaban dispuestos a reconocer la dignidad de los combatientes; en este escenario, no cambia la posibilidad de preguntarse si un guerrillero o un paramilitar, además de ser victimario, era víctima; en este caso, de desaparición.
Con este panorama, miembros de la Corporación Jurídica Libertad y de otras organizaciones llegaron a la mesa de negociación en La Habana y hablaron de la necesidad de crear un mecanismo extrajudicial y humanitario que buscara a todos los desparecidos. “Planteamos que, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, los combatientes tienen derecho a que los busquen cuando muren en combate y a que sus cuerpos sean entregados a sus familias”, dijo Adriana.
Ese mecanismo fue creado en el 2016 con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, y comenzó a operar en el 2018.Uno de los primeros pasos que dio la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas fue la categorización de cuatro circunstancias de desaparición en medio del conflicto armado: desaparición forzada, desaparición por secuestro, desaparición por reclutamiento y desaparición por muerte en hostilidades.
En esta última categoría no hay una ruta de acceso a la información, lo que ha dificultado el trabajo de la UBPD y de las organizaciones que apoyan la búsqueda. “El mandato de la Unidad es humanitario. El dolor de las familias es el dolor de las familias. Una mamá no va a decir: ‘mi hijo no es mi hijo porque era guerrillero’. Es su hijo, sea guerrillero, policía o líder social va a querer saber qué pasó con él. Para poder darles una respuesta a estas familias, hemos trabajado de manera conjunta con las organizaciones”, dijo Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.
Una de las organizaciones de las que habla Luz Marina es la Corporación Reencuentros, un grupo de excombatientes de las Farc que durante las negociaciones de paz en La Habana era conocido como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de las Farc-Ep. John León, integrante de esta corporación, reconoce que el miedo que sienten los excombatientes y los familiares de los desaparecidos es uno de los obstáculos que han encontrado en el camino: “Si un compañero moría en combate, al interior de las filas se creía que era mejor dejar las cosas así. ‘Vieja, no lo busque más que él ya murió en tal lado’, decían. Concientizarnos de que hay que buscar no ha sido del todo fácil”.
A pesar de las dificultades, a la fecha, esta organización le ha entregado a la UBPD 684 formatos que documentan la desaparición de combatientes que murieron en medio de las hostilidades, 661 hicieron parte de las Farc. Como lo expuso John León, tras la firma del Acuerdo de Paz, los familiares de los desaparecidos empezaron a llegar a los espacios de reincorporación a preguntar por la suerte de sus seres queridos, y encontraron otra respuesta: “Ahora les decimos: ‘él murió en tal lado y vamos a hacer todo lo posible por encontrarlo para podérselo entregar’. Queremos dignificar la memoria de los compañeros; además, los padres de los guerrilleros se están muriendo sin saber nada de sus hijos. Hay muchos Libertos al interior de las Farc”.
Las dificultades de la búsqueda
Son muchos los obstáculos que entorpecen la búsqueda e identificación de los combatientes que desparecieron en hostilidades: la continuidad del conflicto armado, el miedo, la estigmatización, la falta de articulación entre las distintas entidades responsables de esta labor y la dificultad para encontrar información que permita establecer cuántas son y quiénes son las personas desaparecidas en combate.
Para Adriana Arboleda el problema principal es que en Colombia —un país con más de 120 mil personas desparecidas hasta el 2106— no existe una política pública que facilite la búsqueda de los desaparecidos. Al no existir una ruta definida, tampoco es posible el trabajo colaborativo entre las instituciones del Estado que están obligadas a buscar y las organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas en este proceso. Esa desarticulación, por ejemplo, se ve reflejada en la cantidad de bases de datos que repiten información, una dificultad que se agudiza en el caso de los combatientes: “Si no estoy mal, la Fiscalía tiene como cuatro. Las gobernaciones y las alcaldías tienen sus propias bases de datos. Medicina Legal, la Procuraduría y las personerías también tienen documentación. Nuestra propuesta es que exista una sola base de datos que maneje la UBPD y que todas las entidades aporten”, dijo Adriana.
Esa falta de coordinación también se ve reflejada en la intervención que se hace en los cementerios. Según Luz Marina Monzón, los funcionarios de la UBPD lo han podido constatar cada vez que buscan información en un camposanto: “Buscar a una persona desaparecida cuya hipótesis es que el cuerpo se encuentra en un cementerio representa una dificultad gigantesca por sí sola, no importa si es combatiente o no. Los cementerios son un problema estructural en este país. A veces no hay registros y cuando existen no están completos”.
Para dimensionar el tamaño de los obstáculos que surgen en este proceso, Luz Marina aclara que es necesario entender que la búsqueda va más allá de la exhumación de un cuerpo, se trata de una investigación exhaustiva que permita identificarlo y entregárselo a su familia; una indagación que se complica cuando se trata de una persona que hizo parte de un grupo armado ilegal, pues las instituciones del Estado no priorizan la identificación de los cuerpos ni ejercen las acciones correspondientes para restituirles el nombre. “La ruta que se usa en los casos de desaparición de civiles no opera con los combatientes: no hay documento de identificación, no hay tarjeta decadactilar o carta dental; entonces, es necesario apelar a las características físicas de la persona: qué contextura tenía, cuáles eran sus señalas particulares. Debemos buscar esos datos para compararlos con lo que se registró en la necropsia, una información que no está dentro de la más accesible”, explicó Luz Marina.
El reto de la UBPD y de las organizaciones que acompañan la búsqueda no es solo encontrar a la víctima, sino también a las familias, porque son esenciales en el proceso de identificación. “Se han recuperado cientos de cuerpos. En el marco de Justicia y Paz, fueron alrededor de 10 mil, casi el 50 % sigue sin identificar. A eso hay que sumarle los que ha encontrado la UBPD, el Grube de la Fiscalía, la JEP. Hay muchas dificultades que se podrán superar si se hace un trabajo colaborativo y se diseña un plan específico de búsqueda”, agregó Adriana.
Los firmantes de paz que integran la Corporación Reencuentros también han encontrado piedras en el camino. Muchos de los casos reportados no se han podido resolver; a pesar de que hay coordenadas específicas para encontrar los cuerpos y contactos directos con los familiares que están buscando, las condiciones en el terreno no están dadas: “Reunimos la información que se necesita, pero lamentablemente ni la UBPD ni nosotros podemos entrar a los territorios”, explicó John León.
Otra dificultad para la Corporación Reencuentros ha sido el intercambio de información con miembros de otros grupos armados, legales e ilegales, que participaron en las confrontaciones. Aunque han tenido acercamientos, todavía hay muchos datos para contrastar: “Gran parte de la información que necesitamos para encontrar a nuestros compañeros y a todos los que desaparecieron en medio del conflicto armado está en las manos de la fuerza pública, de la Fiscalía. En algunas zonas del país, hemos tratado de avanzar en la interlocución con otros actores; incluso, los familiares de los que combatieron en el EPL o en el M-19 dicen: ‘hombre, nosotros nunca buscamos a la gente y queremos mirar cómo lo podemos hacer’. Creo que todos estamos buscando y en la medida que este proceso vaya avanzando, aumentará la confianza y se garantizarán todas las condiciones para encontrar a los desaparecidos”, agregó John.
¿Quién busca a los que desaparecieron después del 2016?
Una de las grandes preocupaciones de las organizaciones y de los familiares de las víctimas, tanto civiles como combatientes, es saber que va a pasar con las personas que desaparecieron después de la firma del Acuerdo de Paz, pues la UBPD solo tiene competencia para buscar antes de diciembre de 2016. Una situación alarmante, si se tiene en cuenta que a partir de esa fecha se han denunciado cerca de 30 mil desapariciones.
“La búsqueda de las personas que han desaparecido del 2016 en adelante está a cargo de la Fiscalía y de todas las instituciones que tienen la obligación de evitar que esto siga sucediendo. El proceso de búsqueda debería ser más rápido; además, tendría que estar orientado a la prevención, y esto se lograría si existiera un canal de comunicación efectivo entre la justicia transicional y la justicia ordinaria”, explicó Luz Marina Monzón.
Por su parte, Adriana Arboleda propuso que la UBPD se convierta en un mecanismo permanente y se encargue de documentar todos los casos de desaparición forzada sin importar la fecha en que hayan ocurrido, lo que implicaría una reforma constitucional: “No se trata de que la Fiscalía pierda sus competencias, yo creo que esta entidad tendría que estar más concentrada en el esclarecimiento de los hechos, y que la UBPD asuma todo el proceso de la búsqueda. Es un tema que está en la mesa y lo hemos discutido con otras organizaciones”.
La pregunta por los que han desparecido después del 2016 también inquieta a John León, pues las confrontaciones armadas no han parado y muchas personas siguen cayendo en medio de los combates. Su mayor temor es que en 20 o 30 años se repita la misma historia: “Las cifras son estremecedoras: en los últimos cuatro años la desaparición ha ido en aumento. Hay lecciones aprendidas y tenemos que aplicarlas ya. No quisiéramos que en un tiempo la gente se esté preguntando lo mismo: quiénes eran y dónde están. Es el momento de actuar para que esas personas no terminen en una fosa común”.
Buscar a los desaparecidos en hostilidades, una responsabilidad de todos
Otra de las conclusiones de esta conversación es que el deber de buscar a los desaparecidos no es solo del Estado, de los excombatientes o de las organizaciones que orientan esta labor humanitaria. La sociedad también está llamada a asumir ese compromiso y a aportar información que permita identificar los cuerpos y entregárselos a las familias que los reclaman. Adriana Arboleda recordó una consigna que siempre ha acompañado a las víctimas: “La búsqueda es con todos y todas. Es necesario que haya una consciencia social de que los desaparecidos nos importan a todos y a todas. Podemos apoyar desde la investigación académica, promover ejercicios de memoria, aportar datos”.
Luz Marina Monzón también reconoció la importancia de apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos: madres, padres, esposas e hijos de combatientes que han tocado muchas puertas sin recibir una respuesta: “La angustia que vive una persona que un día no sabe dónde está su ser querido es algo que no tiene nombre. Hay que tener una línea de atención prioritaria para atender y orientar a estas familias, y las universidades podrían aportar mucho en esa tarea”.
Para John León, el caso de la vereda la Inmaculada de Alejandría es una muestra de lo que la sociedad puede hacer para ayudar a encontrar a las personas que como Liberto Antonio Pineda Godoy desaparecieron en medio de las hostilidades: “Hay que exaltar la labor de los campesinos que preservaron esos cuerpos y solidariamente les hicieron un altar. Lo que hicieron fue fundamental para preservar la memoria de nuestros compañeros, que hoy tienen la posibilidad de recuperen su identidad”.
