Entre junio y diciembre del 2021 los grupos armados asesinaron a 27 personas en este territorio según el último número de la revista Noche y Niebla. El desplazamiento y despojo mantienen en riesgo a más de un millón de habitantes.
Por: Pompilio Peña Montoya
Imagen de portada: CIAT, Wikipedia
A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de la Orinoquía colombiana viven una crisis humanitaria sin precedentes. A esa conclusión llegó Martha Lucía Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), apoyada en los datos de la última edición de la revista Noche y Niebla.
La edición número 64 de la revista, que comprende el periodo entre junio – diciembre del 2021, centró su investigación en la Orinoquía por ser esta una de las regiones más abandonadas por el Estado en la que confluyen distintas violencias.
La Orinoquía, expone la revista, constituye el 30 por ciento del territorio nacional y está habitada por poco más de un millón ochocientas mil personas. En esta región, grandes extensiones están destinadas a la ganadería y a la producción agroindustrial. En contraste, gran parte de la población vive en la pobreza y sus líderes y organizaciones son perseguidos por grupos armados ilegales y agentes del Estado que estigmatizan a la población civil como integrante de las guerrillas.
Este contexto, según Martha Lucía, es un claro ejemplo del estigma que el gobierno lleva a cabo en contra de las luchas populares. De hecho, según información recogida por el Cinep, durante el semestre en estudio, los principales violadores de los derechos humanos en la Orinoquía fueron miembros de la Policía Nacional. Estos habrían causado lesiones a 74 personas, detuvieron arbitrariamente a 51 ciudadanos, amenazaron de muerte a ocho más, ejecutaron a cuatro personas y torturaron a tres, entre otros hechos victimizantes.
En cuanto al ejército, la directora del Cinep dijo: “resulta muy preocupante para nosotros y para el país las acciones perpetradas por las tropas del Ejército Nacional, quienes presuntamente amenazaron de muerte a ocho personas, causaron heridas a siete más, perpetraron cinco atentados, cometieron tres ejecuciones extrajudiciales, desaparecieron a dos personas y adicionalmente detuvieron a dos más”.
Por su parte, Alcibiades Rodríguez, líder indígena del pueblo Sikuani, en el municipio La Primavera, departamento del Vichada, quien participó en la elaboración de la revista, manifestó preocupación por la creciente presencia de grupos paramilitares que transitan sin que las autoridades realicen capturas. El líder manifestó con preocupación un fenómeno de exterminio de los pueblos indígenas que, según él, están acorralados, sin recursos ni sustento, y continuamente son desplazados por la violencia.
En relación con la violencia ejercida por grupos paramilitares, la revista documentó 101 amenazas de muerte a personas, 20 asesinatos, una desaparición forzada y un caso de tortura.
Infografía: Cinep.
De otro lado, la violencia ejercida por las guerrillas, que para la revista comprenden al ELN, el EPL y las disidencias de las Farc, se manifestó en 48 amenazas de muerte, 25 homicidios, dos víctimas de reclutamiento forzado y dos víctimas de tortura.
De acuerdo con el balance de Noche y Niebla, la Fiscalía General de la Nación también tuvo presunta responsabilidad en 26 detenciones, 21 judicializaciones arbitrarias y dos amenazas de muerte.
Dichas acciones se cometieron bajo móviles de persecución política, lo que significa, en opinión del padre Javier Giraldo, encargado de coordinar el Banco de Datos del Cinep, que se sigue dando un tratamiento de guerra a las justas protestas sociales, a la oposición política y a los liderazgos sociales.
Perviven el despojo y las disputas por la tierra
La abogada Olga Silva, directora de Humanidad Vigente, una de las analistas de los datos recolectados en la Orinoquía, afirmó que este panorama de crisis humanitaria, impulsada a su vez por la impunidad frente a los delitos, puede rastrearse desde los años noventa. El primer dato relevante es que, por ejemplo, el Meta es el segundo departamento de Colombia con más tierras despojadas a causa de la violencia.
Sumado a ello, según la investigadora: “Encontramos que el gobierno ha impuesto una estrategia de terror paramilitar, pero también con la acción decidida de agentes del Estado para imponer un modelo de desarrollo inconsulto, fundado en la extracción de recursos naturales, en la implementación de grandes proyectos agroindustriales, y en vaciar los territorios de las comunidades ancestrales para dar lugar a este desarrollo de empresarios nacionales y extranjeros”.
Este proceso de despojo de la tierra por medio del asesinato, el estigma y la amenaza se da desde los años noventa. Luego de esa década, dice la investigadora, los predios despojados fueron traspasados a grandes empresas agroindustriales de palma de aceite, como ocurre en el municipio de Mapiripán, en el Meta; y de caña de azúcar, afirma Olga Silva.
Infografía: Cinep.
De acuerdo con la investigadora, se pudo establecer que la Contraloría General de la Nación, a través de la delegada para los asuntos agropecuarios, advirtió sobre esta grave acumulación de tierras desde el 2013, en detrimento de las peticiones de las poblaciones despojadas, quienes hoy siguen esperando restituciones y proyectos productivos, actos contemplados en el Acuerdo de Paz con las Farc.
“Encontramos que entre 1996 y 2004 hubo grandes desplazamientos en el municipio de Mapiripán, y a partir del 2009 comenzó a crecer el cultivo de palma de aceite en esta población, pasando de 90 hectáreas a 2 mil hectáreas cultivadas ese año, para alcanzar en 2018 las 7 mil 600 hectáreas de palma. Por eso, a las víctimas que están en situación de desplazamiento les ha dolido que haya voces que digan, por ejemplo, que la empresa Poligrow, que cultiva la palma, llevó el progreso a esos territorios”, señaló Silva, añadiendo que el empleo que generan este tipo de compañías es insuficiente.
Por otra parte, la investigadora dice que la falta de oportunidades, de tierras y de un sistema íntegro que facilite el comercio de productos, hacen que en la Orinoquía las comunidades incurran en la siembra de cultivos de uso ilícito, situación que deriva en una permanente confrontación con la fuerza pública.