33 adultas mayores adelantan sus estudios de primaria en una escuela creada por víctimas del conflicto armado en el Meta. Las participantes reconstruyen sus memorias colectivas y aprenden a reclamar sus derechos.
Por: Pompilio Peña Montoya
Imágenes: cortesía colectivo Orlando Fals Borda
Todos los viernes después del mediodía, la sede de la Escuela de Alfabetización Celmira López Sabogal, en la ciudad de Villavicencio, es ocupada por mujeres que van tomando asiento alrededor de una larga mesa y, frente a un tablero, cogen un lápiz, abren un cuaderno y prestan atención a la clase del día.
Son mujeres que sobrepasan los cincuenta años, unidas por un pasado común: son desplazadas de la región del Alto Ariari, en el sur del Meta, territorio convertido en escenario de disputa a muerte entre las Farc, el Ejército y los paramilitares.
Después de vivir la violencia, hoy las une algo gratificante: la posibilidad de aprender y superarse. De hecho, en diciembre del 2021, en una alegre gala en la que estuvieron acompañadas de sus familiares, 33 de ellas se graduaron de cuarto de primaria y posaron para las fotos luciendo birrete, sosteniendo su diploma y exhibiendo una sonrisa, orgullosas del conocimiento al que hasta entonces no habían accedido por su arraigada historia labriega y su situación como víctimas del conflicto.
Este grupo de mujeres se conocen desde hace 40 años. La mayoría hicieron parte de la Unión de Mujeres Demócratas del Meta (UMD), organización creada a principios de los años ochenta en respuesta al abandono estatal. Este colectivo se dedicó a afianzar lazos comunitarios y campesinos para buscar que sus integrantes pudieran subsistir de pequeños comercios, en una época en la que pueblos del Alto Ariari, como El Catillo y Puerto Toledo, no tenían vías de acceso aptas para que los agricultores sacaran sus productos a Villavicencio.
Teniendo en cuenta este antecedente, Deidania Perdomo, coordinadora actual de la escuela, asegura que la graduación de estas mujeres hoy por hoy es un hito. Por eso quieren seguir trabajando para ayudar a otras mujeres a superarse, exigir sus derechos y construir sus memorias.
La escuela de alfabetización fue constituida en el 2017 y hoy lleva el nombre de una sus cofundadoras: Celmira López Sabogal, quien ya falleció. Desde sus inicios, es apadrinada por el Colectivo Orlando Fals Borda (OFB) que gestionó convenios de voluntariado docente con la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad Externado de Colombia.
Trabajar por los derechos y la memoria
Con el apoyo del colectivo OFB, las mujeres que hacen parte de la escuela también comenzaron acciones jurídicas con el fin de ser reconocidas como víctimas del conflicto armado y así poder reclamar derechos que les fueron negados por su analfabetismo.
César Santoyo Santos, director ejecutivo del Colectivo Orlando Fals Borda, explica que la escuela de alfabetización hacer parte del trabajo que realiza esta organización con víctimas de desaparición con el propósito de fortalecer sus capacidades de resiliencia, apoyarlas en el acceso a sus derechos y contribuir a la “reparación integral con el fin de buscar la armonía, la paz y la tranquilidad que necesitan”.
Santoyo agrega que, durante años, muchas de estas mujeres fueron víctimas de engaños de algunos funcionarios estatales que no tramitaron debidamente sus diligencias, aprovechando el analfabetismo de las mujeres, a quienes no se les reconocía su condición de víctimas por el delito de desaparición de algunos de sus seres queridos.
Otra de las iniciativas destacadas de la escuela, es el propósito de este grupo de mujeres de reconstruir sus memorias colectivas. Por ello, en agosto del 2021 publicaron el libro Historias no contadas, memorias de la Escuela de Alfabetización Celmira López Sabogal. La publicación contiene historias de vida de las mujeres que hacen parte del proceso, las cuales están cruzadas por el desplazamiento, la estigmatización, el asesinato, el abuso sexual y la desaparición. Este año publicarán un segundo ejemplar.
Una escuela que surge del reencuentro
Deidania, desplazada del municipio de El Castillo en el 2003, luego de la desaparición de dos de sus hermanos, recuerda que la Unión de Mujeres Demócratas del Meta, a mediados de los años 80, llegó a consolidar una fuerza política que le permitió impulsar candidaturas a los concejos municipales de la región. Fue el caso de María Mercedes Méndez y Mariela Rodríguez, quienes lograron curules con el apoyo de la Unión Patriótica (UP), partido de izquierda que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, sufrió el asesinato y la desaparición de al menos 4.153 integrantes. La Unión de Mujeres no escaparía a esta persecución.
La violencia política en la región provocó que durante los años ochenta y noventa la organización perdiera a muchas de sus integrantes, que no vieron otra oportunidad para protegerse que abandonar sus parcelas y desplazarse a la ciudad de Villavicencio sin que ninguna entidad del Estado les reconociese como sujetos de derecho.
Una de ellas fue la recién graduada Rosa Emilia González quien, en 1985, luego de vivir en fincas con su esposo y sus hijos en el Tolima, Huila y Caquetá, conoció a las lideresas Asenedht Martínez, Myriam Ballén y Cornelia Lombana, fundadoras de la Unión de Mujeres. Ellas la invitaron a hacer parte de ese colectivo hasta que la persecución a la UP y la intensificación del conflicto armado a principios del 2000 la obligaron a salir del Alto Ariari en dirección a la capital del Meta. Huyó en busca de tranquilidad, pero el 27 de febrero del 2003 su hijo fue desaparecido.
Para entonces, Rosa Emilia, como muchas de sus compañeras, no sabía leer ni escribir, y había logrado sobrevivir a la falta de recursos con trabajos esporádicos y duros sacrificios. En el 2006, Rosa se reencontró con algunas integrantes de la Unión de Mujeres Demócratas del Meta que habían corrido una suerte similar, entre ellas Deidania, y decidieron revivir el colectivo desde cero.
Con el paso del tiempo más integrantes se unieron. Desarrollaron talleres de artesanía, costura, tejido y elaboración de bolsos. Con estos trabajos y con el apoyo de ONG’s y de la alcaldía de Villavicencio, a través del proyecto Mujeres en Ambiente, este grupo de mujeres logró recolectar recursos.
Finalmente, con el dinero recolectado, el grupo de lideresas logró comprar la casa que hoy es sede de la escuela. Desde entonces cada año abren convocatorias de formación con el propósito de seguir ayudando a más mujeres víctimas del conflicto.