Según el abogado y director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, la población privada de la libertad en Colombia fue sometida a un aislamiento que afectó su salud física y mental vulnerando sus derechos humanos.
Por Hacemos Memoria
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Manuel Iturralde. Foto: cortesía.
Una de las principales medidas adoptadas por los gobiernos a nivel mundial para hacerle frente a la pandemia fue el distanciamiento social junto con estrictas normas de higiene como el lavado de manos y la desinfección de espacios. Estas medidas eran casi imposibles de cumplir en las cárceles colombianas debido al hacinamiento, que en diciembre del 2019 llegaba al 54 por ciento según datos del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). A lo anterior se sumaba el difícil acceso a elementos de aseo y agua potable.
Las precarias condiciones del sistema penitenciario y la carencia de servicios básicos, hicieron de las cárceles del país un potencial foco de contagio y, por consiguiente, un foco de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Para analizar esta problemática hablamos con Manuel Iturralde, profesor, abogado y director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes.
Manuel, la primera decisión de las autoridades colombianas fue cerrar por completo las cárceles ¿Cuál fue el impacto de este aislamiento en la población privada de la libertad?
Frente al miedo de que el virus se propagara rápidamente en las cárceles, lo cual era muy probable dadas las condiciones, los presos no podían recibir visitas, los programas de resocialización se suspendieron y las personas tuvieron que permanecer en sus patios para que no hubiera contagios.
Esto es un gran costo para la población privada de la libertad porque sabemos que el contacto con el mundo exterior a través de sus seres queridos y sus familias es fundamental. Por un lado, por el aspecto anímico y psicológico, porque es el soporte afectivo que pueden tener estas personas. Por otro lado, por el aspecto económico y material, dado que las cárceles no pueden ofrecer una cantidad de bienes y servicios, son sus familiares quienes les pueden brindar ropa y utensilios de aseo. También hay que tener en cuenta los mercados ilegales que operan en las cárceles, es decir, el tráfico de bienes y de sustancias prohibidas como las drogas, esos tráficos también se cortan y generan problemas y ansiedad dentro de la población.
Entonces el principal impacto en la población privada de la libertad fue la ansiedad de sentir que estaban totalmente aislados del mundo exterior y que no podían producir los bienes y los servicios que habitualmente tenían.
La experiencia de las mujeres privadas de la libertad es diferente en las cárceles ¿De qué manera las impactó el aislamiento?
En América Latina, y en buena parte del mundo, las cárceles son pensadas para hombres. En Colombia aproximadamente el 93 por ciento de la población privada de la libertad es masculina, mientras que el 7,8 por ciento son mujeres, por lo tanto, los programas de atención penitenciaria y de infraestructura de los centros de reclusión, son pensados para hombres y esto pone a las mujeres en desventaja.
Esto es más notable teniendo en cuenta la gran carencia de servicios en las cárceles de Colombia en el tema de la salud. Por ejemplo, en temas tan básicos pero esenciales para una mujer como la higiene personal durante la menstruación, ellas no tienen acceso a toallas higiénicas y otros utensilios sanitarios, esto se hace más grave cuando las cárceles se cierran por la pandemia porque este tipo de implementos les podían llegar del mundo exterior por medio de familiares.
Entonces, las mujeres quedan en una situación muy precaria para atender sus necesidades de higiene personal y otras necesidades de salud.
¿Cuáles fueron las afectaciones en la salud mental?
Los hombres privados de la libertad suelen tener mucho apoyo de las mujeres, bien sea porque son sus parejas, madres, hermanas, tías; son quienes los sostienen emocional y económicamente. En el caso de las mujeres es todo lo contrario, varios estudios en América Latina y en Colombia demuestran que suelen ser abandonadas por sus parejas por lo cual no tienen ningún apoyo emocional o económico de parte de ellos.
Además, las mujeres sufren el encierro de manera diferenciada porque muchas veces ellas son cabeza de hogar, tienen que hacerse cargo de los hijos y sus familiares. Al aislar las cárceles con la pandemia, pierden todo contacto familiar, lo cual las afecta emotivamente de una manera mucho más grave porque ellas deben estar pendientes de su familia y al perder el contacto todo se les dificulta.
En las cárceles latinoamericanas los servicios telefónicos son precarios y costosísimos; es prácticamente como hacer una llamada internacional. El acceso a celulares ilegales también es costoso, además genera riesgos porque si una mujer es descubierta con un celular, puede sufrir graves sanciones disciplinarias.
Entonces este aislamiento para las mujeres es mucho más angustiante por perder contacto con sus seres queridos de los cuales dependen emocionalmente.
Antes de la pandemia el hacinamiento en las cárceles alcanzaba un índice del 54 por ciento ¿Qué ha pasado con este fenómeno en Colombia durante la pandemia?
Durante la pandemia vemos que no pueden entrar más personas a las cárceles, entonces se comienza a restringir la entrada. Actualmente tenemos un hacinamiento del 17.5 por ciento, lo cual es una reducción impresionante en Colombia, pero es una cifra engañosa.
Las autoridades carcelarias y los jueces de ejecución de penas hicieron un esfuerzo por aplicar penas alternativas a la prisión o medidas de aseguramiento alternativas, esto tuvo un impacto en la reducción de la población carcelaria. Las personas sindicadas o condenadas por haber cometido delitos que deberían ir a una cárcel, al no poder entrar, terminan en sitios de detención transitoria como estaciones de policía que no están preparadas para albergar esta población. Estos sitios deben mantener a las personas por tiempos muy cortos, máximo tres días, por lo tanto no están preparados en términos de servicios sanitarios, alimentación y una infraestructura para albergar adecuadamente a las personas.
En ciudades grandes como Bogotá y Medellín, las Unidades de Reacción Inmediata están a reventar, es decir, tienen índices de hacinamiento superiores al 100 por ciento. Las condiciones de privación de la libertad son muy precarias porque son personas aglomeradas en calabozos, sin acceso a servicios sanitarios, sin alimentación adecuada, sin actividades de recreación o de resocialización, lo cual es evidentemente una violación de los derechos fundamentales. Además, son centros que no sirven para albergar, entonces son procedimientos totalmente irregulares y contrarios a las normas.
Todo esto ha generado casos muy graves como los que vimos en Bogotá, donde durante una protesta por personas albergadas de manera inhumana, se formó un incendio dentro de las celdas en una estación de policía; prácticamente los dejaron morir.
¿Qué medidas se deberían tomar para hacerle frente a la pandemia desde el sistema penitenciario en Colombia?
La acción más evidente y urgente que se debe realizar es reducir el número de personas privadas de la libertad. Aunque varios gobiernos de América Latina tomaron estas medidas, lo hicieron de una manera bastante tímida por miedo a la reacción adversa de la opinión pública de que se estuvieran liberando personas que son vistas como delincuentes o criminales peligrosos.
En el caso colombiano, el Gobierno expidió un decreto de emergencia que pretendía liberar así fuera transitoriamente a personas privadas de la libertad para mejorar la situación en las cárceles, pero fueron tantas las restricciones, exclusiones y trabas que el mismo Gobierno puso en el decreto, que realmente salió muy poca gente. Mientras anunciaron que saldrían alrededor de cuatro mil personas, en realidad salieron menos de mil personas.
Con un poco de voluntad tanto de la justicia penal como del Gobierno, aplicando los mecanismos legales existentes, se puede aliviar la situación de las cárceles. Pero para eso se deben utilizar todos los mecanismos legales que los gobiernos y el sistema penal tienen a su alcance para reducir el número de la población privada de la libertad como la prisión domiciliaria y libertad condicional.
¿Qué nos muestra la pandemia del sistema penitenciario en Colombia?
Estas crisis tan grandes son ventanas de oportunidades, es darnos cuenta de que los sistemas penitenciarios que tenemos están actuando más allá del límite de sus posibilidades, no tienen personal suficiente, no tienen infraestructura, ni servicios. No se trata de construir más cárceles sino más bien de replantear la política criminal de tal forma que la cárcel no sea la principal respuesta del Estado. Es necesario encontrar medidas alternativas como la libertad condicional, los trabajos comunitarios, la prisión domiciliaria, pero también los mecanismos de justicia restaurativa.