A cinco años del Acuerdo de Paz, los excombatientes de las Farc exigieron respeto por la vida y la no estigmatización. Solo en Antioquia han sido asesinados 29 firmantes de la paz.
Por: Pompilio Peña Montoya
Imágenes: cortesía Comunes
La falta de seguridad para los firmantes de la paz; la lenta implementación del punto uno del acuerdo, referente a la Reforma Rural Integral; la estigmatización a los excombatientes y la falta de garantías para la participación política, son los cuatro asuntos que más preocupan al partido Comunes, a cinco años del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc el 24 de noviembre del 2016.
El balance es “desalentador y preocupante”, afirmó Manuel Antonio González, líder en Antioquia del partido Comunes, que fue conformado por los excombatientes de las Farc tras la firma del Acuerdo. Y es que para este líder político, también conocido como ‘Elmer Arrieta’, el problema más preocupante es el asesinato de 292 excombatientes desde la firma del acuerdo.
En este contexto, Antioquia es uno de los territorios más peligrosos con 29 personas asesinadas, 12 de ellas en el municipio de Ituango, donde quedaba el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Santa Lucía (ETCR), evacuado casi por completo debido a problemas de seguridad, recordó Manuel González, quien agregó que a la fecha hay tres excombatientes desaparecidos en este departamento. Lea también: “Más que un desplazamiento de Ituango, es un desarraigo”: Manuel González
“La seguridad es bastante preocupante. En Medellín y su área metropolitana tenemos a cerca de 350 firmantes que han llegado por amenazas y porque no cuentan con tierra para trabajar, principalmente. Nuestra preocupación con los firmantes en el área metropolitana es porque en La Habana no se tuvo en cuenta este fenómeno: la reincorporación urbana. Lo que quiere decir que los beneficios que se dan en los ETCR no aplican en las ciudades, como la seguridad alimentaria, la oportunidad de tener un techo, trabajar en equipo una parcela y la seguridad social para los niños, ya que muchos firmantes, están acompañados de sus familias”, señaló Manuel González. Lea también: Medellín, otro espacio territorial para los reincorporados
Frente a esto, Gustavo López Alcaraz, representante de Comunes, señaló que “la estabilidad económica en la ciudad es complicada, muchos no conocen la dinámica de una urbe porque tienen vocación campesina, no saben moverse, deben pagar arriendo, no encuentran trabajo por la estigmatización y viven en las periferias de la ciudad. Aquí en Medellín porque hay un liderazgo de partido que está al frente orientando a los firmantes, pero es difícil entre otras cosas porque algunos no han terminado su bachillerato. Se vive de una renta básica, el 80 por ciento del salario mínimo otorgado por el gobierno, y eso se va en el arriendo y en pasajes”.
Durante la conmemoración de los cinco años del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre del 2021 en Medellín, los integrantes del partido Comunes llevaron pendones con los rostros y los nombres de algunos de los 292 firmantes que han sido asesinados.
No paran las intimidaciones
Las amenazas llegan a través de mensajes de texto al celular, por cartas escritas a mano o con recorte de palabras impresas, o por medio de mensajeros, ya sean familiares o conocidos. Gustavo López Alcaraz aseguró al respecto que la situación más compleja de seguridad se experimenta en los municipios del Norte, Urabá, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. En estas zonas, afirman los voceros, es casi imposible hacer pedagogía de paz o desarrollar trabajo de carácter político.
Gustavo López añadió que, por ejemplo, solo durante noviembre se tuvo conocimiento de tres amenazas. El primer caso se dio en Ituango, al recibir intimidaciones la madre de un firmante de paz. Los otros dos se dieron en Becuarandó, en Mutatá, donde hay uno de los cuatro ETCR que funcionan en Antioquia. Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades municipales, la Unidad Nacional de Protección y la ONU, con el fin de llevar a cabo, si es necesario, una ruta de evacuación y acompañamiento.
Las continuas amenazas y asesinatos también han provocado que los firmantes se desplacen a otros territorios fuera de los ETCR, entre ellos los llamados Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), que agrupan en promedio 30 excombatientes con sus familias. En Antioquia, esas nuevas áreas están ubicadas en Medellín, en La Blanquita (Frontino), Mandé (Urrao), San José de León (Mutatá), Godó (Dabeiba), San José de Apartadó y en Ituango.
Los asesinatos e intimidaciones son atribuidos a grupos ilegales alzados en armas, principalmente El Clan del Golfo y Los Caparrapos, según Elmer Arrieta, quien señaló que a este panorama se suma la impunidad: “Podemos decir que a el 90 por ciento de los homicidios, las desapariciones y las amenazas las autoridades no han dado claridad por la vía judicial. Este es un tema que nos preocupa porque desde que no se conozca realmente quién está detrás de los asesinatos concretamente desde la Fiscalía o cualquier ente de seguridad, la situación persistirá. Por esto nos atrevemos a decir, y siempre lo hemos dicho, que para nosotros esta es una situación sistematizada”.
En Medellín, la marcha realizada por los firmantes de la paz, para conmemorar los cinco años del Acuerdo, recorrió las principales calles del centro de la ciudad entre el Parque de los Deseos y La Alpujarra.
Para Gloria Emilse Padierna, quien pasó cerca de 30 años en las filas de las Farc y hoy hace parte del ETCR de Dabeiba, la pervivencia de los asesinatos y las intimidaciones a los excombatientes es un problema que afecta directamente la implementación del punto dos del Acuerdo, sobre participación en política, principalmente para el contexto de las elecciones presidenciales y de Senado que tendrá lugar en el 2022. Por eso, dijo, “lo que queremos es que desde todas las instituciones nos apoyen para que ahorita que se viene el tema electoral al menos haya garantías para la gente nuestra que va a hacer política, para que no nos limiten en nuestro trabajo pedagógico”.