La organización de víctimas que lidera Luz Miriam ha diligenciado 300 solicitudes de búsqueda de desaparecidos en esa población del Magdalena Medio, donde la JEP decretó medidas cautelares en dos cementerios. Ella afirma que hay otros seis campos santos con desaparecidos.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto: Yhobán Hernández
Luz Miriam Atehortúa es la presidenta de la organización de víctimas Ave Fénix de Puerto Berrio, municipio en el que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó a finales de octubre una medida cautelar por seis meses sobre el cementerio Estación Virginias, en zona rural de esa población. Esta medida se suma a la establecida sobre el cementerio La Dolorosa, de donde un equipo técnico – forense de la JEP y la Unidad de Búsqueda ha recuperado 116 cuerpos, desde febrero pasado, que están en proceso de identificación. Sobre La Dolorosa la medida fue extendida por seis meses.
Desde que comenzaron estas diligencias, Luz Miriam, quien tiene 69 años, asumió la labor de ayudar a familias a llenar el formulario de solicitud de búsqueda de su ser querido. Ella afirmó que el grupo de víctimas de Ave Fénix se ha sentido satisfecho con las labores adelantadas en el cementerio, aunque se siente abandonado por la Alcaldía municipal que no ha llevado a cabalidad las jornadas de atención a víctimas que le fueron ordenadas por la misma JEP, hecho que el mismo organismo reconoció en su última visita. Según la Unidad de Búsqueda, Puerto Berrio es el municipio con el mayor número de personas reportadas como desaparecidas en el Magdalena Medio, con un total de 943 casos. Lea también: Rayo de luz, un informe sobre desaparición e impunidad entregado al sistema transicional
¿Cómo recibieron ustedes el anuncio de la JEP sobre el cementerio Estación Virginias y qué se sabe de él?
Nos sentimos satisfechos con lo que está pasando con el cementerio Virginias, yo estoy muy contenta acompañando este proceso con la Unidad de Búsqueda. Este cementerio fue escogido para las medidas cautelares porque muchas víctimas lo identifican como un lugar donde puede haber personas asesinadas sin identificar. No es un cementerio grande, porque al fin y al cabo está en una vereda, pero dice la comunidad que hay muchas personas enterradas allá, sobre todo víctimas de paramilitares. Este cementerio queda más bien lejos del casco urbano de Puerto Berrio, es más cerca de Caracolí. Se llega por carretera destapada y uno tarda entre cuatro o cinco horas para llegar, dependiendo del estado de la vía. No podemos calcular cuántos cuerpos hay en Virginias.
Por otra parte, estamos a la espera de que la Unidad de Búsqueda nos diga cuándo comenzarían los trabajos allá, porque también debemos recorrer algunas veredas y fincas con la guía de un colaborador que podría señalarnos lugares con fosas comunes en sitios como Palo Quemado, San Juan de Bedouth, Caño Alicante, La Granja, El Bosque y La Cortez. Ir a estos lugares es algo que tengo dentro de mí. Como llevo 14 años en todos estos procesos, las personas confían en mi trabajo y me buscan para contarme cosas. De hecho, hace un par de días tuve una entrevista con uno de ellos, que hizo parte de la guerra me hizo llorar porque sabía cómo cogían a los jóvenes de Puerto Berrio y los mataban. Eso para mí, que soy madre con un hijo desaparecido, duele mucho. He escuchado historias como, por ejemplo, que les prometían empleo a los muchachos en fincas, los subían en carros y no se volvía a saber de ellos. Otra modalidad es que venían los paramilitares y hacían limpieza social y ahí también participó la fuerza pública, sabemos de casos aquí de jóvenes que luego de matarlos, les ponían uniformes viejos y botas y los enterraban en los cementerios.
Las víctimas creemos que en el cementerio La Dolorosa hay más de dos mil cuerpos, pero pensamos que de ese total no debe de haber más de 20 personas de Puerto Berrio, eso se lo dijimos a la JEP y a la Unidad. La gente desaparecida de Puerto Berrio quedó en las veredas, en las fincas, en los campamentos de esas personas y en otros municipios cercanos. Aquí traían a las personas de Puerto Nare, La Sierra, Caño Baúl, La Dorada; las cogían y las enterraban aquí. Por eso pensamos que nuestros desaparecidos están en Caracolí, San José, Cisneros, Maceos, Yolombó, Remedios, de aquí se los llevaban prometiéndoles trabajo en fincas.
Lo que seguiremos haciendo con las comunidades que viven cerca del cementerio Virginias es llamar a aquellas personas que quieran hablar sobre el tema de desaparición; recogemos versiones y llenamos solicitudes de búsqueda. De todas maneras, sabemos que este será un proceso largo porque aquí hay muchos cementerios, algunos de ellos están en Alto Calamar, Estación Malena, Bodegas, San Juan, Murillo y Barbacoa.
Usted también es víctima de desaparición forzada, ¿Cómo se ha desarrollado su proceso de búsqueda?
Yo me dediqué a todo esto del liderazgo de víctimas, lo que me dio fuerza para estudiar la Ley 1448 y defender a las víctimas que están en esta búsqueda como yo, fue la desaparición de mi hijo Julio César Atehortúa. A él se lo llevaron de 16 añitos en noviembre de 1987. El venía de Medellín a Puerto Berrio para disfrutar de unas vacaciones porque yo lo tenía estudiando en Medellín. A él se lo llevó la guerrilla. A Julio César lo reclutaron, pero él no se dejaba, quería seguir estudiando. Con el tiempo me contaron que estuvieron con él tres años, vigilándolo de cerca porque intentaba volarse. Me contaron que en una de esas le pegaron un tiro en una pierna y como no podía caminar se cansaron de él y lo mataron y lo enterraron, según me dijeron, en el cementerio de Yarumal. Hace cuatro años vengo hablando con la Fiscalía de allá, me dijeron que habían sacado a mi hijo y esta es la hora y nada que me lo entregan. Y eso que a mí y a mi hermana ya nos sacaron pruebas de ADN para la identificación.
Por cierto, ese fue un tema que hablamos con la JEP y la Unidad de Búsqueda cuando vinieron la última vez. Nos dijeron que a más tardar en enero harían pruebas de ADN. Esperamos que esas muestras se junten con las 600 pruebas que en el 2009 se hicieron en el marco de la Ley de Justicia y Paz. De hecho, hoy cuando lleno los formatos de familiares que buscan a un desaparecido, les pregunto si les llegaron a hacer las pruebas en ese tiempo, y quienes no se la hayan hecho quedarían para enero. Eso quiere decir que mucha gente de otros municipios va a querer hacerse la prueba aquí porque sabemos que en el cementerio La Dolorosa existe una buena cantidad de personas de otras partes.
Es que incluso antes de que se dieran las medidas cautelares para el cementerio de Puerto Berrio, yo venía llenando formularios y ligero se dio lo de las medidas cautelares. La gente recobró la esperanza de hallar a su ser querido. A esto se suma que personas que fueron en su momento parte de grupos armados me han hecho llegar información; me dicen que soy una verraca y que me quieren dar información sobre fosas para descansar del peso que llevan encima.
La JEP y la Unidad de Búsqueda afirmaron que se están cumpliendo parcialmente las medidas cautelares alrededor del cementerio La Dolorosa ¿así lo han sentido las víctimas de Puerto Berrio?
El sacerdote tiene al cementerio muy hermoso y bien vigilado. La gente llega y sabe que no puede tocar ninguna bóveda que esté entre las medidas cautelares, de hecho, hay cámaras de vigilancia. El sepulturero, por ejemplo, es una persona muy activa y atenta y nos gusta que esté laborando así. El grupo especial que está sacando los cuerpos viene cada tanto y se queda hasta quince días trabajando, yo los acompaño.
En el cementerio se están cumpliendo las medidas, pero en ninguna otra parte se está trabajando, no se ha llegado a las veredas ni se hacen encuentros con las víctimas. Realmente tenemos que ser conscientes de que las seis organizaciones de víctimas del municipio estamos muy tranquilas porque de algún modo estamos viendo el trabajo en el cementerio, pero también tenemos que entender que aquí en Puerto Berrio apenas desde este año se está trabajando por los desaparecidos. Aún falta llegar a los cementerios de las veredas y sé que alguna vez adelantaremos eso porque todos los magistrados nos aseguraron que iban a estar con nosotros.
Ahora, lo que pasa es que aquí tenemos que ser muy cautelosos. En estos momentos hay un derramamiento de sangre y una violencia que parece que estuviéramos viviendo los años 80 con el general Farouk Yanine Díaz o los 90 con las Convivir. Es común escuchar hablar que asesinaron a una o dos personas, que otros quedaron heridos y otros más han sido desaparecidos. De hecho, a principios de octubre desaparecieron a un muchacho pariente de un exalcalde y supimos que las personas que lo buscaban fueron amenazadas. Y nos parece que las autoridades policiales no están haciendo nada. Por otra parte, cuando hay asesinatos, la policía dice que eso se debe a guerras entre bandas, pero lo que vemos es que muchas de las personas que mueren son buenas.
Tampoco hemos recibido apoyo de la Alcaldía cuando es una obligación de ella atendernos. De hecho, pocas organizaciones creemos en la Mesa de Víctimas de aquí. Al menos la alcaldía pasada nos dio una oficina para que las víctimas desarrolláramos actividades, dotada con todo, pero este nuevo alcalde nos la quitó para poner la oficina de Familias en Acción. Lo cierto es que poco apoyo tenemos y aquí hay víctimas pagando arriendo, no hay empleo y muchas si comen no pueden pagar el arriendo; aquí no hay nada para las víctimas. Durante la pandemia prácticamente nos dijeron que nos defendiéramos como pudiéramos, a muchos barrios nunca llegaron las ayudas. Y cuando llega un proyecto, los puestos de trabajo se los reparten entre los amigos políticos de la Alcaldía. De hecho, una las medidas que pidió la JEP en esta última visita fue que la Alcaldía y otras organizaciones programaran jornadas de atención a víctimas de desaparición.
Entre sus actividades está el ayudar a víctimas a reclamar sus derechos ¿Cómo lleva a cabo este proceso?
En estos momentos estoy trabando con personas de Maceo, Amalfi y Medellín. Yo lo que hago es llenar los formatos de solicitud de búsqueda para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con los datos más precisos posibles: fecha de nacimiento de la persona desaparecida, cómo era, dónde vivía, cuántos años tenía cuando desapareció, en qué trabajaba, marcas especiales, el número de documento, cómo se llamaba o qué apodo le tenían, cómo estaba vestido el día que desapareció.
En este trabajo me he dado cuenta de que muchas víctimas nunca hicieron vueltas para denunciar sus afectaciones ante las autoridades por miedo, entre otras cosas porque aquí todavía hay de esa gente que fueron paramilitares, y no denuncian pensando que les puede pasar algo. De todos modos, yo les ayudo a llenar sus formularios para que sean estudiados por la Unidad, así no haya una denuncia previa ante la Fiscalía. Y cuando el personal de la Unidad llega al pueblo, les entrego los formularios diligenciados o los envío a Bogotá a través de un transporte puerta a puerta. Esta tarea se ha facilitado porque gracias a Dios no hemos recibido amenazas y cada organización va adelantando sus diligencias con su grupo de víctimas.
Desde que comenzaron los trabajos en el cementerio en Ave Fénix hemos logrado realizar cerca de 300 solicitudes de búsqueda de desaparecidos. El caso es que estamos contentos y felices porque tenemos la certeza y la fe de que vamos a encontrar a nuestros desparecidos, pero también anhelamos verdad, justicia y reparación.