Las víctimas de La Esperanza, en el Carmen de Viboral, que hace más de dos décadas buscan a sus familiares desaparecidos, analizan las implicaciones que tendría el posible ingreso del caso a la JEP, ante la inoperancia de la justicia ordinaria.
Por Paula Ruiz Torres
Foto: Twitter @Nana_Arboleda
Que se esclarezca la verdad y se haga justicia sobre los responsables de la desaparición de 12 personas, entre ellas tres menores de edad, y el asesinato de un campesino en la vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño, entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, fue la principal exigencia que hicieron las víctimas a 25 años de los hechos, pues en Colombia la justicia no avanza pese a que el 31 de agosto del 2017 el caso recibió sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró internacionalmente responsable al Estado colombiano por lo ocurrido y le ordenó implementar medidas de reparación.
Las primeras desapariciones iniciaron el 21 de junio de 1996 cuando las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio al mando del exjefe paramilitar Ramón Isaza, alias “El Viejo”, en asociación con miembros de la Fuerza Pública, según la sentencia de la Corte IDH, ingresaron a la vereda llevándose a 12 campesinos y asesinando a uno más. Desde entonces los familiares de las víctimas denunciaron los hechos y pidieron protección, pero hasta ahora el Estado colombiano no ha esclarecido lo que ocurrió, ni ha encontrado a las personas desaparecidas, ni ha individualizado y juzgado a los miembros de la fuerza pública involucrados en los hechos.
En este contexto, el 18 de septiembre del 2021 los familiares de las víctimas realizaron el acto de conmemoración “25 años de búsqueda de las/os desaparecidas/os en la Vereda La Esperanza”, con el que recordaron los hechos cometidos por paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y, entre música, arte y memoria rindieron homenaje a los ausentes y exigieron resultados en las investigaciones que, hasta hoy, no tienen a ningún responsable condenado.
“Son 25 años de desafío, un desafío bastante cruel donde se han querido desentender las diferentes entidades; 25 años de impunidad, de injusticia, de ocultamiento de la verdad, 25 años donde no tenemos ni un solo desaparecido que hayamos podido enterrar”, expresó Flor Gallego, esposa de Hernando de Jesús Castaño, caficultor de la región, y hermana de Octavio Gallego Hernández, también caficultor, y de Juan Carlos Gallego, promotor de salud de la vereda, todos desaparecidos en estos hechos.
Conmemoración 25 años de los hechos ocurridos en La Esperanza. Foto: cortesía Claudia Castaño, víctima.
Los hechos de La Esperanza fueron mencionados en las versiones libres de los integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Megio que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 del 2005, promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para posibilitar la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Ante los tribunales de esta jurisdicción transicional comparecieron Ramón Isaza y otros paramilitares involucrados en los hechos, quienes en sus declaraciones confesaron que fueron los perpetradores de las desapariciones de los 12 habitantes de la vereda y reconocieron que en estos crímenes recibieron la colaboración de integrantes de la Fuerza Pública.
Según el informe Caso Vereda La Esperanza: 25 años de Impunidad, 25 años de Lucha, Resistencia y Búsqueda de las/os Desaparecidos/as, realizado por la Corporación Jurídica Libertad el 10 de septiembre del 2021, el apoyo de la Fuerza Pública a los paramilitares se dio por parte de uniformados que pertenecían a la Fuerza de Tarea Águila del Ejército Nacional y a la Policía Nacional del municipio de Cocorná, quienes no hicieron nada “para frenar la incursión de estos grupos, lo que permitió que se continuaran llevando a cabo las graves violaciones a los derechos humanos, teniendo ocurrencia la última (desaparición) el 27 de diciembre del mismo año”.
Pero, aunque el proceso estuvo en Justicia y Paz, las declaraciones de los paramilitares no permitieron esclarecer qué sucedió con las personas desaparecidas pues, según Flor Gallego, Ramón Isaza y sus hombres siempre evadieron la verdad. De hecho, en sus declaraciones ante ese tribunal transicional, Ramón Isaza señaló como responsables de los hechos a dos oficiales del Ejército que, para ese momento, ya se encontraban fallecidos: el comandante de la IV Brigada, Alfonso Manosalva Flórez, y el mayor David Hernández, quienes, según declaró ante la Fiscalía en octubre del 2008, le habrían entregado a las autodefensas una lista con los nombres de 70 personas que debían ser asesinadas en Antioquia. A esto se suma, agregó Bayron Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, que en el desarrollo de las audiencias los paramilitares dieron informaciones difusas sobre el paradero de los desaparecidos.
Las víctimas ven con preocupación el posible paso a la JEP
La impunidad en la justicia ordinaria, las características de los hechos, en los que hay integrantes de la Fuerza Pública involucrados, y el posible ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz del exmilitar Hugo Abondano Mikan, implicado en los hechos de La Esperanza, han abierto la posibilidad de que el caso sea sacado de la justicia ordinaria y llevado a la JEP.
Sin embargo, los familiares de las víctimas y la Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos que acompaña a las víctimas en el proceso, han expresado su recelo ante tal escenario. Su preocupación tiene que ver con la presunta suspensión de las investigaciones por parte de La Fiscalía y con que se envíe a la JEP, según ellos, una investigación imperfecta en la que hace falta practicar pruebas para esclarecer los hechos y las responsabilidades, lo cual daría lugar a que esa jurisdicción no pueda cumplir su misión y se favorezca la impunidad. “Nosotros tenemos mucha preocupación por ese tema porque creemos que para que la JEP pueda cumplir adecuadamente su labor, es necesario que la Fiscalía cumpla con la suya, entonces en este caso lo que se presenta es que la Fiscalía no ha cumplido adecuadamente la tarea que debe adelantar. Llevamos 25 años y la Fiscalía no ha logrado individualizar a los militares que participaron en los hechos, tampoco a los policías”, afirmó Bayron Góngora, abogado acompañante de las familias de La Esperanza e integrante de la Corporación Jurídica Libertad.
Por otra parte, las víctimas y las organizaciones que las acompañan temen que desde la JEP no sean llamados todos los integrantes de la Fuerza Pública involucrados en las acciones ocurridas en la vereda, puesto que, según ellos, al no existir una plena identificación de los responsables, no habría manera de hacerlos comparecer ante la justicia transicional.
Al respecto, funcionarias del Departamento de Atención a Víctimas en Antioquia de la JEP, quienes pidieron mantener en reserva su identidad, admitieron que la inquietud de la Corporación y de los familiares es legítima, en tanto existe la preocupación por las investigaciones en curso, pero explicaron que “los magistrados están haciendo un ejercicio de incidencia frente a los requerimientos de continuidad de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque incluso en el acto legislativo que regula toda la parte procedimental de la JEP se insiste en que la Fiscalía no podrá suspender investigaciones hasta tanto no haya una decisión en firme por parte de la Jurisdicción Especial para La Paz y lo que menos queremos es desconocer los derechos de las víctimas”.
En ese mismo sentido, la sección de Apelaciones de la JEP sentenció que: “los procesos que estén en etapa de indagación o investigación en otras jurisdicciones pueden continuar hasta la terminación de esa fase, debido a que el Estado tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia”.
Pese a esto, el informe de la Corporación Jurídica Libertad sobre los 25 años de impunidad del caso La Esperanza, afirma que la Fiscalía “ha tomado la decisión de suspender la realización de cualquier labor que permita avanzar en la investigación en espera de que el expediente sea eventualmente remitido a esta nueva jurisdicción. Aunque no hay una decisión formal en este sentido, efectivamente no se ha practicado ninguna diligencia”.
Familiares de víctimas de desaparición forzada en la vereda La Esperanza, Carmen de Viboral, Oriente de Antioquia, en la Cancillería de Colombia en reunión virtual con la Fiscalía, 14 de septiembre del 2021. Foto: Twitter @CorpoJuridicaLi
Ante las inquietudes que tienen las víctimas, las organizaciones que las acompañan e incluso la misma JEP, el pasado 16 de julio la Fiscalía General de la Nación expidió la circular 05 del 2021, en la que ordenó a los fiscales del caso continuar las labores investigativas, aclarando que el expediente sigue en manos de la justicia ordinaria. Meses después, el 14 de septiembre del 2021, una delegación del grupo de familiares de La Esperanza viajó a la Cancillería de Colombia en Bogotá para sostener un encuentro virtual con el Fiscal 63 que está a cargo del proceso. Allí, la Fiscalía se comprometió a continuar con las investigaciones y a activar un acercamiento constante con las familias para el plan de búsqueda de las personas desaparecidas. Sobre este encuentro, Claudia Castaño, hija de Hernando de Jesús Castaño, desaparecido en 1996, expresó: “Nosotros hemos demostrado que somos un grupo de familiares que no nos resignamos a cualquier respuesta. Nosotros estamos vigilantes, haciendo seguimiento, proponiendo, pero también exigiendo”.
Justamente las familias de la vereda La Esperanza siguen exigiendo celeridad en las investigaciones y que se identifique a todos los integrantes de la Fuerza Pública involucrados en las desapariciones. Además, piden que se haga un trabajo articulado en el que todas las instituciones implicadas en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas puedan trabajar mancomunadamente hasta dar con el paradero de las 12 personas que fueron desaparecidas en estos hechos. Y es que, más allá de que sea la Jurisdicción Especial para la Paz o la justicia ordinaria la que continúe llevando el caso, lo que más desean los familiares de las víctimas es encontrar a sus seres queridos y conocer toda la verdad de lo que pasó.