Los casos fueron documentados por víctimas y organizaciones de derechos humanos que entregaron un informe al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, el cual recoge testimonios de familiares de víctimas asesinadas por tres unidades del Ejército comandadas por González Peña.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto: Pxfuel
“La continuación de la política del horror: Óscar Enrique González Peña y 1.653 ejecuciones extrajudiciales en su sangrienta carrera militar”, es el título del informe que entregaron víctimas y organizaciones de derechos humanos a la Jurisdicción Especial de Paz, para dar cuenta de cómo en las operaciones militares que comandó el mayor general retirado del Ejército, Óscar Enrique González Peña, entre los años 2002 y 2010, las tropas bajo su mando habrían asesinado a civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
La principal conclusión del informe es que González Peña habría participado en el aparato criminal que montó el Ejército Nacional para realizar ejecuciones extrajudiciales de personas de la población civil, en el que los militares implicados, muchos de ellos hoy condenados por la justicia colombiana, recibían beneficios, condecoraciones y pagos económicos. Todo esto con dineros públicos.
El informe, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos, la Corporación Jurídica Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, fue entregado el 2 de septiembre del 2021 a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz Óscar Parra, Reinere de los Ángeles Jaramillo y María del Pilar Valencia.
La entrega se llevó a cabo en el Museo Casa de la Memoria de Medellín donde estuvieron presentes familiares de víctimas de crímenes de Estado. Allí, Nora Pulgarín, integrante del Colectivo Tejiendo Memorias, manifestó que “la confirmación de la política del horror de Óscar Enrique González Peña, reafirma el compromiso de nosotras las víctimas en la contribución para el esclarecimiento de la verdad. Con el informe las víctimas exigimos que, primero, se investiguen no solo la responsabilidad de general Mario Montoya Uribe sino de otros que, como González Peña, tienen muchísimos casos sin investigar. Segundo, que la JEP no solo se centre en la base de los soldados, sino que comience a abordar a los máximos responsables. Y tercero, que se garantice la centralidad de nosotros las víctimas en el sistema. Desde Tejiendo Memorias exigimos que nos digan: ¿Quién dio la orden?”.
Por su parte, Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, manifestó que este trabajo tuvo como propósito la documentación de mil 653 casos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en diferentes regiones del país, por parte de unidades militares como la IV Brigada, la Séptima División y el Comando Caribe N° 1, que tienen como patrón la comandancia de Óscar Enrique González Peña, que siempre sucedía en cargos al general Mario Montoya, quien hoy es uno de los militares más acusados de promover esta práctica durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
Alberto Yépez, integrante de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, reiteró que el general retirado Mario Montoya no es el único responsable de las ejecuciones extrajudiciales, sino que a su lado actuó siempre, siguiéndole los pasos, el general González Peña, “experto en pasar de agache, una manera de eludir su responsabilidad, hacer un destrozo y aparecer como uno de los buenos”.
Yépez recordó que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha identificado cinco casos potenciales de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, también conocidas como ‘falsos positivos’, los cuales corresponden a la Primera División del Ejército (Brigada X), la Segunda División del Ejército (Brigada XXX y Brigada Móvil XV), la Cuarta División del Ejército (Brigadas VII, XVI y XXVII), la Quinta División del Ejército (Brigada IX) y la Séptima División del Ejército (Brigadas IV, XI y XIV). En los cinco casos potenciales, aseguró el defensor de derechos humanos, Mario Montoya aparece con responsabilidad de crímenes en la Primera División, en tanto, González Peña muestra responsabilidades en la Séptima División: “Y, sin embargo, no existen investigaciones en la justicia ordinaria en su contra. De los 6 mil 402 casos de ‘falsos positivos’ documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz, mil 653 casos son ahora atribuidos a González Peña. Esto quiere decir que al menos una, de cada cuatro ejecuciones extrajudiciales, se dieron bajo el mando de González Peña”, afirmó.
General (r) Óscar González Peña. Foto: histórico Presidencia de la República.
Óscar Enrique González Peña cumplió sus servicios en el Ejército desde 1973 y se retiró en el 2010 luego de comandar el Ejército de Colombia. Además de los cargos que ocupó en diferentes unidades militares del Ejército, fue oficial de Enlace de Colombia ante el Comando de las Naciones Unidas en Corea; oficial de Enlace de Colombia ante el Comando Sur de los Estados Unidos; y asesor del Colegio Interamericano de Defensa. A lo largo de su carrera ha recibido cerca de 60 condecoraciones, algunas de ellas fueron la Medalla al Mejor Alumno de la Escuela Militar, la Medalla Francisco José de Caldas, Servicios Distinguidos en Orden Público y la Torre de Castilla de los Ingenieros Militares.
Los siete patrones de macrocriminalidad hallados en el informe
La abogada e investigadora del Observatorio de DD.HH. y DIH de la Coordinación Colombia-Europa- Estados Unidos, Juliana Romero, dio a conocer los patrones de macrocriminalidad que, según el informe, fueron llevados a cabo por las tropas comandadas por Óscar Enrique González Peña entre 2002 y 2010 en la ejecución de falsas bajas en combate ficticios con grupos subversivos. “Del análisis de las comandancias del mayor general retirado González Peña, se pueden establecer características comunes que al ser analizadas develan una práctica generalizada y sistemática más allá del simple resultado, con el fin de demostrar éxitos operacionales en el marco de la política de Seguridad Democrática”, señaló la experta.
En total, el informe logró establecer siete patrones de macrocriminalidad. El primero tiene que ver con la presión a las tropas por resultados exitosos, medidos por la cantidad de bajas. Según este, los soldados fueron presionados con derechos propios del servicio como descansos, alimentación y la posibilidad de terminar el servicio militar obligatorio. Esto derivó en competencias entre comandancias de tropas de unidades tácticas, a cuyos responsables se les ofrecían condecoraciones, asensos, etc., beneficios de los que el mismo González Peña gozó según establecieron los investigadores.
El segundo patrón refiere la selección de víctimas en estado de indefensión o condición de vulnerabilidad, e indica que gran parte de las víctimas estaban en condiciones de pobreza, siendo su mayor sustento las labores de agricultura, trabajos ocasionales o comercio informal. Esto supuso que campesinos e indígenas de áreas rurales en las que operaban militares a cargo de González Peña, fueran el principal blanco, afirmó el informe.
El documento también planteó que a partir del 2005 el perfil de las víctimas fue: habitantes de calles, consumidores de droga, desplazados por el conflicto, exmiembros de grupos al margen de la ley y personas con diversidad funcional. Este tipo de práctica dejaría entrever que fuera del objetivo de entregar mayores resultados como éxitos operacionales asesinando civiles, existió una lógica de ‘limpieza social’ de ciudadanos de los cuales fácilmente se podía prescindir, según la lógica militar, por no encajar con ciertos criterios sociales, expuso el informe.
Un tercer patrón consistió en el uso de guías, informantes o reclutadores. Lo que estableció el informe es que desde el 2004 se evidenció la existencia de una red criminal integrada por civiles, miembros de grupos al margen de la ley, desmovilizados y miembros de la fuerza pública, contratados por personal del Ejército para señalar o reclutar a las personas que serían ejecutadas y presentadas como guerrilleros dados de baja en supuestos combates. Uno de los casos que refiere el informe es la masacre de 11 jóvenes de Tolú Viejo, a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, en la que el reclutador habría sido José Dionisio Ramos Castillo, alias, ‘Joselito Carnaval’, quien fue condenado por estos hechos ocurridos entre julio y agosto del 2007. Es importante señalar que la paga de estos servicios se hizo desde los rubros de los gastos de reserva que usaban los comandantes de los batallones, como lo determinó la directiva ministerial 29 del 2005 del Ministerio de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El cuarto patrón corresponde a las retenciones ilegales que se cometían una vez identificadas las personas que serían víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En algunos casos las tropas retuvieron ilegalmente a las personas en sus propios domicilios y lugares de trabajo en zonas rurales, donde realizaban actividades de construcción, agricultura o comercio informal. En otros, la retención consistió en el montaje de retenes y controles en sitios públicos, donde obligaban a los civiles a descender de algún medio de transporte o los sustraían a la fuerza de bares, discotecas o billares.
Cuando estas ejecuciones comenzaron a llamar la atención de la opinión pública, el sistema de operaciones cambió y consistió en el traslado de las víctimas a lugares diferentes de sus municipios, hacia zonas periféricas de otras ciudades.
La simulación del combate configura un quinto patrón según el cual en todos los casos documentados en este informe las diferentes comandancias de las unidades militares, a cargo de González Peña, tras el asesinato de las víctimas civiles, simularon combates accionando las armas de los militares y realizando tiros al aire, con el fin de dar carácter de legalidad a las muertes de las víctimas.
El sexto patrón consistió en la implantación de ‘kits de legalización’, como le llamaban los mismos miembros de las tropas a la acción de dar apariencia de legalidad a las ejecuciones, poniendo junto a los cadáveres de las víctimas armas, explosivos, municipios, panfletos y prendas militares. De este modo era alterada la evidencia física y material de la escena del crimen. También hizo parte de esta práctica la acción de destruir los documentos de identidad de las víctimas para dificultar su identificación.
Y el último patrón corresponde a la impunidad y favorecimiento de los implicados en la Jurisdicción Penal Militar. Según el informe, las investigaciones relacionadas con estos hechos fueron puestas en la Justicia Penal Militar como estrategia deliberada, en toda la estructura criminal, para asegurar y mantener la impunidad de los crímenes cometidos por la fuerza pública. Esto impidió que las víctimas pudieran acceder a la justicia.
JEP buscará conocer la versión del general González Peña
El magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, manifestó frente a los presentes, luego de escuchar las pruebas que acusan a González Peña de participar en las ejecuciones extrajudiciales, que “las decisiones que hemos ido tomando este año con la emisión de dos primeros autos de determinación de hechos y conductas, nos han permitido nombrar este caso como Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate”. Y añadió que este informe será remitido al mismo general en retiro González Peña “para poder indagar sobre su versión de estos hechos”.
El magistrado Parra destacó que, hasta el momento, los 33 informes que ha recibido la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales han permitido llamar a interrogatorios a 438 militares y 11 generales. E indicó que la información recibida por la JEP da cuenta de seis territorios críticos, entre los que se destaca Norte de Santander donde esa jurisdicción logró identificar 120 víctimas cuyas muertes comparten patrones de condición social, desaparición, muerte y presentación del hecho.