La Corporación Región desarrolló el trabajo de acompañamiento con las familias buscadoras en estos municipios del Oriente antioqueño y registró los casos de 27 hombres y siete mujeres desaparecidos en medio del conflicto armado.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto de portada: Twitter @UBPDcolombia
Como un valioso aporte al Plan Regional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Oriente antioqueño, denominó Julia Marín Bedoya, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Medellín, el aporte que hizo la Corporación Región con la entrega del informe Memorias de la Ausencia, que documenta 34 casos de personas dadas por desaparecidas en los municipios de San Rafael y Granada, dos poblados que vivieron el conflicto armado principalmente a finales de los años 90 y la primera década del 2000.
En el informe quedaron registrados los casos de 27 hombres y siete mujeres, así como las solicitudes de búsqueda que hicieron los familiares de las víctimas, quienes el pasado 27 de julio asistieron a una ceremonia, realizada en el Centro Fe y Culturas en Medellín, en la que la Corporación Región entregó la información recopilada a la Unidad de Búsqueda y en la que se rindió homenaje a las familias buscadoras y al recuerdo de sus seres queridos.
En el evento, Julia Marín manifestó que “Granada y San Rafael fueron dos de los municipios más golpeadas por la desaparición en el Oriente antioqueño, junto a San Carlos, San Luis y Cocorná. En estos municipios hubo dos tipologías de desaparición frecuentes, y que de hecho están presentes en las 34 solicitudes que nos entregó la Corporación Región. Estas tienen que ver con la desaparición forzada y el reclutamiento por parte de actores del conflicto”. Lea también: Granada, una historia de dolor y resistencia
Según la antropóloga Andrea Romero, quien diseñó el proyecto Memorias de la Ausencia, la metodología para la recolección de información se enfocó no solo en la recopilación de datos personales de las personas desaparecidas, en las modalidades de desaparición, en el lugar y el tiempo de los hechos, sino también en una estrategia en la cual hubo un esfuerzo de parte de las familias buscadores por reconstruir el pasado de sus seres queridos, todo esto en el marco de un trabajo de acompañamiento psicosocial que comenzó en mayo del 2019 y se desarrolló gracias al Fondo Noruego para los Derechos Humanos. Lea también: Los desaparecidos de Granada
Por su parte, la investigadora Leonor Marina Restrepo, quien hizo parte del equipo de trabajo de Memorias de la Ausencia, señaló que al comienzo del proyecto hubo un poco de resistencia de parte de las familias al momento de unirse a esta iniciativa, debido a una serie de sentimientos provocados por la misma desaparición, como miedo, sufrimiento y desconfianza, efectos que, de hecho, son los esperados por los victimarios a la hora de cometer este crimen, cuyo efecto más doloroso parte de la incertidumbre de querer saber dónde está el ser querido, de saber si está vivo, o de saber dónde se encuentra su cuerpo, con el fin de recuperarlo, hacer el duelo y cerrar parte de un círculo de dolor que en muchos casos ha durado décadas: “De estos casos que entregamos a la Unidad de Búsqueda, el más antiguo ocurrió hace ya 32 años, en una masacre ocurrida en el municipio de San Rafael. Tenemos a una persona que está buscando a un familiar desaparecido en el marco de este hecho”.
Entre tanto, Isabel Sepúlveda, directora de la Corporación Región, manifestó que “hoy lo que le decimos a estas familias es que no pierden la esperanza de hallar a sus seres queridos, porque comienza una nueva etapa en la construcción de la paz, un reto que tenemos como país”.
Estos 34 casos registrados por la Corporación Región entrarán a ser parte del Plan Regional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas de Antioquia, una estrategia de búsqueda que cruza diversas fuentes de información: Unidad de Víctimas, cementerios, personerías, organizaciones sociales, ONG’s, entre otras. La metodología de este plan incluye el reconocimiento de las modalidades de desaparición: secuestro, reclutamiento, desaparición forzada o muerte en el contexto de las hostilidades, bajo un marco humanitario y extrajudicial para permitir una articulación entre las organizaciones cooperantes.
Hasta ahora, además de Antioquia, la Unidad de Búsqueda desarrolla planes regionales en el Pacífico, el Magdalena Medio y los departamentos del Meta, Cundinamarca, Cesar, Caquetá, Valle del Cauca, así como en la frontera con Ecuador.
El caso de Sandra Milena
Sebastián Narváez Gil se vinculó a Memorias de la Ausencia con la esperanza de encontrar con vida a su hermana Sandra Milena Narváez Gil, quien fue reclutada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 9 de junio de 2001 en el municipio de Granada, en hechos que Sebastián guarda en su memoria. Antes de este suceso, Sebastián y su familia vivían en el municipio del Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño. En 1998 tuvieron que abandonar su finca luego de experimentar el asedio de la violencia entre los paramilitares y la guerrilla de las Farc, para trasladarse al vecino municipio de Granada. Allí se instalaron en una pequeña parcela en la vereda El Concilio y su padre, Francisco Narváez, comenzó a trabajar en la poda de potreros para sostener a sus cinco hijos y a su mujer, Ana Rosa Gil.
Por aquel entonces Sebastián tenía nueve años y sus ojos vieron por primera vez el asesinato. Para bajar al pueblo a mercar había que tomar una chiva que, en su trayecto de regreso, paraba en un lugar conocido como El Carmelo. Allí los paramilitares, casi siempre un grupo de cinco, con lista en mano, llamaban a algunos de los ocupantes del vehículo y les pedían que mostraron el mercado que habían adquirido en el pueblo. “Recuerdo que contaban el mercado y si los paramilitares consideraban que la persona llevaba más comida de la que su familia podía consumir en una semana, ahí mismo le disparaban en frente de todos. El argumento era que si llevaban supuestamente mercado de más era porque estaban alimentando a la guerrilla. Los muertos los iban tirando ahí no más, por un precipicio, y luego le pedían al conductor que siguiera su camino”, recordó Sebastián.
Una tarde, el padre de Sebastián le pidió que lo acompañara a una finca a una hora de distancia a pie, junto con su hermano Fabián, con el fin de ver las posibilidades de un trabajo. Poco antes de llegar, fueron sorprendidos por varios hombres armados con el rostro cubierto que se identificaron como miembros de un grupo paramilitar. “Uno de ellos se acercó a mi papá y le dijo: ‘Me hace el favor y me deja a sus hijos acá y va por su hija Sandra Milena que la necesitamos un momento’. Mi papá le dijo que cómo era posible eso. Entonces me pidió que fuera por ella. Cuando volví con Sandra los hombres se la llevaron diciendo que en 20 minutos regresaban. Pero no volvieron. Me devolví para la casa con mi hermano y mi papá se quedó ahí esperando. Regresó en la madrugada llorando y mi mamá lo consoló. Yo los veía, escondido por la ventana de la pieza donde dormía con mis otros hermanos. Papá no volvió a ser el mismo, no volvió a abrazarnos ni a decirnos que nos amaba. Durante todos estos años creo que lo ha atormentado ese dolor”, contó Sebastián, y añadió que su hermana tenía 15 años al momento de ser raptada. Aunque este hecho sucedió en el 2001, Sandra Milena solo fue reportada como desaparecida en el 2011, ya que sus parientes sintieron miedo porque conocían casos de familias en Granada que denunciaban una desaparición ante las autoridades del pueblo y poco tiempo después era asesinadas en sus casas.
Han pasado 21 años desde la desaparición de Sandra Milena Narváez Gil y nadie ha dado cuenta de ella desde entonces, pero Sebastián y sus familiares no pierden la esperanza de hallarla. Ella hace parte de las cerca de 80 mil personas que según el Centro Nacional de Memoria Histórica fueron desaparecidas desde el inicio del conflicto armado entre 1958 y el 15 de noviembre del 2017.
Sobre los perpetradores de estos crímenes, el Centro de Memoria en el informe Lo que sabemos de los desaparecidos en Colombia, de junio del 2018, señala: “Sabemos que los grupos paramilitares fueron responsables del 46,1% de los casos registrados entre 1970 y el 2015 (un total de 13.562); las guerrillas, del 19,9% (5.849); los grupos posdesmovilización, del 8,8% (2.598) y los agentes del Estado, del 8% (2.368). Conocemos que este fenómeno se ha presentado en 1.010 municipios de los 1.115 del país, y que las regiones más afectadas son el Magdalena Medio, el oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá”.
Según Sebastián “el camino para saber sobre el paradero de mi hermana Sandra ha sido largo, pero no pierdo la esperanza de hallarla en caso de que continúe con vida, o de darle una sepultura digna en caso contrario. Eso está en manos de Dios”.