Aunque en este departamento las comunidades indígenas tuvieron acercamientos con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, la pandemia retrasó la construcción de una posible estrategia de búsqueda. Hoy los indígenas hablan de sanar el territorio, pero tienen miedo por el recrudecimiento de la violencia.

 

Por: Lucy Fernández Mestizo

Foto: Facebook Cric

Históricamente las comunidades indígenas en el departamento del Cauca han sido víctimas del conflicto armado, que ha dejado secuelas irreparables con violencias que van desde el asesinato de líderes, pasando por las masacres, las amenazas, el reclutamiento forzado y los ataques a la población, hasta la desaparición forzada de indígenas, una práctica que desarmonizó los territorios y que fue recurrente por parte de actores armados como las Farc y los paramilitares.

Sobre esta práctica de violencia las comunidades indígenas han logrado documentar muy poco, en parte debido a que los actores armados que hacían presencia en la zona impedían las labores de búsqueda. También porque las comunidades no solo se enfrentaban a este flagelo, sino que además debían atender otros hechos del conflicto armado. Sin embargo, en el año 2018 el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) realizó un informe general sobre los hechos victimizantes que afectaron a las comunidades, el cual fue enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “En el 2018 logramos sacar un informe general de las afectaciones a la vida de los diez pueblos indígena del Cauca y allí se establecieron varios temas, como asesinatos, desapariciones forzadas, reclutamiento a menores y delitos sexuales en el conflicto armado”, comentó Jhoe Nilson Sauca, ex coordinador de derechos humanos del Cric.

En el año 2019, luego de presentar el informe mencionado, las comunidades congregadas en el Cric lograron establecer acercamientos con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para abordar los casos de indígenas desaparecidos en el marco del conflicto armando y la existencia de posibles fosas. “Nosotros a través de reuniones con la Unidad quedamos de concertar una ruta que implicaba consultar con las comunidades y las autoridades indígenas para identificar las posibles fosas comunes durante el conflicto armado, pero lastimosamente avanzamos ahí, porque después llegó la pandemia y eso frenó el desarrollo que queríamos hacer como organización indígena”, manifestó Jhoe Sauca, quien explicó que una de las principales dificultades fueron las restricciones de movilidad originadas por las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno colombiano para prevenir el contagio del Covid-19.

Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (Acin) con el Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos intentó hacer un rastreo de los casos de desaparición forzada entre los años 2000 y 2009, pero el proceso tuvo dificultades porque “para nosotros ha sido bastante complicado obtener información sobre los casos de desaparición porque es un hecho que la familias poco registraron y sabemos que fue una práctica constante pero no hay información precisa”, manifestó Juan Manuel Camayo, coordinador del tejido de derechos humanos de la Acin.

Debido al contexto de conflicto armado en el territorio, las familias no denunciaron los casos de desaparición de miembros de la comunidad indígena por temor a retaliaciones, entre otras cosas porque la presencia de los actores armados generaba zozobra para la población. Sumado a eso, los cabildos indígenas y desde las organizaciones como la Acin y el Cric no contaban con los instrumentos, ni humanos ni tecnológicos, para avanzar en estrategias de búsqueda. Por eso, Juan Manuel Camayo afirmó que “desde el tejido no se ha logrado avanzar, pues si bien entre los años 2000 y 2009 se intentó hacer un registro, este quedó incompleto, pues también nos afectó el tema presupuestal, ya que no contábamos con las personas ni los instrumentos y se dejó de registrar”.

 

Farc y paramilitares, responsables de desapariciones

Las desapariciones de indígenas en el Cauca ocurrieron principalmente entre finales de 1999 y principios del 2000, cuando las Farc concentraron más de mil 200 hombres en el Valle con el propósito de reforzar sus filas para responder a la fuerte presencia paramilitar del Bloque Calima que inicio a partir de 1999 en la zona del Norte de Cauca. Esto hizo que aumentaran los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, debido al rápido crecimiento del Bloque Calima, que para esos años tuvo fuerte dominio en la parte norte del Cauca, según relata un informe del Centro Nacional Memoria Histórica, titulado Bloque Calima de las AUC: depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano.

Dicho informe detalla que, en medio del recrudecimiento del conflicto en el norte del Cauca, las comunidades indígenas fueron objetivo militar del Bloque Calima, cuyos miembros se “instalaron en la zona rural del municipio de Buenos Aires en especial en la vereda San Miguel, donde existió una base permanente, un centro de mando un perímetro para entrenamiento de paramilitares donde se encontraba ubicada la escuela veredal”. Y agrega que en este municipio los paramilitares ejecutaron varios asesinatos selectivos de civiles bajo la acusación de eran colaboradores de la insurgencia.

El modus operandi de este grupo paramilitar consistía en secuestrar a los comerciantes indígenas que bajaban a Santander de Quilichao a comprar víveres. Los secuestros ocurrían en la estación de gasolina de Terpel que queda cerca de la terminal transportes del casco urbano de Santander de Quilichao. Allí se hacían pasar por indigentes o vendedores ambulantes y esperaban a los comerciantes, quienes pasaban por la estación a recoger las tinas con gasolina o a cargar de combustible sus vehículos. En ese sector, contó el comerciante Juan Pablo Dizu[1], “los paramilitares me llevaron junto con mis trabajadores porque nos cobraban vacuna y nos tildaban de comprar remesa para la guerrilla, cosa que no era verdad”. Aunque él sobrevivió al secuestro, otros indígenas no corrieron la misma suerte como fue el caso de Juan Pablo, Antonio Conda Ulcue, Juan Tombe, Carlos Rivera y Marco Tulio Medina Rivera, por mencionar algunos, quienes fueron desaparecidos por los grupos armados según registra el informe de hechos victimizantes realizado por el cabildo de Jambaló.

El informe realizado por este cabildo también lo logró establecer que no solo había desaparecidos indígenas, sino que sus territorios fueron usados para desaparecer personas de otros lugares: “Los actores armados como las Farc y los paramilitares causaron muchas desarmonías en nuestras comunidades y a su vez desaparecieron personas de otros lugares y sus restos todavía están dentro de los territorios, hemos querido avanzar en lograr obtener los datos, pero debido a la nueva reconfiguración del conflicto las familias tienen temor de hablar y eso es entendible”, comentó Juan Manuel Camayo.

 

El desafío de continuar un proceso con la Unidad de Búsqueda

Como ya se mencionó, la llegada de la pandemia del Covid-19 a Colombia, a principios del 2020, les impidió a las comunidades indígenas del norte del Cauca avanzar en una estrategia con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. No obstante, esta es solo una de las dificultades que presenta este proceso en la actualidad, pues a la emergencia sanitaria por el coronavirus también se suma, por ejemplo, el actual contexto de reconfiguración del conflicto armado en el Cauca. “Después de la firma del Acuerdo de Paz, con la agudización del conflicto, las familias que sufrieron la desaparición de sus familiares están siendo re-victimizados por parte del gobierno que no cumplió con lo pactado y, por otro lado, de las disidencias de las Farc que no permiten ingresar a los sitios donde estas las posibles fosas”, comentó Jhoe Sauca.

Adicional a lo anterior, las autoridades y la guardia indígena no cuentan ni con la seguridad necesaria ni los instrumentos para realizar esta labor. “Si bien desde las organizaciones se ha tratado de documentar, no ha sido posible darle continuidad a esa labor por la difícil situación del contexto y sobre todo porque desde las entidades no se ha contado con el apoyo suficiente para revisar estos hechos”, afirmó Juan Manuel Camayo.

De los acercamientos en el 2019 con la Unidad de Búsqueda, quedó la tarea de concertar una ruta diferencial para las comunidades que permita esclarecer los casos de desaparición forzada, reveló Jhoe Sauca, quien agregó que “desde la Unidad se debe pensar en una ruta indígena, que permita todo un trabajo con la comunidad, que se concerté con ellos y que se puedan iniciar las labores de acercamiento a estas familias desde los psicológico, pero también desde lo cultural, respetado las cosmovisiones de cada pueblo para, finalmente, ir a los lugares, recuperar los cuerpos y así reconfortar el dolor de las familias”.

Para Antonio Guetio, médico tradicional, quien desde lo espiritual ha orientado a las familias que fueron víctimas de desaparición forzada en el norte del Cauca, construir una ruta diferencial en este campo implica realizar un protocolo que permita evidenciar este crimen desde la dimensión cosmogónica de las comunidades indígenas. Para él, este trabajo se debe pensar desde las costumbres y creencias indígenas, debido a que en “las comunidades Nasas una de las prácticas culturales es la siembra del ombligo, cuando un niño nace, el ombligo se siembra junto a la tulpa para que el niño este enraizado con la madre tierra, por eso se debe pensar desde toda la parte cosmogónica, porque no es solo sanar la familia, sino también sanar el territorio”.

 

[1] Nombre cambiado a petición de la fuente