En una audiencia pública adelantada por la JEP, indígenas, víctimas y defensores de derechos humanos denunciaron que en este resguardo, ubicado en Caldas, la desaparición de personas ha estado asociada a la xenofobia, la violencia política y el conflicto armado.
Por: Pompilio Peña Montoya
Fotos: Twitter JEP
Recuperar y mantener la memoria, restaurar el equilibrio con la madre naturaleza y aliviar en parte el dolor causado por un conflicto armado y, en especial, por la ausencia de los desaparecidos, son los ideales de los habitantes del Resguardo Indígena de San Lorenzo, localizado entre los municipios de Riosucio y Supía, en el departamento de Caldas. Así lo expresó José Jairo Tapasco, gobernador de esta comunidad, al término de una audiencia pública adelantada el 16 y 17 de junio por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como parte de las medidas cautelares que ordenó en este territorio para proteger 18 puntos de interés forense en los que habría personas desaparecidas según información de la comunidad y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
De los 17 cabildos que tiene el departamento de Caldas, San Lorenzo es el territorio indígena con más desaparecidos. De acuerdo con los datos entregados por las víctimas a la JEP, en esta zona se registraron 125 personas desaparecidas entre 1985 y 2009, periodo en el que hicieron presencia diferentes actores del conflicto armado, primero el Ejército Popular de Liberación (EPL), después las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc – EP) y finalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, según denunciaron las víctimas en la audiencia pública, habrían delinquido con el apoyo del Ejército, el F2 y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La audiencia pública tuvo como propósito escuchar a líderes indígenas y a representantes de entidades municipales y nacionales con el fin de evaluar la magnitud de la problemática de desaparición que vive este territorio y establecer los parámetros con los que la JEP podrá emitir una medida cautelar para las 6.700 hectáreas que conforman el resguardo de San Lorenzo e incluir otros lugares como los cementerios de la zona con el fin de exhumar, identificar y entregar los cuerpos recuperados a sus seres queridos.
Para “las comunidades indígenas del departamento y especialmente para el resguardo indígena de San Lorenzo es fundamental que nuestro territorio sea saneado. La armonización de los sitios sagrados de la comunidad es fundamental, así como el restablecimiento de derechos para las víctimas de desaparición forzada. Queremos que las personas sean reparadas y es lo que hoy le venimos solicitando al Estado”, dijo José Jairo Tapasco.
Más de siete mil desaparecidos en medio del conflicto en Caldas
Alejandro Ramelli, magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, manifestó su voluntad de adelantar un proceso efectivo en la búsqueda de desaparecidos y en la reparación a las familias afectadas por este flagelo y por otros crímenes como los homicidios sistemáticos, las amenazas, las masacres y las torturas. Por ello expresó que “la búsqueda de los desaparecidos es larga y solitaria, pero ha fortalecido los lazos de quienes se declaran víctimas, y esto lo hacen frente a una institucionalidad fragmentada y frecuentemente ausente, que además desconoce las prácticas socioculturales de las comunidades afectadas”.
Entre tanto, el Equipo Colombiano de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), que viene acompañando al resguardo en este proceso de restablecimiento de derechos, entregó cifras que permiten dimensionar la magnitud de la desaparición en Caldas. Según los registros de Equitas, al menos 7.246 personas fueron víctimas de desaparición en medio del conflicto armado en este departamento. De esa cifra, 4.281 continúan desaparecidas, de éstas 1.781 son desapariciones sin clasificar y 1.250 serían desapariciones forzadas, mientras que otros casos estarían ligados a homicidios, presuntos secuestros, reclutamientos y masacres. En el departamento, el municipio de Riosucio es uno de los más afectados por esta problemática con un registro de 482 personas dadas por desaparecidas, mientras que Supía registra 158 víctimas de este delito.
En el caso del Resguardo Indígena de San Lorenzo, la Consejería de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas consolidó un total de 125 personas dadas por desaparecidas. De estas, 119 continúan desaparecidas, 91 están sin clasificar, 26 corresponden a desapariciones forzadas y dos a reclutamientos ilícitos.
Por la magnitud de las cifras, José Jairo Tapasco instó a los representantes de la JEP a que surtieran la medida cautelar, entre otras cosas porque existe el peligro de que muchos de los cuerpos enterrados en San Lorenzo sean trasladados a otros territorios o sean destruidos por parte de grupos que desde hace más de dos décadas actúan allí, y a los cuales les interesa que la verdad nunca salga a flote.
Xenofobia, violencia política y conflicto armado; las razones de los crímenes
Luis Arbey Gañán, representante del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), manifestó a la JEP que son tres los aspectos históricos que han convertido a los pueblos indígenas de Caldas en víctimas de políticos, militares, terratenientes, empresarios y grupos al margen de la ley. El primero tiene que ver con la iniciativa de los pueblos Embera Chamí de recuperar sus territorios como lugares autónomos a partir de la década de los 70. El segundo se refiere a que San Lorenzo, por su ubicación entre dos cordilleras, se convirtió en un “corredor geoestratégico que da acceso a varias zonas del país y por el cual transitan grupos armados, tanto de derecha como izquierda, dejando un sin número de víctimas indígenas”, puntualizó Gañán. Y el tercero es el hecho de que a los pueblos indígenas se les ha obstruido su participación en comicios, principalmente a través de la amenaza, el homicidio y, por supuesto, desapareciendo a sus representantes políticos.
“El primer aspecto data de una recuperación de la dignidad, ya que en 1943 el hombre blanco disolvió dos resguardos muy importantes en Riosucio, el resguardo Escopetera y el resguardo de San Lorenzo. Los disuelven los actores políticos del momento. Por una parte, porque no querían, como se decía en ese tiempo, que ‘los indígenas en vía de civilización’ reclamaran su autonomía y gobernabilidad. Pasaron 30 años para volver a hablar de comunidades indígenas. Nuestros territorios fueron invadidos por colonos de Antioquia, acompañados por generales de Ejército y la iglesia católica, quienes impusieron sus costumbres y formas organizativas distintas a la nuestra”, señaló Luis Arbey Gañán.
En los años 70 y 80, este trabajo por la recuperación de tierras y autonomía provocó que líderes indígenas fueran señalados, estigmatizados y perseguidos, y que familias Emberá buscaran formar otros asentamientos que hoy siguen, como Cabrumá, La Trina y Damasco.
Según explicó Gañán a los magistrados de la JEP, otro momento constituyó la entrada de los grupos guerrilleros, quienes no respetaron la autonomía de San Lorenzo y, por el contrario, aprovechando la falta de oportunidades y el abandono estatal, comenzaron a reclutar indígenas, a cometer homicidios y a llevar al territorio secuestrados de otros departamentos, hechos que fueron utilizados por la clase política, de la región y del país, para señalar a San Lorenzo como zona guerrillera.
A finales de los 80 y durante las siguientes tres décadas, con la llegada del paramilitarismo, el señalamiento en contra de la comunidad de San Lorenzo provocará una ola de xenofobia y racismo que hoy persisten: “Esto hizo que fuésemos estigmatizados como guerrilleros y el gobierno y gente del departamento así lo declaraba”, puntualizó Gañán al recordar que, por ejemplo, se convirtió en una aventura peligrosa que indígenas fuesen a buscar empleo en fincas cafeteras, pues solo por llevar apellidos de San Lorenzo como Tapasco o Gañán muchos fueron asesinados.
A finales de los años 80, los pueblos indígenas de Caldas quisieron participar en comicios. “Pero asesinaron a tres líderes muy importantes, truncando nuestra posibilidad de obtener algún cargo. Ellos fueron Gilberto Motato, del resguardo La Montaña, quien aspiraba a la alcaldía de Riosucio; Fabiola largo, también de La Montaña; y Gabriel Jaime Cartagena, de Cañamomo Lomaprieta. Luego fueron asesinados otros líderes, docentes, médicos y guardianes”.
Arahugo Gañán, representante de los exgobernadores de San Lorenzo, añadió que uno de los homicidios más recordados fue el del docente Rey María Salazar quien, según Human Rights, “fue castrado, sus dedos fueron chuzados con agujas, su cuerpo fue maltratado y ese fue el mensaje para quienes pensábamos de manera diferente”, indicó el líder indígena.
Gañán añadió que el caso de Salazar dio origen a hechos en los que estuvo involucrada la fuerza pública y en los que fueron desaparecidas personas como Evaristo Andica, José Nicolás Gañán, Fabián de Jesús Bueno, Orlando de Jesús Tapasco, Jaime Gañán, Gloria Inés Tapasco, Emiliano Tapasco y Hernán de Jesús Marín: por eso “le seguimos exigiendo a las autoridades que nos digan dónde están los desaparecidos”.
En esta misma línea, Carolina López, coordinadora Centro de Estudio sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social de la Universidad de Caldas, afirmó ante los magistrados de la JEP que las desapariciones forzadas fueron precedidas de detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y crueles. Y estuvieron relacionadas con móviles políticos y violencia perpetrada contra cabildantes, comuneros, gobernadores, líderes e integrantes del movimiento indígena de San Lorenzo. “Como presuntos responsables entre los años 80 y 90 tenemos al Ejército Popular de Liberación, los grupos paramilitares como Muerte a Secuestradores, Los Magníficos y la Mano Negra, así como la fuerza pública, con el accionar de la policía, el Batallón Ayacucho y fuerzas de inteligencia como el F2 y el DAS”, denunció.
La académica añadió que en la primera década del 2000 los presuntos responsables fueron el Bloque Noroccidental de las Farc, en particular el Frente Aurelio Rodríguez; el Bloque Central Bolívar, con el Frente Cacique Pipintá; y la Fuerza Pública a través del accionar de la policía, el Batallón Ayacucho y el Batallón San Mateo del Ejército.
Otra hipótesis relacionada con la desaparición de personas en el territorio, añadió Carolina López, está relacionada con los discursos de estigmatización contra las comunidades indígenas, sumados a la omisión por parte del Estado de su deber de atender y acompañar integralmente a las víctimas, y, en general, la impunidad asociada a la falta de investigación y sanción de hechos en contra del pueblo Embera Chamí de Caldas.
A esto se sumaron, según Carolina López, las detenciones arbitrarias a comuneros y comuneras que fueron capturados por las autoridades y llevados a centros penitenciaron en Riosucio y Manizales. Estos procesos tuvieron como práctica común la tortura, relacionada con la restricción en el suministro de alimentos, la permanencia en celdas reducidas, la incomunicación con sus seres queridos y las amenazas en contra de familiares de detenidos de los que nunca se volvió a saber.
De hecho, según Amnistía Internacional, entre junio y diciembre del 1988 cerca de 150 integrantes de la comunidad indígena de San Lorenzo fueron detenidos por la fuerza pública en hechos que involucraron la desaparición de comuneros como Fabián de Jesús Bueno, Orlando de Jesús Tapasco y Jaime Gañán Largo, detenidos arbitrariamente por la policía en los poblados de Riosucio, Palestina y San Lorenzo. De ninguno de ellos hoy se conoce su paradero y las autoridades no han respondido a las demandas de la comunidad.
Ante este panorama, Luis Arbey Gañán manifestó: “Hemos encontrado varias fosas en los territorios indígenas y en los pueblos sabemos qué posibles cuerpos podrían estar allí sepultados sin cumplir con su respectiva ceremonia, y por eso necesitamos sanear el territorio, pues esa energía que hay allí está perjudicando también las siembras, los nacimientos de agua y el ecosistema en general”.
El líder añadió que por ello es importante que la medida cautelar no solo cubra el territorio de San Lorenzo, sino también cementerios en los poblados de La Feliza, Filadelfía, Marmato y del corregimiento de Arauca, en Caldas; y el campo santo del municipio La Pintada y el corregimiento Bolombolo de Venecia, en Antioquia.
La acción del Estado en la búsqueda de desaparecidos ha sido insuficiente
Al final de la audiencia pública ordenada por la Sección de Ausencia y Reconocimiento de la JEP, mediante Auto AT 074 del 27 de mayo del 2021, la magistrada María del Pilar Valencia realizó un balance de la información recolectada y mencionó las consideraciones a tener en cuenta en la adopción de decisiones. Por una parte, “hemos podido constatar el insuficiente conocimiento y apropiación de las entidades territoriales sobre sus funciones relacionados con la inhumación, custodia y conservación de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados, especialmente en lugares ubicados en territorios indígenas”, afirmó Valencia, quien consideró que el limitado trabajo se debe a una confusión sobre lo que implica la autonomía de los pueblos indígenas en la regulación de su vida interna.
La magistrada también expresó que “se observa deficiente articulación de la acción institucional del Estado en torno al cumplimiento de funciones concurrentes respecto de personas desaparecidas y la protección y custodia de posibles lugares de inhumación de cementerios”. Y añadió que “falta verificación y consolidación de datos sobre reportes de hecho de desaparición forzada en el resguardo de San Lorenzo, ente las distintas instituciones como la Fiscalía, la Unidad de Víctimas (Uariv), las personerías y el resguardo indígena. Por lo que es necesario definir un mecanismo para consolidar el universo de víctimas del resguardo de San Lorenzo”.
Valencia llamó la atención sobre el deficiente trabajo hecho por la Unidad de Víctimas, pues esta entidad no reportó, en su intervención en esta audiencia, los hechos de desaparición declarados por víctimas indígenas en años pasados. “El resguardo tiene 54 hechos declarados oportunamente que no se visibilizan en el Registro Único de Víctimas. La Uariv deberá revisar las declaraciones para visibilizar estos hechos”.
Finalmente, el magistrado Alejandro Ramelli afirmó que este proceso de búsqueda de cuerpos no acabará cuando se hayan exhumado todas las víctimas de desaparición en medio del conflicto armado colombiano, sino cuando sus familiares conozcan la verdad sobre el papel que jugaron los actores armados legales e ilegales, así como dirigentes y líderes de Caldas, porque “para pasar la hoja primero hay que leerla”, aseveró.