El área natural de La Macarena, única en diversidad biológica, territorio protegido y sujeto de derechos, pervive entre el conflicto armado colombiano, los conflictos socioambientales, las economías ilegales y hechos victimizantes a sus guardaparques.
Por: Jenny Moncada
Foto de portada: Hernán Castellanos – Área Especial de La Macarena
La región de La Macarena, ubicada entre los departamentos de Meta y Guaviare, fue declarada patrimonio biológico de la humanidad y monumento natural internacional en el año 1933 debido a su megadiversidad. Es la primera área protegida por ley en Colombia como reserva biológica desde 1948 y en 1989 a partir del decreto ley 1989 se establece su conservación bajo un modelo que le dio vida al Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), el cual comprende cuatro parques naturales: Tinigua, Sumapaz, Cordillera de Los Picachos y la Sierra de La Macarena.
La Sierra de La Macarena es un sistema montañoso más antiguo que la cordillera de los Andes. Su elevación y difícil acceso la han configurado como un islote biológico que, durante milenios, ha dado refugio a especies vegetales y animales únicas en el mundo. Es el punto de encuentro natural entre los ecosistemas de los Andes, la Amazonía y la Orinoquía, en el occidente del escudo Guyanés, y guarda muestras arqueológicas sobre los ríos Duda y Guayabero, en donde yacen petroglifos y pictogramas de culturas indígenas que habitaron la zona.
Lorena Díaz*, quien fue funcionaria de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) explicó, en diálogo con Hacemos Memoria, que el enclave del AMEM permite conectar tres ecosistemas que forman un corredor natural en donde algunos felinos se mueven desde la Argentina hasta la parte alta de México, mientras que otras especies comen frutas y transportan sus semillas lo que permite la recuperación vegetal en este extenso corredor.
Zona protegida de La Macarena. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En 1989, un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), titulado: La Macarena, reserva biológica de la humanidad, territorio de conflictos, estableció que la conservación de esta zona debe ser fundamental, ya que integra cuencas hídricas y corredores biológicos que han “permitido la formación de un sistema ecológico variado, frágil y complejo, que al favorecer la evolución aislada de especies ya desaparecidas en otros territorios, se ha convertido en un banco genético de trascendental importancia para el futuro de la humanidad”.
Pero a pesar de contar con numerosas leyes nacionales y acuerdos internacionales para su preservación, como la ley 163 de 1959 o el Acuerdo de París, entre otros, La Macarena es un territorio que históricamente ha sido víctima de la tala indiscriminada, la ganadería extensiva ilegal, los cultivos de uso ilícito y los grupos armados organizados, en el que los guardabosques tienen que desarrollar su labor de preservación ambiental y relacionamiento con las comunidades en medio de las alteraciones del orden público propias del conflicto armado. Por ello, el AMEM y sus guardaparques esperan ser reconocidos como víctimas del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Problemáticas como el conflicto de los campesinos por la tierra, la expansión de la frontera agrícola, la minería, los cultivos de uso ilícito y la confrontación entre actores del conflicto armado y grupos criminales, son algunas de las situaciones a las que han estado expuesta esta reserva ambiental y quienes la protegen.
Colonización Campesina
El estallido social de El Bogotazo en el año cuarenta y ocho, sumado a una década de intensos enfrentamientos por el bipartidismo político durante el periodo conocido como La Violencia, provocaron en el país migraciones campesinas y planes de colonización promovidos por el estado, a su vez, el fenómeno de la bonanza cocalera en los ochenta y el desarrollo de economías ilegales como la minería y la extracción de madera, entre otras, fueron aliciente para que cientos de familias llegaran hasta la Sierra, asentándose en espacios que por normativa ambiental están protegidos como reserva natural.
De acuerdo con la información registrada en el documento Parques Amazónicos y sus funcionarios como víctimas del conflicto armado de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la conformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a mediados de los sesenta, en el parque Sumapaz, influyó desde entonces en la colonización, organización y estructuración del poder local en la zona, aspectos que fueron claves en la estrategia militar y financiera del grupo subversivo. Lorena Díaz manifestó que antes del Acuerdo de Paz, había un control territorial histórico por parte de este grupo armado: “La guerrilla habilitaba fragmentos de tierras para el trabajo de las comunidades, en caso de irrumpir esas restricciones imponía multas o castigos, cobraban impuestos a campesinos a cambio de protección”.
Por otra parte, el documento de la FCDS contiene el testimonio de un guardaparques quien manifestó que “la guerrilla ejerce, quizás, la primera medida de gestión efectiva para la protección del ambiente en el AMEM”. En la misma vía de este testimonio, el texto plantea que en la región hay un Estado débil, una gestión restringida en los componentes de desarrollo sostenible y tierras, y una contraparte que, así sea con el apoyo de economías ilícitas, hace más efectivo el ejercicio de desarrollo económico, puesto que “las FARC organizan a la gente, solucionan conflictos y reivindican al campesino cocalero, criminalizado históricamente”.
Mono Churuco, especie emblemática de esta área protegida de la Orinoquia. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Acerca de lo difícil que es sobrevivir en estos territorios y de la manera como sus habitantes se relacionan con el Estado, Olga Murillo*, representante de organizaciones campesinas que habitan en parques naturales, manifestó que el Gobierno Nacional “llega con programas, pero como decimos todos, bonita la charla y la propuesta, pero nunca concretan nada, nos hablan bonito, pero al final no nos cumplen”.
Con respecto a las entidades que ejercen control ambiental como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) o Parques Naturales Nacionales, Olga Murillo dijo que “ellos no permanecen en el área, entonces muchas personas no acatan, algunos campesinos dicen que las entidades no les van a dar de comer y que prefieren no unirse a los proyectos por seguridad”, en algunos casos porque muchos han recibido panfletos por parte de grupos armados que les solicitan no relacionarse con los funcionarios y, en otros, porque “estar trabajando con las entidades ayuda a identificar a los pobladores que deforestan o siembran coca, lo que pone en riesgo la integridad de estos líderes”, explicó la lideresa.
Conflictos socioambientales
La estabilidad ecosistémica del AMEM está en riesgo, al igual que otras áreas protegidas del país, porque ha sido escenario del acaparamiento de la tierra, la deficiente gobernanza de sus recursos naturales y la explotación ilícita en su máxima expresión a través de la deforestación.
Una investigación realizada por Scientific Reports en 2020 evidencia que en los años subsiguientes a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, se ha incrementado la deforestación en los parques del AMEM, en el parque Tinigua la pérdida de bosques aumentó en un 325.7 por ciento, mientras que en sus zonas amortiguadoras, es decir las áreas circundantes que requieren un tratamiento de conservación especial para proteger la reserva, fue de 235.1 por ciento. A su vez, dentro de la Cordillera de los Picachos la deforestación se intensificó en un 210.1 por ciento y en sus zonas aledañas en un 496.4 por ciento. En el parque Sierra de La Macarena la cifra llegó al 120.4 por ciento, mientras en sus áreas amortiguadoras fue del 177.7 por ciento. Y en el Parque Natural Nacional del Sumapaz, que resguarda el páramo más grande del mundo, la pérdida de bosques se acrecentó en un 68.3 por ciento mientras en sus áreas amortiguadoras fue del 198.5 por ciento.
Según Lorena Díaz “en la Sierra hay puntos bastante álgidos ya que son zonas en las que la deforestación ha incrementado, especialmente por la Trocha Ganadera, el sector del Guayabero y en los municipios de Puerto Rico y Puerto Concordia”.
La acelerada deforestación en el AMEM, según afirman funcionarios de parques, no se debe solamente a los pobladores locales que viven en la zona, sino que hay grandes afectaciones causadas por personas con gran poder económico que tiene las posibilidades de ingresar a estos territorios y pagar para que talen grandes extensiones, pues “un campesino de medianos o bajos recursos no va a poder talar 100, 200 o 300 hectáreas, cuando el costo por hectárea de bosque talada es de alrededor de millón 500 pesos, serían 400 o 500 millones de pesos que un campesino generalmente no tiene a la mano”, reveló Lorena Díaz.
Esta versión la respalda Olga Murillo, quien manifiestó que como campesinos no tienen recursos para deforestar más de 5 o 10 héctareas “hay veredas en las que entran, compran y tumban 100 o 200 hectáreas de una sola vez, eso ya no son campesinos, eso ya son terratenientes”.
La Macarena, zona de deforestación. Foto: sitio web de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Otra de las afectaciones es la concentración de cultivos de coca, siendo esta región una de las áreas con mayor número de hectáreas registradas, con un estimado de 8.324 hectáreas cultivadas entre el 2016 y el 2019, de acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Paralelo a esto, el territorio enfrenta la violencia asociada a la presencia de actores ilegales como, paramilitares y bandas criminales, que han desatado una guerra por el dominio de las áreas abandonadas por las FARC después de su desmovilización para la explotación indiscriminada de los recursos naturales, el sometimiento de la población y el control de las economías ilegales, entre estas los cultivos de uso ilícito. El documento de la FCDS señaló que estos grupos han desconocido y vulnerado la legislación aplicable al sistema natural de La Macarena, así como las órdenes judiciales que protegen estas zonas.
Víctimas del Conflicto
Desde febrero de 2020, los guardaparques de los parques naturales Puré Apaporis, Chiribiquete, la Paya, Macarena, Tinigua y Picachos, y las reservas naturales Piunawi y Nükak, fueron expulsados de sus áreas de trabajo por presuntas disidencias de las FARC. Como resultado, esto dejó sin protección ni monitoreo más de 9 millones de hectáreas de bosques. “En este momento no se puede ingresar a campo en varios de los municipios, casi en todos se intenta trabajar en las zonas con función amortiguadora, tratando de disminuir las presiones sobre el área protegida, como son la deforestación, los cultivos ilícitos, apropiación de tierra y ganadería. Es bastante compleja la situación” relató Lorena Díaz.
Sin embargo, las amenazas y hechos victimizantes hacia los funcionarios han sido una constante dentro de las dinámicas del conflicto en este territorio, donde se han presentado señalamientos, tanto por parte de grupos armados ilegales como de funcionarios de Gobierno que estigmatizan a los guardaparques, al igual que robos, decomisos, amenazas directas e indirectas, prohibiciones de movilidad e ingreso a ciertas veredas, riesgos relacionados con minas antipersonal, secuestros y desplazamientos forzados. Lorena Díaz recordó que “hace algunos años mataron a Martin Duarte, un compañero de trabajo y hace un año, en diciembre de 2020 mataron a Francisco Parra, otro colega que trabajaba en Cormacarena. Eso fue noticia a nivel nacional, Parques trabaja de la mano con la corporación y todo eso afecta; también nos roban herramientas de trabajo como las voladoras (lanchas) en las que nos movilizamos”.
En el documento de la FCDS que contó con el apoyo del Comité Holandés de la UICN, se solicitó «establecer una ruta de reconocimiento de Parques y sus funcionarios como víctimas, y sus casos para ser presentados en el escenario de la JEP y de la Comisión de la Verdad», a través de testimonios contados por los mismos guardabosques. “Este libro pretende dejar constancia de las condiciones de victimización de las que fueron sujetos los funcionarios de Parques Nacionales en el lapso comprendido entre los años 2000 a 2019 en los Parques del AMEM, como un ejemplo de lo que ocurrió en el resto del Sistema Nacional de Parques” afirmó Rodrigo Botero, director de la FCDS.
Así mismo, a finales del 2020 un colectivo de guardabosques de Parques Naturales Nacionales presentó a la Comisión de la Verdad un informe titulado: “Los derechos de la naturaleza, el territorio y el colectivo de guardaparques del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, por medio del cual dan cuenta de las violencias que han sufrido en medio del conflicto armado a la vez que buscan el reconocimiento de los guardaparques y de los mismos parques naturales como víctimas históricas del conflicto armado. “Es lo que buscamos, que se nos reconozca, porque igual el conflicto sigue, que nos reconozcan como víctimas del conflicto es también sentir que nosotros no estamos solos, que todos los ojos los deben colocar en los parques nacionales en donde hay conflicto armado, y pues que de todas maneras deben hacer unas inversiones, tanto en el territorio como en las entidades, porque la verdad como PNN trabajamos con las uñas, es difícil hasta eso” indicó Lorena Díaz.
Por su parte, el comisionado Saúl Franco manifestó que dicho informe se registrará en el sistema de la Comisión de la Verdad y parte de su contenido se abordará en el informe final que como entidad entregarán al país, en los capítulos dedicados a resultados, voces del conflicto armado, impactos y recomendaciones, este último en términos de justicia ambiental, necesaria para la reconciliación entre seres humanos y la naturaleza.
Para el comisionado “los protagonistas de este informe son las víctimas que han padecido este conflicto, los guardaparques y sus familias, los cuales tuvieron el valor de hablarnos, esperamos que este informe sea una forma más de reivindicar su dignidad, el valor de su vida, su lucha e impulsar a nuevas generaciones. El otro gran protagonista es la naturaleza viva, no ajena, sino de la que somos parte, es muda a veces, pero nos habla en múltiples lenguajes, este informe es un grito, un llamado a entender la naturaleza, a valorarla y defenderla de la confrontación armada y reivindicar los daños que se le han hecho”.
Tanto los guardabosques como el AMEM esperan que este proceso cambie sus condiciones de trabajo y el contexto de los PNN. Lorena Díaz es solo una voz entre los cientos de funcionarios que albergan su esperanza en este reconocimiento “creo que nuestra labor hasta hace poco se viene a reconocer, hasta hace poco sale a la luz que nuestras oficinas son el campo, lugares que precisamente coinciden con las áreas estratégicas para la guerra y hemos quedado en medio de ella por defender esos espacios que son de todos y que posibilitan la vida de especies vegetales y animales y de nuestra especie. Por amor a lo que hacemos continuamos”.
*Nombres cambiados por solicitud expresa de las fuentes por razones de seguridad.