A esta conclusión llegó un estudio realizado por varias organizaciones sociales, que afirman que la Fiscalía no está entregando cifras reales sobre el esclarecimiento de los asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc.
Por: Pompilio Peña Montoya
El recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, y con ello el homicidio sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, han generado un panorama en el que los entes judiciales y el gobierno han jugado un papel ineficiente frente a sus responsabilidades de combatir estos crímenes. Así lo planteó un informe presentado por varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que buscó los patrones comunes de sistematicidad en los homicidios de líderes sociales entre el 1 de noviembre del 2016 y el 30 de junio del 2020.
Con el fin de analizar este tema, el estudio consolidó las bases de datos de Indepaz, la Comisión Colombiana de Juristas, el Programa Somos Defensores, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación Forjando Futuros, y de allí se extrajeron los casos de 255 líderes y defensores que fueron asesinados en las regiones del norte del Cauca, Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano, sur de Córdoba, y nordeste y Bajo Cauca antioqueños. Estas zonas fueron escogidas por el fuerte conflicto que presentan y porque que a ese contexto allí los líderes realizan grandes esfuerzos por la reivindicación de los derechos de las comunidades.
Andrea Becerra, abogada y socióloga de la Comisión Colombiana de Juristas, quien participó en esta investigación, afirmó que de los 255 casos estudiados, 213 corresponden a personas con roles activos de liderazgo y defensa de los derechos humanos, mientras que en los 42 casos las víctimas fueron firmantes del Acuerdo de Paz, asesinados mientras llevaban a cabo procesos comunitarios y desarrollaban los compromisos adquiridos en su proceso de reincorporación a la vida civil. Este, afirmó, se convirtió en el primer elemento que ayudó a configurar los patrones de sistematicidad en los casos de asesinato de líderes, defensores y excombatientes.
Según Becerra, “encontramos también que eran personas que se encontraban en zonas en las que se había agudizado la violencia luego de la firma del Acuerdo. Estos homicidios se dieron en zonas priorizadas para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del gobierno; encontramos, así mismo, referencias a disputas por el control territorial y social por parte de actores armados legales e ilegales”.
El informe reveló que el hostigamiento a la defensa de derechos en estos territorios no solo se dio en contra de líderes, sino también en contra de los procesos colectivos y organizativos en los que trabajaron, como Juntas de Acción Comunal, proyectos productivos y otros programas e iniciativas. En estos casos, tras el homicidio de un líder, quien lo sucede termina heredando la persecución de su antecesor, lo que debilita la fuerza organizativa de comunidades que, por lo regular, han vivido en el desamparo casi total del gobierno.
Becerra destacó que a ello se suma un proceso de estigmatización sistemático que busca desacreditar el trabajo del líder y ponerlo en una situación de señalamiento social, “dando a entender con ello que hay intereses que se están incomodando con la defensa de los territorios y la denuncia y visibilización de hechos que atentan contra los derechos humanos”, concluyó.
En relación con el papel que deben cumplir las instituciones del Estado frente a estos crímenes, el informe reveló que existe una precaria respuesta estatal en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los asesinatos. Siendo la primera gran falla la falta de protección a la vida de los líderes a pesar de que estos denuncian ante las autoridades las amenazas y riesgos a los que están expuestos.
Lo más delicado, según Becerra, es que las investigaciones que se abrieron para tratar de esclarecer los homicidios son de una alta precariedad. “En este sentido el estudio plantea una crítica frente a lo que la fiscalía presenta como buenos resultados en el periodo de este estudio. La fiscalía hace referencia dentro de la categoría de ‘esclarecimiento’ a cualquier información referida a una captura, una imputación, una condena o la muerte del indiciado y, en general, esos avances en los esclarecimientos poco nos dicen frente a cómo sucedieron los crímenes, cuáles fueron los antecedentes, cuáles fueron los intereses de quienes podrían verse incomodados con la defensa de los derechos humanos, etc. La fiscalía no dice lo sustancial, no está vinculando los casos entre sí y está ofreciendo información precaria”, destacó la investigadora, quien añadió que este proceder de la fiscalía genera una falsa percepción de efectividad.
Casos puntuales
Por su parte, Tony Lozano, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario e integrante de la Fundación Forjando Futuros, manifestó que los puntos señalados por Andrea Becerra pueden ejemplificarse con los casos de tres campesinos cuyas muertes reflejaron cómo los actores armados actuaron en contra de su liderazgo.
Se trata de los señores Porfirio Jaramillo, Luis Hernán Bedoya y José Yilmer Cartagena, quienes encabezaron varios procesos organizativos con sus poblaciones, caracterizadas por ser víctimas del conflicto armado en Chocó y el Urabá antioqueño. El principal rol que asumieron estaba dirigido a la reclamación de tierras despojadas y los tres experimentaron el hostigamiento al igual que sus familiares y comunidades, en zonas donde los grupos al margen de la ley impusieron desde toques de queda hasta límites de movilidad entre veredas y corregimientos.
“Un elemento común en estos tres casos es que se identificó una violencia anterior al homicidio, durante la comisión del asesinato y posterior al hecho. Eran personas amenazadas, habían solicitado al estado protección y hacían parte de procesos comunales. Tras sus muertes sus familias tuvieron que salir desplazadas. También se estableció que los señalamientos iniciales en contra de estas personas vinieron supuestamente de miembros de la fuerza pública, pero luego de averiguaciones de las mismas comunidades se advirtió que en realidad se trató de grupos paramilitares que, al parecer, tenían algún nivel de connivencia con agentes del Estado”, indicó Tony Lozano.
Un caso diciente fue el de Luis Hernán Bedoya, asesinado en diciembre del 2017 cuando, a caballo, se dirigía a su casa y fue interceptado por paramilitares. Tras el entierro de este líder reclamante de tierras, su familia, que semanas después salió desplazada desde zona rural del municipio de Riosucio, puso una inscripción al lado de la carretera en un acto de memoria que decía, ‘Sin olvido Luis Bedoya’. Un par de meses después, a esta inscripción le fue borrada la palabra ‘sin’ y la placa fue quemada.
Lozano añadió que “estos son elementos de violencia antes, durante y después del homicidio, que son puestos en conocimiento de autoridades como la fiscalía, la policía y el ejército, pero de los que no se escuchan otras respuestas diferentes a: ‘salgan de la zona’ o ‘tomen medidas de protección de manera individual’”.
Según Indepaz, desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc en 2016, hasta julio 15 del 2020, en Colombia han sido asesinados 971 líderes sociales.
El investigador de Forjando Futuros destacó que voceros de las comunidades, que fueron representadas por estos líderes, manifestaron que en sus territorios nunca se dan enfrentamientos entre las bandas criminales y la fuerza pública, y que son pocas las capturas que hacen las autoridades de miembros de estos grupos posparamilitares, lo que, según el análisis del informe, contribuye a la impunidad y, con ello, a que esta clase de actos en contra de los líderes sociales se repitan.
Impunidad y conclusiones
Andrea Becerra destacó que la impunidad frente a estos casos se da por fallas al momento de investigar los homicidios. Comenzando porque estos son considerados como hechos aislados, casi nunca se tiene en cuenta la labor del líder y la fiscalía no se esfuerza por hallar las causas del asesinato ni plantea quiénes se beneficiaron con estos crímenes. Pasa, según la investigadora, que la mayoría de estos asesinatos se resuelven al plantear las hipótesis de que los crímenes fueron motivados por asuntos pasionales o deudas adquiridas.
De este modo, afirmó Becerra, las responsabilidades frente a los asesinatos recayó siempre sobre los sicarios, cuyas condenas en muchos casos se dieron por otros delitos como por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, lo que deja en la impunidad a los autores intelectuales de estos crímenes.
Frente a este panorama, el informe solicitó a la Fiscalía General de la Nación transparencia y exactitud con la información brindada sobre estos hechos y sus decisiones judiciales. Y a la fuerza pública a que desista de la práctica de estigmatizar a los líderes sociales y a sus comunidades, ya que esta categorización no solo desacredita su trabajo sino que también los pone en la mira de los grupos al margen de la ley.
A su vez, al argumentar que los presuntos responsables de los asesinatos son en su mayoría grupos posparamilitares, el informe recomendó reactivar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad de Desmonte del Paramilitarismo, con la autonomía administrativa, técnica y financiera con la que inicialmente se concibió en el Acuerdo de Paz para así lograr desestructurar a estos grupos criminales.
El informe que recopila esta información se llama Sistematicidad, estigmatización y precarios avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción: Patrones en el asesinato de las personas defensoras, líderes, lideresas sociales y excombatientes en los territorios de Norte del Cauca; Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano; Sur de Córdoba; Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, y lo puede descargar aquí.