Este funcionario público recorre la zona rural de Samaná en Caldas para ayudarles a jóvenes víctimas a gestionar su libreta militar, garantizando así el cumplimiento de sus derechos. Su vocación de servicio está inspirada en su padre, un policía asesinado por la guerrilla.
Por: Laura Cristina Cardona
Foto: GS Noticias
Harold Parra Rojas tiene un vago recuerdo de su padre Rubiel Parra. La escena es fugaz y se corta de manera abrupta. “Él me estaba dando caldo de gallina”. Ese momento tiene un tiempo y un lugar que lo marcaron por siempre. “Cuando yo tenía tres años, mi papá me llevaba a la vereda El Silencio, donde era el inspector de Policía. Allí lo mató la guerrilla de las Farc el 6 de enero de 1986 a las seis de la mañana”, recordó.
El Silencio es un caserío ubicado entre la cabecera municipal de Samaná y el río Tenerife, límite con Pensilvania, en el oriente de Caldas. En ambos municipios se concentró la mayor parte del conflicto armado del departamento desde los años ochenta hasta el 2008. A mediados de la década del ochenta la guerrilla de las Farc, con el noveno frente, empezó a tener presencia en el departamento, como consecuencia del repliegue del grupo José María Córdoba de Antioquia. Después llegaron los paramilitares a finales de la década del noventa.
En números, se puede dimensionar lo que sucedió en Samaná. De los 25 mil 784 habitantes proyectados para 2016, 21 mil 245 son víctimas del conflicto armado. Es decir, el 82,4% de los habitantes de este municipio en el oriente de Caldas son víctimas, lo que hace que Samaná sea uno de 21 municipios de Colombia con el Índice de Concentración de Violencia (ICV) por encima del 80%. Esto según informes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) del 2018, con fecha de corte del 2016. Por su parte, la Red Nacional de Información registra 60 mil 135 eventos victimizantes en territorio samaneño, que incluyen asesinatos, tomas guerrilleras, desplazamientos, secuestros, actos terroristas, amenazas, entre otros.
La familia de Harold la integraban don Rubiel Parra y su esposa, Rosa María Rojas, de cuyo matrimonio nacieron Harold, el mayor, y Cristian, el menor. Ellos vivían en la zona urbana de Samaná, de donde Rubiel salía cada semana a cumplir sus funciones en El Silencio, muchas veces acompañado de Harold, quien por entonces era un niño. Ya adulto, Harold regresó a trabajar a la vereda El Silencio, 20 años después del asesinato de su padre. Durante tres años laboró como secretario de la Institución Educativa El Silencio. En esa época, contó, “la gente me recordaba, además de los detalles del homicidio, la manera como mi padre servía a las personas, como estaba dispuesto en todo, y su misión como inspector”.
Harold tenía 23 años cuando le empezó a llamar la atención eso de ayudar a la gente. Desde entonces su meta de vida fue aportar en su pueblo y trabajar por las víctimas del conflicto armado. En su camino de liderazgo ha logrado escalar peldaños, hoy es el Enlace Municipal de Víctimas, un cargo que está adscrito a la Dirección Nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el que los funcionarios se encargan de acompañar y orientar a esta población. “Yo estoy visibilizando la importancia de la oficina y lo que pueden tener las víctimas, que no es solo la indemnización o una reparación individual, sino también otros beneficios”, expresó.
Como parte de su labor, Harold decidió potenciar el acceso a la libreta militar digital, algo que parece sencillo, pero que en realidad genera un impacto importante para poblaciones vulnerables, especialmente en jóvenes campesinos que son víctimas del conflicto armado y viven en poblaciones alejadas. Cuando llegó al cargo se sacaban dos o tres libretas al año porque, según explicó, la comunidad no conocía este derecho.
Para cambiar esta situación decidió implementar un método que consiste primero en hacer una convocatoria amplia, yendo a los colegios y contándoles a los profesores y estudiantes los derechos que tienen los jóvenes víctimas. También hace reuniones con las familias y se mueve en redes sociales con imágenes que informan los requisitos para participar. Después, recorre veredas, trochas y camina por los 417 kilómetros cuadrados de su municipio para llegar a las casas de las víctimas, asesorarlas y recoger los papeles necesarios para sacar la libreta militar. Tras gestionar con el batallón, a Harold le llegan las libretas digitales. Las imprime, para que queden como un diploma. Vuelve a visitar a las víctimas y les entrega ambas versiones: la libreta tradicional en formato cédula y la libreta digital que, explicó, es válida, portable y útil.
De esta manera, Harold contribuye a que se dé cumplimiento al Decreto 1084 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, que en su artículo 2.2.7.6.9. “suspende la obligación de prestar el servicio militar hasta tanto se defina su condición de víctima. Para tal efecto, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptará las medidas necesarias para suministrar la información a las autoridades de reclutamiento, en tiempo real, sobre el estado del proceso de valoración”. También la Ley 1861 de 2017, por medio de la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización, en su artículo 12, exonera a las víctimas que estén incluidas en el RUV de la prestación del servicio militar obligatorio.
La gestión de Harold ha sido tan efectiva que alcaldías cercanas, como la de Norcasia y Marquetalia le solicitaron apoyo para acompañarlos en el proceso de gestión de libretas militares virtuales, con el ánimo de replicar el proyecto en sus municipios.
El compromiso con las víctimas
“Son pocas las oportunidades que los jóvenes tienen en el tema laboral y una de las condiciones es tener definida su situación militar. Muchas veces la falta de acceso es porque les exigen este trámite y, aunque la ley no lo permite, los jurídicos de las empresas hacen esta exigencia. Además, las familias quieren evitar que los hijos presten el servicio militar por el peligro que el conflicto significa para sus vidas”, manifestó Harold.
Otro factor de peso por la que este funcionario se ha empeñado en avanzar en esta labor es que con la entrega de estas libretas los derechos de las víctimas pasan del papel a la realidad, pues sus derechos se hacen efectivos, ya que, según explicó, aunque las personas estén incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) no siempre tienen las facilidades para hacer el trámite de la libreta militar o ni siquiera saben que tienen este derecho.
Así lo ratificó la Procuraduría General de la Nación el 9 de abril de 2021, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas de Conflicto Armado, cuando a través de un comunicado público afirmó que “una de las mayores dificultades que enfrentan las víctimas es el desconocimiento que tienen sobre su condición y el acceso a información sobre sus derechos”.
Entre los 53 municipios del Eje Cafetero, conformado por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, Samaná es el único en el que el 80 por ciento de sus habitantes son víctimas del conflicto armado. El segundo municipio con mayor porcentaje de víctimas es Norcasia (Caldas) con un 39,26 por ciento y el tercero es Pueblo Rico (Risaralda) con un 37,93 por ciento, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con fecha de corte del 2016. En la imagen el municipio de Samaná, Caldas. Foto: municipios.com
Por otro lado, la gestión de Harold también les ahorra trámites y costos a las familias beneficiadas, pues “muchos jóvenes de Samaná viven en veredas apartadas, donde ni siquiera llegan carros y menos el servicio de internet”, explicó el funcionario al agregar que son ya ochenta jóvenes los que exhiben su libreta militar virtual, mientras que otros cuarenta están en proceso de recibirla.
La labor que desarrolla Harold es un compromiso que parte de su propia condición como víctima, porque es consciente de que “el Decreto 1084 del 2015 nos exonera de pagar el servicio militar, pues si somos víctimas de la guerra, no sería lógico que nos lleven a las fuerzas militares a vivir más guerras”.
Antes de continuar hay que dejar dos cosas claras. Una: las entidades públicas no pueden exigir que un ciudadano presente la libreta militar para darle un trabajo. Otra: estas entidades sí pueden requerir que la persona tenga la situación militar definida, o sea estar el día con el Ejército, tal como lo aclaró el director Jurídico de la Función Pública, Armando López.
Una labor que posibilita sueños
«Harol Parra es un líder de víctimas de Samaná que nos está ayudando en muchas cosas, como sacar la libreta militar gratis. Ya tengo la mía”, expresó Eduard Yesid Ospina Aristizábal, estudiante de octavo año en Estudios Eclesiásticos del Seminario Mayor Cristo Buen Pastor, de Puerto Salgar (Cundinamarca).
El seminarista, que este año recibirá su grado como sacerdote, relata que a las 5:30 de la mañana del 20 enero del 2015, el terror tocó a la puerta de su casa en la vereda El Consuelo de Samaná. “Llegó una amenaza de muerte contra mi madre, eso como secuela del conflicto armado que pasó por nuestras veredas”, relató. La familia salió despavorida de la zona.
Otro que celebra tener libreta militar es Jorge Iván Bedoya, cuyo pasado tiene que ver con el desplazamiento forzado. “A mi papá lo mataron en 1992 y mi mamá quedó con todos nosotros pequeños. Vivíamos en la vereda El Brasil y tuvimos que salir. Ahora trabajo en construcción y quiero una empresita propia. Para esto sí necesito la libreta”.
Jorge Iván sabía de su derecho como víctima a no prestar servicio militar, pero también conocía del desgate para hacer este trámite porque ya había intentado sacar su libreta en dos ocasiones: “Había tratado de hacer esa vuelta, pero es complejo, tiene muchos trámites y a uno con el trabajo no le da tiempo. Me tocaba ir hasta el batallón de Honda (Tolima) y uno sin plata. Por fortuna Harold y estos muchachos de la oficina de víctimas nos colaboraron. Y en febrero me entregaron la libretica”. Es importante complementar que el Batallón de Infantería No 16 Patriotas, el más cercano a Samaná, queda a 138 kilómetros del municipio, cerca de tres horas de viaje en auto.
John Alejandro, un joven víctima en situación de discapacidad, recibió su libreta militar en la vereda El Vergel de Samaná, Caldas, gracias a la gestión de Harold. Foto: cortesía Harold Parra.
El año pasado María del Carmen Rodríguez y su familia se enteraron de que Jhon Alejandro, su hijo de 19 años, debía tener libreta miliar a pesar de que es una persona en situación de discapacidad y víctima del conflicto. “Nos llamaron de la Oficina Municipal de Víctimas para asesorarno», dijo la mujer quien recordó que su familia sufrió en dos ocasiones el desplazamiento forzado de la verdad El Vergel. El primero fue en el 2001, cuando en medio de un combate entre guerrilleros y paramilitares debieron salir de la vereda hacia la cabecera municipal. Regresaron y cuatro años después un grupo armado les ordenó dejar su vivienda. Atrás quedaron la casa, los cultivos de café y los recuerdos de sus vecinos y la parcela. El amor por la tierra los atrajo de nuevo a la zona y hoy viven en Las Ánimas, un caserío al frente de El Vergel.
Jhon Alejandro es buen dibujante. El papá lo lleva hasta Santa Rita, otra vereda, para conectarse a Internet y poder ver tutoriales sobre cómo pintar. Su sueño es tatuar carros y motos. Él siente que, en cualquier momento, si consigue un trabajo, puede necesitar la libreta. Pero los trámites y el desplazamiento especial que requiere dificultaban el proceso, por eso agradeció que Harold llegara un día hasta la puerta de su casa, en la vereda Las Ánimas, para recopilar la documentación necesaria e iniciar el trámite. “Don Harold nos ayudó a hacer las vueltas y a Jhon Alejandro le llegó la libreta militar virtual. Nos dice que para tenerla física debemos llevar a nuestro hijo a una unidad militar y pagar $120 mil, pero por ahora no podemos”, relató María del Carmen.
La inspiración paterna
En Samaná el Registro Único de Víctimas reporta 652 asesinatos relacionados con el conflicto armado. Entre ellos está el de Rubiel Parra, el padre de Harold, quien fue asesinado luego de una fiesta de matrimonio, a la cual asistió como padrino, en la vereda El Silencio. El cuerpo sin vida de Rubiel fue hallado por las autoridades en una vivienda con impactos de bala y recostado sobre una máquina de coser.
Paradójicamente, con una máquina de coser fue que su esposa, Rosa María Rojas, buscó el sustento de su familia cuando quedó viuda. Por años se dedicó a la costura hasta que encontró un empleo en el Hospital San José de Samaná donde trabajó por 14 años. Sus hijos, Harold y Cristian, alcanzaron el grado de bachiller en el colegio San Agustín. Cristian se convirtió en médico. Harold, a sus 38 años, está a punto de graduar de Administración en Salud Ocupacional.
Guillermo León García conoció a Rubiel Parra. A los dos, cuenta, los nombraron inspectores de policía al mismo tiempo. A Parra lo designaron para El Silencio y a él para la vereda Confines. “Recuerdo que mi familia tenía finca en esta zona y ya aparecía la guerrilla, aún era muy clandestina, no hacía proselitismo armado, como ocurrió luego cuando se fortaleció y se convirtió en el Frente 47”.
Para Guillermo don Rubiel era un líder natural, con vocación de servicio, nacido para ayudar a los demás. “Eso mismo le heredaron sus hijos, Harold y Cristian, este último médico director del hospital municipal de Marquetalia, Caldas”.
“Como víctima quería llegar a algo así para demostrar que, por encima de un funcionario, más que un sueldo y pretensiones personales, debe existir un sentido humano de servicio que trascienda en la gente”, concluyó Harold, a quien las historias sobre el liderazgo de su padre le sirvieron de inspiración para forjar su propio camino.