El 22 de abril entra en vigor el Acuerdo de Escazú, un tratado regional para proteger los derechos a la información, la participación y la justicia ambiental, pero el Congreso de la República de Colombia aún no lo ha ratificado. El tiempo se agota.

 

Por Esteban Tavera

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional de carácter vinculante que contiene disposiciones explícitas para proteger a defensores del medio Ambiente en toda América Latina. También busca promover los derechos al acceso a la información oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, así como a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.

El tratado regional fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Ha sido firmado por 24 países y ya ha sido ratificado por 12. Con ese número de ratificaciones el Acuerdo entrará en vigor a partir del 22 de abril, Día de la Tierra, pero justamente Colombia, que ha sido catalogado por la organización británica Global Witness como el país más peligroso para ser ambientalista, aún no lo ratifica. Según esa ONG, durante 2019 fueron asesinados en Colombia 212 defensores del medio ambiente.

El Gobierno colombiano firmó el tratado el 11 de diciembre de 2019, pero la ratificación está en manos del Congreso de la República, donde el trámite legislativo se encuentra estancado desde el 4 de noviembre del año pasado. Ese día se adelantó una sesión conjunta entre las comisiones segundas de Senado y Cámara, que son las encargadas de tramitar los proyectos legislativos 057 de 2020 en Senado y 265 de 2020 en Cámara, con los cuales se busca la refrendación. El problema es que en esa jornada no se tomó ninguna decisión de fondo, sino que se programaron dos foros regionales sobre el tema, de los cuales uno ya se hizo en la ciudad de Cúcuta, pero el segundo aún no se ha realizado.

En aquella sesión conjunta, el Congresista Juan Gómez, quien presidió el debate, anunció que existían dos ponencias con relación a Escazú: una positiva, que estaba radicada desde antes del debate, y una negativa que fue presentada ese mismo día.

Durante la sesión habló Claudia Blum, Ministra de Relaciones Exteriores, y aclaró varias de las dudas que han surgido sobre la aplicación del Acuerdo. Pero, además, dejó clara la postura del Gobierno en favor de la ratificación. “Honorables congresistas, este proyecto de Ley afirma el compromiso del Gobierno con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Es una decisión consistente con las apuestas que hemos emprendido a nivel multilateral para combatir el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y deforestación, y para proteger nuestros océanos y reducir la contaminación”, dijo.

Esta postura también quedó clara en la intervención del ministro de Ambiente, Eduardo Correa Escaf, quien se refirió principalmente al aporte que hace el Acuerdo al desarrollo sostenible y a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.

Sin embargo, este apoyo del Gobierno que mencionaron los dos ministros no se ha reflejado en un trámite más ágil para el proyecto de Ley. De hecho, una de las voces más fuertes en contra del Acuerdo de Escazú es la de la senadora Paola Holguín, quien pertenece al partido de gobierno, el Centro Democrático. En la audiencia dijo que tanto ella como otros congresistas han recibido cartas de gremios y organizaciones que muestran su rechazo a la ratificación, y, además, señaló que no porque el presidente apoye el Acuerdo, los congresistas del partido de gobierno deben aceptarlo.

Durante el trámite que ha cursado el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso, un grupo de universidades de todo el país han mostrado su postura frente al tratado. Harold Cardona, investigador del Grupo de Investigación en Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales de la Universidad de Antioquia; fue uno de los académicos encargados de enviar la postura de esas universidades ante los congresistas. “Este grupo de universidades, entre las que están la Universidad de Antioquia, San Buenaventura, La Salle, La Sabana, Los Andes y otras tantas, decimos que es fundamental que ratifiquemos el Acuerdo. Pero, por otro lado, también se han movido otros sectores, especialmente grandes empresas y terratenientes con grandes intereses en temas de explotación y uso de los recursos naturales, para desacreditar la imagen del Acuerdo y rechazar la ratificación de esto”, dijo Cardona.

Lina Muñoz Ávila, directora de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario y lideresa del proceso de negociación del Acuerdo de Escazú en Colombia, es una de las académicas que se ha dedicado a desmentir muchos de los mitos creados para desacreditar el Acuerdo. Uno de los argumentos contra Escazú, explicó, es que de ratificarlo el tratado podría afectar la soberanía de Colombia sobre el territorio o sus recursos naturales. Pero la profesora Muñoz, aclaró que: “El Acuerdo de Escazú no contiene ningún tipo de disposición, no hay ningún artículo que afecte la soberanía o que se refiera a espacios del territorio nacional y Escazú tampoco habla sobre la capacidad de decidir sobre nuestro territorio. Por el contrario, justamente el objetivo del Acuerdo es proteger los derechos de información, participación y justicia de las personas a la hora de discutir asuntos ambientales en el territorio nacional”.

Otro de los argumentos erróneos, según Harold Cardona, es que muchas de las disposiciones de Escazú ya hacen parte del marco normativo colombiano. “Eso es falso porque eso realmente no se está cumpliendo. Nuestra constitución es una de las más bonitas del mundo, pero también es una de las que menos se cumple. Entonces puede que ya haya unas normas cercanas al Acuerdo pero no se están cumpliendo”, aclaró.

La abogada Laura Serna Mosquera, quien ha sido galardonada como Campeona Escazú Colombia por parte de Naciones Unidas, también se refirió a este falso argumento. Para ella: “No hay un solo Estado en América Latina que pueda jactarse de decir que no tiene problemas ambientales, que tiene garantías de todos estos derechos al cien por ciento. No hay uno solo porque precisamente es una problemática de nuestra región y lamentablemente Colombia encabeza los listados de todas las problemáticas. Así que debemos reconocer que necesitamos este Acuerdo”.

El estancamiento que tiene actualmente el trámite legislativo que permitiría adoptar el Acuerdo de Escazú podría significar que llegue el 22 de abril, cuando se pone en marcha el tratado, sin que Colombia lo haya ratificado. Sin embargo, explicó la profesora Lina Muñoz, “no es que se cierre la puerta o se termine la oportunidad de hacerse parte. Colombia puede ratificar Escazú en cualquier momento. El tratado está abierto”. Pero, lo que sí es importante es que Colombia lo haga antes de 2022, agregó, ya que durante ese año se celebrará la primera Conferencia de las Partes, que es el máximo órgano decisorio del Tratado. En esa Conferencia los Estados parte se sentarán a discutir las reglas de implementación y los pasos para que el Acuerdo garantice los derechos a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.

Para conocer algunas historias de vidas vinculadas al Acuerdo de Escazú, escuche la serie Punta de Flecha, que puede encontrar en este enlace: https://soundcloud.com/hacemos-memoria/sets/punta-de-flecha