El desplazamiento y la violencia contra campesinos, jóvenes, mujeres y profesores son recurrentes en este municipio del Norte de Antioquia donde la confrontación de los grupos armados tiene sometida a la población civil. En febrero ocurrieron dos desarraigos masivos en los que se desplazaron 631 personas.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto de portada: @yonaytu
Disidencias de las Farc, paramilitares y bandas provenientes del Valle de Aburrá, hoy han convertido al municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia, en un territorio que ha visto resurgir violencias que destruyeron, casi por completo, la fuerza de resistencia de su población tras la firma del Acuerdo de Paz. Así lo afirmaron María Luisa*, Ezequiel* y Amanda[*], líderes ituanguinos consultados por Hacemos Memoria, quienes contaron que en los tres primeros meses de 2021 han conocido casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, abusos contra mujeres y niñas, y desplazamientos masivos, entre ellos la salida de al menos 50 docentes, en la última semana de marzo, que abandonaron el territorio luego de recibir amenazas.
Ubicación del municipio de Ituango en el mapa de Antioquia.
La pregunta que muchos se hacen es por qué si Ituango es un municipio con alta presencia de la fuerza pública, sobre el que recaen decenas de promesas estatales derivadas del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc, hoy la población vive una crisis humanitaria de tales proporciones.
“Nuestra resistencia es el silencio”, confesó Ezequiel, líder campesino e investigador. La alusión al silencio, afirmó, se ha convertido en una frase recurrente entre labriegos: “entre menos sepa más vivo”, un eufemismo que, según este campesino, esconde el miedo ante el incremento de las violencias y la expansión de grupos armados que aprovecharon la salida de las Farc, a finales del 2016, para adueñarse de los corredores del narcotráfico que comunican el sur del Nudo del Paramillo, el Bajo Cauca y el Urabá antioqueños.
A comienzos de este año, el foco del conflicto y los desplazamientos se centró en la zona aledaña a la vereda Santa Lucía, ubicada a tres horas en carro desde el casco urbano, donde estuvo el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las extintas Farc hasta el 15 de julio del 2020, cuando debió ser trasladado a Mutatá, en la región de Urabá, ante el incremento de la violencia y la falta de garantías de seguridad. A mediados de enero de 2021, 15 habitantes de Santa Lucía, entre ellos varios niños, tuvieron que abandonar sus casas por amenazas de muerte recibidas por celular. El 15 de febrero, organizaciones campesinas denunciaron el confinamiento y posterior desplazamiento de pobladores de las veredas El Quindío, Quebrada del Medio, Las Arañas y Alto del Limón, cerca de Santa Lucía, por amenazas de los grupos armados. Cuatro días después, el 19 de febrero, se conoció que un grupo de familias del pueblo indígena Jaidukamá de la etnia Emberá Eyábida se desplazaron del corregimiento La Granja a causa de los continuos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. «Una semana después estas familias se devolvieron a sus viviendas sin que el ejército les garantizara seguridad”, afirmó María Luisa, líder social que por más de una década ha estado al frente de la defensa de las mujeres en Ituango.
Según datos del Ministerio Público conocidos por Hacemos Memoria, en estos dos eventos de desplazamiento masivo, se desplazaron 631 personas. En el primero, salieron desplazadas 512 personas (195 familias) de las veredas El Quindío, Quebrada del Medio y Alto del Limón. En el segundo, los desplazados fueron 119 indígenas (34 familias) que salieron del resguardo Jaidukamá asentado en el sector de San Matías.
Vale anotar que la problemática del desplazamiento forzado no solo ocurre en Ituango, otros municipios de Antioquia han vivido este año una situación similar a causa de las disputas territoriales entre actores armados. El pasado 10 de marzo, el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, manifestó que a esa fecha 4.305 personas habían sido desplazadas de los municipios de Cáceres, Ituango, Amalfi, Murindó y Peque, en siete eventos de desplazamiento masivos.
Además de los desplazamientos forzados, Ituango vivió otras situaciones de violencia que agudizaron la crisis humanitaria. A finales de febrero de 2021, la población vivió un paro armado contra el transporte público y la quema de un bus de la empresa Coonorte por parte de las disidencias, según la policía, por el no pago de extorsiones. El día 22 de ese mismo mes, en el sector Agua Linda, fueron asesinados los jóvenes Esneyder García, de 19 años, y Milena Pérez, de 18 años. A mediados de marzo, el inspector de policía se desplazó de la población por amenazas de muerte. Ante esta situación, el 21 de marzo el alcalde, Edwin Mira Sepúlveda, decretó un toque de queda indefinido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, en el que se prohibió la circulación de motos y la presencia de menores en las calles.
La inminencia de esta crisis humanitaria que vive hoy Ituango ya había sido denunciada por la Defensoría del Pueblo, institución que emitió una alerta temprana el pasado 24 de enero de 2021, en la que advirtió del peligro de violencia que corrían 16 veredas del corregimiento La Granja, siete del corregimiento Santa Rita, 37 veredas de El Aro y siete sectores del casco urbano del municipio.
Fuente: alerta temprana N° 004 – 2020 de la Defensoría del Pueblo.
Violencia creciente
Ezequiel manifestó que el conflicto se intensificó en Ituango a principios del 2020. Él lo explicó de este modo: tras la firma del Acuerdo de Paz a finales del 2016, por al menos año y medio Ituango vivió una apacible tranquilidad que reactivó campos económicos y organizaciones de víctimas del conflicto. El gobierno pactó la puesta en marcha de programas como el Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (Pnis) y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), y prometió proteger y cubrir con oferta institucional y fuerza pública aquellas zonas que las desmovilizadas Farc abandonaron para agruparse en el espacio territorial de la vereda Santa Lucía, en las estribaciones del Parque Nacional Nudo de Paramillo. Fue así como los 27.074 habitantes de Ituango (7 mil de ellos en el casco urbano) notaron un resurgir de su municipio. Pero, observó Ezequiel, a principios del 2020, al iniciar los ciclos de confinamiento total por la pandemia de la Covid-19, los grupos armados entraron en una fuerte confrontación que puso en alto riesgo a la población civil.
El investigador Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explicó que luego del repliegue de los excombatientes tras el acuerdo, hubo un aire de optimismo depositado en los puntos del Acuerdo de Paz, considerados una hoja de ruta que, en teoría, resolvían problemas históricos estimulados por la conflictividad.
Según Zapata, “en teoría, los acuerdos funcionaban, sobre todo el pacto uno, el de la Reforma Rural Integral. Y el punto cuatro, que planteaba soluciones al problema de las drogas ilícitas; puntos necesarios de implementar de una forma oportuna para garantizar un ingreso legal en estos territorios, y para transformar la vocación productiva de cultivos ilegales a legales. Pero eso no pasó. La fuerza que se llevó al territorio fue, como siempre, militar”, dijo el investigador.
De hecho, de acuerdo con el último informe sobre el alcance del Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (Pnis), de octubre del 2020, en Ituango se lograron sustituir 120 hectáreas de las 725 que están cultivadas con coca, según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).
El líder político Esteban Úsuga, excandidato a la alcaldía de Ituango, explicó además que el 2016, cuando se dio el cese al fuego unilateral entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, “fue uno de los mejores años en Ituango desde hacía varias décadas: los homicidios por conflicto cesaron, los campesinos pudieron salir a cualquier hora de su vereda, incluso de noche y a visitar a familiares de otras zonas, y regresaron las Fiestas de la Ituanguinidad [canceladas en el 2008 luego de un atentado con bomba en el casco urbano], lo que sirvió para que los itanguinos, que habían salido años atrás por amenazas, volvieran a ver a sus amigos y familiares, surgiendo de nuevo lazos de confianza”.
Úsuga añadió que a finales del 2017 comenzó a rondar por el municipio el rumor de que nuevos grupos armados estaban ocupando el corregimiento de Santa Rita, compuesto por 25 veredas, donde incluso se presentaron algunos homicidios. “Una de las promesas con el acuerdo fue que el Estado iba a hacer presencia donde las Farc ya no estaban; pero pasó casi un año, tras la firma del acuerdo, en el que el Estado colombiano no lo logró establecerse, y digo que no lo logró porque desconozco si fue falta de voluntad, de personal o de mucha confianza”.
El líder político añadió que luego de 2017 comenzaron a ocurrir, poco a poco, una serie de desplazamientos y amenazas contra reincorporados, que vieron en riesgo sus vidas tras la firma del acuerdo de paz. Lo más complejo en este sentido, anotó Úsuga, es “que ya no haya una apuesta desde el gobierno actual por seguir la implementación de los acuerdos”.
Según cifras entregadas por el partido Comunes de las extintas Farc, entre el 2017 y el 2019, fueron asesinados 12 firmantes de la paz del espacio territorial de Santa Lucía en Ituango. En el 2020 ya la inseguridad, en particular en esta vereda, era insostenible, según recuerda Amanda, docente en Ituango desde hace más de una década. El 23 de febrero de ese año se presentó el desplazamiento masivo de 860 campesinos de 12 veredas, entre ellas Santa Lucía. Según Amanda, meses atrás se decía de boca en boca que la intensificación del conflicto en esta zona del municipio se debía a la presencia del espacio territorial y de sus cerca de 90 excombatientes que ya contaban con viviendas y emprendimientos productivos.
John Taborda, integrante de este espacio territorial, manifestó a Hacemos Memoria que el traslado de Ituango, a mediados del 2020, a los predios Becuarandó y El Porvenir, en el municipio de Mutatá, significó en realidad un desplazamiento masivo: “nuestra salida marcó un hito histórico porque demostró que el gobierno no tiene el control, ni la capacidad ni la voluntad de garantizar la seguridad; pareciera haber una connivencia entre el Estado y estos grupos armados, o que al gobierno en realidad no le importara consolidar la paz para los ituanguinos”.
Taborda afirmó que un grupo de firmantes de paz no quiso trasladarse a Mutatá, por el fuerte arraigo que tiene con este territorio. Sin embargo, once excombatientes y sus familias han tenido que abandonar Ituango por amenazas en los últimos seis meses, y otro grupo reducido, a pesar del riesgo, se instaló en una parcela cerca al casco urbano.
El excombatiente afirmó que la situación de abandono estatal y violencia que viven las comunidades de Santa Lucía y las veredas cercanas, es el reflejo no solo de la falta de la implementación del acuerdo; allí también hay intereses económicos relacionados con la minería: “en este territorio se están tejiendo estrategias de minería bastante fuertes, se conocen varias solicitudes de títulos mineros, algunas ya aprobadas; nosotros creemos que el conflicto se agudizó por este hecho, ya que los grupos quieren sacar a los campesinos antes de que entren las grandes empresas”.
Sobre este tema, el portal Generación Paz hizo una denuncia, en marzo del 2020, en la que afirmó que existen 18 solicitudes mineras que pasan por las veredas Santa Lucía, Bajo Inglés, El Cedral, Georgia, San Agustín Leones, Quebrada del Medio, San Isidro y La Miranda.
Carlos Zapata, investigador del IPC, explicó que otra de las causas por las que los campesinos e indígenas de Santa Lucía y de otras veredas han padecido tanto el reciente conflicto, se debe a la ubicación estratégica de este territorio (ver mapa): “Yo imagino a Ituango como una gran glorieta de la ilegalidad. ¿Por qué razón? Digamos que, desde Santa Lucía, hay conexión con el sur de Córdoba, permite también entrar a Tarazá y la región montañosa del Bajo Cuaca. Entonces vemos que Santa Lucía permite la entrada por el sur del Paramillo, lo que le da salida hacia el Caribe, o sea, hacia el Golfo de Urabá. Pero también cortando por Mutatá se puede llegar al Atrato Medio, en el Chocó, a la altura de Juradó”.
Las bandas dominantes de estos corredores del narcotráfico tienen dos grandes clientes según Zapata: los carteles mexicanos del Sinaloa y Jalisco. A esto se suman los intereses de una de las bandas más grandes del Valle de Aburrá y que, según el investigador, ahora tendría el manejo del microtráfico en el casco urbano de Ituango, El Mesa, encargada a su vez de los homicidios selectivos.
Ubicación de la vereda Santa Lucía en el mapa de Antioquia.
La niñez en alto riesgo
Los nuevos grupos que dominan el territorio han asumido prácticas violentas en las que las mujeres y los niños son los más vulnerables. María Luisa, lideresa de las mujeres en Ituango, manifestó a Hacemos Memoria que en los últimos meses ha recibido denuncias sobre intenciones de los grupos de querer incorporar a sus filas a jóvenes menores de edad de la región. Esto ha causado un fenómeno de desplazamiento ‘gota a gota’, puesto que poco a poco, y ya no en masa, cientos de familias han salido del territorio para proteger a sus hijos.
Según María Luisa, se conoció el caso de una menor de 11 años que fue sacada de su núcleo familiar y terminó como compañera sentimental de un comandante. También, agregó, este año se denunció que varias jóvenes salieron del corregimiento Santa Rita luego de negarse a bailar con ilegales en una fiesta. Y, añadió, “incluso sabemos que en varias veredas las personas han sido obligadas a carnetizarse luego de amenazas a sus Juntas de Acción Comunal, así los grupos ilegales tienen completa certeza de cuántas personas hay en cada territorio, quiénes entran y salen, y a quiénes se les da o no permiso de trasladarse”.
En el desplazamiento ocurrido en febrero de 2021, relató María Luisa, el líder social de las comunidades afectadas recibió una llamada de alguien que no se identificó y que le dijo que si los habitantes de las veredas no salían iban a ser víctimas de un ataque. Pocos minutos después, el mismo líder recibió otra llamada anónima en la que le advertían que si sacaba a la población, iba a ser objeto de un atentado. “Estos son los códigos de guerra que imperan ahora, la confusión. Hoy no sabemos quién gobierna. Al menos cuando estaba las Farc sabíamos a quién pedir permisos, había un orden. Eso desapareció”, expresó la lideresa.
Como parte de estas situaciones de violencia que ponen en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, está la amenaza de muerte a los nuevos docentes que debían comenzar clases a partir de abril en los corregimientos. Según Amanda, profesora en Ituango desde hace más de una década, al menos 80 profesores tienen prohibido entrar en las veredas por provenir de otros departamentos. Este recelo de las disidencias de las Farc, se debería a que, en años pasados, se acusó a un maestro, que no era oriundo de Ituango, de ser un infiltrado paramilitar, y ahora las disidencias dicen que “ese riesgo no lo quieren volver a repetir”, reveló Amanda.
Aumentaron las extorsiones
Finalmente, Ezequiel aseguró que el delito que más ha aumentado en Ituango es la extorción, padecida no solo por comerciantes del casco urbano, sino también por cualquier campesino que posea cultivos y animales para la venta. Según denunció el líder campesino, una mujer arruinada por la inseguridad de Ituango, decidió vender su finca por 150 millones, y se vio obligada a dar 20 millones a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para poder hacer un negocio que cuatro años antes hubiera sido más cuantioso, puesto que el terreno estaba avaluado en al menos 350 millones de pesos.
“Los campesinos que viven del café también son extorsionados, así como los dueños de reses, ya que por cada res vendida, el afectado debe pagar 20 mil pesos al grupo ilegal que esté dominando la vereda”, aseguró Ezequiel, quien añadió que este delito, que no estaba tan extendido cuando Ituango era dominado por las Farc, está obligando al campesinado a sembrar solo lo necesario para subsistir, entre otras cosas por los continuos saqueos a los que son sometidos por parte de los grupos armados, particularmente en aquellos poblados del norte del municipio.
María Luisa consideró además otro componente que explicaría el deterioro en las organizaciones campesinas y de víctimas: “Estoy por pensar que lo que hizo el Acurdo de Paz fue fracturar nuestra capacidad de resistencia. Cuando llegó, creímos en él. Pero en la primera fase de la implementación se dio la coptación de las organizaciones sociales, sobre todo de aquellas con posturas críticas y defensoras de derechos humanos. Estas se convirtieron en organizaciones de carácter técnico con el fin de desarrollar proyectos financiados por el Estado o Empresas Públicas de Medellín. Por lo que, si hoy quieren un contrato de construcción o arreglo de vías, etc., deben mantener una postura muy conservadora”. La lideresa agregó que a esto se suma el miedo producido por los “indignantes códigos de guerra” que implantaron en el territorio los grupos ilegales.
Paulatinamente, los municipios del Norte de Antioquia están experimentando una intensidad del conflicto que muchos temen se equipare a la vivida en los años noventa y principios del dos mil, cuando los enfrentamientos entre los frentes 18, 36 y 5 de las Farc, los bloques Mineros y Metro de las Autodefensas Unidas y Colombia, el Ejército y la Policía, dejaron 110 masacres y 2.345 desaparecidos en los 17 municipios que rodean al río Cauca en Antioquia, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.
[*] Nombres cambiados por solicitud de la fuente.