Con José Augusto Rendón García como Defensor regional del Pueblo para la zona Urabá-Darién, la situación de reclamantes de tierras se torna difícil. Como abogado, actuó en pleitos de restitución de tierras defendiendo a empresarios opositores que, incluso, han sido condenados por robar predios aprovechándose del conflicto armado.
Por Verdad Abierta
Fotos: Juan Diego Restrepo
El nombramiento parece calcado: en noviembre de 2018 asumió como directora de la oficina de Unidad de Restitución de Tierras en esta región agroindustrial de Antioquia la abogada Dayra Reina Hernández, quien, meses antes de su posesión, defendía a empresarios opositores en el polémico proceso de reclamación del territorio ancestral del consejo comunitario de Puerto Girón sobre el cual se pretende la construcción de Puerto Antioquia. (Leer más en: Abogada de opositores ahora dirige oficina de Restitución en Urabá)
Esta vez fue la Defensoría del Pueblo la que nombró como su representante en la regional Urabá-Darién a un férreo opositor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y apoderado de empresarios y terratenientes en casos de reclamaciones de predios en Turbo, Chigorodó, Mutatá y Bajo Atrato chocoano, específicamente en territorios colectivos de La Larga y Tumaradó y la Cuenca del Río Jiguamiandó. Se trata del abogado antioqueño José Augusto Rendón García, cuyo nombramiento se hizo mediante la Resolución 298, con fecha del 26 de febrero de este año y firmada por el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo. (Descargar Resolución)
El consenso entre los defensores de campesinos y comunidades negras afectadas por el despojo de sus predios como consecuencia del conflicto armado es claro: este funcionario no ofrecerá las garantías jurídicas necesarias para acompañar a las víctimas en sus procesos de restitución.
Rendón García es bien conocido entre empresarios del Urabá antioqueño inmersos en procesos de despojo de tierras aprovechándose de las condiciones de violencia que imperaron en esta región durante la década de los noventa y comienzos de la del dos mil, por cuenta de la confrontación armada entre organizaciones guerrilleras, paramilitares y fuerzas estatales. A varios de ellos los representó ante los estrados judiciales.
Este abogado, oriundo de Cereté, en Córdoba, cuna también de su jefe Camargo, habría iniciado su carrera en el sector público en el municipio de Sonsón, Antioquia, donde fungió como Personero entre los años 1995 y 2001. Después de ello reportó funciones como abogado independiente hasta el 2020. En ese periodo prestó sus servicios profesionales a las alcaldías de San Pedro de Urabá (2001-2003); Chigorodó (2002-2005); Carepa (2008); y Apartadó (2012). Además, fue asesor jurídico de la asociación Coapro (hoy Corparaiso) entre 2012 y 2020, así como de la Cooperativa Fincamar (2011-2018). (Ver hoja de vida)
Para saber qué hizo Rendón García durante buena parte de esos casi 17 años es necesario aproximarse a varios procesos de restitución de tierras adelantados en esa región antioqueña, golpeada duramente por la guerra y donde el despojo de predios rurales fue sistemático por parte de ganaderos, bananeros, plataneros, inversionistas y comisionistas articulados, en algunos casos, con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Así lo reconoció, por ejemplo, el exjefe paramilitar y empresario bananero Raúl Hasbún al admitir que la tierra en Urabá “fue un botín de guerra”. Esa afirmación fue hecha durante sus versiones libres de enero de 2011 ante fiscales de la Unidad de Fiscalías para la Justicia y Paz, creada por la Ley 975 de 2005, para juzgar a quienes se desmovilizaron de manera colectiva de las AUC bajo los acuerdos firmados con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010). (Leer más en: “La tierra fue botín de guerra”: Raúl Hasbún)
Rendón García ya venía trabajando en la Defensoría del Pueblo como Defensor Público, una figura de ayuda estatal para quienes carecen de recursos para pagarse un abogado de confianza. Pocos saben si, mediante esas funciones, intervino en procesos de restitución de tierras y a favor de quiénes.
“Ante la Corte Celestial”
Lo paradójico de este nombramiento es que la entidad que hoy lo tiene en un cargo clave para la defensa de los derechos humanos, en especial de los más desprotegidos, lo referenció de manera crítica en un detallado informe fechado el 7 de noviembre de 2014, al abordar la situación de inseguridad que rodeaba en ese momento a los pobladores del consejo comunitario de comunidades negras de La Larga y Tumaradó.
Esta comunidad negra reclama, desde septiembre de 2014, por lo menos 107 mil hectáreas en una área limítrofe entre los municipios de Riosucio (Chocó) y Turbo, Chigorodó y Mutatá (Antioquia). A finales de los noventa, los intensos combates y las constantes violaciones de los derechos humanos perpetradas por guerrilleros de las extintas Farc, paramilitares de las AUC y tropas del Ejército Nacional, generaron grandes desplazamientos de las comunidades negras y campesinas, dejando a merced de inversionistas, comisionistas y empresarios grandes extensiones de tierra del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó para destinarlas a proyectos agroindustriales.
Durante la etapa administrativa del proceso de restitución, mientras se documentaban las pruebas del despojo, se constató por parte tanto de la URT como de la Defensoría del Pueblo que los terratenientes estaban abusando del derecho de policía para atacar a los campesinos víctimas del conflicto armado que, cansados del abandono, la desigualdad y habiendo engrosado por años los cinturones de miseria en las ciudades tras su desplazamiento forzado, habían decidido retornar sin acompañamiento estatal a los que antes fueron sus predios.
Era común que, en respuesta a esa situación, los empresarios que se apropiaron de esas tierras de manera irregular interpusieran querellas que culminaban en desalojos violentos, hurto de enseres, violencia física sobre las personas y quema de cultivos y viviendas. (Leer más en: Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó)
Ante la sistematicidad de estas violaciones a los derechos de los retornados, se acudió al recurso de las medidas cautelares en favor de las comunidades de La Larga y Tumaradó, bajo las disposiciones del Decreto Ley 4635 de 2011. En diciembre de 2014, el Auto 181 proferido por el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó protegió la vida y el territorio ordenando la suspensión de los desalojos y la creación de una comisión interinstitucional para garantizar los derechos de las víctimas mientras se presentaba la demanda que resolviera de fondo el conflicto por la propiedad de la tierra.
Los cuestionamientos, señalamientos, amenazas, procesos penales y abuso de la fuerza legal e ilegal en contra de la población víctima beneficiaria de la medida cautelar no se hicieron esperar. La complejidad del caso, las demoras frente al avance del proceso y la falta de voluntad política para que se presentara la demanda por cuidar intereses minero-energéticos retardó el acceso a la justicia. (Leer más en: Título minero enreda restitución en consejo comunitario La Larga-Tumaradó)
Mientras tanto, los líderes históricos de la región, entre quienes se encontraba Mario Manuel Castaño Bravo (asesinado el 26 de noviembre de 2017 en zona rural del territorio colectivo), documentaron ante el Juez de Tierras su realidad y pidieron, de nuevo amparados en la Defensoría del Pueblo, quien hasta ahora había sido una aliada de los desvalidos, una visita de verificación al territorio.
Entre el 10 y el 14 de mayo de 2016, una comisión encabezada por el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó, la Defensoría del Pueblo, la URT, la Procuraduría, un delegado de la Corte Constitucional, organizaciones internacionales garantes como la MAPP-OEA y la sociedad civil -IPC y CINEP-, estuvieron escuchando a los reclamantes de tierras, a los líderes afro y a los “Grandes Ocupantes”, eufemismo utilizado para hacer referencia a los actuales propietarios, terratenientes y despojadores de un territorio en disputa. Las conclusiones de esta inspección judicial, con carácter público, se encuentran consignadas en el Auto Interlocutorio 153 de 2016. (Descargar documento)
La reunión con los propietarios, tenedores y poseedores de tierra, opositores al proceso y presuntos despojadores de tierras y territorios del consejo comunitario de la Larga Tumaradó tuvo lugar el 12 de mayo de 2016 en la Iglesia de Bajirá. En esa ocasión, Rendón García asistió en calidad de apoderado de varios empresarios que se oponían a la restitución de las tierras reclamadas por la comunidad negra. Con su intervención dejó atemorizados a los pobladores.
Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, este abogado sembró el temor entre los asistentes al hacer referencia a las consecuencias que se generarían si los empresarios perdían sus tierras y anunció “más violencia” si ello llegara a suceder; incluso, advirtió que podrían llegar a esa zona las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (llamadas por las autoridades como Clan del Golfo); y tras cuestionar que se estaba gastando mucha plata en los procesos de restitución, insistió en que la solución era lograr acuerdos entre empresarios y campesinos, para resolver los problemas entre unos y otros.
Las conclusiones de esta agencia del Ministerio Público sobre el discurso de Rendón García fueron críticas y se sustentaron en las reacciones de los pobladores que asistieron a esa visita: “Las repetidas alusiones del señor Rendón a que el proceso de restitución generará violencia, llevó a que los asistentes coincidieran en que su intervención parecía enviar un mensaje amenazante e intimidatorio; si bien no se trató de una amenaza directa, tampoco se trató de una intimidación sutil”.
Para la Defensoría, la presencia y el discurso de Rendón García “aumentó el temor existente entre las personas de las comunidades y organizaciones. Es evidente que los pobladores de la zona tienen una relación con los ‘empresarios’ (esto es, los grandes ocupantes) fundada en el miedo y el terror, el cual se extiende también a los abogados que los representan o asesoran”. (Ver relatoría de la Defensoría del Pueblo)
Y ante la posibilidad planteada por el abogado de buscar una solución negociada al despojo del que alegan son víctimas las comunidades negras, el informe de esta agencia del Ministerio Público consignó que esa propuesta “implica necesariamente que los grandes ocupantes sean reconocidos como ocupantes de buena fe por parte de las comunidades, líderes y autoridades étnicas. Esto, además de teóricamente permitirles mantener la explotación de una gran parte de las tierras que ocupan (mediante la firma de alianzas comerciales u otras figuras similares), buscaría tener consecuencias sobre los procesos penales que están enfrentando muchos de los denominados ‘empresarios’”.
Pese a la oposición de Rendón García y de sus poderdantes, el 22 de octubre de 2014 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó ordenó proteger a quienes reclaman las tierras que abandonaron por la violencia y cuyo territorio estaba explotado por ocupantes ajenos a las comunidades y que obran como empresarios.
En este proceso, el ahora Defensor del Pueblo para la regional Urabá-Darién, defendió los intereses de la empresa Inversiones e Inmobiliaria ASA Ltda., cuyo propietario, en ese momento, era Humberto Duque Peláez, inmerso también en un caso de despojo en la vereda Guacamayas, del municipio de Turbo. (Leer más en: “Falta que nos entreguen las fincas materialmente”: campesinos de Guacamayas)
Las posturas críticas de Rendón García sobre la restitución de tierras también se escucharon durante una de sus intervenciones en una reunión celebrada el 20 de enero de febrero de 2015 en la que se revisaba el cumplimiento de las medidas cautelares. En esa ocasión, fustigó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, vigente bajo la Ley 1448 de 2011, y sugirió que “esa ley hay que revisarla”, alegando que estaba generando enfrentamientos aún entre los mismos campesinos.
Además, reveló que ante los reparos que tenía con la manera de llevar los casos que estaba representando, había presentado denuncias penales contra la URT y la Defensoría, entre otras.
El discurso de este abogado se radicalizó un año después. Durante una nueva audiencia de verificación de las medidas cautelares a favor del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó. En esa ocasión cuestionó el proceso a favor de las comunidades que venían haciendo los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo: “Lo que están generando es un caos que cuando esto estalle […] no saben cómo van a convertir a Colombia en una violencia y por la tierra”.
Y en tono irónico afirmó que “los felicitaba” porque, agregó, “si eso es lo que pretenden con unas decisiones amañadas, manejadas y estigmatizadas, están fallando en su misión como funcionarios públicos”.
Al hacer una exposición de los posibles recursos que podrían presentar los opositores para resolver este debate jurídico, lanzó una expresión que muchos interpretaron como una amenaza, menos sutil que la del 2014: “Y si en la Corte Celestial tiene también recursos, y por eso voy a proteger hasta que llegue a la Corte Celestial y sea ella la que defina […] Yo veo a ver cómo hago para matar a alguno para que llegue allá e interceda ante Dios y esa Corte Celestial”.
Diversos documentos revisados por este portal revelan que Rendón García ha sido apoderado en los últimos seis años de varios opositores en proceso de restitución, entre los que destacan Jaime Alberto Moreno Pérez, María Elena Rincón Cardona, Gloria Estela Otálvaro Saldarriaga, Medardo Alfonso Rendón y Adriano Palacios Pino, así como de la firma Inmobiliaria e Inversiones Asa Ltda.
¿Entramado contra reclamantes?
En los escritos que Rendón García redactaba como litigante en casos de despojo en Nueva Colonia, Macondo y Villa Eugenia (Turbo), a los cuales tuvo acceso VerdadAbierta.com, los argumentos principales giraban en torno a cuestionar la condición de víctimas de los reclamantes de tierras y a resaltar que sus representados siempre actuaron de buena fe. Pero la imagen que proyecta cuando llegaba a las audiencias con reclamantes es otra de las preocupaciones de quienes lo han enfrentado en estos procesos.
Lizeth Montero, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) que ha estado al frente de los casos de restitución de los predios Guatinaja y Fincamar, recuerda su primera vez en una diligencia judicial en la que el nuevo funcionario de la Defensoría actuó como opositor: “Él iba con un tipo armado, la forma en la que se acerca y se aproxima a sus contrapartes en los procesos busca, evidentemente, intimidar, que uno se asuste y salga corriendo. Esa es la forma en la que él opera”.
Montero califica el nombramiento de Rendón García como “un desahucio estructural en términos de la institucionalidad hacia las víctimas, o sea, nada sirve… la gente no puede contar con nadie”. Y expone otra de sus preocupaciones: el acceso que, como Defensor regional del Pueblo tendrá a información privilegiada sobre víctimas en general y, en especial, de reclamantes de tierras en Urabá.
Esa preocupación la comparte Paula Villa, directora del área de Tierras de la CCJ, quien no sólo se suma a la advertencia sobre el acceso a la información privilegiada que tendrá el funcionario en su cargo, sino a lo que podrá hacer una persona que, como él, “se ha mostrado en contra de los derechos de las víctimas, del desplazamiento forzado y el despojo”.
Otra de las inquietudes expuesta por esta abogada es que el Defensor regional del Pueblo en Urabá es quien debe velar por las órdenes que dictan los jueces de restitución una vez fallan a favor de los reclamantes en procesos de restitución: “Tiene la labor de ser garante que dentro de este proceso y que ahora esté en ese cargo el que ha sido representante de los opositores en esos procesos, pues, es un tema lamentable”.
Villa asocia el nombramiento de Rendón García al de Dayra Reina Hernández, quien se posesionó el 23 de noviembre de 2018 como directora de la Territorial Urabá de la URT. Esta abogada, dos meses atrás de su nombramiento, era la apoderada de la empresa Agrícola Santa María SAS en el caso de reclamación de tierras colectivas de la comunidad del Consejo Comunitario de Puerto Girón, un proceso complejo que involucra las pretensiones de la empresa privada y de la Gobernación de Antioquia de construir un puerto de aguas profundas aprovechando la desembocadura de los ríos León y Suriquí en el Golfo de Urabá. (Leer más en: Puerto Antioquia: ¿irregularidades de gran calado?)
A ello se debe agregar la presencia del Juez Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, quien también ha tenido una situación opuesta a los intereses de las víctimas del despojo y desplazamiento de tierras en el Urabá. Este operador judicial cobró relevancia en 2019 porque durante una audiencia realizada el 30 de septiembre de ese año maltrató verbalmente a una reclamante de tierras.
En esa cita judicial, el juez Rincón Gallego se alteró ante una víctima de despojo: “Si no es capaz de responderme no le hago más preguntas y la saco y la tiro a la Fiscalía”. En defensa de la reclamante salió su abogada, Lizeth Montero, y también fue perentorio: “Usted no puede objetar, aquí simplemente está con un juez, también la tiro a usted a la Fiscalía”.
Ante ese entramado que, al parecer, se está tejiendo contra los reclamantes de tierras, un abogado que, por su cargo actual, pidió la reserva del nombre, plantea algunas preguntas que se derivan de la llegada de Rendón García a un puesto clave en el Urabá antioqueño, en momentos en que hay una fuerte discusión por la construcción de un puerto de gran calado en el que se proyectan invertir 700 millones de dólares.
En calidad de socios de esta megaobra participan Puertos, Inversiones y Obras S.A.S (PIO S.A.S); la naviera francesa CMA CGM S.A., operadora de más de 45 puertos en varios continentes; Agrícola Santamaría S.A.S.; Agrícola El Retiro S.A.S.; la Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A.; C.I. Tropical S.A.; C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A. (Uniban); y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).
La construcción del puerto se planeó construir en una zona del municipio de Turbo que se traslapa con territorios del consejo comunitario de Puerto Girón, que lleva 20 años esperando la titulación por parte de la autoridad agraria y seis años para que decida un juez de restitución de tierras.
“¿Qué garantías tendrá esa comunidad con Rendón García en ese cargo?”, se pregunta el abogado consultado. “El proceso de restitución está, desde el 2016, cuando se admitió la demanda, en el escritorio de un juzgado especializado de tierras de Apartadó y, desde 2017, está en etapa de notificaciones. En ese sentido, ¿qué garantías le ofrecerá el Ministerio Público a esa comunidad étnica víctima del conflicto armado?”.
Además, cuenta el abogado que se les ha vulnerado el derecho a la consulta previa y se han firmado unos acuerdos privados que no se ajustan a las normas que regulan ese derecho. Cuestiona también que el Estado sólo aparece para apoyar a los empresarios, “mientras que la comunidad de Puerto Girón está confinada, no tiene tierra para trabajar, agua para beber y el río León está contaminado”.
Se pierde confianza
Juan Pablo Guerrero, coordinador del Programa de Conflicto, Estado y Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), ha seguido de cerca, y desde hace varios años, el proceso de reclamación del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó. Debido a ello, el nombramiento de Rendón García le causa indignación a él y a varios integrantes más de organizaciones sociales del Urabá antioqueño.
“No entendemos por qué razón se genera este tipo de nombramientos”, sostiene Guerrero. Y si bien admite que este abogado no tiene ninguna investigación disciplinaria o antecedente judicial, destaca que su comportamiento “en diversos espacios, audiencias judiciales, incluso en diálogos con la comunidad y con entidades públicas, raya en lo grosero, en la estigmatización, en una región que ha sido tan compleja”.
En reacción a ese nombramiento, al que califican de “absurdo y revictimizante”, algunas organizaciones están pensando en la posibilidad de no interlocutar con la Defensoría del Pueblo. Además de ser visto como “una afrenta a las víctimas de Urabá y Chocó que reclaman tierras”, Guerrero plantea que la presencia de Rendón García en algunos procesos podría generar impedimentos por cuenta de sus reconocidas posturas adversas a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. “Eso es algo que tendríamos que examinar. No sé si habría un conflicto de intereses”.
Con ese nombramiento, la Defensoría del Pueblo ha puesto en juego uno de sus valores más sólidos: la confianza de las comunidades en esta agencia del Ministerio Público, cultivada durante muchos años.
Al respecto, el investigador del CINEP se pregunta cómo podrá este cuestionado Defensor regional del Pueblo generar un diálogo con algunas comunidades étnicas del Bajo Atrato, con las que ha tenido altercados: “No sé qué tipo de confianza se puedan generar ahí y quizás ese sea el mayor riesgo, más en una zona donde la Defensoría del Pueblo y los defensores comunitarios han tenido un papel relevante”.
Varias organizaciones de la sociedad, entre las que se encuentran la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto Popular de Capacitación, Forjando Futuros, entre otras que han acompañado a víctimas del Urabá en la reclamación de sus derechos, sumaron sus voces de rechazo y expresaron sus preocupaciones por medio de un comunicado, ya que, a su juicio, «los despojadores se tomaron la Defensoría del Pueblo». (Ver documento)
Ruptura a la vista
Y justo de confianza también habla Germán Romero, abogado de la organización DH Colombia, que representa en el Urabá antioqueño los intereses de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, conformada en 1997 por un grupo de 500 campesinos que se declararon ajenos al conflicto armado y fijaron unas reglas muy claras sobre la no vinculación ni tener ningún tipo de relacionamiento con actores armados, legales o ilegales.
Pero esa postura de los campesinos no sólo fue fustigada por diversos sectores del Urabá antioqueño, sino por Álvaro Uribe Vélez en su calidad de Gobernador de Antioquia (1995-1997) y de Presidente de la República (2002-2010), quien no perdía la ocasión para calificar a esta Comunidad de Paz de aliada de la extinta guerrilla de las Farc.
Uno de los hechos más crueles ocurrió entre el 21 y el 22 de febrero de 2005. Un comando de por lo menos 60 paramilitares pertenecientes al bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), protegido por una unidad militar de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrito a la Brigada XVII del Ejército con sede Carepa, asesinó en un paraje rural de Apartadó, a Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Todos fueron desmembrados y enterrados en una fosa común.
De inmediato el entonces presidente Uribe aseveró a través de diversos medios de comunicación que esa masacre había sido perpetrada por supuestos guerrilleros de las Farc en retaliación a situaciones internas de la Comunidad de Paz adversas a sus intereses. Para reforzar esa versión, se respaldó en la versión de un exguerrillero llamado Danis Daniel Sierra, conocido con el alias de ‘Samir’.
No obstante, esa versión era insostenible y la justicia pudo determinar la responsabilidad de militares y exparamilitares en esa cruenta acción armada. A las confesiones de algunos uniformados, se sumaron las de antiguos miembros de las AUC que comparecieron ante los tribunales de Justicia y Paz, quienes no sólo detallaron el crimen, sino que precisaron que se pagaron testigos falsos para incriminar a las Farc. (Leer más en: ‘HH’ pagó para acusar a las Farc de masacre de San José de Apartado en 2005)
Por esos hechos, la Comunidad de Paz tomó una decisión que el abogado Romero califica de “radical y trascendental” y fue declararse en objeción de conciencia, “de tal manera que no iba a volver a acudir al Estado en todas sus formas Rama Administrativa, Rama Ejecutiva, Rama Judicial”.
El caso de vulneración de derechos de esta comunidad campesina, que ha sido víctima del Ejército, grupos paramilitares y de la guerrilla, llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que le reclamó al Estado colombiano medidas de protección para sus miembros; además, en respuesta a varias acciones de tutela, la Corte Constitucional, a través del Auto 164 del 6 de julio de 2012, instó al gobierno nacional a pedir perdón por los señalamientos de Uribe. La orden fue acatada por el entonces presidente Santos. (Leer más en: Por qué Santos pide perdón a la Comunidad de Paz)
Con el paso de los años, las decisiones de las altas cortes le fueron otorgando un papel más relevante a la Defensoría del Pueblo para que generara confianza entre la Comunidad de Paz y diversas entidades estatales, pero con el nombramiento de Rendón García el asunto se torna complejo. Y no es para menos.
Resulta que este abogado, hasta hace pocos días, era el apoderado de una familia de apellido Jaramillo en un litigio por tierras en el que está comprometida la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y que se adelanta en un juzgado civil de Apartadó. Al parecer, Rendón García se venía apoyando en el testimonio de alias ‘Samir’ para cuestionar la posesión que, por más de 22 años, tiene esta comunidad campesina de las fincas La Roncona Uno y La Roncona Dos, situadas en San José de Apartadó.
Es por ello que Romero, de DH Colombia, cree que con ese nombramiento la garantía de confianza en la Defensoría del Pueblo “se va a volver un imposible” y augura que la Comunidad de Paz “va a quedar a merced de quien hasta hace poco creía en las versiones de una persona que se volvió informante de la Brigada XVII, la misma que ha asesinado y perseguido a la Comunidad de Paz”.
Sin lugar a duda, el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política contempla la defensa técnica, incluso en favor de quienes se enriquecieron a causa de la guerra en la región de Urabá. Pero para una abogada que ha estado al lado de las comunidades y que, por razones de seguridad prefiere el anonimato, “lo que resulta inmoral, inconveniente y riesgoso para la vida e integridad de las víctimas es que un abogado que ha dedicado su vida a proteger el establecimiento y la ‘seguridad jurídica’ de estas propiedades ilegalmente adquiridas, hoy ostente el máximo cargo en la entidad que, históricamente, se ha encargado de dar un espacio de dignidad para acompañar a los más vulnerables”.
A manera de conclusión de lo que implica el nombramiento del abogado Rendón García, esta abogada plantea que “el nivel de deslegitimidad y la falta de escrúpulos no puede seguir siendo la costumbre en Urabá. Sus pobladores, habitantes dignos y valerosos de esos territorios interétnicos, merecen seguir teniendo una segunda oportunidad sobre la tierra que les sirve para algo más que enterrar a sus muertos”.
Este artículo fue publicado originalmente el 5 de marzo de 2021, aquí.