Para la directora de Construcción de Memoria Histórica, del Centro Nacional de Memoria, los aportes de los excombatientes deben ayudar a entender qué pasó en el conflicto para repensarnos como sociedad y prevenir crímenes como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Por Daniela Jiménez
Imagen de portada: Facebook Centro Nacional de Memoria Histórica
Enfrentar a la sociedad entre buenos y malos, entre víctimas y victimarios, “no permite avanzar en la comprensión de lo que realmente ha sido el conflicto armado, de cómo ha sido el impacto en los territorios y lo que realmente pasa en la vida real”. Eso piensa Jenny Julieth Lopera Morales, directora de la Dirección de Construcción de Memoria Histórica, del Centro Nacional de Memoria Histórica, dependencia que se encarga de acompañar las acciones e iniciativas de las organizaciones y mesas de víctimas, en articulación con entidades territoriales departamentales y municipales.
La funcionaria estuvo en Medellín el pasado 2 de diciembre en la presentación del documental “Alargando el Tiempo”, que fue producido como parte del proceso de acompañamiento que, desde 2019, hizo el Centro de Memoria a una iniciativa de memoria de la Asociación Caminos de Esperanza – Madres de la Candelaria.
Con Jenny Lopera, quien en 2019 ingresó al Centro Nacional de Memoria como directora de Acuerdos de la Verdad y, a mediados de 2020, pasó a liderar la Dirección de Construcción para la Memoria Histórica, hablamos acerca de la memoria y la verdad en el caso colombiano.
¿Qué representa para el Centro Nacional de Memoria Histórica, y en particular para la construcción de memoria, la prórroga de la Ley de Víctimas?
La posibilidad de trabajar diez años más. Uno llega a los territorios y todos quieren contar su historia, todos quieren que el país sepa quién fue el hijo que asesinaron, quién fue el hijo que desaparecieron, todo el mundo quiere ser visible, porque precisamente el conflicto armado le ha ocurrido a muchas personas. Es necesario una institucionalidad que las pueda acompañar.
Las iniciativas de memoria son de las víctimas, nosotros como entidad del Estado acompañamos y damos asesoría técnica. Eso es importante tenerlo en cuenta en las iniciativas de memoria porque nosotros no podemos estar pensando que el conflicto fue ayer por la tarde. Algunas víctimas sí, pero muchas vienen de victimizaciones de hace 20 o 30 años atrás. No es lo mismo encontrarse con una víctima a la que le acaban de asesinar su hijo hace un año, que con una madre que lleva 15 años buscando un hijo desaparecido. Hay unos asuntos de elaboración y comprensión distintos. Hemos visto cómo la gente ha venido, en medio de sus limitaciones, e incluso de la presencia de actores armados ilegales, se organiza en torno a la memoria como una posibilidad de mostrar un relato que les permita nombrar lo que vivieron.
¿Qué tan crucial ha sido eso de nombrar en los procesos de memoria sobre personas desaparecidas, por ejemplo?
Nombrar es muy importante para que nosotros sepamos quién fue la víctima, no solo para la búsqueda, sino para saber de quién era hijo, qué hacía antes de que lo desapareciera y si, por ejemplo, era un estudiante, para que nosotros entandamos que perdimos a un joven que pudo ser profesional. Eso como sociedad lo debemos entender, porque los desaparecidos no pueden volverse cifras y estadísticas.
A nosotros nos falta sentir, que nos duela. Siempre he creído que a Colombia le falta una llorada colectiva. Es decir, que todos nos preguntemos qué fue esto que nos pasó. Uno cuando llora se libera, pero hay tanta polarización que uno ve cómo se sigue alimentando esa división mientras las víctimas siguen en la mitad. Finalmente, lo que quieren las víctimas es encontrar sus hijos desaparecidos. Yo he nombrado personas en un acto público y luego se me acercan sus familiares y me dicen: “gracias por haber nombrado mi hijo”.
¿La polarización que usted menciona se relaciona también con que existe un amplio universo de victimizaciones?
Hay que entender que las víctimas son plurales y diversas. Hay víctimas que eran agentes de la fuerza pública y hay una discusión fuerte con eso, pero la Ley los reconoce en el artículo tercero y los nombra, y ahí hay unos relatos que escuchar. Están las madres de los desaparecidos, están las comunidades ancestrales, afros e indígenas victimizados. Pero también están los empresarios y comerciantes que fueron secuestrados, por ejemplo. Y están los alcaldes, concejales o diputados que han muerto o han sido amenazados. Es decir, se tiende a pensar en la víctima como alguien que es un campesino y vive en una zona rural, pero el conflicto ha atravesado la vida de todos.
¿Cómo se expresa en las iniciativas de memoria esa pluralidad de victimizaciones?
Es crucial cuando uno empieza a entender que las victimizaciones han golpeado a toda la población y que la manera en que la expresan es diversa. En algunos casos es a través del canto, como los alabaos, en otros a través de videos, en Machuca, por ejemplo, es a través de la radio comunitaria que ellos cuentan cómo han vivido y siguen viviendo el conflicto armado. Y hace poco lanzamos Esperanzados, una iniciativa de memoria sobre los procesos de desmovilización que hubo en los años noventa con el Ejército Popular de Liberación (EPL). A partir de la desmovilización de esta guerrilla, se creó en Urabá lo que se conoce como Los Esperanzado, que empezaron a tener incidencia política. Con ellos hicimos una iniciativa de memoria, no solo para recordar las victimizaciones que han vivido como movimiento político, sino los riesgos que han tenido los procesos de desmovilización desde años anteriores y las lecciones aprendidas que tenemos que tomar.
En relación con las personas desmovilizadas de grupos armados, ¿qué balance puede entregar sobre el proceso de la Dirección de Acuerdos de la Verdad que usted dirigió?
Esta dirección tiene la misión del acopio de más de 18.000 procesos de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia con la finalidad de sistematizar y analizar información que permita aportar al esclarecimiento de la verdad acerca del fenómeno paramilitar. Estos son desmovilizados que salieron de la ruta de reintegración de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y se les atribuye, en el marco de su accionar en la estructura paramilitar, hechos que no se consideran graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, un porte ilegal de armas. Ese tipo de personas son más de 18.000, que es lo que llaman paramilitares rasos.
Cuando las personas hablan sobre el aporte del paramilitarismo a la verdad se quedan solamente con lo que se ha dicho en el marco de la Ley 975 de 2005, y creo que ahí hay que complementar ese análisis con los testimonios que tiene el CNMH producto de la Ley 1424 del año 2010 —por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos al margen de la ley—. Ahí ya llevamos más de 14.000 testimonios y 55.000 horas de audio. Es el mayor acopio en términos de cantidad de información que existe de paramilitarismo en el país.
Con la información recopilada en esos testimonios, se creó una serie sobre el paramilitarismo en las regiones. Llevamos siete informes y esperamos sacar informes nuevos que hablen sobre las 39 estructuras que identificó la dirección de Acuerdos de la Verdad, las cuales operaron en 30 de los 32 departamentos del país. Eso es un impacto nacional.
¿Cuál es la importancia que tiene para el país la información recopilada en Acuerdos por la Verdad?
Las personas dirán: «Estos desmovilizados, mal llamados rasos, qué podrán contar». Pues en la dirección de Acuerdos de la Verdad ellos nos han ayudado a identificar cuántas estructuras paramilitares operaron, en qué lugares, por qué la gente se vincula a estructuras ilegales. Y esto es supremamente importante de comprender, porque si nosotros estamos hablando de garantías de no repetición, tenemos que entender por qué las personas se vinculan a grupos ilegales.
Nos dimos cuenta de que más del 50 por ciento argumentan dificultades socioeconómicas, que la mayoría son hombres jóvenes que no terminaron el bachillerato y que viven en poblaciones rurales. Tenemos el perfil de personas que un grupo armado identifica como población vulnerable para el reclutamiento y conocemos las zonas. Si tenemos esa información, por estos testimonios, estos informes tienen que servir para incidir en políticas públicas en los departamentos, municipios y en todo el país. Es decir, que se identifique qué hacer en materia de prevención temprana con los niños, las niñas, los adolescentes para que, en estos lugares, ante la presencia de actores armados ilegales, no se sigan generando condiciones para el reclutamiento, ya que los niños, niñas y jóvenes son bastante vulnerables.
Otra cifra que nos encontramos en Acuerdos de la Verdad es que más del 40 por ciento de los desmovilizados que dan su testimonio manifiestan que ellos o sus familiares han sido también víctimas del conflicto armado. Creo que eso de estar poniendo la sociedad enfrentada, en que aquí están los buenos, acá los malos, en un lado las víctimas y en el otro los victimarios, no permite avanzar en la comprensión de lo que realmente ha sido el conflicto armado, de cómo ha sido el impacto en los territorios y de lo que realmente pasa en la vida real, donde uno ve personas que hoy están en un grupo armado, luego en otro; gente que está en la guerrilla y pasa a los paramilitares. Es muy difícil decir que es posible encasillar en un solo lugar.
Muchos desmovilizados, personas que ya han culminado su proceso de reintegración, manifiestan que ya no están en las armas y son sujetos de amenazas y de desplazamiento forzado. Encontramos que la mayoría de las víctimas es población vulnerable y, si miramos quiénes son los victimarios, también son personas en condiciones socioeconómicas muy complicados. Hay que dejar de poner a las personas en un bando o en el otro, no legitimando su accionar ni justificándolo, sino entendiendo porqué pasan estas cosas para así repensarnos como sociedad.
¿Cuál es el futuro de la Dirección de Acuerdos de la Verdad ahora que la Ley de Víctimas se prorrogó por otros diez años?
Acerca del futuro de Acuerdos de la Verdad es importante aclarar que la Ley 1424 de 2010, que creó este mecanismo no judicial de contribución a la verdad, es anterior a la Ley de Víctimas, aunque luego se incorpora dentro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas y se le entrega esa competencia al Centro Nacional de Memoria Histórica. La forma en la que se acogió el mecanismo en la Ley de Víctimas fue a través del Conpes 3726 de 2012, que dijo que producto de la implementación de esa ley se iban a atender procesos de 18.306 desmovilizados hasta el año 2021 y destinó unos recursos para ello. Hasta ahora, en esa meta que nos pusieron, llevamos más de 14.000 testimonios y más de 15.000 procesos de certificación. Lo que falta es muy poco para lograr los 18.306 procesos. De modo que, según eso, cuando termine esa meta, que el Conpes estableció hasta el próximo año, se daría por terminado el acopio de esos testimonios. Pero la Ley, que no dice que es solo para paramilitares sino para grupos armados ilegales, continuaría viva y no se ha aclarado si podría ser aplicada a otros desmovilizados.
Ahora, con el nuevo sistema de justicia transicional —derivado del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC— se entrega el proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero ahí también habría que mirar, por ejemplo, desmovilizaciones individuales que se dieron antes del Acuerdo de Paz. Nosotros hemos planteado como entidad la inquietud de pudiera ser el mecanismo no judicial, vía administrativa, el que podría aportarlo. Pero eso en el debate jurídico y político no está claro. Lo único claro hoy, para el Centro Nacional de Memoria Histórica, es que tenemos que atender los 18.306 procesos que van hasta el otro año.