Los datos, registrados en un informe que entregó la Corporación Credhos a la Comisión de la Verdad, revelaron que en este periodo de tiempo, en medio del conflicto, 25 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander fueron víctimas de la fuerza pública.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto de portada: Facebook UIS
Mediante la recopilación de testimonios de familiares y amigos, y una investigación documental, que se desarrolló desde el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) elaboró el informe Genocidio político, extendido, continuado, sistemático y premeditado: Victimización de la Universidad Industrial de Santander en el marco del conflicto armado, que da cuenta del asesinato o desaparición de 57 miembros de esa institución universitaria entre 1947 y 2011.
Según Ivonne Suárez Pinzón, docente de la UIS, integrante de Credhos y una de las investigadoras de este informe, que fue entregado a la Comisión de la Verdad el 28 de agosto de 2020, de las 57 personas que fueron victimizadas, 42 eran alumnos, cinco exestudiantes, tres egresados, tres docentes, tres empleados y uno exempleado.
El informe también documentó que del total de personas dadas por fallecidas, 19 tenían algún tipo de vinculación gremial o sindical y 33 llevaban una militancia política definida, particularmente con el partido comunista.
“Cuando analizamos los periodos por intervalos de ocurrencia con mayor número de homicidios y desapariciones, tenemos que entre 1980 y 1988 hubo 13 casos, y de 1989 a 1996 hubo otros 17 casos”, detalló Ramón Abril, investigador y miembro de Credhos, quien agregó: “eso quiere decir que en 16 años fueron victimizados 30 integrantes de la comunidad universitaria, un promedio de dos personas por año”.
El investigador añadió que “cuando analizamos los datos de los responsables, encontramos que no contamos con información sobre 22 casos, pero sí logramos recabar sobre el resto. Tenemos que el Ejército Nacional lleva la responsabilidad sobre 17 casos, la policía de 8 casos, los paramilitares de 5, el Ejército de Liberación Nacional de 4, y un caso de terceros civiles. Esto nos da a entender que las instituciones que deberían ser los garantes de los derechos humanos y la integral personal de la ciudad fueron quienes terminaron victimizando a la comunidad universitaria. Llama la atención que en este momento tenemos en la comunidad universitaria a 16 desaparecidos”.
El informe entregado a la Comisión de la Verdad también consigna que durante el periodo analizado se presentaron un total de 425 hechos relacionados con hostigamientos. La mayor parte de estos se dieron entre 1999 y el 2011. Ramón Abril sostuvo que esta intensidad se da en un periodo relacionado con “la ocupación y toma del proyecto paramilitar de la universidad”. A esto agregó que se conocieron casos en los que estudiantes denunciaron ser vigilados y perseguidos dentro de la misma universidad por ‘guardias’ contratados, presuntamente, por la misma institución de educación superior.
El informe de Credhos también contempla un análisis desde el aspecto sicosocial y sus impactos en la victimización. Sandra Milena Serrano, encargada de este punto, manifestó que se tuvieron en cuenta aspectos del orden de lo personal, familiar y social, en las entrevistas y acercamientos que se hicieron con los “sobrevivientes”, de lo que fue denominado en el documento entregado a la Comisión como una persecución sistemática.
Hubo “una ruptura de tejidos afectivos, personales, familiares, sociales y comunitarios por la vía de la estigmatización y el rechazo a cualquier forma de organización colectiva que se ocupaba de pensar los derechos o el bienestar común en nuestro país y nuestra ciudad”. La investigadora hizo énfasis en que a la persecución que sufrieron integrantes de la comunidad universitaria se suma la estigmatización social, ya que predominó la opinión de que “algo hizo la persona (que fue detenida, muerta o desaparecida), algo debía la persona, y con esto entonces se sustenta o se argumenta, una vez más, la supuesta legitimidad del hecho”, según ella, quedando la familia de la víctima como supuesta cómplice de la subversión.
Familiares piden justicia en el caso del profesor Conrado Gallego
Desde el interior de un vehículo Mazda 626 azul, a las seis y media de la tarde del 8 de octubre de 1989, fue accionada una ráfaga de disparos contra Conrado de Jesús Gallego. Quince balas atravesaron su cuerpo a pocos metros de un comando de la Policía en Bucaramanga, Norte de Santander. Un médico que pasaba por el lugar lo auxilió y logró llevarlo con vida a un hospital, pero el sábado 14 de octubre el docente de la Universidad Distrital de Santander (UIS) murió por la gravedad de las heridas. Este profesor, cuyo crimen sigue impune, es una de las 57 víctimas fatales que dejó el conflicto armado en contra de la comunidad universitaria de la UIS.
El caso del profesor Conrado fue revivido por su esposa Cecilia Ortiz durante la entrega del informe de Credhos a la Comisión de la Verdad. En este espacio, Cecilia reveló además que semanas después del homicidio de su esposo, quien era ingeniero civil, egresado y docente de la UIS, y padre de dos menores de edad al momento de su muerte, recibió dos llamadas de una persona que nunca se identificó y que solo le dijo que quienes estaban detrás del crimen eran miembros del comando del F2, organismo de inteligencia policial de la época.
“Exijo que el asesinato de Conrado Gallego sea declarado crimen de Estado, que no quede en la impunidad y que se haga justicia, que el Estado nos pida perdón de manera pública, a mis hijos y a mi familia por todos los daños ocasionados por ese asesinato. Pido que se desenmascaren las estructuras criminales paramilitares existentes en los años ochenta aquí en Bucaramanga y se condene a sus dirigentes”, exigió Cecilia al final de su intervención.
La JEP y la Comisión buscarán verdad
La magistrada Lily Andrea Rueda fue la persona asignada en la Jurisdicción Especial para la Paz para recibir el informe elaborado por Credhos, el cual, según ella, “va a ser trasladado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para su estudio por parte de los magistrados y las magistradas. La entrega de un informe constituye formalmente un primer paso en los procedimientos en la JEP, es si se quiere la puerta de entrada de las víctimas a los procesos de construcción dialógica de la verdad. Sabemos que este no es el primer paso de las víctimas, seguro han visto cerrarse muchas puertas”, señaló la magistrada que, a su vez, es egresada de la Universidad Industrial de Santander.
Saúl Franco, integrante de la Comisión de la Verdad, indicó que las exigencias de justicia y reconocimiento que trae consigo el informe serán tomadas muy en cuenta. Destacó, entre otras cosas, que la estigmatización es el núcleo de toda esta persistencia de violencia, “esa otra cuestión de la negación de la sociedad, de querer como no ver, como que eso aquí no pasó o como que no es con nosotros, me parece que es otro clamor supremamente importante y es uno de los patrones que la comisión está tratando de estudiar a profundidad”.
El comisionado añadió que, como se estipuló en un principio debido a la magnitud del número de personas afectadas por la violencia, la Comisión no se compromete a la identificación de los casos individuales, “pero sí nos compete seguir las pistas de estos hilos conductores del problema, de estos patrones que se van dando, de estas responsabilidades que van emergiendo y de entender la lógica de estos sucesos para poder tratar de desenmarañar la complejidad de los por qué”.
En la entrega de este informe, junto a Cecilia Ortiz, también estuvieron otros familiares de víctimas, como Luz Elena Gómez Landazábal, hija de Carmenza Landazábal, estudiante de la desaparecida en octubre de 1988, según Luz Elena, por el F2; y María Margarita Roa, hermana del desaparecido trabajador de esta universidad Cristian Roa, quien trabajó en la conformación el Comité de los Derechos Humanos de la UIS.