El ocultamiento de información y las dificultades para acceder a archivos militares son algunas de las explicaciones a la falta de esclarecimiento del uso de la Justicia Penal Militar y de la represión política en Colombia. Así lo concluyó una investigación publicada por la Universidad de Antioquia.
Por Esteban Tavera
Imagen de portada: Consejo de Guerra Verbal a miembros del M-19 en Bogotá. Foto: Voz Proletaria, 16 de abril de 1981, p. 5
La publicación del libro De acusados a acusadores: una historia de los Consejos de Guerra Verbales en Colombia, 1969 – 1982, del sociólogo Sebastián Hincapié Rojas, es un aporte que hace la academia a la comprensión del problema de la represión política en el país, bajo el propósito de esclarecer lo que sucedió al interior de dichos consejos en los que, según el autor del libro, aún queda mucho por esclarecer en cuanto a los usos que se le daba a la Justicia Penal Militar.
Para Sebastián Hincapié, la falta de esclarecimiento se debe gran medida a que mucho de los archivos y documentos que registraron lo que ocurría al interior de los Consejos de Guerra Verbales fueron ocultados o destruidos, y a que aún hoy existen obstáculos para acceder a los archivos del Ejército Nacional, así como de la Justicia Penal Militar.
En el libro, que fue publicado con el sello editorial de la Universidad de Antioquia, la intención del autor fue conocer las ideologías que llevaron a los militares a cometer crímenes como la tortura, así como las ideologías de quienes fueron señalados de cometer delitos políticos. Para esto, el autor revisó los archivos de revistas y periódicos como Alternativa, Voz Proletaria, El Tiempo, El Espectador, y también entrevistó a más de seis personas que conocieron varios hechos analizados en esta publicación.
Hacemos Memoria conversó con Sebastián Hincapié acerca de la pertinencia de este tipo de estudios, del pasado de la represión en Colombia y de las relaciones de esos hechos con varios acontecimientos del presente.
Para su investigación consultó varias fuentes documentales y orales, ¿qué sensación le quedó frente al nivel de esclarecimiento que hay acerca de lo que ocurría en los Consejos de Guerra Verbales? Es decir, ¿se sabe lo suficiente sobre ese capítulo de nuestra historia?
Yo creo que falta muchísimo. Mi trabajo es el segundo que aborda los Consejos de Guerra Verbales, al menos estudiados de manera más sistemática. También lo ha hecho Martha Perdomo en su tesis de maestría, y ella introduce los aspectos de transformaciones institucionales y de autonomía de los militares. Pero aquí el problema es que las fuentes terminan siendo un límite. Los militares desaparecieron parte de esos archivos y ya conocemos todos los problemas que hay para acceder a los archivos del Ejército, incluso para la Comisión de la Verdad; uno no se quiere imaginar los tropiezos que tiene una persona que quiera acceder a los archivos de la Justicia Penal Militar.
¿Cuáles de los vacíos cree que salda esta publicación?
Yo creo que son dos. El primero tiene que ver con develar el actuar represivo del Estado, entender cómo se ha comprendido esa época de la década de 1970 y cómo se usaron los decretos de excepción. Con lo que me encontré fue que el accionar del Estado colombiano estuvo muy enfocado en el uso de la prisión política, en el uso de la cárcel como instrumento para perseguir a la disidencia política, al menos hasta los años ochenta. El segundo se relaciona con la curiosidad por la que empezó todo, y es la de tratar de entender qué pasaba al interior de esos Consejos de Guerra Verbales, que eran un espacio muy especial porque ahí es donde tenían la posibilidad de encontrarse dos bandos, dos actores que generalmente estaban en un conflicto armado. Bueno, era parte del escenario porque también habían líderes sociales que no tenían nada que ver con las guerrillas pero que eran llevados allá. Lo importante era comprender la ideología de esos actores que se encontraban allá, aún no comprendemos muchas cosas sobre el pensamiento de los militares, todavía no sabemos muy bien cómo ven a los líderes sociales o los opositores políticos.
¿A quién le corresponde continuar con este arduo trabajo de esclarecimiento?
Ahí hay que decir que otro problema es la falta de interés, porque yo creo que el Centro Nacional de Memoria Histórica hubiese podido tener un gran papel tratando de desentrañar lo que pasó en los Consejos de Guerra Verbales. Ahora sé que desde la Comisión de la Verdad se está trabajando juiciosamente sobre la Justicia Penal Militar y el Estado de Sitio, pero indudablemente es en la academia donde hay una responsabilidad gigante por tratar de esclarecer esas formas de la represión. Los efectos de eso siguen teniendo consecuencias muy importantes en el presente.
Uno de los temas transversales de su investigación es la ideología, ¿qué encontró acerca del papel que cumplieron los Consejos Verbales de Guerra?
Una de las cosas interesantes que encontré es que a los delincuentes políticos casi nunca se les daba ese estatus político, y esa es una de las grandes disputas al interior de los consejos de guerra. Había todo un andamiaje, una gran tradición, incluso jurídica, por lo conflictos del siglo XIX, de reconocer el delito político, pero lo militares no solo eran unos iletrados en el derecho –es una cosa real, no es un insulto–, sino que, además, veían más una justicia de vencedores sobre vencidos. Y como consecuencia de todo lo que pasaba en la guerra fría, de los congresos a los que asistían los militares, etc., obviamente estaban muy influenciados por un férreo anticomunismo. Lo interesante es cómo se transmitieron esas ideas a la interpretación de lo que era el otro, ese otro que terminaba siendo alguien que no tenía fines políticos, que había que destruir por cualquier medio porque era el equiparable a un delincuente común.
El libro relata que estos consejos de guerra eran un escenario en el que comúnmente se acudía a prácticas ilegales, ¿cómo se usaban y para qué?
Sabíamos que había torturas, que esos Consejos Verbales de Guerra se cimentaban sobre el Estado de Sitio, pero parte de lo que pasaba allí adentro era una relación muy fuente entre tortura y prisión política. Se torturaba para que las personas confesaran, para obtener pruebas, pero también para tener contactos de otras personas que se pudieran llevar a los Consejos Verbales de Guerra. Era una estrategia para demostrar la eficacia de los militares en su tarea de impartir justicia.
En esa relación entre prácticas legales e ilegales, ¿cuál fue el papel que jugó el estado de excepción?
Los estados de excepción, desde finales de siglo XIX y principios del XX, se comenzaron a utilizar para perseguir a los opositores políticos. Esto dio una posibilidad muy alta de concentración de poderes, incluso se convirtió para las mismas élites políticas en un problema imposible de manejar, como lo demuestran los varios intentos de reforma constitucional que se adelantaron en los gobiernos de Alberto Lleras y Carlos Lleras. Eso fue generando que cada vez se le diera más y más autonomía a los militares para que se ocuparan de la justicia. Es decir, esa autonomía no se hubiera podido ensanchar sin la existencia de ese Estado de Sitio, que era el que les daba la posibilidad de utilizar consejos de guerra.
¿Cuál fue la respuesta de la sociedad civil frente a lo que ocurría en los Consejos de Guerra?
Eso fue una cosa absolutamente encantadora, es una de las cosas más apasionantes que yo trato de mostrar en el libro, porque se podría pensar que en esa época era visto con normalidad el que los militares juzgaran a sus enemigos, pero no. Desde muy temprano hubo miles de quejas y denuncias de la gente tratando de responder a todo lo que implicaba la Justicia Penal Militar, desde las torturas hasta los juicios sumarios. Hubo una movilización gigante. Se crearon organizaciones de presos políticos y se instituyó un día nacional del prisionero político (el 15 de octubre), fue una respuesta muy intensa por parte de la sociedad civil.
La época abordada en el estudio fue justamente un momento en el que había mucha autonomía de los militares en casi todo el continente, había dictaduras militares y, como usted mismo lo dijo, un fuerte pensamiento anticomunista. ¿Eso se refleja en los Consejos de Guerra Verbales?
Aquí el papel de Estados Unidos fue muy importante. Mientras en todo el continente estaban en dictaduras, Colombia se presentaba como la democracia más estable de América Latina, esa es una de las cosas que siempre se ha dicho. Pues resulta que esta estabilidad representa una paradoja porque, como diría Francisco Gutiérrez Sanín en el libro El orangután con sacoleva, era realmente el gorila con una chaqueta. Este es un asunto en el que uno dice que hay un funcionamiento más o menos normal de las instituciones, pero con una violencia impresionante. No pareciera que tiene lógica comparar esos dos factores, pero creo que acá funcionó por la autonomía de las Fuerzas Militares generada por las élites: “encárguense ustedes de estos”.
Finalmente, a propósito de esto que mencionó sobre las repercusiones en el presente, ¿cuál es su mirada sobre la relación entre la Justicia Penal Militar y la Policía Nacional?
Me parece una completa aberración que los delitos que cometen esas personas se sigan tramitando en la Justicia Penal Militar en donde uno sabe que ni siquiera llegan los procesos. O sea, son absueltos de manera inmediata. Esta gente es muy hábil para condenar a los civiles, como lo fueron en los años setentas cuando condenaban incluso sin pruebas, pero con lo que respecta a su propio cuerpo, obviamente así tengan la mayor cantidad de pruebas, los absuelven. Allí hay una solidaridad de cuerpo muy fuerte.
Yo creo que los policías son funcionarios públicos y por eso primero tienen que responder ante el ministerio del Interior y, en segundo lugar, los actos que cometan ellos y los militares tienen que pasar por la justicia ordinaria. No puede seguir existiendo una cosa tan aberrante como la Justicia Penal Militar para juzgar a quienes comparten intereses con sus jueces, y mucho menos para civiles.