El asesinato de tres indígenas en Nariño puso nuevamente en evidencia la vulneración de derechos humanos y el riesgo de extinción física y cultura que viven los pueblos ancestrales en este departamento, pese a que desde 2009 la Corte Constitucional ordenó la protección de sus comunidades.
Por Pompilio Peña Montoya
Foto: ACNUR/J. Barrero
Tres indígenas del resguardo Awa Pialapi Pueblo Viejo, ubicado en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, fueron asesinados el pasado 17 de agosto por un grupo armado ilegal aún no identificado en un hecho que no termina de esclarecerse, según indicó a Hacemos Memoria Nidero Moreano, coordinador general la Organización Cabildo Mayor Awa de Ricaurte (Camawari).
“No tenemos el dato preciso de lo que ocurrió porque esta comunidad se encuentra entre nueve y doce horas de camino por la montaña. Allá no hay señal y casi todo el trayecto hay que hacerlo caminando. Al lugar se desplazó una comitiva conformada por el Gobernador Indígena y el Coordinador de Tierra y Justicia Awa”, detalló Moreano.
Según Nidero Moreano, la comunidad indígena más afectada por el conflicto son los Awa, ubicados en la selva tropical húmeda entre Colombia y Ecuador. Esta comunidad, conocida en la región como ‘la gente de la selva’, está conformada por dos organizaciones: el Unipa y el Camawari, este último asentado entre los municipios de Ricaurte y Barbacoas. Su población, con una fuerte conexión espiritual con la naturaleza, alcanza las 25 mil personas distribuidas en asentamientos que siguen las corrientes de los ríos. Sus pobladores se dedican al cultivo de alimentos en las tierras bajas y a la caza de animales en las montañas. Pero este territorio en el que ancestralmente han vivido los Awa, el cual abarca una extensión de 3 mil kilómetros cuadrados, hoy es usado por los grupos armados para delinquir, lo que pone en riesgo la supervivencia y permanencia de los indígenas en la zona. Lea también: El desplazamiento destruye la cultura de los indígenas de Nariño: Nidero Moreano
De hecho, hace un mes el pueblo Awa sepultó al gobernador suplente del cabildo Piguambí Palangala, Rodrigo Salazar, asesinado el pasado 9 de julio a las 11:30 de la mañana en el corregimiento de Llorente, perteneciente al municipio de Tumaco. A esto se suman las amenazas de muerte que recibió en los últimos días el gobernador Segundo Jaime Cortes Pai, y el dirigente de este mismo pueblo Javier Cortes Guangua.
Vale recordar también el atentado que sufrió el pasado 18 de agosto, a las nueve de la noche, el taita William Guadir Tarapues, secretario de la Mesa Regional Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas Pastos y Quillacingas de Nariño. La víctima, que puedo salir ilesa del ataque, se encontraba con su familia en la vereda Llorente, cerca al casco urbano del municipio de Cumbal, cuando hombres dispararon en nueve ocasiones contra su vivienda.
“Estos hechos criminales reflejan la débil presencia institucional y la falta de garantías estatales para proteger la vida, la seguridad, la integridad física y la cultura de los pueblos indígenas”, denunció a través de un comunicado la organización Autoridades Indígenas de Colombia (Aico).
Los hechos de violencia y los hostigamientos, precisó el comunicado, los están viviendo las siete etnias que habitan la región: Pastos, Awa, Inga, Cofán, Epedara Siapidaara, Quillasinga y Nasa. Su situación se ha agudizado en parte debido a que sus asentamientos están ubicados en el extremo suroeste de Colombia en un territorio que es disputado por las disidencias de las FARC, el ELN y grupos al servicios del narcotráfico, a los cuales les resulta estratégica esta zona fronteriza con Ecuador y con acceso a una amplia costa sobre el océano Pacífico.
La Corte ordenó proteger a los pueblos étnicos de Nariño
Ante las constantes vulneraciones de los derechos humanos que viven los pueblos ancestrales en Nariño, en octubre de 2019 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de riesgo en la que advirtió sobre el peligro que corren varios asentamientos Awa en zona rural de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, por cuenta de la presencia de bandas criminales que los exponen, entre otros riesgos, al desplazamiento forzado. Esta situación ya había sido advertida por la Corte Constitucional en varios de sus autos, entre ellos el Auto 004 de 2009, en el que les ordenó a las autoridades atender a las familias indígenas desplazadas por la violencia.
Además, en el Auto 174 de 2011, la Corte estableció “que el Pueblo Indígena Awá, asentado en los departamentos de Nariño y Putumayo (…), está en grave peligro de ser exterminado física y culturalmente a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarle una adecuada y oportuna protección, por lo cual continúa siendo víctima de un sin número de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos, lo cual ha exacerbado el confinamiento y/o desplazamiento forzado que padece”.
Posteriormente, con el Auto 620 de 2017, la Corte le exigió al gobierno crear y coordinar una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel que tenía por competencia «poner en marcha un Plan Urgente de Reacción y Contingencia que garantice la protección inmediata de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas Awá y Eperara-Siapidaara que habitan el Pacífico Nariñense».
No obstante, a pesar de que la Corte ha ordenado medidas urgentes de protección, la realidad actual de los pueblos ancestrales en Nariño, como en otras regiones de Colombia, demuestra que han faltado garantías por parte del Estado y del Gobierno colombiano, según expresó Nidero Moreano, quien añadió: “hacemos un llamado a la vida, al respeto, a nuestra autonomía. No tenemos muchas oportunidades y casi ninguna inversión por parte del gobierno. Por lo menos pedimos que se respeten las órdenes de la Corte Constitucional y se cumplan los pactos que hemos hecho en escenarios de movilización, así como lo pactado en el Acuerdo de Paz”.