La salida de 93 excombatientes de las Farc del antiguo ETCR de Santa Lucía, significa un abandono a una comunidad que les abrió las puertas a la reconciliación. Hoy el temor, la inseguridad y la zozobra que vive el Norte de Antioquia queda para los campesinos de la zona.
Por Daniela Sánchez Romero – Agencia de Prensa IPC
“Si el gobierno nos hubiera escuchado se hubieran salvado muchas vidas, no solamente de los firmantes del acuerdo o de sus familiares, sino de líderes sociales que han asesinado en el Norte de Antioquia”, dice Manuel González.
Manuel es uno de los firmantes de la paz que hizo su reincorporación en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Santa Lucía en Ituango. Es líder de los que quedan en el espacio, pues él tuvo que desplazarse en el 2018 por amenazas que ponían en riesgo su vida.
Las palabras de Manuel hacen alusión al asesinato de su hijo, el 13 de diciembre de 2019, a las afueras del ETCR, en zona rural de La Granja y Santa Lucía. Hoy todavía se desconoce quiénes fueron los autores.
Manuel hijo hacía parte del proyecto productivo de ganadería del que se beneficiaron cerca de 100 excombatientes. Si el desplazamiento del ETCR de Ituango se hubiera dado antes, seguro su hijo estuviera vivo, dice Manuel padre.
Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 206 excombatientes a nivel nacional, de los cuales cuatro fueron mujeres, según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU presentado el 26 de junio. En el mismo, se señalan 32 casos de homicidios a líderes sociales en lo que va del 2020.
El abandono a una comunidad
Dice Manuel que lo más difícil del desplazamiento es dejar a la comunidad: un territorio que les abrió las puertas de la reconciliación y les permitió empezar su proceso de reincorporación. Y es que ahora, los excombatientes de las Farc que habitan el antiguo ETCR de Santa Lucía, deben desplazarse al municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, en donde la ARN reporta 527 personas acreditadas en el proceso de reincorporación.
El proyecto de ganadería será trasladado al municipio de Mutatá. Cerca de 100 excombatientes se beneficiaron de este proyecto productivo. Foto: Yeison García.
“A nosotros nos duele, nos llena de indignación el tener que salir porque el 90% de la población reincorporada es del municipio de Ituango, nativos, nacidos de ahí. Entonces nosotros consideramos que más que un desplazamiento es un desarraigo de la gente de su misma tierra”, agrega.
En marzo, cuando la Caravana Humanitaria conformada por organizaciones sociales, defensores de Derechos Humanos y población civil, visitó el espacio, los campesinos y líderes de las juntas de acción comunal manifestaron un gran temor y preocupación frente al abandono de los excombatientes del espacio, pues dicen ellos, el Estado no ha estado de manera efectiva e integral en la región. Lea también: En Santa Lucía hay incertidumbre por el desplazamiento de exguerrilleros
Fue por eso que los excombatientes habían decido asentarse en Ituango, pretendían que, gracias a su presencia en el territorio, el Estado llegara a suplir las necesidades de seguridad, educación y salud a una población que ha sido olvidada y afectada históricamente por distintos actores armados. Pero debido a la falta de garantías de seguridad, las amenazas y los diferentes asesinatos, deben abandonar el lugar. Ver: Excombatientes se van de Ituango, pero no saben para dónde
Manuel dice que, desde antes del anuncio, la comunidad de Santa Lucía ya se sentía huérfana. Ahora sienten que los proyectos de vida, los proyectos acordados con la firma de la paz van a quedar en el olvido y la negligencia del gobierno no va a permitir que estos se materialicen.
“Las comunidades de Ituango están muy preocupadas con el desplazamiento y la salida de nosotros porque la esperanza de ellos era que con la presencia de nosotros allá iba a mejorar el sistema de vida para todos. Por ejemplo, cómo quedan los PDET, cómo queda el PNIS, cómo quedan las otras herramientas del acuerdo y que benefician directamente al sector campesino y los más vulnerables del país”, cuenta Manuel.
Oportunidades que ahora están en el Urabá antioqueño, en el municipio de Mutatá. Serán dos predios de 137 hectáreas que poco a poco irán adecuando para la permanencia de los excombatientes.
Para la alcaldesa de Mutatá, Maria Exilda Palacio, el traslado de los excombatientes es “una oportunidad para nosotros, para un municipio que tiene necesidades a nivel de salud, educación, vías infraestructura, Queremos realizar una acción pedagógica para que el municipio entienda que pueda ser una oportunidad para brindar soluciones a necesidades de las que ha sido carente”.
Frente a las preocupaciones de la población de Santa Lucía, Emilio Archila dice que el municipio de Ituango es uno de los territorios que pertenece al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, con el que pretenden una transformación estructural del campo y un desarrollo rural. “Es un plan al que todos le tenemos fe y las reuniones de planeación institucional permiten que nos sintamos tranquilos porque esos municipios van a tener priorización”, afirma el consejero.
Son siete las familias de reincorporados que quedarán en el espacio con los proyectos productivos de fibra óptica y de café Paramillo. Su temor y el de la comunidad que reside en Santa Lucía sigue siendo la falta de garantías de seguridad y la poca presencia estatal que está permitiendo que otros actores armados ocupen el territorio.
“La responsabilidad es del Estado, de la fuerza Pública y del Gobierno Nacional”, dice Omar Restrepo, representante a la Cámara por el partido Farc. “El Estado es el que debe garantizar la seguridad, la vida de todos los que están en proceso de reincorporación, de todos los colombianos y de las comunidades que están cercanas a Santa Lucía”.
Ahora, “el compromiso de la paz”, como dice Manuel, lo llevan a las tierras de Mutatá. “Se le está dejando claro al gobierno que nosotros donde quiera que llegamos vamos es con la intención de seguir construyendo la paz, sea en Ituango, sea en Mutatá, donde sea”, concluye.
De Ituango a Mutatá
El pasado 3 de julio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), anunció el traslado del ETCR de Santa Lucía hacia el municipio de Mutatá, por los casos de homicidio y la inseguridad que viven tanto los excombatientes como los campesinos que habitan la zona.
Los dos predios arrendados por el Gobierno Nacional en el municipio de Mutatá cuentan con 137 hectáreas. Foto: Cortesía ARN.
En el anuncio, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que este traslado era una “muestra de que se dan pasos concretos para facilitar el proceso de reincorporación”.
Además, Andrés Stapper, director de la ARN, afirmó que desde el año pasado “el gobierno brindó sugerencia para apoyar los espacios que se podían quedar y cuáles, por temas de adquisición de tierras y seguridad, debían trasladarse”.
Cuenta Manuel que, en el caso de Ituango, además de que no podían comprar los predios del terreno en Santa Lucía, había una petición fuerte por parte de la comunidad por la falta de condiciones de seguridad a las afueras del espacio y que estaba cobrando la vida de los reincorporados.
“En enero del año pasado se dio la alarma de que el gobierno quería mover el ETCR, pero lo quería mover era para Tarazá, en el Bajo Cauca, pero eso era una idea descabellada. Es que, ¿qué diferencia hay entre Ituango y el Bajo Cauca? Eso es como sacarnos del fogón y tirarnos a la llama. Entonces dijimos que no y seguimos dando la pelea para que realmente nos dieran la oportunidad de seguir con la reincorporación en el municipio que escogió el colectivo”.
Según la ARN, serían 93 personas que se trasladarían: 46 mujeres, 47 hombres y 14 menores de edad. Además, se garantiza el traslado de los proyectos productivos de ganadería, de gallinas ponedoras y las huertas familiares, y que sea un desplazamiento que cumpla con todas las condiciones de seguridad debido a la pandemia por el coronavirus.