En los primeros tres años de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, según el Instituto Kroc, el país avanzó en el 25 por ciento de lo acordado, pero tiene retrasos en los puntos que buscan transformar las realidades sociales y económicas del campo.
Por Camilo Castañeda Arboleda
Foto: Julián Ruiz P.
El Instituto Kroc, que hace seguimiento y evalúa el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz firmado por el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presentó este 16 de junio el informe Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Paz: hacia la transformación territorial, el cual reveló que los compromisos con menos progreso en sus indicadores son los del punto uno: Reforma Rural Integral, y los del punto cuatro: Solución al Problema de Drogas Ilícitas.
Según el balance, de los 578 compromisos pactados en los seis puntos del Acuerdo de Paz: reforma rural, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, Víctimas e implementación, el 25 por ciento se implementó en los tres primeros años del Acuerdo, el 15 por ciento alcanzó un estado intermedio, el 34 por ciento tiene adelantos leves, y el 26 por ciento no presenta ningún avance.
Frente a la Reforma Rural Integral el informe reconoce que en el 2019 se finalizaron actividades como la planeación participativa de los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional, tarea que se había adelantado en el Gobierno de Santos y cuyos planes deben ser implementados en los próximos años. Igualmente, destaca que se haya aprobado el Documento CONPES 3951 del 2018 que autorizó un préstamo de 150 millones de dólares para la implementación del catastro multipropósito.
Sin embargo, el balance señala que en el punto uno hay retrasos en relación con “la aprobación del plan de formalización, la ley de acceso a la tierra y mecanismos de diálogo social para el desarrollo rural”.
Acerca del punto cuatro, Solución al Problema de Drogas Ilícitas, el informe advierte que su implementación se desaceleró durante los primeros seis meses del Gobierno de Iván Duque que dedicó ese periodo a evaluar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Esta situación incidió en la crisis de credibilidad que sufre el PNIS, según el informe, debido a “retrasos o incumplimientos en la implementación, la percepción de exclusión y suspensión injusta de algunas familias y el cambio en las reglas de juego del Programa, lo cual ha generado incertidumbre”.
Otro factor de incertidumbre señalado por el informe es la violencia y amenazas en contra de líderes y lideresas que, de acuerdo con Daniel Cano, profesional del Equipo Iniciativa Barómetro en Colombia del Instituto Kroc, sumado a la seguridad de los excombatientes es la situación que más afecta la implementación “porque genera desconfianza en los territorios, donde las personas perciben que la implementación no está funcionando”.
En ese sentido, el informe recalca que la implementación debe darse de manera integral, porque los compromisos pactados son interdependientes, lo cual implica que se complementan unos a otros. En relación con los puntos de reforma rural y drogas, por ejemplo, los campesinos necesitan poder acceder a créditos, asesoría técnica y proyectos productivos que les permitan estabilizar economía para así su sustituir de manera definitiva los cultivos de uso ilícito.
En adelante la implementación irá más lento
Entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019 el avance en la implementación del Acuerdo fue del seis por ciento, cifra que estuvo por debajo del porcentaje alcanzado en los años anteriores. Esta ralentización, según el informe, se debe a que durante el 2017 y 2018 finalizó la implementación de la mayoría de compromisos de corto plazo, como lo fueron el cese al fuego, la dejación de armas, la creación de normativas y de instituciones.
Ahora, es el momento de comenzar a implementar compromisos de mediano y largo plazo, “que se enfocan especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado. Esta nueva fase requiere de mayor coordinación interinstitucional y un intenso despliegue a nivel local. Por ello, necesita más tiempo para completarse”, explicó el informe del Instituto Krock, el cuarto que elabora esta organización desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.
Según el documento, el Acuerdo Final de Paz de Colombia es el más comprensivo de los acuerdos firmados en el mundo desde 1989. De sus 578 compromisos solo el 12% está relacionado con seguridad, mientras que el otro 88% apunta a reformas estructurales que permitan transformar las causas que originaron el conflicto armado y atender los efectos que el mismo tuvo sobre la población y la sociedad colombiana, razón por la cual su implementación completa, estima el Instituto Kroc, tardará por lo menos 10 años.
Quedan pendientes y desafíos
El informe del Instituto Kroc advierte que de los 88 compromisos que en el Plan Marco de Implementación se calificaron como de corto plazo, solo se finalizaron 33, la mayoría del punto tres del Acuerdo referido al Fin del Conflicto. Sin embargo, según Daniel Cano, en este punto hay dificultades en cuanto a la aplicación de las garantías de seguridad para los excombatientes “en tanto se han implementado de manera fragmentada, desarticulada y con baja participación”, situación que representa un desafió para lo que sigue del proceso.
Otro de los retos que manifiesta el informe, respecto a los compromisos de corto plazo del Acuerdo, está relacionado con la implementación de los compromisos de implementación del punto dos, Participación Política, pues las normativas que permiten el desarrollo de estas obligaciones, como la Circunscripciones Especiales para la Paz, no fueron aprobadas en el Congreso, lo que afectó este indicador, algo paradójico porque este punto “no requiere grandes esfuerzos en términos presupuestales y es un punto que puede tener un mayor avance solamente con la aprobación de temas legislativos”, expresó Daniel Cano.
Por eso, el llamado que hace el Instituto Kroc es a que la implementación tenga continuidad; profundice el enfoque territorial, de género y étnico estipulado en el Acuerdo; y se desarrolle de manera integral, una condición que de acuerdo con la experiencia y los datos de otros procesos de paz es “la mejor estrategia para debilitar grupos de disidencias”, sugiere el informe.