Este año han sido asesinados en el Cauca 19 líderes indígenas, denunció Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del CRIC. Novena entrega de una serie periodística sobre la crisis de los indígenas.
Por Pompilio Peña Montoya
Ilustración: Didier Pulgarín
Atrapadas entre el aislamiento preventivo obligatorio, decretado por el Gobierno ante la pandemia de la COVID-19, y el asedio de los grupos armados que se disputan el control del territorio, para el cultivo de coca y el narcotráfico, se encuentran las comunidades indígenas del Cauca, donde el pasado 29 de mayo hombres armados asesinaron a los esposos y médicos tradicionales Pedro Ángel Trochez Mediana y María Nelly Guetia Dagua, cuando realizaban un ritual de armonización en la comunidad Páez del municipio de Corinto, norte del departamento.
Entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2020, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han sido asesinados en Colombia 121 líderes sociales. La zona más afectada es el Cauca con 34 líderes asesinados, de los cuales 19 eran indígenas; 17 de estos asesinatos ocurrieron en el norte del departamento: 5 en Caloto, 3 en Toribío, 3 en Corinto, 3 en Buenos Aires, 2 en Miranda y 1 en Santander de Quilichao; y 2 en el oriente: 1 en Totoró y otro en Páez. Cuatro de estos crímenes ocurrieron luego de que se decretara el aislamiento preventivo.
Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), habló con Hacemos Memoria acerca de la emergencia humanitaria que viven los pueblos ancestrales en esta región por el asedio de los grupos ilegales, de cómo están afrontando la crisis económica originada por la pandemia de la COVID-19, y de la zozobra que viven las comunidades ante el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz.
¿Cómo han sobrellevado los pueblos indígenas del Cauca la pandemia en medio de un conflicto que no cesa?
La situación de nuestros pueblos indígenas en el Cauca es muy difícil. Por un lado, tenemos el tema de la pandemia, para lo cual las 126 autoridades que conforman la consejería regional ordenaron el aislamiento territorial. Allí participan guardias indígenas, autoridades y equipos de salud local. Hemos tenido aquí un buen trabajo y solo hemos conocido dos casos de COVID-19 en indígenas que corresponden a personas que no están en el territorio. Uno pertenece del pueblo Totoró y el otro del pueblo Sia. Esto quiere decir que las medidas que estamos tomando en medio del conflicto han funcionado.
El segundo escenario es el conflicto que están generando varios grupos ilegales y residuales. Estamos hablando de disidencias de las FARC, paramilitarismo, bandas del narcotráfico que luchan entre ellas con el fin del control territorial y los cultivos de uso ilícito. Y en medio estamos nosotros, los indígenas, quienes terminamos sufriendo agresiones sin que sepamos, en muchas ocasiones, su procedencia. Desde enero de este año han sido asesinados en el Cauca 19 líderes indígenas, sin contar otras muertes de personas que no hacen parte de las comunidades, sino de otros departamentos y nunca nos enteramos quiénes eran. Todo esto desarmoniza los territorios y ello implica también afectaciones para las comunidades como el temor y la zozobra.
Esa disputa de quién controla las rutas del narcotráfico, la coca y la marihuana, ha generado muchos muertos luego de que se firmara el Proceso de la Paz en La Habana, ya que veníamos de una relativa tranquilidad y con la esperanza de que la guerra cesara. A esto le podemos sumar el reclutamiento forzado y la militarización que ha causado enfrentamientos entre la comunidad y el Ejército.
El pueblo Nasa es uno de los más golpeados. En el 2019 se contabilizaron 18 homicidios de líderes de esta etnia. ¿Cuál es la situación actual de las comunidades indígenas en el Cauca?
En términos generales, en el Cauca somos cerca de 315 mil indígenas agrupados en diez etnias y cada una tiene su estructura social, sus cabildos y resguardos. Tenemos once asociaciones en nueve zonas que enmarcan la figura política del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC.
El pueblo más golpeado por la violencia es el Nasa, que está en siete zonas, casi todas en el Norte del Cauca, en Tierradentro; y en el occidente, en el municipio de Morales y en Caldono. Allí se han presentado la mayoría de los homicidios, atentados, desplazamientos y señalamientos, sobre todo porque se ha criminalizado la protesta social y porque los grupos armados, en ocasiones, nos acusan de favorecer a unos y a otros. De hecho, tenemos 28 asesinatos aquí, hemos reportado 22 amenazas en lo que va del año, hemos sufrido tres acciones armadas en el territorio, y este año contamos también trece desplazamientos forzados de familias.
El programa Somos Defensores registró 234 agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos en el Cauca durante 2019 ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo para los indígenas en el departamento?
Las zonas más violentas están en el Norte del Cauca con asesinatos y amenazas; allí están Santander de Quilichao, Suárez, Puerto Tejada, Buenos Aires, Caloto, Guachené, Villa Rica, Jambaló, Caldono, Corinto, Miranda, Padilla y Toribío. Se presentan además muchas confrontaciones entre la fuerza pública y grupos armados residuales. Seguidamente tenemos a Belalcazar y Tierradentro. De hecho, allí sabemos que grupos armados han preguntado por una de las consejeras del CRIC y ella aún permanece en el territorio. También, en los últimos meses, ha habido confrontaciones en zona de la etnia Totoró; y en el occidente, en el municipio de Morales, conocemos hechos de violencia, confrontaciones, homicidios, reclutamientos y desplazamientos.
¿Cómo se han organizado las comunidades en el territorio para enfrentar la pandemia y la ola de violencia?
La forma de contrarrestar todas estas situaciones ha sido con una fuerte presencia de la guardia indígena, además de que las comunidades hoy más que nunca trabajan en conjunto para que los mecanismos y estrategias que tenemos internamente funcionen de manera coordinada, no solo para actuar en caso de un acto violento, sino también para atender cuestiones más domésticas y de salud. A estos hay que sumar la visualización y la denuncia ante los garantes de derechos humanos con los cuales tenemos buenas relaciones.
Las comunidades indígenas han criticado al Gobierno nacional por militarizar la zona a finales del 2019, en vez de poner en marcha acciones sociales y la implementación del Acuerdo de Paz sin dejar de lado su autonomía, su seguridad alimentaria y la tenencia de tierras ¿Continúa el Gobierno poniendo en riesgo a los indígenas?
Son varias las medidas del Gobierno que en este momento están colocando en riesgo a nuestras comunidades. Lo primero es el incumplimiento del Acuerdo de Paz que no ha sido implementado a plenitud, no hay voluntad política del Estado. Esto se traduce en que algunos excombatientes se hayan incorporado a las disidencias u otros grupos armados, en qué los cultivos ilícitos aumenten, en que haya hoy varios grupos disputándose el control del territorio, luego de que las FARC firmaran el acuerdo y salieran de las zonas que controlaban.
Los otros puntos que colocan en riesgo a los indígenas son las medidas del Gobierno contra la pandemia y el aumento del pie de fuerza de las autoridades que, incluso, han tenido roces con las comunidades.
Todo esto se convierte en una bomba de tiempo si le añadimos el factor de los grupos armados, que a su vez están reclutando a los indígenas jóvenes. Esto se traduce en una descomposición agresiva de los núcleos familiares y culturales.
¿Qué tan grave es la problemática del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes?
Frente al tema del reclutamiento contamos con subregistros, algunos datos que no podemos revelar para proteger a las familias y a los mismos reclutados, más dentro de un contexto en el que muchas veces desconocemos quiénes son los responsables. Cuando logramos identificar a los jóvenes reclutados, lo que buscamos es generar una ruta de restitución de derechos, entre lo que se encuentra, por supuesto, su protección física. El registro que tenemos de personas reclutadas es poco, pero sabemos que esto se da porque la mayoría de la gente no denuncia por miedo a su seguridad.
¿Cómo va el proceso para identificar zonas donde se presume hay fosas con personas dadas por desaparecidas?
Dentro del territorio sabemos que existen zonas con fosas comunes y la idea es acogernos a los protocolos que implemente la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, dentro de las consultas que se hacen desde el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que cuenta con unos protocolos de relacionamiento, y esperamos avanzar en ello. Lo complejo es que hasta el momento no se ha podido articular este proceso debido a las condiciones de seguridad y también porque presupuestalmente el gobierno no brinda garantías para que estas entidades hagan su trabajo.
¿Qué otras situaciones, además de la violencia, tienen en crisis a los pueblos indígenas del Cauca?
Entre las situaciones está la pérdida de la economía, desfortalecida ya por la pandemia y el mismo conflicto, entre otras cosas porque el traslado de alimentos del campo a las ciudades es bastante difícil e inseguro. También es cierto que hay otros tipos de violencia que se dan, como el feminicidio. Otro problema es la pésima infraestructura en salud. Hoy, clínicas y hospitales están centrados en la atención solo de la COVID-19, dejando de lado otro tipo de enfermedades que requieren tratamientos especiales.
¿Qué propuestas le han hecho los pueblos indígenas al gobierno para superar la problemática humanitaria que viven?
Frente a las propuestas que tenemos los pueblos indígenas para afrontar el orden público, hemos presentado los ‘planes de vida’, construidos desde los territorios y que son parte de la apuesta hacia el cambio de los derechos territoriales y culturales. Esto ya se le planteó al Gobierno. Así pues, la parte del cuidado y el control para la defensa de la vida y el territorio nos permitiría ir superando las dificultades del conflicto, sobre todo para aquellos que están en la ruralidad.
También propusimos nuestra propia ‘agenda de paz’, que incluye el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), y está enmarcada en la protección de la vida y la integridad de los pueblos indígenas, afros y campesinos del Cauca.
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