Los desaparecidos que la Uariv niega en San Onofre

Por: Juan Camilo Gallego Castro – Agencia de Prensa IPC

Foto: El Universal

Hay una foto: el hombre tiene el cabello enmarañado y sobre la frente cae un mechón de pelo negro; no sonríe, tiene un bigote oscuro y sus ojos están a medio abrir. Es la única foto que conserva Eneida Álvarez de su primer esposo, Apolinar Antonio Vaquero Gamarra.

A Apolinar le decían el Cachaco. “Mi abuela es india y mi abuelo es de allá de Medellín; mi papá era enrazado”, dice Magalis, su hija. El Cachaco nació en Córdoba. Dicen que esa fue una de las razones por las cuales lo desaparecieron. La última vez que lo vio su familia fue el 16 de marzo de 2003.

Ese día estaba bebiendo en una cantina de la vereda Arroyo seco en el corregimiento Libertad, a 25 kilómetros de San Onofre, Sucre. Eran las nueve de la mañana cuando lo llamaron para que fuera hasta Libertad a cobrar por la madera que había aserrado en las últimas dos semanas. Ese trayecto toma cinco minutos en moto. Apolinar pensó, por fin, que con esa plata podría comprarles a sus dos hijos el regalo de cumpleaños: a Carlos Alberto, que había cumplido cinco días antes, y a Magalis, que cumpliría un mes después.

A Eneida le contaron que su esposo se entretuvo jugando billar en un bar de Libertad, que a ese lugar entraban personas extrañas. “Era un engaño que le iban a pagar”, dice. Supo después que la madera que había aserrado era de Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, uno de los máximos comandantes del Bloque Héroes de los Montes de María.

A las ocho de la noche, una hermana de Eneida vio a Apolinar de nuevo en la vereda, pero los paramilitares lo llevaban en una moto, amarrado de manos y pies hasta un campamento que tenían en la vereda Las Brisas. Desde entonces, Eneida no sabe dónde está su esposo. Según el abogado Adil Meléndez, en Libertad hay más de diez víctimas de desaparición forzada, pero para Vladimir Martín, jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Unidad de Víctimas, “los hechos, los victimarios y las víctimas del corregimiento obedecen a otros hechos, a otras circunstancias donde mayoritariamente hay temas de violencia sexual”.

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Apolinar Antonio Vaquero. Foto: archivo personal.

El 20 y 21 de noviembre de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo una audiencia en Cartagena como parte de una solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para que protegiera 16 lugares del país donde se presume hay víctimas de desaparición forzada, para hablar de los desaparecidos en San Onofre, Sucre. Esta se hizo luego de dos audiencias en Medellín sobre los desaparecidos en jurisdicción del proyecto Hidroituango y del sector La Escombrera, en la Comuna 13 de la capital de Antioquia.

Las organizaciones presentaron un informe en el que documentaron 257 casos de desaparición forzada en ese municipio, el cual se convirtió en el punto de llegada de otras víctimas del departamento. Luego de esto, en el Auto AI 011 de 2019, la JEP le solicita a la Unidad de Víctimas que “amplíe el PIRC (Programa Integral de Reparación Colectiva) de La Libertad en lo referente a la conservación del cementerio de dicho corregimiento, para que incluya los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar, no solamente en su preservación física sino en su dimensión simbólica.”

Como respuesta, el 19 de marzo de 2020, la Unidad de Víctimas radicó ante la JEP una solicitud de nulidad de las medidas cautelares que había pedido el Movice, pero también insistió en que ampliar el plan de reparación colectiva de Libertad “termina por deslegitimar, violar, desconocer el alcance de las medidas cautelares y de paso vulnerar los derechos de las víctimas ya reconocidas con un Plan de Reparación ya adoptado”.

Si bien la JEP, en el auto AT-099 de 2019, resolvió negar la solicitud de la Unidad de Víctimas, la petición generó molestia en distintos sectores del país. El 21 de abril, la Unidad de Víctimas expresó en un comunicado que la solicitud “no se refiere en ningún momento a medidas que se pretendan tomar en otros lugares para la protección de víctimas de desaparición forzada. Está centrada, exclusivamente, en el caso relativo al municipio de San Onofre.”

Sin embargo, en la solicitud de nulidad, además de lo relacionado con el corregimiento Libertad, se pide expresamente: “Declarar la nulidad de todas las actuaciones procesales en el expediente 2019340161400009E, relacionado con las solicitudes de Medidas Cautelares solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.”

Por lo que no se trataba solo del caso del corregimiento Libertad, sino de todos los lugares donde se cree hay personas inhumadas.

Para Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “es totalmente incoherente e irresponsable la postura de la Unidad de Victimas, sorprende la solicitud de nulidad de las medidas cautelares frente a los cementerios donde hay posibles víctimas de desaparición forzada, sobre todo, teniendo en cuenta que uno de los problemas que existen para avanzar en la reparación colectiva en Colombia, de los más de 600 casos aprobados al momento, es que no se ha podido avanzar en las medidas de verdad y garantías de no repetición».

Por su parte, Erik Arellana, líder del Movice en el país, también es crítico de la Unidad de Víctimas. Asegura que le sorprendió la solicitud, “nos da una lectura equívoca de la misionalidad de la Unidad de Víctimas. Aquí lo que se busca es complementar esa insatisfacción de derechos que han tenido las víctimas. En el Movice pedimos unas medidas cautelares para proteger unos sitios donde creemos hay personas desaparecidas. Y la reacción de la Unidad de Víctimas es contraria a esta solicitud, es quitar esa protección a esos lugares. Nos agrada la decisión de la JEP.”

El 17 de marzo de 2003, un día después de que los paramilitares se llevaran a Apolinar, Adiela fue hasta San Onofre a avisarle a la familia de su esposo que la gente de El Oso se había llevado al Cachaco. Una amiga de la familia buscó a Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, el jefe militar del Bloque Héroes de los Montes de María.

Cadena le dijo a la mujer que no sabía de Apolinar, que no le habían informado de su caso, que debía hablar con El Oso. Éste le dijo a la mujer que, si se trataba de un muchacho alto, de pelo liso y bigote, no lo encontraría con ellos porque se les había escapado. “Hace 17 años sigue desaparecido. No sabemos nada de él”, dice Eneida.

Dos días después de la desaparición, el 18 de marzo, Eneida y sus dos hijos se fueron de la vereda Arroyo seco. El Oso fue a la vereda a preguntar por los familiares de Apolinar porque no iba a dejar rastro. Según los comentarios, el paramilitar había desaparecido a su esposo porque era cordobés. Para El Oso, los cordobeses eran guerrilleros o colaboradores de ese grupo y por eso, comentaban en Libertad, habían desaparecido a Apolinar, el Cachaco. Eneida terminó en Cartagena, desplazada, en la casa de una hermana.

Semanas después, El Oso organizó en Libertad peleas de boxeo entre homosexuales y un reinado con 17 mujeres adolescentes entre 13 y 17 años, con la excusa de integrar las comunidades del norte de Sucre, quienes fueron seleccionadas por un “concurso interno” en sus comunidades. En 2008, durante una audiencia de Justicia y Paz, hecho recogido en el informe Mujeres y guerra, del Centro Nacional de Memoria Histórica, un fiscal aseguró que “las menores participantes fueron obligadas ‘a reunirse a solas con él y no se permitía que los familiares ni acompañantes de las muchachas participaran en el encuentro. Las candidatas que no aceptaron los requerimientos de ‘El Oso’ tuvieron que irse de sus comunidades bajo amenazas de muerte’. En efecto, varias de las entrevistas arrojan que ‘El Oso’ abusó sexualmente de por lo menos tres de las candidatas, y en un caso se estableció que después del reinado ‘El Oso’ recogía a una de las menores a altas horas de la noche, situación que se extendió en el tiempo.”

Por este hecho emblemático, el jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Unidad de Víctimas, Vladimir Martín, le dijo a El Espectador que la mayoría de los hechos ocurridos en el corregimiento Libertad estaban relacionados con violencia sexual, sin embargo, la historia de Apolinar y de, por lo menos, nueve personas más, dan cuenta de otros hechos graves cometidos por los paramilitares en el corregimiento Libertad. Ver también: San Onofre, en defensa de su libertad

En San Onofre no pasó desapercibida la solicitud de la Unidad de Víctimas ni las palabras de Vladimir Martín, quien también dijo que no existía conexión entre los hechos ocurridos en Libertad y San Onofre, que la mayoría de víctimas en el corregimiento eran de violencia sexual y que cambiar el plan de reparación colectiva es complejo.

Varios líderes cuestionaron estos argumentos.  Ingrid Vergara, integrante del Movice capítulo Sucre, dice que la Unidad de Víctimas “debería estar garantizando que las víctimas tengamos derecho a la verdad y la reparación integral. Concretamente en el tema de desaparición forzada, lo mínimo que uno esperaba de ellos era el apoyo y la disponibilidad para poder generar un escenario que nos permite la JEP, y en el marco de proteger unos sitios, que para nosotros con suficiente evidencia que le entregamos a la JEP, están en riesgo”.

Opinión similar tiene Rosario Montoya, quien desde el Movice en Atlántico ha acompañado a las organizaciones en Sucre, sobre todo en la búsqueda de desaparecidos en sitios como la finca La Alemania, que también fue de control del Bloque Héroes de los Montes de María y en donde se presume hay personas desaparecidas. Para Rosario, las declaraciones de la Unidad son molestas y desafortunadas, “no entendemos por qué el señor Vladimir Martín luego se excusa y dice que no quiso decir que pedía la nulidad de las medidas cautelares sino simplemente aclarar que no podían hacer cosas por problemas técnicos en el plan de reparación colectiva del corregimiento Libertad.”

Adriana Porras fue enfermera en el corregimiento Libertad durante la barbarie paramilitar. Fue ella quien acompañó la denuncia por violencia sexual de las víctimas de El Oso y su grupo. Para ella, “Libertad tiene desaparición forzada, despojo de tierras, amenazas, tortura”, y el proceso de verdad solo fue posible por la Fiscalía, con quien se avanzó en las denuncias por violencia sexual.

Que la JEP haya solicitado ampliar la medida de reparación colectiva no afecta los derechos de las víctimas, asegura Adriana. Desmiente a la Unidad de Víctimas. “Jamás nos revictimiza la JEP. Si nosotros hemos sufrido, en Libertad tenemos doce casos de desapariciones. Para nadie es un secreto que en San Onofre, El Caucho y El Palmar es donde tenemos desaparecidos, y en los cementerios y los corregimientos hay desaparecidos, incluso en algunas fincas. No se está revictimizando porque la JEP está apoyando la verdad para saber dónde están, por qué los desaparecieron.”

Ingrid Vergara fue una de las personas que preparó la audiencia que la JEP hizo en Cartagena, a donde llevaron familiares de víctimas de desaparecidos en San Onofre y su corregimiento Libertad. Para ella es “imposible que la Unidad diga que en San Onofre hubo de todo, menos desaparición forzada, cuando había campos de concentración como en El Palmar; había sitios de entierro como el cementerio de San Onofre y había control territorial del paramilitarismo. En Libertad no solo hubo violencia sexual, también hubo asesinatos.”

Además de la lentitud o, en ocasiones, falta de voluntad en la implementación de medidas de los procesos de reparación colectiva en Colombia, dice Luz Nely Osorno, «las entidades dentro del  Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), responsables de esclarecer la verdad y brindar garantías de no repetición a territorios, organizaciones, comunidades, movimientos sociales y colectivos, no han mostrado voluntad para cumplir.» Para ella, la decisión de la JEP ayuda a avanzar en ese sentido, por lo que la Uariv debería coadyuvar «y no poner trabas ni poner de por medio asuntos burocráticos o técnicos».

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En octubre de 2008, El Oso aceptó que desapareció a Apolinar. “En Justicia y Paz no han encontrado ni ubicado su cuerpo. En justicia administrativa estamos esperando la audiencia inicial después de cinco años”, dice Adil Meléndez, abogado de San Onofre que lleva el caso de Apolinar.

Con la captura de El Oso en 2004, la desmovilización de los paramilitares y el inicio de las versiones de los excombatientes en Justicia y Paz, Adiela y sus dos hijos regresaron al corregimiento Libertad. Hizo la denuncia de la desaparición de su esposo, la incluyeron en el Registro Único de Víctimas y en una audiencia en Barranquilla le envió por escrito una pregunta a El Oso. “Cuando se llegó el momento de hacerle la pregunta, él dijo que había mandado a desaparecer a Apolinar. Aunque dijo que como venía de Córdoba, todos los cordobeses que iban a esa zona eran milicianos. En otra audiencia pidió disculpas y yo le dije que dejó a mis hijos sin el papá”, dice Adiela.

Si estuviera vivo, Apolinar tendría 49 años. Han pasado 17 años desde su desaparición. Magalis, la hija mayor, hoy tiene 24, y Carlos Alberto, 22.

Adiela se juntó con otro hombre, pues vio en esa unión la posibilidad de mantener a sus hijos. Hoy continúa como ama de casa, es abuela de dos niños y espera encontrar el cuerpo de Apolinar. Es su búsqueda, como la de las demás familias de Libertad y San Onofre, que esperan la verdad sobre la desaparición de los suyos.

* Este artículo fue publicado originalmente el 14 de mayo de 2020, aquí.