La comisionada Ángela Salazar explicó que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición no quiere una verdad justificadora, sino una verdad que les permita a los colombianos reflexionar sobre el daño causado.
Por Camilo Castañeda Arboleda
A finales de mayo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia cumplirá un año y medio desde que entró en funcionamiento el 28 de noviembre de 2018; es decir, la mitad del tiempo que tiene para producir un informe de verdad sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias del conflicto armado. Sin embargo, los recortes a su presupuesto: en 2019 del 40 por ciento y en 2020 del 30 por ciento, y el confinamiento ante la propagación de la COVID-19, que entre otras cosas les impide a los comisionados recoger testimonios frente a frente, afectando la elaboración de dicho informe.
A la fecha, la Comisión ha recopilado cerca de 13 mil testimonios en los que las víctimas son el eje central. No obstante, este trabajo también implica recoger la voz de las personas que hicieron parte de los grupos armados legales e ilegales, así como de empresarios, finqueros, políticos y funcionarios públicos que fueron afectados durante la guerra, que se beneficiaron de ella o que tuvieron alguna relación con los grupos armados.
Para profundizar en el futuro de la Comisión de la Verdad y en el proceso de recolección de testimonios, hablamos con la comisionada Ángela Salazar, designada para la región Pacífico, quien dijo que los aportes de los actores directos del conflicto y el reconocimiento de sus actos, ante las víctimas y la sociedad, son acciones imprescindibles que promueve la institución para contribuir a la reconciliación en Colombia. “Ellos nos dirán la verdad desde su perspectiva, el trabajo de nosotros es contrastar eso que dicen”.
¿Cómo va el proceso de la Comisión frente a ese desafío de esclarecer la verdad acerca del conflicto armado en el país?
La Comisión ha recogido cerca de 13 mil testimonios de víctimas, que son el eje central del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Pero también es cierto que debemos recoger los testimonios de los responsables de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, de las instituciones del Estado y del sector económico. Algunos han querido hablar de su victimización y también de cómo hicieron parte del conflicto armado. Es un trabajo muy acelerado, pero muy profundo y respetuoso con las víctimas y las personas que quieren aportar su verdad.
La construcción de la verdad es una apuesta política desde el Sistema Integral que se refleja en nuestro trabajo, en el de la Justicia Especial para la Paz y en el de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Nosotros tenemos claro que tenemos tres años para entregar el informe final, como lo indica el mandato.
Sabemos, igualmente, que aunque lo llamemos informe final, no es en sí una verdad absoluta, sino que es la apertura para construir esas verdades que estamos buscando. En muchos países tenemos ejemplos de que los relatos siguen saliendo a flote después de los informes. Y aquí en Colombia tenemos una particularidad: el conflicto armado se ha reconfigurado. Ese es uno de los temas de análisis, ¿por qué la persistencia del conflicto armado?
En la Comisión usted tiene a su cargo la región del Pacífico que es, justamente, una de las zonas más afectadas por los actores armados en la actualidad. ¿Cómo es el trabajo con estas poblaciones?
La región Pacífica junto con el Catatumbo son las que viven situaciones más complejas, en el marco del conflicto armado actual, por el narcotráfico y el tema de fronteras. El Pacífico con el tema de frontera es muy difícil de trabajar, en el norte está el tapón del Darién y en el sur está Ecuador. Además los territorios son muy alejados de los cascos urbanos, están aislados, se comunican por ríos, por lo que es difícil llegar como quisiéramos. Por eso creamos unos equipos móviles que van a los territorios más alejados y esos equipos son los que recogen los testimonios, ellos están en los territorios.
¿Cómo afecta al trabajo de la Comisión la actual situación de confinamiento para controlar la propagación del coronavirus?
No hemos dejado de trabajar: hacemos reuniones y entrevistas virtuales con las víctimas y aprovechamos para hacer un trabajo intenso entre nosotros. Pero debido al confinamiento no podemos visitar los territorios, la escucha es virtual y eso tiene unas dificultades para los testimonios, porque la presencia física en estos temas es necesaria, es ahí donde podemos entender los impactos de salud mental que ha dejado el conflicto armado, de acuerdo con el lenguaje no verbal que expresan las personas.
Por otro lado, el Gobierno les pidió un aporte voluntario a todas las instituciones para apoyar la situación. Pero este año nos habían reducido ya el 30%, el año pasado nos habían reducido el 40%, y sabemos que el año entrante también va a ser difícil el tema de los recursos económicos. Eso me preocupa porque la reducción de recursos nos limita, por ejemplo, para contratar a las personas que hacen parte de la Comisión. Sin plata, cómo hacemos.
¿Esta situación afecta la elaboración del informe final de verdad que le deberá entregar la Comisión a la sociedad colombiana?
Sí, eso nos dificulta porque el tiempo corre aceleradamente. Ya teníamos la preocupación por los recursos económicos, que es un tema en el que nos ha ayudado mucho la cooperación internacional, y ahora tenemos la dificultad de trabajar bajo estas condiciones.
Por fortuna, hemos recibido en los últimos meses apoyo de las universidades y de organizaciones de derechos humanos que aportan informes e insumos que nos sirven para elaborar el informe.
La Fuerza Pública nos dio otros informes, hemos conversado con la Policía, el Ejército y con los ex integrantes de los actores armados, con quienes tenemos una mesa de trabajo que ahora también funciona de manera virtual. Seguimos profundizando en entrevistas colectivas e individuales con ellos, sabemos que ellos nos van a decir su verdad y la tarea nuestra será ir más allá. Escuchar bien de lo que hablan y consultar qué investigaciones previas hay para contrastar esa verdad que nos plantean.
¿Cómo ha sido el trabajo con los actores directos del conflicto?
Ellos nos dirán la verdad desde su perspectiva, el trabajo de nosotros es contrastar eso que dicen, les hemos dicho a todos que no queremos una verdad justificadora, queremos una verdad que le permita a la sociedad colombiana reflexionar sobre la magnitud del daño causado, para que empecemos a analizar que esto no puede volver a pasar; aunque sigue pasando en la actualidad, pero hay que tener un horizonte de futuro que sea la no repetición.
Con las FARC, por ejemplo, tuvimos un ejercicio de escucha. A través de unas preguntas que les hicimos, ellos respondieron y reconocieron su responsabilidad sobre asuntos como el reclutamiento, el secuestro o la toma de pueblos, como algunos de los errores más graves que cometieron. También saben que tienen que pedirle disculpas a la gente que afectaron y a la sociedad en general. Nosotros insistimos en que esos actos no pueden ser de dientes para afuera, sino que sea un perdón que logre cambiar la perspectiva de una sociedad que ha vivido el conflicto.
El mandato también nos pide escuchar el paramilitarismo y con ellos tenemos varias experiencias, por ejemplo, la de un comandante de las Autodefensas del Magdalena Medio que contó que su hijo descubrió quién era él y eso le cambio la visión de la vida, porque el hijo le recrimina el haber matado a niños. Situaciones como estas las tenemos que analizar, cualquiera que sea el actor, legal o ilegal, sabiendo que todos causaron unos daños muy profundos.
Y hay un asunto, y es que el soldado raso es el hijo del que anda a pie, de mi familiar, de mi vecino, entonces cómo no me voy a reconciliar con él cuando toma la decisión de dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.
En aras de promover la convivencia y los espacios de encuentro entre víctimas y excombatientes del conflicto, ustedes han realizado una serie de eventos ¿Qué importancia tienen esas actividades para la sociedad colombiana?
En los ejercicios de escucha masiva, que son las audiencias por la no repetición, preponderamos las voces de las víctimas y también llamamos la atención sobre situaciones actuales como el asesinato de líderes sociales. Estos espacios sirven para el empoderamiento político de las víctimas. También tenemos otras actividades donde están los exintegrantes de grupos armados, los encuentros por la verdad sobre afectaciones a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Este último fue supremamente emocionante por vimos cómo los niños hablaron, y a veces, como adultos, no incluimos sus voces en ese diálogo de lo que es el conflicto armado. Todos esos testimonios son muy valiosos para la Comisión, pero también el reconocimiento público del daño causado que ha sido expresado por los excombatientes.