Catorce casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en Casanare y Boyacá, entre 2005 y 2008, componen el informe ‘Simulando la victoria’, que fue entregado a la Comisión de la Verdad por organizaciones de víctimas y derechos humanos.
Por Adrián Atehortúa
Los primeros indicios de que sucedía algo anormal con algunos casos de desaparición y posterior asesinato en el departamento de Casanare y Provincia La Libertad, Boyacá, surgieron cuando los abogados del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) revisaron los expedientes de varios procesos que representaban desde 2005 ante la justicia ordinaria. Cruzando la información y haciendo análisis cuantitativos y cualitativos, los defensores advirtieron que las desapariciones podrían ser consecuencia de ejecuciones extrajudiciales, conocidas popularmente como ‘falsos positivos’.
Avanzando en esa vía, detectaron 14 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que sumarían un total de 23 víctimas entre 2005 y 2008. Todas coincidían en apuntar como principales sospechosos, de una u otra manera, a miembros de la Brigada XVI adscrita a la IV División del Ejército que operaba en la zona. Desde entonces, la pugna por saber la verdad sobre lo que realmente pasó con las víctimas y por judicializar a los responsables ha tomado poco más de diez años.
El más reciente esfuerzo en esta vía fue el informe Simulando la victoria, entregado el 15 de febrero de 2020 a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV), por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
De esta manera, las víctimas pretenden llevar a la Comisión de la Verdad y a la sociedad colombiana los relatos de las ejecuciones extrajudiciales “como una de las violaciones a derechos humanos más graves y representativas que padeció el país en sus historia reciente (…) con el fin de que estos sean tenidos en cuenta en la construcción del Informe Final de dicho organismo, y sean emitidas recomendaciones para garantizar su no repetición, lo que cobra relevancia si se analiza que hoy en día se siguen denunciando casos de este tipo en diferentes lugares del país”, anotó un comunicado de las organizaciones que elaboraron Simulando la victoria.
Sobre el proceso de investigación del informe, Lina Hurtado, una de las investigadoras, explicó: “teníamos la opción de enfocar la investigación en Casanare o en la Brigada XVI. Escogimos ese último enfoque porque así teníamos un caso más delimitado que tuviera un análisis de responsabilidad mucho más concreto. Si nos hubiéramos enfocado en Casanare también hubiéramos tenido que investigar otras seis brigadas que operan ahí. De todas esas, elegimos la decimosexta porque es muy representativa en todo el fenómeno: en sus patrones, en orden de operaciones, en actos de recompensa”.
La decisión de poner en evidencia el caso específico de la Brigada XVI, que ha involucrado judicialmente a más de 70 militares, según datos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, se debió también al desafío que implicaba investigar las operaciones extrajudiciales por departamentos, labor que superaría las capacidades de la mayoría de organizaciones dedicadas a ello, precisó Hurtado.
Solo en Casanare, el segundo departamento más afectado después de Antioquia, se presentaron más de 300 casos entre 2005 y 2007, según refirió el informe Ni víctimas ni combatientes, presentado a la Jurisdicción Especial de Paz el 16 de agosto de 2018 y realizado por el mismo equipo de investigación que elaboró Simulando la victoria.
Ni víctimas ni combatientes, documentó jurídicamente los casos de 21 personas que desaparecieron y murieron en ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la Brigada XVI, división que enfrenta más de 58 procesos por casos de este tipo, ocurridos entre 2005 y 2007, según registros de la Fiscalía General de la Nación citados en el informe.
A diferencia del informe de 2018, que tenía un enfoque más cuantitativo y jurídico, Simulando la victoria priorizó la elaboración de relatos de los familiares de las víctimas a través de talleres, en un proceso que tomó más de diez meses e hizo énfasis en los detalles de patrones y descripciones cualitativas.
“Nuestra apuesta con estos informes ha sido demostrar que absolutamente en todas las unidades militares y todos los departamentos del país, exceptuando San Andrés y Providencia, hubo prácticas de ejecuciones extrajudiciales, y que hubo un sistema de incentivos, recompensas y beneficios a cambio de resultados. Eso implica una responsabilidad del Estado y le apostamos a que el Estado lo reconozca”, manifestó Lina Hurtado.