Cuatro organizaciones sociales presentaron dos informes a la Comisión de la Verdad en los que se refieren al desplazamiento forzado, el despojo y la acumulación de tierras, que facilitó un modelo de “acumulación por desposesión” en Urabá y Bajo Atrato.
Por: Juan Camilo Gallego Castro – Agencia de Prensa IPC
La de Urabá ha sido una lucha por la tierra en el último medio siglo. Para obtenerla, parte del Estado, las Convivir y el paramilitarismo, utilizaron la violencia (asesinatos, desapariciones, violencia sexual, desplazamiento forzado y exterminio de las disidencias políticas y expresiones sindicales) para implementar un modelo agroexportador e inmobiliario, al que cuatro organizaciones sociales denominan “acumulación por desposesión”.
Ese modelo inicia en los años sesenta, cuando empieza a configurarse el sector bananero en el Urabá, una vez llega en 1959 la Frutera Sevilla, filial de la United Fruit Company. Sin embargo, fue hasta los años noventa cuando se desplazan del Urabá más de 180 mil personas entre 1995 y 1997 y empieza a darse un “plan criminal” entre agentes del Estado, empresarios de la región, grupos paramilitares y Convivir para desplazar, primero, luego despojar las tierras, legalizarlas, y así extender el modelo.
Ese fue propicio “como mecanismo de sometimiento y control y, a la postre, como factor de sostenibilidad, permanencia y dominio del territorio por parte de narcotraficantes, paramilitares y empresarios bananeros, palmicultores, ganaderos y del sector de infraestructura. Esto en un periodo de larga duración comprendido entre 1960 y 2016”, es una de las conclusiones del informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá, que entregaron a la Comisión de la Verdad, el pasado 2 de diciembre, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Fundación Forjando Futuros (FFF).
“En el informe no ignoramos que los empresarios fueron víctimas de las guerrillas y de la insurgencia, pero nosotros lo que queremos controvertir es que el hecho de ser víctimas no podía ser la justificación para la agresión que cometieron contra las comunidades”, dice Martha Peña, investigadora del IPC, además controvierte el discurso que dice que el empresariado se encargó del desarrollo del Urabá, “pero no dicen cómo lo hicieron”.
Banano, palma y ganado
En los años sesenta el Gobierno incentivó a los empresarios nacionales para que compraran tierras en el Urabá. La compra, en algunos casos, se caracterizó por la presión a los pequeños propietarios para que abandonaran la tierra y la expulsión de los viejos colonos. En los setentas se consolidó una agroindustria que creció rápidamente para la década siguiente. En 1982, por ejemplo, los cultivos de banano pasaron de 10.000 hectáreas en 1960, a 19.300 en 1982. A la par, crecieron las hectáreas dedicadas al arroz (de 1.900 a 6.800) y la ganadería (de 179.000 hectáreas a 362.000).
Para que creciera este modelo, dice el informe, fue determinante la llegada de los empresarios a una región con poca presencia estatal, lo que facilitó anexar más tierras al modelo, además del beneficio que recibieron de gobernantes, funcionarios públicos e instituciones del Estado. Sin embargo, es en los setentas cuando inician las primeras confrontaciones, cuando aparecen las primeras guerrillas como Farc y EPL, y los primeros sindicatos de trabajadores bananeros.
“Ante esto, la respuesta de los empresarios fue una estrategia de violencia en la que bananeros, ganaderos y narcotraficantes, supuestamente temerosos de un levantamiento popular y también por cercanía ideológica entre grupos guerrilleros, organizaciones sindicales y partidos políticos como la Unión Patriótica, Frente Popular y Partido Comunista, emplearon estructuras sicariales buscando asesinar a su dirigencia representativa”, dice el informe. Y agrega que el uso de la violencia, utilizada primero para resolver conflictos laborales, sirve luego “para instaurar un orden social y político favorable al modelo agroindustrial”, que se identifica en el exterminio de una fuerza política como la Unión Patriótica. Aunque en un principio los empresarios se apoyaron en las fuerzas del Estado, luego, junto con sectores narcotraficantes, impulsaron la creación y expansión del paramilitarismo.
En 1985 surgió el grupo de autodefensas de Fidel Castaño en la finca Las Tangas, en Valencia, Córdoba, y luego se extendió hacia Urabá. En esta región cometen las masacres de 1988, cuando el país estaba ad portas de las primeras elecciones municipales y la Unión Patriótica entraba en la contienda electoral. Los paramilitares de Castaño cometieron masacres en el caserío de Villavicencio en Valencia, Córdoba (octubre/88); la masacre de Honduras y La Negra, en Turbo (marzo/88); Punta Coquitos, Turbo(abril/88); la masacre de Pueblo Bujo, en Montería (noviembre/89); y la masacre de 42 campesinos en Pueblo Bello, Turbo (enero/90).
En sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en 2013, se cita el testimonio de Hebert Veloza, conocido como H.H., cuando asegura que “los bananeros son tan o más responsables que nosotros en todo lo que pasó en Urabá porque fuimos de finca en finca prohibiéndoles a los trabajadores hacer paros armados. Uno iba uniformado con cuchillo en la mano diciéndoles que quien hiciera paro lo matábamos. ¿Por qué? Por buscar los beneficios de los empresarios bananeros, ellos fueron los que se beneficiaron de la guerra. Ellos y ninguno está pagando. Ninguno está detenido, ninguno investigado, ninguno ha puesto un peso para la reparación y ellos fueron los que realmente se beneficiaron.”
También lo dijo Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como Monoleche: “no solo los bananeros solicitaron el ingreso de los paramilitares, también los ganaderos le piden apoyo a Castaño para repeler la guerrilla de las FARC que está cooptando territorios en los que antes hacía presencia el EPL e incluso los ganaderos designan hombres para que lideraran el accionar en la zona.”
La pacificación de Urabá
En tres años, entre 1995 y 1997, se consolida el modelo y coinciden tres fenómenos: la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), la proliferación de las Convivir en la gobernación de Álvaro Uribe Vélez en Antioquia, y la presencia de la Brigada XVII que comandaba Rito Alejo del Río.
En esos años se dará el abandono masivo de las tierras a causa del conflicto, proliferan las ventas forzadas, la adjudicación irregular de baldíos y la falsedad de títulos. Para que ello funcionara, era necesaria la acción armada contra comunidades y líderes, la acción del poder político y económico, y el apoyo militar e institucional. El plan se compuso de cuatro fases, entre 1995 y la actualidad: desplazar a las comunidades, asegurar militarmente los territorios, expandir los agronegocios y mantener el control militar de la región.
En este sentido, el informe insiste en el papel que tuvieron las Convivir en ese denominado plan criminal. “La Convivir Papagayo, el más consolidado de los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad en Urabá y un apéndice de las estructuras paramilitares, fue la asociación de seguridad que recibió los recursos económicos que aportaron las empresas del sector agrícola a las autodefensas, contribuciones voluntarias y periódicas que se mantuvieron desde 1997 hasta el 4 de febrero 2004”, dice el informe. Uno de los ejemplos es el de Chiquita Brands, que aceptó ante el Tirbunal de Columbia, Estados Unidos, el pago de 1.7 millones de dólares a los paramilitares.
Por lo anterior, Martha Peña controvierte a los empresarios del Urabá, al insistir que sí fueron víctimas, “pero también cometieron de manera articulada, con el Estado, el paramilitarismo y las convivir, una agresión que produjo altos niveles de desplazamiento y despojo del territorio para alcanzar un enriquecimiento, e incluso decimos que ese modelo continúa por toda esa impunidad”.
Solo en 1997, en la región hubo 116.972 personas desplazadas, 1079 personas desaparecidas y 104 víctimas de masacres. “Las acciones violentas desarrolladas […] tuvieron como fin consolidar un proyecto económico y político de control social y territorial que permitiera expulsar a las comunidades campesinas, originarias y negras para acumular tierras, implementar modelos de producción agroindustrial de palma y banano y de ganadería extensiva, construir megaproyectos como la Carretera Panamericana y los tres puertos en Urabá (Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, en Turbo, y Darién International Port, en Necoclí) y llevar a cabo proyectos de extracción minera en el Bajo Atrato (Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica) y petrolera en la Larga Tumaradó”, asegura el informe.
Luego vino la creación de asociaciones que recibían los aportes de los empresarios, además de las Convivir, y luego se transferían a las AUC. También se consolidó un proyecto político con candidatos que luego fueron alcaldes, concejales, diputados y representantes a la Cámara. Es llamativo el papel del entonces senador Rubén Darío Quintero, quien presentó el Proyecto de Ley 68 de 2006, con el cual los notarios tuvieron la posibilidad de legalizar predios, una figura que permitió el despojo legal en el Urabá.
Para los investigadores, “la violencia generada por estas estructuras herederas del paramilitarismo continúa asociada a la protección y desarrollo de los proyectos económicos articulados al modelo de acumulación por desposesión en Urabá, especialmente con los sectores agroindustrial, minero y de infraestructura”.
Al continuar el denominado plan criminal, se han protegido la propiedad y el uso de las tierras despojadas, las cuales están aseguradas, de acuerdo con el informe, por grupos armados al servicio del sector privado y las estructuras herederas del paramilitarismo. En la última década, por ejemplo, fueron asesinados 25 reclamantes de tierras de Urabá y recientemente fueron capturados nueve campesinos reclamantes de tierras, desplazados entre 1995 y 1997, y hoy acusados de los delitos de desplazamiento y concierto para delinquir por quienes ocupaban las tierras abandonadas o despojadas durante la violencia.
En los últimos años, indica el informe, se desplegaron “artimañas políticas y jurídicas para tratar de tumbar la restitución de tierras”, muestra de ello es que, de las 6.880 solicitudes presentadas a la Unidad de Restitución de Tierra, solo se ha restituido en 195 casos, por medio de 146 sentencias.
| Reclamantes de tierras asesinados | Fecha del homicidio |
|---|---|
| Juan Agustín Jiménez Vertel | 20 de julio 2008 |
| Alexander Gómez | 25 de julio 2008 |
| Valdiris Padrón | Julio 2008 |
| Benigno Antonio Gil Valencia | 22 de noviembre 2008 |
| Jaime Antonio Gaviria | 5 de diciembre 2008 |
| Argenito Díaz | 14 de enero 2010 |
| Albeiro Valdéz Martínez | 11 de mayo 2010 |
| Hernando Pérez Hoyos | 19 de septiembre 2010 |
| Germán Marmolejo | Septiembre 2010 |
| David de Jesús Góez | 3 de marzo 2011 |
| Alejandro Antonio Padilla Morelos | 17 de noviembre 2011 |
| Leoncio Manuel Mendoza Mejía | 26 de noviembre 2011 |
| Manuel Ruíz | 24 de marzo 2012 |
| Samir de Jesús Ruíz Gallo | 24 de marzo 2012 |
| Reinaldo Domicó | 1 de enero 2013 |
| Arlenis Reyes | 1 de agosto 2013 |
| Adán Bernardo Quinto | 9 de abril 2014 |
| José Cartagena | 10 de enero 2017 |
| Porfirio Jaramillo | 29 de enero 2017 |
| Jesús Alberto Sánchez Correa | 19 de agosto 2017 |
| Mario Castaño Bravo | 26 de noviembre 2017 |
| Hernán Bedoya | 8 de diciembre 2017 |
| Gonzalo Antonio Martínez | 20 de julio 2017 |
| Adrián Pérez | 23 de junio 2018 |
| James Luis Jiménez | 20 de abril 2018 |
Un informe para el esclarecimiento
El comisionado Alejandro Valencia (der.) recibe de las comunidades el informe sobre Urabá. Foto: Agencia de Prensa IPC.
Alejandro Valencia, integrante de la Comisión de la Verdad y encargado de Antioquia y el eje cafetero, recibió dos informes de las organizaciones y las comunidades. El primero sobre el modelo de acumulación por desposesión y el segundo. “La mejor esquina de América: territorios despojados”, sobre el Bajo Atrato.
Si bien a la Comisión le restan dos años, Valencia dice que son pocos los casos de los denominados “terceros civiles” que se han acercado a contar su verdad del conflicto armado. Aunque no hay cifras, dice que los terceros “no están llegando de manera masiva, muy esporádica. Esperemos que acudan y que aprovechen este espacio. Nosotros estamos incrementando la citación voluntaria de ellos para que acudan a la Comisión”.
Con relación a los informes, considera que son importantes para ellos y más si se refieren a las responsabilidades de algunos sectores en el marco del conflicto.
“Hoy le decimos a la Comisión de la Verdad que llame a los bananeros, ganaderos, palmicultores y los invite a hacer un acto de reconocimiento sobre su participación y su responsabilidad en el conflicto armado. El reconocimiento de responsabilidad sería un primer acto de reconocimiento de las víctimas”, dice Martha Peña, investigadora del IPC.
