Colombia vive una oleada de protestas sin precedentes que demanda cambios radicales en políticas sociales y de seguridad. Los manifestantes no se sientes representados por el gobierno actual, una continuidad de las políticas de Álvaro Uribe.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto: Juan Camilo Castañeda
La politóloga Vivian Vivas Albán, una estudiosa de la doctrina denominada como Seguridad Democrática, habló con Hacemos Memoria y desglosó los orígenes de esta política que en un principio fue aceptada por gran parte de la población, en un periodo de la historia donde se le exigió al gobierno garantías de desarrollo y una mano fuerte en contra de las FARC, luego del fracaso del proceso de paz emprendido por el presidente Andrés Pastrana.
Vivian Vivas resalta que la protesta social actual en contra del gobierno de Iván Duque es el resultado de años de represión y de un discurso guerrerista a la par de políticas que parecen beneficiar a las clases más poderosas, dentro de un marco de represión policial que lo que ha provocado es avivar la chispa de la protesta.
¿Cuál es el origen de la llamada Seguridad Democrática?
La Seguridad Democrática fue un concepto acuñado a principios de la década de 1990 por los chilenos Juan Somavía y José Miguel Insulza para designar un conjunto de nuevos objetivos y retos de los estados latinoamericanos en varios campos.
En el aspecto político destacaron la necesidad por parte del Estado, de contar con instituciones fuertes y estables, y garantizar los derechos humanos; en el plano económico subrayaron la importancia de desarrollar la economía nacional, satisfacer las necesidades básicas de la población, disminuir los niveles de pobreza, expandir la economía creando mercados internos dinámicos, así como una inserción selectiva en la economía mundial.
En el ámbito de lo social, situaron como requisito la solución a problemas básicos (vivienda, salud, alimentación), ambientales, culturales, sanitarios y educativos de la población.
Para alcanzar dichos objetivos los autores proponían como condición la integración política y económica de los países latinoamericanos, la reorganización y democratización de las relaciones internacionales y el equilibrio en términos de intercambio comercial, advirtiendo que las amenazas a la seguridad democrática de los países latinoamericanos están relacionadas con políticas que vulneran la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
En Colombia, en el marco del proyecto Talleres del Milenio coordinado por el economista Luis Jorge Garay en 2002, un sector académico y político definió la Seguridad Democrática como el conjunto de condiciones que permiten a los grupos, comunidades y organizaciones de la sociedad disfrutar de los derechos fundamentales y actuar libremente en la búsqueda de su desarrollo humano y progreso colectivo, sin que exista peligro de intimidación o amenazas de daño por parte de grupos armados. La seguridad es integral y el reto se centra principalmente en generar procesos de inclusión social, política, económica y cultural para los colombianos.
Ninguna de las anteriores acepciones limitó o asimiló la seguridad a la tradicional seguridad nacional basada en la defensa interna y externa. Ambas colocaron el acento en las condiciones sociales, políticas y económicas de la sociedad y el goce de derechos y libertades en el marco de la democracia.
En 2002, el presidente electo, Álvaro Uribe Vélez, se apropió el concepto de Seguridad Democrática y lo presentó como bandera de su gobierno. Sin embargo, éste distó mucho de las concepciones que acabo de mencionar y más bien su política de seguridad se identificó con los principios, postulados y métodos de la tradicional Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) que se implementó en varios países de América Latina a partir de la década de 1960.
Pero esta política de Seguridad Democrática no significó un cambio radical en la política de seguridad del país, sino que constituyó la continuación de las políticas de seguridad anteriores con ciertas modificaciones dadas por el contexto. Es decir, Colombia nunca abandonó la DSN, sino que la fue desarrollando a lo largo de los sucesivos gobiernos civiles desde 1962.
Cabe recordar que la Doctrina de la Seguridad Nacional fue una estrategia político-militar diseñada por Estados Unidos en la administración de J.F Kennedy bajo el contexto de la Guerra Fría, para contener y combatir el comunismo internacional en los países de América Latina a través de acción cívico-militar.
Esta Doctrina se implementó bajo la forma de dictaduras militares (Brasil, Argentina, Chile) o bajo la forma de gobiernos civiles, formalmente democráticos, aunque con rasgos marcadamente militares y autoritarios como en el caso de Colombia.
¿Cuáles son las principales características del discurso de la Seguridad Democrática?
Lo interesante en el discurso y la Política de la Seguridad Democrática del gobierno de Uribe son las similitudes que tiene con la Doctrina de la Seguridad Nacional. Lo que propongo en la monografía es que la Seguridad Democrática se inscribe en la Doctrina de la Seguridad Nacional. A continuación, voy a esbozar los principales puntos de contacto o continuidad entre las dos.
La Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, que implicó un alto nivel de intervención de Estados Unidos en el ámbito político, social, económico y militar colombiano, mantuvo y fortaleció los siguientes aspectos de la DSN:
1. Enarboló la seguridad de la Nación como el principal objetivo general del Estado, asimilando los intereses de la sociedad con los intereses del Estado.
2. Lo político se subordinó a lo militar y en muchas ocasiones se dio un tratamiento simplista y tecnocrático a los grandes problemas del país (falta de empleo, cultivos de uso ilícito, concentración de la tierra, vacíos en los procesos de formalización, inequidad, corrupción, pobreza, desplazamiento, etc.).
3. Se hizo una alusión constante a la latencia o permanencia del estado de guerra o caos interno bajo el accionar de grupos terroristas para legitimar el Estado de Seguridad Nacional.
4. Se asumió la concepción del ‘enemigo interno, absoluto e irracional’ que debe ser combatido por el Estado mediante una guerra total y justa en la cual se combinan todas las formas de lucha, siendo la guerra psicológica una de las más importantes. Derivado del punto anterior, el conflicto armado interno fue negado y el discurso y la política de seguridad ubicó a las guerrillas como grupos terroristas a ser eliminados o asimilados, descartando opciones de negociación que implicaran reformas estructurales en el ámbito político, social y económico del país.
5. De su parte, el conflicto social interno fue asumido como una amenaza a la unidad y seguridad del Estado, y en esa medida se le dio un tratamiento policivo y militar sin espacio a la expresión de la contingencia y la pluralidad existentes en la sociedad. Ésta se convirtió en escenario de guerra dividido en bandos de amigos y enemigos del régimen. La militarización de la sociedad con las Zonas de Rehabilitación y Consolidación y la criminalización de la protesta fueron características de este régimen.
6. El pueblo fue asumido en dos dimensiones contrarias: 1. como recurso clave de la seguridad nacional dentro de la estrategia contrainsurgente o antiterrorista (el pueblo como informante -red de informantes y cooperantes-, tributador y apoyo logístico o militar del Estado de Seguridad -soldados campesinos-), y 2. el pueblo como adversario y antagonista, cuando ha sido manipulado por la ideología comunista y se opone (ilegítimamente) a los objetivos del Estado.
7. Ligado a la concepción anterior se produjo el debilitamiento de lo público y se limitó la participación ciudadana a la asistencia de la población a los Consejos Comunales de Gobierno, creados y direccionados desde la Presidencia.
8. Las fuerzas militares continuaron desempeñando un rol central en la política de seguridad interna, así como de algunos aspectos de la política social del Estado, y se promovió su fortalecimiento económico, técnico y político con inversiones ingentes, siguiendo la línea de modernización trazada con el Plan Colombia bajo la asesoría de Estados Unidos.
9. Se recurrió al estado de conmoción interior (estado de excepción constitucional limitado por la Constitución Política de 1991), con el fin de restringir derechos, libertades y garantías constitucionales y adelantar reformas por fuera de los escenarios de representación y discusión política legalmente establecidos. Tras asumir el poder, Uribe declaró el estado de conmoción interior bajo el cual creó las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, y un impuesto de guerra, aunque dicho estado fue declarado inconstitucional por la Corte en 2003.
10. Se dieron varios intentos de reforma política, reforma a la justicia y reformas constitucionales que buscaron fortalecer el poder del Ejecutivo, aumentar la libertad de acción de los militares y limitar las funciones de organismos garantes y de control como la Corte Constitucional, la Procuraduría, las defensorías y las personerías municipales, así como el alcance de la acción de tutela. Todas entidades y herramientas relacionadas con la defensa y garantía de los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas en Colombia.
11. Bajo el Estado de la Seguridad Democrática, se dio lugar a la violación sistemática de los Derechos Humanos consagrados en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales ratificados por Colombia: los medios de comunicación fueron censurados, se adelantaron detenciones arbitrarias, allanamientos, persecuciones políticas y judiciales a los contradictores del gobierno, así como confinamiento y/o desplazamiento de comunidades étnicas y campesinas en el marco de operaciones militares y de erradicación de cultivos ilícitos con aspersiones aéreas.
También aumentaron las amenazas y asesinatos selectivos a líderes sociales, y las desapariciones y masacres atribuidas a miembros de las fuerzas militares o grupos paramilitares como parte de tácticas contrainsurgentes y de control territorial dentro de la guerra psicológica (Chocó, Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena Medio, Ciénaga Grande, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, etc.).
Los llamados “falsos positivos”, alrededor de 2.200 jóvenes civiles, la mayoría de escasos recursos, reclutados y luego asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate entre 2006 y 2009, constituyeron uno de los episodios más dolorosos de la guerra contra la sociedad bajo los lineamientos autoritarios y antidemocráticos de la Seguridad Democrática.
El Estatuto Antiterrorista presentado en 2003 y declarado inexequible por la Corte Constitucional en agosto de 2004, contemplaba el empadronamiento o listas de vecinos, los allanamientos, la interceptación de comunicaciones y detenciones sin orden judicial previa y el otorgamiento de funciones de policía judicial a los militares, entre otros, aspectos que fueron la regla en las Zonas de Rehabilitación creadas por el Gobierno.
12. Finalmente, los “objetivos actuales del Estado” correspondieron con los objetivos económicos del gran capital, de manera que bajo la Seguridad Democrática se adelantaron políticas de naturaleza neoliberal y proyectos de desarrollo económico promovidos por Estados Unidos y la banca multilateral (Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). Así se dio continuidad a medidas de apertura económica con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (2006), la flexibilización laboral, implementación de esquemas de intermediación laboral, disminución del tamaño del Estado con la privatización de empresas y servicios públicos (bajo este gobierno se reestructuraron y liquidaron alrededor de 400 entidades públicas, siendo una de las más emblemáticas TELECOM), políticas de ajuste estructural con recortes en gasto público, reformas tributarias regresivas con beneficios para las grandes empresas nacionales y multinacionales, reforma educativa bajo criterios empresariales y de mercado, y aumento y consolidación de la concentración de recursos productivos como la tierra, por vías legales e ilegales, entre las más importantes.
¿A qué se debió la enorme aceptación de la Seguridad Democrática con la llegada de Uribe al poder?
Primero, un poco de contexto. El presidente Andrés Pastrana (1998 – 2002) había llegado al poder sobre la propuesta de establecer negociaciones con las FARC, y el deseo de vastos sectores populares de dar solución a uno de los principales factores de la violencia en el país. Sin embargo, el proceso se desarrolló en medio de dificultades de diverso orden: continuación de hostilidades de ambas partes, falta de financiamiento para la implementación de lo pactado –sobre todo en el tema productivo y social-, fortalecimiento del paramilitarismo, estancamiento de las conversaciones, propuestas de intervención militar a la zona de despeje por parte de las fuerzas armadas, etc.
Es significativo el hecho de que el presidente Pastrana haya intentado adelantar reformas políticas por fuera del proceso de paz, dominando la idea de que las cuestiones centrales del país no se discuten con los grupos insurgentes. Así, en momentos en que se empezaban a debatir temas como la tregua bilateral, la Asamblea Nacional Constituyente, el referendo, el Gobierno decidió cambiar el grupo de negociadores, dejando sin espíritu el proceso.
Sin embargo, lo clave en el fracaso de esta política de paz fue que se desarrolló paralelo a la implementación de una política de guerra inscrita en la Doctrina de la Seguridad Nacional: el Plan Colombia, diseñado por Estados Unidos para combatir la amenaza del narcotráfico y el terrorismo, y consolidar su control económico y territorial en la región.
Así, ni las audiencias públicas en la zona de despeje ni la participación ciudadana en los comités temáticos lograron salvar las negociaciones y en el imaginario popular quedó la idea de un proceso de paz fallido en el que las partes, pero sobre todo las FARC, no mostraron voluntad y compromiso, continuando con tomas a poblaciones, ataques a la infraestructura económica del país, secuestros, extorsiones, asesinatos, etc.
En 2002 los acuerdos se rompieron y en el ambiente quedó la sensación de que el gobierno había entregado el país a la guerrilla y se había mostrado débil, siendo necesario un cambio radical de estrategia.
En este contexto de desgaste de una apuesta formal -que no fue real- de paz, triunfó en las urnas la propuesta de la Seguridad Democrática presentada por Álvaro Uribe Vélez, quien prometía resolver el problema de la violencia y la ingobernabilidad del país por medio del fortalecimiento de las instituciones democráticas (fuerzas armadas principalmente) y la ofensiva militar.
¿Se puede considerar la Seguridad Democrática como una política que coarta el libre pensamiento y acción?
Al moverse en los presupuestos ideológicos de la DSN y estar ligada a las transformaciones neoliberales de la sociedad bajo intereses extranjeros, la Seguridad Democrática supone el recorte de libertades civiles y políticas que son el fundamento de cualquier democracia.
Las reformas adelantadas por un régimen doctrinario generan concentración de la riqueza, precarización del trabajo y de la vida, y desigualdades sociales y económicas a las que la gente responde con diversas formas de acción política, protesta y resistencia social.
El régimen busca dar salida a la inconformidad y el conflicto social aplicando lógicas de guerra interna. De ahí que le sea natural el recurso a los estados de excepción y el uso de la violencia, y descarte como primera medida fórmulas de diálogo y concertación con los diversos sectores sociales.
Cuando el gobierno se abre al diálogo y la participación, lo hace bajo la presión de las fuerzas sociales o con la intención de relegitimar el régimen político sin comprometer las estructuras sociales ni producir una efectiva apertura democrática.
¿Cuáles son las principales falsedades que se promulgan dentro del discurso de Seguridad Democrática?
Tal vez las principales mentiras que se promulgan dentro del discurso de la Seguridad Democrática es que ésta es una estrategia que fortalece al Estado y la institucionalidad democrática, que protege y garantiza las libertades y derechos ciudadanos, y que está al servicio de todos los colombianos. El actual paro nacional frente a la gestión del gobierno de Iván Duque y en rechazo al aumento de la inseguridad y la violencia en el país, es una expresión de ello.
Al inconformismo social que sustentó la convocatoria a un paro nacional el 21 de noviembre de 2019, el gobierno de Duque respondió con acciones de intimidación y coerción tales como: propagación de mensajes televisados que desvirtuaban las razones del paro, la realización de allanamientos ilegales respaldados por la Fiscalía a instalaciones de colectivos culturales como la Revista Cartel Urbano en Bogotá (la FLIP dio cuenta de 27 de estos procedimientos en la capital) mediante los cuales se estableció un vínculo entre el paro y el terrorismo; el llamado a acuartelamiento de las fuerzas militares y policivas, el anuncio del uso de helicópteros que facilitarían el reconocimiento facial de los manifestantes, y el uso de las fuerzas del ESMAD cuyos excesos han sido registrados y denunciados por los medios.
Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, no tardó en asociar la jornada de protesta con el anarquismo internacional y el Foro de São Paulo, invalidando las razones de esta.
Detrás de las afirmaciones se hace evidente la lógica del enemigo interno y la visión de la sociedad como un campo de batalla en donde no se admiten cuestionamientos al poder.
¿Se puede hablar de fortalecimiento de instituciones y garantías democráticas bajo un gobierno que busca eliminar la protesta social y negar los problemas estructurales que dan asiento a la misma?
El discurso de la Seguridad Democrática, latente bajo el actual gobierno, se implanta en un sistema político deslegitimado por la corrupción y la falta de garantías para el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas básicas frente al que no se vislumbran salidas concertadas.
Bajo este discurso la inseguridad ha vuelto a posicionarse con el fortalecimiento de grupos armados ligados al narcotráfico, el asesinato a indígenas, líderes sociales y exintegrantes de las FARC que se acogieron al proceso de paz, el incumplimiento de los acuerdos, propuestas de reforma que desmontan garantías laborales y pensionales al tiempo que aumentan los beneficios del sector privado; la continuación de políticas de ajuste estructural con disminución del gasto social y la profundización de un modelo de desarrollo primario exportador que beneficia a grandes grupos empresariales con la promesa de incursión de técnicas como el fracking, que comprometen recursos ambientales como el agua.
Estamos pues ante una gran crisis social y política que devela la lógica de la doctrina y los intereses particulares de las clases gobernantes. El desafío siempre estará en apuestas por transformaciones sociales y políticas orientadas bajo principios democráticos e incluyentes, y entre estas transformaciones debe estar el desmonte total de la DSN como ideología rectora en el manejo del orden público en el país.