Exmiembros de las Farc llegan por múltiples razones a la capital antioqueña. Pero las garantías de prosperidad en la ciudad, por el momento, son pocas.
Por: Pompilio Peña
Foto: Oscar Andrés Pardo Vélez
En una enorme casa antigua del barrio Prado Centro funciona la sede del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). Allí, Francelly Arias es una de las más activas. Ella está pendiente de cada una de las 87 mujeres excombatientes que habitan en el Valle de Aburrá: las aconseja, les brinda ayuda y las orienta. Francelly es una de las piezas que cohesiona a un partido que, de acuerdo con sus directivas, está padeciendo una situación apenas sostenible debido a un fenómeno que en los diálogos de La Habana no se previó: la llegada casi masiva a las ciudades de excombatientes provenientes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
Según datos de la Farc, en Medellín viven 238 excombatientes, en Bello 31, en Itagüí 5, en Caldas 3 y en Girardota, Envigado y Barbosa, de a dos. En total, hay 286 reincorporados en el Valle de Aburrá, de los cuales 199 son hombres y 87 mujeres. La mayoría viven en una especie de clandestinidad ya que temen, como lo dice la misma Francelly, ser estigmatizados y amenazados. “Sabemos, incluso, que muchas reincorporadas viven en barrios muy lejanos y les queda difícil bajar a la sede para pedir orientación”, afirma.
Cuando fue firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc, se establecieron en el país 24 ETCR, de los cuales cuatro quedaron en Antioquia, en los municipios de Dabeiba, Remedios, Ituango y Anorí. Según un informe de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en el departamento hay 1.318 reincorporados. Pero un número aún incierto se ha ido concentrando en otros puntos, como lo afirma Jesús Mario Arenas Rojas, líder político del partido.
Un informe de esa colectividad afirma que los reincorporados afrontan serios problemas de garantías sociales, económicas y de seguridad en los ETCR; además reciben presiones de grupos ilegales y deben sufrir los señalamientos de las autoridades civiles y la comunidad. Esto ha provocado que, poco a poco, excombatientes se agrupen en otros municipios como Mutatá, Yondó, Urrao, Frontino y Medellín en busca de nuevas oportunidades. “En La Habana no se tuvo en cuenta lo que nosotros hoy llamamos la reincorporación urbana. En las ciudades hay mucha gente nuestra que salió de las cárceles. Nos dimos cuenta que muchos otros fueron militantes clandestinos. En el Chocó, prácticamente se acabó un ETCR donde había hombres del 34 frente y la gente se dispersó en gran medida en Medellín, al menos 50 personas”, afirma Arenas.
Para explicar aún más este fenómeno ligado a la lentitud con que se están implementando los acuerdos por parte del Gobierno Nacional, en especial en aquellos aspectos relacionados con proyectos productivos, Juan Sebastián Berrío Posada, consejero nacional de reincorporación, manifiesta que “en el Acuerdo de Paz quedó estipulado que los centros veredales, donde funcionan los ETCR, no son centro de concentración, sino que cada reincorporado podía, según su sentir, tomar un rumbo dentro de su territorio. Muchos buscaron a sus familias, otros comenzaron a trabajar donde pudieron, otros se quedaron en los ETCR y otros buscan fortuna en las ciudades”.
Fue así como la sede central de la Farc en Medellín pasó de ser una locación política a una especie de ETCR urbano. Hasta allí todos los días llegan reincorporados a buscar orientación de todo tipo. Es por ello que desde mediados del 2018 comenzaron a nacer ideas de proyectos productivos que esperan un aval del Gobierno Nacional que, finalmente, es el encargado de asignar los recursos para su implementación. “Esto porque el partido Farc tiene una serie de compromisos y porque es pobre”, afirma Berrío.
Según el funcionario, son cuatro los grandes proyectos que por el momento se están impulsando desde Medellín, con el propósito de sacar adelante las vidas de al menos 110 reincorporados que hoy viven en el Valle de Aburrá. Estos hacen parte de la Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz, Cotepaz. El primer proyecto tiene que ver con la creación de un taller para motos, del cual se beneficiarían 14 personas. A este se suma una fábrica de estampados de ropa en donde trabajarían 25 excombatientes. Una tercera idea de negocio es una agencia de ecoturismo y memoria, en donde laborarían 35 personas encargadas de guiar a turistas por zonas casi inexploradas en las regiones donde antes hubo combates. El cuarto proyecto es un mercado campesino permanente manejado por 35 mujeres, que se surtiría con productos cultivados y elaborados en los ETCR de Antioquia.
Francelly es la cabeza de este último proyecto, cuyo financiamiento se dará directamente por el gobierno de Noruega. “Lo que queremos es que se pueda implementar lo más rápido posible, ya que muchas de nuestras mujeres viven en situaciones precarias y quizá ya dentro del mercado pueda solventar más fácil sus gastos”, afirma la líder, quien añade que el espíritu ideológico de la Farc es el que ha mantenido unido el partido, “a pesar de que la ciudad es cara en comparación con el campo, ya que muchos son campesinos y campesinas que ni siquiera conocen una sala de cine”.
Otro motivo por el cual muchos han querido abandonar los ETCR en el último año, es que la educación secundaria está suspendida desde marzo pasado, a pesar de que el gobierno noruego financia el 80 por ciento de las iniciativas educativas en las zonas veredales. “Las trabas burocráticas han impedido que se reanuden clases”, asevera Berrío.
Pese a todo, “nosotros no daremos nuestro brazo a torcer. No queremos que el proyecto se vaya a bajo, tenemos esperanzas y sabemos que poco a poco se darán las cosas”, concluye Francelly.