A un mes de declarar crisis humanitaria y estado de emergencia por el asesinato de sus líderes sociales, las comunidades indígenas del país siguen esperando la intervención estatal. Sobre esta situación urgente hablamos con Feliciano Valencia, representante de los indígenas en el Senado.
Por: Adrián Atehortúa
Foto: archivo particular
Según el conocimiento que ustedes tienen ¿qué es lo que está pasando exactamente con los líderes sociales en las comunidades indígenas del país?
¿Qué es lo que está pasando con el asesinato de guardias, autoridades indígenas y miembros de las comunidades? La posición nuestra es defender el territorio. Y lo defendemos porque no tenemos más que nuestros territorios. Eso se volvió transversal a todas las comunidades indígenas del país. Y para defender los territorios se fortaleció la autonomía y los gobiernos propios y se creó la Guardia Indígena, que se organizó como cuerpo de acción humanitaria en 2002, y hoy es guardia cimarrona y guardia campesina. Desde ahí viene funcionando de manera relevante al interior de las comunidades. Entonces, el decir que vamos a fortalecer la autonomía choca con todo el mundo: con la fuerza pública, con los grupos armados ilegales, con el narcotráfico, con la minería, con los monocultivos que se han tomado la región. Defender la tierra es defenderla de todo el mundo. Y eso nos ha costado retaliaciones y enemigos por todas partes. Claro, entonces cuando la Guardia Indígena sale a decomisar motos hurtadas, eso golpea a la delincuencia, cuando salimos a destruir laboratorios de procesamiento de alcaloides o se entra a erradicar cultivos de coca y marihuana, eso molesta al narcotráfico; cuando se hacen los puestos de control de la Guardia Indígena, eso incomoda el tránsito de estos grupos armados ilegales… y todo eso es lo que ha derivado en amenazas: panfletos circulando por todos lados y hace ocho meses se vienen materializando estas amenazas, que van desde grupos paramilitares hasta la delincuencia organizada, las disidencias de las FARC, la entrada del EPL y de otros grupos que se disputan los territorios. Pero todos estos grupos organizados o residuales terminan siendo controlados por la mafia, los narcotraficantes, que los ponen al servicio de ellos para controlar todos los cultivos de uso ilícito y su procesamiento. Entonces lo que vemos es una alianza ya casi obligada por el narcotráfico que se están disputando prácticamente el control territorial con las autoridades indígenas: nosotros diciendo “los territorios son nuestros y no queremos más violencia”, y los otros diciendo “acá está nuestra economía y vamos a permanecer”. Para mí, esa es la disputa que hay.
La situación de las comunidades indígenas y sus líderes ha sido noticia un par de veces este año y la última fue por el estado de emergencia que declararon hace un par de semanas, pero no se ha vuelto a hablar. El tema siempre se presenta en medios muy esporádicamente. ¿Cómo le explicaría a usted a la gente cuál es el día a día por el que están pasando y todos sus problemas?
Allá la gente se levanta, unos van a sus labores agrícolas otros a sus estudios, otros a las actividades comunitarias, y en el caso de la Guardia Indígena, van a sus sitios de control. Por ejemplo, solo en el norte del Cauca hay 62 puntos donde se hace control territorial. Ahora bien, la comunidad, toda, está conectada con la Guardia Indígena por si hay algún inconveniente, entonces todo el mundo actúa. Mejor dicho: la gente está trabajando en su parcela, está con su radiecito prendido escuchando las noticias, que son permanentes y las mandan nuestras emisoras comunitarias, y si pasa algo con la Guardia Indígena, el mensaje se transmite y la gente suelta el azadón, suelta el canasto, deja lo que está haciendo y sale de sus casas y se moviliza a ayudar a la Guardia Indígena. Eso es todos los días. Incluso en los colegios y las escuelas los maestros están pendientes de las emisoras, o están alertas a cualquier situación que se presente. La gente cuando va caminando a sus parcelas siempre está pendiente de cualquier situación anómala que se esté presentando en el territorio. Mejor dicho, todo el mundo está alerta.
En la noche, la gente llega a sus casas, repasa lo que sucedió en el día y se toman medidas para que, antes de irse a acostar, informen si vieron una situación anómala. Los de la Guardia que estuvieron en el día se van a sus casas y llegan otros miembros que permanecen toda la noche. Ese es el día a día de la gente: siempre listos, siempre alertas, mirando los grupos de Whatsapp que tenemos.
En el caso de los líderes indígenas, tienen su rol que es asistir a los diferentes eventos que se están dando en la región, mantener una comunicación con las autoridades, representar a nuestras autoridades si es el caso, hacer análisis del día a día y denunciar de manera inmediata cualquier hecho que se presente. Y por eso es que se vuelven tan vulnerables: como no todo el mundo puede salir a denunciar sino que tienen funciones específicas que solo representan los líderes y lideresas sociales, se vuelven vulnerables. Ellos también tienen una función especial, que es estar orientando a la comunidad, asistiendo a los espacios de formación que se están presentando en la región, enseñándole a la gente el fondo de lo que está sucediendo. Cuando te vuelves un orientador eso te hace muy vulnerable a los contradictores porque ellos están despertando a la gente, diciéndoles “esto es malo…”. Por eso los están amenazando. Y es más tenaz con los miembros de la Guardia y las Autoridades Indígenas, porque ellos están cumpliendo con todas esas funciones. Por eso los tildan de sapos, de gobiernistas, de una cosa y otra. Entonces el contradictor —para no decir enemigo—, está ubicando a los líderes: “este es el que le está abriendo los ojos a la gente, entonces hay que darles a estos”.
Las cifras siempre son diferentes pero, en cualquier caso, siempre son dicientes. ¿Cuáles son las cifras que ustedes tienen?
Hasta la semana pasada llevábamos 158 indígenas asesinados en todo el país desde la firma de los Acuerdos de Paz. Solo en el Cauca llevamos 40. Y de amenazas, van más de 400 solo en ese departamento. Esas son las cifras que manejamos en el Concejo Regional Indígena del Cauca y en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Esos datos se cruzan permanentemente con la Organización Nacional Indígena de Colombia.
Para ustedes ¿estos asesinatos son sistemáticos o no?
Nosotros decimos que sí. Es sistemático porque cumple con los estándares para determinarlos. Hay un patrón que se mantiene, que siempre son personas con un cargo y personas representativas. Nosotros no notamos asesinatos de personas que no tengan representatividad.
El segundo patrón es que se está dando en un sitio determinado: siempre es en los corredores que ahora llaman “El triángulo de la muerte”, que es Santander de Quilichao – Corinto; Santander de Quilichao – El Palo; El Palo – Toribío. En esos trayectos, en ese triángulo, es donde están matando a la gente. O sea, que parece que hubieran seleccionado un sitio. Seguramente por las características geográficas es ideal. No los matan en los pueblos, no los matan en las casas. Siempre los esperan ahí porque ellos saben que por ahí pasan, que por ahí llegan.
Y el otro tema es que son indígenas ¡Son indígenas! Y es un tema que podría tener más de una connotación política. Lo que están haciendo, organizando y calculando, obedece a una estrategia de amedrantamiento, de debilitamiento, de escarmiento. Donde hay varios actores que la cargan contra nosotros, legales o ilegales. Y cuando no nos matan, nos judicializan. Es una estrategia calculada. Para mí constituye un genocidio. Y es sistemático. Y eso es algo que el gobierno no ha querido reconocer. Y es sistemático porque se viene presentando desde el año 2000, con la entrada de los paramilitares, y no ha parado hasta ahora. Y es siempre sobre la misma población. Para mí sí es exterminio.
¿Cuál sería el panorama ideal de las comunidades indígenas?
Lo ideal es que la sociedad entienda que nosotros tenemos otra forma de ver las cosas. Que nosotros estamos pensando en otra forma de desarrollo de la economía. Que nosotros tenemos otra forma de resolver los conflictos, que no es la vía militar ni la justicia ordinaria. Y que nosotros tenemos nuestra institucionalidad propia construida con mucho esfuerzo, reconocida hoy por la norma colombiana: tenemos nuestra justicia y nuestra jurisdicción para el caso en el que haya que hacer justicia, tenemos centros de armonización por si toca corregir a nuestros comuneros, tenemos nuestros sistemas de salud y educación, tenemos nuestra espiritualidad que es la que rige nuestra convivencia y tenemos nuestros modelos para hacer economía propia. Eso está diseñado. Eso es una institucionalidad que está siendo atropellada por el gobierno por un lado, por los grupos de delincuencia organizada por el otro.
A partir de todo lo que está pasando durante estos días la gente ha empezado a decir: si el Estado y los gobiernos no nos quieren ayudar, al menos que no nos jodan.
En ese panorama ideal ¿cuál es el rol que juega el Estado para que se cumpla?
Con el gobierno ya hemos hablado. No solo con este, sino con muchos. Ellos tienen una responsabilidad constitucional y misional de garantizar los derechos de todos los colombianos y colombianas. Como nosotros nos acogimos al marco jurídico nacional y de la sociedad, pues somos también colombianos y colombianas, entonces el Estado tiene responsabilidad con nosotros.
Segundo, hay unos derechos que están establecidos en la Constitución Política Colombiana, entonces el Estado representado por sus gobiernos debe garantizar que esos derechos se materialicen. Tercer asunto: nosotros, además de tener gobiernos propios, somos entidades públicas de carácter especial, es decir que el Estado tiene una obligación con nosotros así como la tiene con los municipios y departamentos: debe girarnos los recursos que nos corresponden por derecho. Pero nunca nos giran lo que corresponde porque el DANE nunca ha querido reconocer nuestro censo y como el Sistema General de Participación se hace per cápita, entonces desde 2004 se han presentado desbalances que nos tienen en déficit. Y, además, esos recursos llegan es a los municipios y no a los cabildos, como lo establece la ley. Entonces hay muchos alcaldes vergajos se han quedado con los recursos de nosotros y los han embolatado en todo menos en lo que se debería. Todo eso hace que nuestra institución no funcione como debería ser.
Lo otro es que hay unos derechos nacionales e internacionales que deben garantizarse de manera estricta. Por ejemplo, cuando pedimos garantías para la integridad física y cultural de nosotros, el Estado nos manda militarización, que es lo que no queremos porque sabemos lo que significa eso en territorio, porque es una vaina lógica: si no hubiera presencia militar ¿con quiénes se van a enfrentar entonces los grupos al margen de la ley en nuestros territorios? Eso es algo que siempre hemos dicho. Están en nuestras comunidades, a veces atropellando el orden constitucional, pero su presencia no nos representa porque ni acaban la coca ni acaban la marihuana ni acaban con los grupos al margen de la ley ni hacen justicia… van a hacer presencia, pero no vemos acciones.
Entonces ¿cuál sería la forma ideal en la que el Estado debería hacer presencia para solucionar todos los problemas que provocan los grupos al margen de la ley?
Tres cositas: primero, como nosotros tenemos ya nuestra institucionalidad, lo que le pedimos al gobierno es que la reconozca y la respete y que esté pendiente de las cosas que necesitamos para que esa institucionalidad funcione bien, cumpliendo las responsabilidades que tiene constitucionalmente. Así se evitan los atropellos a nuestra institución. Así, ya uno de los factores del conflicto se retira un poco. El Estado dice que nosotros queremos es autonomía e independencia y no, no es así. Nosotros sí queremos la presencia del Estado, pero con inversión para superar nuestras necesidades y con un órgano civil, que no sea militar, con el que nosotros podamos hablar: las personerías, las defensorías, las procuradurías, que allá están pero que no se han podido organizar, no se ponen en la misma sintonía con los cabildos. Lo que veo es que hay una fractura en la institucionalidad del Estado colombiano con sus entidades en terreno porque no se articulan en una comunicación con nosotros. Simplemente nos manda un montón de militares para imponernos una lógica que para nosotros es perjudicial. Lo ideal es que el Estado delegue que los personeros, los procuradores, los defensores se pongan en comunicación con nosotros para ver cómo hacen su intervención con la coordinación y la visión de los cabildos. En cambio, nos mandan fuerza pública, militarización y ellos activan un conflicto y nos meten a todos en medio…
Bueno, en el caso hipotético de que ese panorama ideal sucediera y el ejército y la militarización saliera ¿cómo se resuelve entonces la presencia de los otros bandos del conflicto, que además son violentos?
Con ellos pudimos manejar la cosa. En su momento fue durísimo con lo que fue la guerrilla de las FARC. Las autoridades indígenas, en una línea humanitaria, iban a buscar a sus comandantes y se hablaba con ellos del tema. Decíamos, hombre, está bien: haga su revolución. Está bien: luche contra el Estado. Pero, hombre, no lo hagan en medio de la población civil ni nos metan a nosotros en su guerra porque esa guerra es de ustedes. Puede que tengan toda la razón o no, pero esa es su guerra. Nosotros no estamos en guerra, no nos recluten a nuestros niños, porque nosotros no los parimos para sostener una guerra que no es de nosotros. No se tomen nuestros territorios para hacer sus campamentos porque nuestros territorios no son campos de guerra. Y respeten el ejercicio de nuestro gobierno. Eso qué quiere decir: que ustedes pueden pasar, pueden andar, pero no se queden a vivir aquí…
¿Y les hacían caso?
En ese tiempo se pudo manejar la situación. Claro, hubo frentes demasiado agresivos que también reaccionaron en contra de nosotros. Pero como ellos estaban en su proyecto revolucionario, cuando asesinaban a alguien y nosotros los denunciábamos eso tenía un costo político. Ellos manejaron de la misma manera la situación, porque nuestra postura es que no estamos de acuerdo con las armas ni con los grupos armados —ya sean guerrilleros, ya sea el ejército— porque sabemos de las consecuencias de eso, porque ambos han terminado matándonos y tenemos todas las pruebas del mundo.
El problema de ahora es muy complicado porque estos grupos que están operando y matando no tienen proyecto político. No obedecen a un poder político. Tampoco tienen una estructura que defina mandos y no tienen un costo político porque simplemente son sicarios o grupos de matones o gente organizada al servicio de un grupo muy poderoso que en este momento se llaman narcotraficantes que tratan de controlar un negocio. Ese es el problema en este momento. ¿Lo podemos enfrentar nosotros? sí, porque no son muchos y la misma gente se ha dado cuenta de que el tema de la coca y la marihuana tal y como está funcionando ahora es un problema pa’ todo el mundo. Lo planteo porque la gente está tomando conciencia del tema: antes había indígenas que veían que la coca y la marihuana era una perspectiva económica, era lucro. Pero ahora lo ven como un problema porque no son solo sembradores y cultivadores y transformadores, sino que su familia o sus hijos terminaron siendo consumidores. Eso ya les despierta la conciencia de que es un problema que hay que solucionar a como dé lugar, porque si eso se deja avanzar vamos a terminar siendo consumidores. Es un problema altamente grave. Lo que no ha entendido el gobierno es que ese tema del narcotráfico y la presencia de grupos armados a su servicio no los van a acabar a punta de tiros. Es lógico.
O sea ¿ustedes piensan en la legalización? ¿Hablan de ese tema?
Sí, claro. Estamos trabajando en esa idea. El gobierno tiene que tener la suficiente apertura mental para reconocer que es un problema estructural del Estado que no se va a solucionar solamente con acción militar, y que si esa acción militar no actúa acompañada con acciones para la superación de la pobreza y de las necesidades, puede que barran con esos grupos que están ahorita, pero como el problema es estructural, apenas los barran se van a formar otro grupos porque esa economía ilegal sigue siendo una alternativa para la gente.
¿Qué ha pasado hasta el día de hoy después de la declaración de Estado de Emergencia que hicieron a principios de agosto por toda la situación de asesinatos que se ha presentado en las comunidades indígenas?
La Organización Nacional Indígena de Colombia declaró crisis humanitaria y estado de emergencia por las muertes que se venían dando, los hechos victimizantes y las amenazas e inmediatamente la Defensoría del Pueblo nos dio la razón y dijo “están matando a los indígenas. El gobierno está pasivo. Presidente de la República: actúe”. Inmediatamente eso se dio, el presidente se pronunció y le dio órdenes a la ministra del Interior para que fuera y atendiera la situación. Ella fue a Popayán, porque el Cauca ha sido el caso más notorio en las últimas semanas, se reunió con las autoridades indígenas y planteó la ruta de intervención del Estado en la vía militar: dijo que no hay más opción. Que toca militarizar y perseguir a los delincuentes y ponerlos bajo justicia. Esa fue la iniciativa de ella.
Después, nosotros tomamos una iniciativa como congresistas y convocamos a la Comisión de Paz del Congreso de la República para hacer una sesión en terreno. Fuimos a Caloto, sesionamos 18 congresistas, escucharon a la gente, recibieron el mandato que les hicieron las autoridades indígenas en términos de incidir al gobierno nacional para atender la matazón que se está dando. A la semana siguiente el ministro de Defensa convocó a un Consejo de Seguridad en Popayán donde emitió veinte directrices en términos de detener la situación y eso significó el anuncio de la intervención de 1.200 nuevos efectivos militares en terreno. Eso significó también el fortalecimiento del CTI, de la Fiscalía, poner en marcha la erradicación de cultivos de uso ilícito y la coordinación de toda la institucionalidad.
Pero pasó ese Consejo de Seguridad y hasta ahora no hemos visto acciones. En la sesión de ese consejo, la comisión de la Defensoría del Pueblo lanzó una propuesta interesante que era la instalación de carpas blancas en terreno donde vayan todas las personas o instituciones involucradas en el conflicto. Estaría la Defensoría, la Procuraduría, Naciones Unidas, el Gobierno, la fuerza pública, los gremios económicos de la región, la Iglesia Católica, para poner los problemas de la región y tratar de solucionarlos. Esa iniciativa fue acogida por el gobierno, pero todavía no se han instalado las carpas blancas, mientras siguen asesinando a la gente. Entonces ha habido directrices, ha habido órdenes, ha habido propuestas, pero todavía no se atiende lo que está pasando.
¿Qué esperan ustedes? ¿Cuándo debería empezar a ejecutarse todo eso?
Ya. Es que ya se hicieron unos compromisos y unas propuestas. El gobierno dice que apoya y respalda, ahora necesitamos es la acción. Pero una acción coordinada, organizada, no que por el afán de atender el problema terminamos metiéndonos en más problemas.
¿Y la idea es que eso se aplique a todas las comunidades del país?
Sería progresivo: se empezaría en el Cauca, donde la situación es más álgida. Se valora, se hace un análisis, se levanta un informe de los resultados que vaya teniendo y si hay necesidad de hacerlo en otras regiones se va aplicando. Ojalá eso funcione, insistiendo en que tiene que ser coordinado, consensuado y concertado con las autoridades indígenas, que tienen una visión más detallada y completa de las causas, consecuencias y efectos del conflicto armado social que se vive y que está empezando a vivirse en las regiones.
¿Cómo ve usted el panorama actual del país en ese sentido y qué tanto le preocupa? ¿Qué tan fácil es ser un líder social, y en este caso indígena, en Colombia?
Yo me uno a lecturas que se hacen en el país respecto a que este gobierno en cabeza del señor presidente de la República no ha podido ubicarse en términos de gobernar. Tiene líos. Segundo, se está dando un debate en el Congreso de la República respecto a la designación de presupuestos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo que está desestimando varias cosas que podrían ser soluciones en estos tres años que quedan como, por ejemplo, que el gobierno asigne presupuesto para que los Acuerdos de Paz se cumplan. Para nosotros es muy importante. Sobre todo, el punto 1 y el 4 (el de tierras y el de cultivos ilícitos) porque aquí hay programas que se fueron a pique por falta de presupuesto.
Aquí está entrando en crisis la Jurisdicción Especial de Paz por falta de presupuesto. Las zonas de concentración se están yendo a pique por falta de iniciativas del gobierno y de presupuesto; los PEDETS que pudieran ser una solución en regiones están entrando en crisis porque no hay presupuestos. Si este gobierno no opta por robustecer esos acuerdos en esas líneas se va a formar un problema muy grave porque las economías ilegales van a atrapar a la gente y van a solucionarles los problemas a costa de mantener la ilegalidad. Porque ¿la gente de dónde echa mano si el Estado no les ayuda? Insisto: nosotros vemos ese problema. Si este gobierno fuera más coherente y dijera “hombre, acá hay unos acuerdos que podrían ser soluciones entonces yo los apoyo”.
El tercer punto que veo es que hay una sociedad que, si bien quiere la paz y le apuesta a que esto tenga posibilidades, todavía está muy pasiva. Seguramente será por los afanes que tiene todo el mundo, pero, insisto, yo creo que hay una sociedad que no ha alcanzado a leer el conflicto. Que, si el conflicto y la guerra vuelven, todos vamos a llevar del bulto otra vez. En este caso, nosotros llevaríamos la peor parte.
La gente no está entendiendo que devolvernos a la guerra sería condenarnos otra vez a un conflicto armado que se va a volver un círculo y entra de nuevo la desesperanza en el país. Incluso, los mismos empresarios no han caído en cuenta que si no se le apuesta a la superación del conflicto ellos también pierden porque ¿quién invierte en un país en conflicto? Eso lo tiene que leer todo el mundo. Necesitamos una sociedad más coherente, más analítica, más dispuesta, más comprometida en acciones concretas. Y que no nos dejen solos en esta pelea, porque siento que nos dejan solos…
¿Quiénes?
Por ejemplo, los medios de comunicación juegan un papel determinante. Y si no se muestran las cosas como son y se parcializa la información, eso es muy peligroso. Por ejemplo, salir a replicar que la culpa de los muertos indígenas es de nosotros porque nosotros permitimos el narcotráfico… eso es muy jodido. Nos dejan contra las cuerdas a nosotros. Hemos llamado la atención a funcionarios del gobierno para que manden información coherente. Que un ministro o ministra salga a decir que el problema en el norte del Cauca es culpa de la autonomía indígena que no deja entrar la fuerza pública nos deja en entredicho a nosotros porque la gente va a decir que entonces nos las arreglemos nosotros. Ese tipo de apreciaciones y lecturas son las que no pueden seguir sucediendo porque no muestran lo que está pasando.
El gobierno y la sociedad deben entender que esto no se soluciona a punta de tiros. Que si no hay inversión, si no se prioriza la atención de la pobreza, no solo en el Cauca sino en todo el país, que si el gobierno no llega a atender esa situación de pobreza, habrá un modelo ilegal que le responda a esa pobreza y los va a tener a su favor.
¿Qué tanto le paran bolas en el Congreso a eso que usted está diciendo?
No mucho. Esos debates en el Congreso a mí me decepcionan. Hay muchos congresistas que yo no sé si saben cuál es su función, su fuero constitucional y se ponen a decir pendejadas. La mayoría del debate se van en peleas insulsas de uno atacando al otro, defendiendo al uno, al otro. En el Congreso falta seriedad, compromiso, lecturas del país que nos toca legislar, que nos toca atender.
De 1 a 10 usted cómo calificaría el tratamiento que se hace de estos temas como el de los líderes sociales en el Congreso, el trabajo que hacen, su eficiencia…
De 1 a 10, 5. Porque hay congresistas que dicen que la culpa del asesinato de líderes sociales es del narcotráfico y que el Estado nada tiene que ver ahí. Y como esto está tan polarizado, por ser de izquierda a los líderes los están matando.