Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, declarado por Naciones Unidas en el 2010. Este es un flagelo que en Colombia ha dejado a más de 80 mil víctimas directas en los últimos 60 años.
Por: Pompilio Peña
Foto: Sandra Sebastián
El alto grado de impunidad en los casos de desaparición forzada y la apatía de gran parte de la sociedad frente a este delito, son para Erik Arellana Bautista, los dos factores que sumergen el flagelo en un limbo sufrido solo por los familiares de las víctimas. Por ello desde 1988 se conmemora en Colombia el Día del Detenido Desaparecido.
Erik Arellana es un activista y vocero de las familias que han sufrido este delito. El caso de su madre, Nydia Érika Bautista, es emblemático. Ella, militante el M -19, fue detenida por agentes del Estado el 30 de agosto de 1987, en Bogotá, y no se volvió a saber de su paradero hasta tres años después, cuando se hallaron sus restos. Desde entonces, la mayor parte de los esfuerzos de Erik están dirigidos a fortalecer la lucha por el reconocimiento y el esclarecimiento de las desapariciones en Colombia.
El caso de Nydia Érika Bautista hoy hace parte de las 80.569 desapariciones documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre los años 1958 y 2018.
“Este delito es terrible. Por una parte, existe el impacto psicológico de una familia, la incertidumbre de no saber qué pasó con su ser querido. Y, por otra parte, existe la impotencia de saber que son pocos los esfuerzos del Estado por esclarecer los hechos”, afirmó a Hacemos Memoria Erik Arellana, quien creó una cartografía de la desaparición con el fin de entender dónde, cómo y por qué se dio (y se da) este fenómeno en el país.
(Su trabajo puede ser consultado en: https://colombia.desaparicionforzada.com/)
La impunidad sobre este crimen es tan alta que, según Arellana, quien hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), de los 80 mil casos de desaparecidos reportados al 2018 se habían investigado apenas 7 mil 700 y, de estos, solo 337 tuvieron una sentencia condenatoria. “Lo que quiere decir que hay un 99,5 por ciento de impunidad”, afirmó.
El delito invisible
Para el analista Andrés Suárez, excoordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, conmemorar el Día del Detenido Desaparecido “es de suma importancia, es un modo de sensibilizar sobre un delito con una esencia oscura: no querer ser reconocido como tal, como crimen; su lógica funciona así: si no hay cadáver, no hay delito. Y si no hay delito, no hay judicialización ni condena”. Esta condición, añadió Suárez, hace que muchos casos solo puedan resolverse con la confesión del victimario, lo que incide en la alta impunidad que caracteriza a este crimen de lesa humanidad.
De acuerdo con Suárez, este panorama se explica por la dinámica y los principios que adoptaron los actores armados para desarrollar el conflicto, en especial los grupos paramilitares, a quienes se les atribuye ocho de cada diez desapariciones dentro del periodo en que operaron.
Lo que hace aún más grave este hecho, anotó Suárez, es que un gran porcentaje de las operaciones criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habrían dado en connivencia con las Fuerzas Armadas del Estado.
“De hecho, hoy sabemos que gran parte de las desapariciones se dieron entre los años 1993 y el 2004, un periodo en el cual el paramilitarismo apareció en el cuadro del conflicto”, y es justo después de su desmovilización que este fenómeno disminuyó drásticamente, comentó el analista.
La idea de desaparición
El concepto de ‘detenido desaparecido’ proviene de las dictaduras de Chile entre 1973 y 1990, con cerca de 3 mil 500 desaparecidos, y Argentina entre 1976 y 1983, con un estimado de 30 mil desapariciones. Para entonces, las dictaduras arrestaban a sospechosos de boicotear sus procesos y luego de interrogarlos, y en muchos casos torturarlos, sus cuerpos eran desaparecidos.
Por esa época Colombia no era ajena a esta práctica, pero los casos eran silenciados porque se consideraba que estos crímenes eran propios de las dictaduras y no de una democracia, como la colombiana. De allí que, por años, no existiese en el país un real compromiso de parte del Estado por querer reconocer, combatir y esclarecer el flagelo. De hecho, solo hasta el año 2000 fue aprobada la Ley 589 que penalizó la desaparición forzada en Colombia, esto gracias a esfuerzos de organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), fundada en 1982.
A principios del 2000, Colombia estaba sumida en una guerra sin cuartel entre las guerrillas de las FARC y el ELN, los paramilitares de las AUC y la Fuerza Pública. En ese momento eran pocas las denuncias, los victimarios no reconocían su responsabilidad frente a la desaparición y las herramientas judiciales eran insuficientes, entre otras cosas, porque estaban dirigidas a resolver otros tipos de delito. Fue luego de la desmovilización de las AUC que sus comandantes declararon que desaparecer personas era una política interna que tenía entre sus propósitos el de disminuir el número oficial de sus homicidios.
Natalia Muñoz Osorio, socióloga de la Corporación Jurídica Libertad, entidad que viene estudiando el problema y asesorando a familiares de víctimas de desaparición forzada, en casos como el de La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, manifestó a Hacemos Memoria que “la falta de voluntad del Estado para resolver casos es mínima, lo que quiere decir que hacen falta condiciones estructurales; además este delito ha sido ocultado porque la mayoría de los responsables hacen parte del poder”.
Muñoz Osorio añadió que en los últimos 19 años han sido muchos los avances normativos para afrontar la desaparición, entre ellos la Ley de Justicia y Paz, aprobado en el 2005 con la desmovilización de las AUC, y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, implementado tras la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado colombiano. No obstante, ha sido la presión de las organizaciones y de las familias, la que ha hecho mover el mecanismo de la justicia y las acciones de búsqueda.
Un ejemplo de ello es haber logrado que, gracias al Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen de Estado (Movice), se lograra la instalación de una mesa técnica entre la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para apoyar el estudio de medidas cautelares con el fin de proteger 16 lugares ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, donde habría fosas con víctimas de desaparición forzada.
Panorama desesperanzador
El investigador Andrés Suárez concluyó que fue gracias a los procesos de justicia transicional que se han realizado con las AUC y las FARC que cientos de personas se atrevieron a denunciar la desaparición de su familiar. En los últimos años la Fiscalía pudo llegar a lugares antes peligrosos, lo que le ha permitido exhumar, en la última década, cerca de 7 mil cuerpos hallados en fosas comunes.
La otra gran tarea la tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que debe identificar los restos con pruebas de ADN y luego cotejar esos resultados con el ADN de los familiares de las víctimas. Esta tarea es considerada titánica, por lo que organizaciones como el Movice le exigen al Estado mayores recursos para mejorar el sistema.
Según Erik Arellana, “en Colombia hay 38 organizaciones que buscan combatir la desaparición. Lo peor es que aún se sigue dando, no solo en el campo, sino también en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, incluso se habla de ‘casas de pique’, donde la gente es desaparecida”.
Este 30 de agosto, organizaciones defensoras de Derechos Humanos llevaran a cabo en las principales plazas y parques del país actividades para recordarle a la comunidad que el dolor de un desaparecido no sana y que el deber de los colombianos, como Estado y como sociedad, es buscar a todos los desaparecidos hasta encontrarlos.