Desde el año pasado, la Unidad de Investigación y Acusación ha dialogado con más de 2.600 víctimas de estos crímenes y con organizaciones que las ayudan. Ya empezó a elaborar un manual para investigar estos hechos y acompaña a la JEP en tres macro casos que incluyen este tipo de delitos.
Por: Carlos Olimpo Restrepo S.
Foto: Unidad de Investigación y Acusación de la JEP
El papel de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es uno de los más delicados: actuar en nombre de las víctimas contra los perpetradores que no entreguen toda la verdad ante esta instancia o que no den garantías de no repetición.
Con Giovanni Álvarez, director de la unidad, repasamos algunos de los hechos recientes o en desarrollo sobre los que el grupo bajo su orientación está pendiente.
La Fiscalía General dice que ya envió todos los casos que corresponden a la JEP, ¿eso es verdad? ¿Cómo están trabajando con esta entidad?
Todos los informes ingresan por las salas y las secciones del Tribunal de la JEP, que son los otros órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo con la estructura del proceso; en tal sentido, habida cuenta que es preciso agotar las etapas correspondientes, a la Unidad de Investigación y Acusación aún no se han remitido tales informes”.
Las recientes filtraciones de declaraciones ante la JEP, sobre asesinatos en personas protegidas por parte de miembros de la fuerza pública, parecen destinadas a afectar estos casos ¿Cómo analiza esta situación?
Por principio, y como investigador que he sido durante toda mi vida laboral, no soy partidario de ningún tipo de filtración, por cuanto se debe preservar la integridad del material probatorio. Me parece delicado este tema.
Recientemente usted anunció que hay más de 60 casos en estudio por solicitud de medidas de protección. ¿Realmente avanza el proceso de protección a los amenazados? ¿Cuántos de ellos son militares?
Para este momento las solicitudes ascienden a 75 e involucran a 145 personas, 13 de las cuales son militares; estos casos se encuentran en estudio en este momento, por parte de la Unidad de Investigación y Acusación. La Unidad hace la respectiva evaluación de riesgo, determina si es ordinario o extraordinario y envía a la Unidad de Protección, para que esta entidad proceda conforme su competencia. Cabe señalar que de las 145 personas que han solicitado protección, se les ha concedido a 19 de ellas estas medidas, por encontrarse en riesgo extraordinario.
¿Ya hay algún avance sobre los hechos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto y sobre los que la Unidad ha dicho que trabaja para tener un diálogo fluido con las víctimas?
El Equipo de Investigación Especial en Violencia Sexual ha venido realizando encuentros con víctimas, que nos han permitido iniciar la construcción colectiva del Manual de Investigación de Delitos Sexuales, haciendo especial énfasis en daños, impactos y afectaciones, así como en la participación de las víctimas en las diferentes formas de reparación. Igualmente hemos participado en la construcción de contextos y desarrollo de actividades de policía judicial dentro del marco del proceso dialógico, en los macro casos conocidos como: “Tumaco, Barbacoas, y Ricaurte (caso 002), caso 005 (sur del Valle y Cauca), caso 007 (reclutamiento de niñas y niños). Estamos implementando el uso de una herramienta llamada Layna, sistematizando y analizando algunos hechos de violencia sexual, en apoyo brindado a la magistratura dentro del procedimiento dialógico.
Es importante tener en cuenta que la Unidad de Investigación y Acusación es la instancia en la JEP encargada de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia en los casos en que no haya aporte de verdad o reconocimiento de responsabilidad, individual o colectiva de las violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Por lo anterior, la Unidad apoya los macroprocesos que se llevan a cabo en la magistratura en relación con el tema.
Por otra parte la Unidad de Investigación y Acusación mantiene un diálogo fluido y constante con las víctimas, por cuanto tenemos el mandato establecido en la Ley Estatutaria de la JEP, de la construcción y diseño del protocolo de comunicación con las víctimas; para este proceso, durante el 2018 se tuvo contacto con dos mil víctimas de las Mesas de Participación municipales, departamentales y nacionales, y organizaciones de víctimas; además se realizó la consulta previa de este instrumento con las comunidades indígenas, afros y Rrom.
Durante 2019, la Unidad de Investigación y Acusación continúa con la interlocución y comunicación con víctimas de violencia sexual y sus organizaciones, y a la fecha se han realizado actividades de promoción y divulgación, así como de gestión del conocimiento, en desarrollo de lo cual ha tenido contacto con cerca de 600 víctimas de violencia sexual.
Antioquia es el departamento donde más desaparecidos se registran y casos como el de La Escombrera no presentan avances. ¿La Unidad puede abordar de manera individual este caso o debe ser incluido en un proceso general por la JEP?
De acuerdo con el procedimiento diseñado por la Ley 1922 de 2018 y con la estructura propia de los procesos de Justicia Transicional, los procedimientos avanzan de conformidad con la priorización de casos que se hace por la magistratura, sobre la base de los criterios de selección y priorización que se han decantado al interior de la jurisdicción y que apuntan a abordaje de macro casos, agrupando diferentes conductas delictivas. En este orden de ideas, será la magistratura la que decida el análisis del caso conocido como La Escombrera, bien de manera individual conforme los parámetros de selección y priorización o, bien dentro de algunos de los casos que ya se encuentran en curso.
¿Cuál va a ser la dinámica de los diez Grupos de Trabajo Territoriales y cuándo empiezan a trabajar?A través del Acuerdo 003 del 22 de enero de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz, considerando que “se debe garantizar su presencia en la ciudades y municipios diferentes a la ciudad de Bogotá, descentralizando así los servicios de la jurisdicción y promoviendo el fácil acceso de las víctimas a ésta”, creó los equipos territoriales. La cobertura de los grupos territoriales se hará a través de diez Grupos de Trabajo Territorial distribuidos de la siguiente manera: Medellín, Turbo, Corozal, Villavicencio, Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Florencia, Pasto y Quibdó. El de Medellín atenderá todo el departamento de Antioquia y el Eje cafetero; el de Turbo, atenderá el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño y chocoano; el de Corozal atenderá, Bolívar, Atlántico, norte de Córdoba, Magdalena, Guajira y norte del Cesar; el de Villavicencio, atenderá todo el departamento del Meta, Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Casanare; el de Bucaramanga atenderá a los departamentos de Santander, sur de Bolívar, sur del Cesar y magdalena medio y Antioqueño; el de Cúcuta a Norte de Santander y Arauca; el de Neiva a Huila, Tolima y Putumayo; el de Florencia a Caquetá y sur del Putumayo; el de Pasto a Cauca, Valle del Cauca y Nariño y el de Quibdó a todo el departamento del Chocó. Los grupos territoriales de Medellín, Turbo, Corozal y Villavicencio contarán con un fiscal de Apoyo II, cuatro Técnicos Investigadores IV y un Auxiliar II, mientras que los demás grupos (Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Florencia, Pasto y Quibdó), tendrán un Fiscal de Apoyo II, tres Técnicos Investigadores IV y un Auxiliar II. En cuanto al inicio de sus funciones, dependerá de los convenios que firme la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz con las alcaldías y gobernaciones de cada ciudad.
Ya están firmados los convenios de Corozal, Cúcuta y Pasto, por lo que se espera que entren en funcionamiento durante el próximo trimestre, atendiendo a que en la actualidad nos encontramos en los trámites administrativos que conlleva el traslado del personal desde Bogotá y las distintas adecuaciones logísticas. El inicio de operaciones de los grupos territoriales está supeditado al análisis y posterior revisión de los contratos de arrendamiento o fiducia de las oficinas, y a los acercamientos que la Secretaría realice con alcaldías y gobernaciones para trabajar de manera articulada en la atención a víctimas.
La audiencia de manifestación de sometimiento del General (r) Mario Montoya ante la Jurisdicción Especial para la Paz se realizó el pasado 13 de septiembre. Foto: Prensa JEP.
Aunque el excomandante del Ejército, Mario Montoya, dijo que se somete a la JEP, no admitió responsabilidades. ¿Por qué la fiscalía de la JEP no ha empezado a investigarlo a él y otras personas que han actuado de manera similar?
El proceso que se sigue contra el general Mario Montoya se encuentra en sede de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad; una vez se agote el trámite correspondiente ante esta Sala, y se envié a la UIA, se continuará con el procedimiento correspondiente en la Unidad de Investigación y Acusación y en los demás componentes del sistema que tengan competencia para lo propio. Lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado por la ley 1922 de 2018, en lo que corresponde al procedimiento dialógico. En el caso de presentarse el procedimiento adversarial, es decir que no haya verdad plena, reconocimiento de responsabilidad y garantía de no repetición, La Unidad será la encargada de investigar y acusar o solicitar la preclusión de la investigación, si es el caso, para los comparecientes, cuando no haya habido aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad. La Unidad será implacable con la verdad y firme con la reconciliación.