El papel de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es fundamental para la protección de los líderes sociales en Colombia, pero su trabajo ha sido prácticamente nulo durante el último año. Según Franklin Castañeda, uno de sus integrantes, las cosas están frenadas por falta de voluntad política del actual gobierno.

Por: Adrián Atehortúa

¿En qué consiste exactamente la Comisión Nacional de Garantías?

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es una comisión que nació de los acuerdos de La Habana. Está en cabeza del presidente y de ella hacen parte tres ministros: el de Justicia, el de Defensa y el del Interior; el comandante de la Policía, el comandante de la Fuerzas Militares, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, tres expertos de la sociedad civil y dos delegados del Movimiento de Derechos Humanos. Yo soy uno de esos delegados.

Hay que recordar que la Comisión nació tras la firma de los Acuerdo de Paz de La Habana, cuando por medio de un acto legislativo el Congreso habilitó al presidente de la República para que durante seis meses tuviera la facultad excepcional de crear leyes o, mejor dicho, decretos con la misma fuerza que una ley, que estuvieran circunscritas a lo acordado en La Habana. Esos decretos con fuerza de ley solo pueden ser revocados por el Congreso y no por otros presidentes, y uno de los que firmó el presidente Juan Manuel Santos fue el 154 de 2017, con el cual se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Se trata de una comisión asesora para el diseño de políticas públicas en materia de garantías de seguridad a líderes sociales, población reincorporada, a las comunidades donde estaban las Farc, y políticas públicas para el desmantelamiento de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. La comisión tiene 16 funciones que van desde esos diseños hasta someter a entidades del Estado a rendición de cuentas. Todas esas funciones lo que buscan es que el Estado colombiano pueda organizar planes concretos, medibles y sometibles a rendición de cuentas porque, finalmente, lo que busca la comisión es que fenómenos como el genocidio de la UP no se repitan.

¿Cuál es el método para que la comisión cumpla con esas exigencias y se ponga de acuerdo con todas las partes?

Una cosa fue con el gobierno de Santos y otra cosa con el actual gobierno. En el actual gobierno solo se ha convocado a una reunión de la comisión el 30 de enero. No nos hemos vuelto a reunir. Entonces, haría mal en decirte cómo funciona con el actual gobierno. Lo que sí te puedo decir es que el gobierno tiene el deber legal de convocar cada mes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Ya vamos para doce meses de gobierno y solo nos habíamos reunido una.

Pero no solo eso: tampoco se ha convocado con regularidad a las subcomisiones que conforman a la Comisión. En consecuencia, la valoración que hay que hacer sobre la Comisión Nacional de Garantías en los tiempos de Duque es negativa: hasta ahora es una comisión ignorada por el Estado colombiano.

Luego de muchísima presión internacional, presión de las organizaciones de la sociedad civil, e incluso de entidades del Estado como la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía, el gobierno decidió después de cinco meses volvernos a llamar a una reunión formal.

¿Cómo era antes?

No nos pudimos reunir mensualmente, pero con el gobierno anterior tuvimos ocho encuentros con el presidente a la cabeza y doce reuniones de subcomisión con el vicepresidente Naranjo, los viceministros y nosotros. Era un nivel bastante alto y bastante más operativo. No podemos decir que hicimos el trabajo que debimos hacer a la velocidad que quisimos, pero se estuvieron haciendo cosas. Se sometieron a discusión varios temas, pero, desafortunadamente, con el cambio de gobierno estos temas quedaron en punta.

¿Cuáles temas?

El diagnóstico sobre la situación de líderes sociales que permitiera mirar el plan de protección y garantías; un estudio que hicimos sobre los asuntos normativos y regulativos en Colombia que habría que modificar para impedir que haya relación entre el Estado y grupos criminales o incluso para que esa relación se dé por terminada. Eso tocaba muchas cosas: leyes, decretos, resoluciones, manuales, prácticas de la Fuerza Pública.

También veníamos trabajando en torno a un plan para atacar las finanzas criminales, pero no está terminado porque en su momento hubo una discusión con el gobierno de Santos frente qué había que hacer con estos grupos y hubo una diferencia fundamental entre quienes ponían el enfoque en la financiación ilícita y entre quienes hablábamos de la financiación en general, es decir, en detener también el capital legal que está ingresando a la economía colombiana a partir del narcotráfico y a partir de los ingresos que tienen los grupos criminales.

Creo que a estas alturas nadie puede creer que realmente grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o el Clan del Golfo, que es como los llaman, no generan riquezas. Y también creo que a estas alturas nadie cree que esas riquezas estén ocultas en el monte en unas caletas. Esa plata está alimentando sectores de la economía, se está lavando, está entrando, se está legalizando… si eso no lo atacamos será muy difícil poder confrontar a las AGC y también a los grupos que en el futuro reemplacen el papel que dentro de la criminalidad tienen las AGC en relación con el paramilitarismo y con la legalidad. Lo que quería la comisión era avanzar hacia allá, pero todo eso está ahí, estancado.

¿Qué tan difícil fue llegar hasta ese punto?

Fue muy difícil arrancar porque, primero, había que ponernos de acuerdo en cuál era el problema que íbamos a atacar. Eso, en el decreto, no estaba totalmente concreto. Luego, acordar objetivos comunes fue difícil. Por ejemplo, poner de acuerdo a los quince miembros que integran la comisión en torno a un diagnóstico sobre la existencia de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. La lectura del Estado es que el paramilitarismo no existe en Colombia, la nuestra es que el paramilitarismo se sometió a un proceso de desmovilización parcial y de reingeniería y lo que tenemos hoy representa algunas rupturas con el fenómeno paramilitar de antaño, algunas continuidades y algunos elementos nuevos.

¿Como una versión 2.0 del paramilitarismo?

Sí, pero vendría siendo una versión 4.0 o algo así. No es una discusión sencilla. Pero no puedes quedarte dando esa discusión cuando están matando a líderes sociales, cuando esos grupos están ampliando su capacidad territorial, cuando están consolidándose en determinados territorios, entonces, es muy difícil impulsar acción estatal cuando a la par estás tratando de discutir asuntos básicos. Y cuando digo ‘básicos’ no quiero decir ‘sencillos’, sino, asuntos que están en la base del tema y que si no los resuelves va a ser muy difícil que puedas apuntarle a una política pública que sea eficaz. Estás tratando de resolver el hoy y a la vez intentas discutir asuntos de fondo sin la mejor voluntad política de todos los intervinientes. Eso no es fácil. Entonces, todavía hay tareas pendientes que son de la raíz del asunto.

¿Y cree que con el actual gobierno esas tareas serán sencillas?

Por supuesto que no. El gobierno de Santos puede tener todas las críticas que quiera, pero, así como había los que querían mamar gallo, carameliarnos y no veían esto como la ruta a seguir, hubo sectores del alto gobierno que tenían intenciones y voluntad de avanzar por la ruta del cumplimiento de los Acuerdos de La Habana.

Pero no puedo juzgar al actual gobierno por lo que creo que va a hacer sino por los hechos, y hay un hecho bastante diciente: en casi un año solo había convocado una vez a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a pesar de los múltiples llamados de organismos como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, los medios de comunicación, las embajadas…

¿Cómo interpreta eso?

Parece que para este gobierno la ruta de garantías que trazó los acuerdos de La Habana no es la prioritaria. Primer hecho: no nos convocan. Segundo hecho: crea una instancia como el Plan de Atención Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales cuando, quizás, lo necesario no era moverse por esa ruta. Si ya tienes una ruta derivada de los acuerdos de La Habana, estúdiala e intenta implementarla. Cuando creas otra ruta, es como desechar la existente. El gobierno no la derogó, porque derogarla legalmente es ganarse una presión internacional innecesaria. Pero fue como si la desechara.

Entonces ¿qué han hecho todo este año?

De momento lo único que ha hecho la Comisión es sostener una reunión con el presidente en la que no se avanzó en nada. Sostener tres sesiones territoriales que sirvieron para tener diagnósticos de esas tres regiones en las que se estuvo. Quedaron algunos compromisos del Estado que, valga decir, el Estado aún no los ha ejecutado. Y, finalmente, avanzar para que el Estado colombiano acepte que se debe promulgar una política pública para el desmantelamiento de los grupos. Esa política pública, en teoría, comenzó a trabajarse el 4 de junio. Y digo que en teoría porque es el compromiso del gobierno y estamos a la espera de la convocatoria.

Como nos ha costado tanto convencer al gobierno para que dispusiera de las herramientas y de la voluntad para ejecutar esa política pública de desmantelamiento, esperemos que en la práctica se pueda concertar y presentar al país en unos pocos meses.

Ahora, frente al tema de protección y garantías, lo que se ha hecho desde el Movimiento de Derechos Humanos es plantearle al gobierno la necesidad de que cada cosa se trabaje en el escenario en el que debe trabajarse. En el tema de protección a líderes sociales consideramos que el espacio en el que debe trabajarse es la Mesa de Garantías, un espacio que no había podido reiniciarse con este gobierno. La tarea de la Mesa de Garantías, que tiene vigilancia de la comunidad internacional, es concertar una política pública para la protección de los líderes sociales. Una política que vaya más allá de la protección de la UNP y que hable de las cosas necesarias en Colombia para garantizar no solo su vida, sino también su labor, y eso incluye la protesta social, la movilización, no sufrir más estigmatización, fortalecer los medios de denuncia, una mayor labor del Estado en el reporte de alertas tempranas, etcétera.

¿Cómo fue esa única reunión que han tenido este año con el presidente? ¿Hablaron sobre la situación urgente de los líderes sociales?

La Comisión está sometida a reserva, entonces, no te puedo decir que el presidente dijo tal y tal cosa. Pero lo que sí puedo plantear es que la reunión se dio en buenos términos. Se habló principalmente del tema de líderes sociales y de avanzar en una política para su protección. En la reunión fue muy evidente que existen enormes diferencias entre el camino que los defensores de derechos humanos piensan que se debe seguir y el camino que piensa seguir el gobierno colombiano. Sin embargo, lo más preocupante, es que de la reunión no salieron alternativas concretas que permitan decir que sirvió para el avance de determinada situación en la protección a líderes sociales. La reunión fue un primer acercamiento, una revisión general de la situación, una rendición de cuentas por parte de las diferentes autoridades de lo que venían haciendo. Pero es claro que hay que hacer algo más porque la situación no mejora. Y eso quiere decir que lo que se está haciendo no es suficiente.

Según eso ¿en qué nivel de avance debería estar la labor de la Comisión Nacional de Garantías?

Ni el acuerdo ni el decreto menciona una temporalidad exacta. Lo que sí se puede decir es la necesidad que hay, desde el año 2016, para poner fin al asesinato de líderes sociales. Eso debería plantearle a la comisión un nuevo temple y esa urgencia no se ha visto reflejada en decisiones de parte del Estado y en promulgaciones de propuestas de políticas. Entonces, en este momento estamos con todas las cosas muy, muy frenadas por falta de voluntad política.

Este tema no solo le toca a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Hay 27 componentes que deberían estar activos y trabajando de manera coordinada y no están activos porque el Estado colombiano no tiene voluntad política para activar esos mecanismos. Ahí están dispuestas todas las herramientas que contiene el Acuerdo de Paz de La Habana, que permitirían mayor protección a las comunidades, como el decreto 660 que no se está implementando, o el decreto 2124, que se implementa a medias. El Estado tiene esa serie de herramientas que nacieron de los acuerdos de La Habana y no las usa. Y no las usa porque no le interesan.

Es un tema de voluntad política. Y eso se ve reflejado en que no hay liderazgo, no hay recursos, no hay articulación de las distintas políticas. Ese es el escenario en el que estamos hoy: en vez de tener lista o casi lista una propuesta de política pública, de medidas de urgencia; en vez de tener unas mesas regionales funcionando, una política frente al tema de las finanzas criminales, vamos a un paso extremadamente lento.

Cuando se planteó la idea de crear la comisión ¿en parte se hizo pensando que pasaría esta ola de asesinatos o algo similar?

Cuando hicieron el decreto no sé cómo se imaginaron este tema. Desde la sociedad civil pensamos que el acuerdo podría entrar a facilitar una serie de cambios. Lastimosamente, debido a los resultados electorales, están demorándose mucho más de lo previsto. Hay una oferta de oportunidades que nos toca seguir explotando a ver si finalmente conseguimos una política de garantías que ponga fin al homicidio y persecución de líderes sociales.

Respecto al asesinato de líderes sociales, ¿cómo le explicaría usted al colombiano de a pie la gravedad de la situación?

Habría que decir que no es cierto que estemos en la época más grave de Colombia en cuanto al asesinato de líderes sociales. No. Aquí hemos tenido años en los que han sido asesinadas más de mil personas vinculadas a organizaciones sociales, como en 2002 o 2003. Sin embargo, uno esperaría que el fin del conflicto armado con las Farc trajera a Colombia una serie de beneficios como la reducción de la violencia relacionada con el ejercicio del liderazgo social político. Lo preocupante es que, luego de muchos años de disminución, hay un aumento de la violencia contra los líderes sociales, y eso incluye a los líderes políticos, por supuesto. Y entonces, cuando estamos hablando de una transición a la paz, de una transición a una mayor democracia, por supuesto preocupa mucho que los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, tengan menos garantías de las que tenían antes.

Si bien la situación no ha llegado a los puntos más graves de la historia de Colombia, no se corresponde con lo que debería darse en un escenario de posacuerdo. Debería ser un clima de mayor democracia y seguridad para ejercer derechos y sobre todo para ejercer la política y el liderazgo. Por eso es por lo que sí es grave que estemos hablando de que en Colombia hay más de 500 personas asesinadas en los últimos tres años, relacionadas con el ejercicio del liderazgo. Eso sería grave en cualquier país del mundo. Pero lo es más en un país que acaba de firmar un acuerdo de paz.

Lo más grave es que estamos hablando de vidas humanas. Con que se pierda una ya es suficiente para hacer un escándalo. Que se pierdan más de 500 es una situación en extremo grave, más cuando el Estado tiene identificadas una serie de herramientas para prevenir que eso suceda, para proteger a la gente que más lo necesita y para reaccionar de manera rápida en caso de que estas cosas ocurran. Pero el Estado sigue fallando en materia de prevención, de protección y en materia de investigación.

Entonces, ¿qué tan difícil es cumplir con la creación de esas garantías?

A ver: hablar de garantías en Colombia implica, necesariamente, hablar de atacar las causas que ocasionan la victimización. En Colombia hay múltiples causas: la violencia sociopolítica, la estigmatización, la persistencia de grupos armados vinculados al conflicto, grupos criminales vinculados con el narcotráfico, y un clima no solo de polarización sino también un discurso justificatorio de los homicidios por parte de quienes hoy se encuentran en el gobierno. Entonces, hablar de garantías es hablar, en últimas, de poder atacar cada uno de estos puntos en los cuales los líderes siempre terminan siendo susceptibles de ser amenazados, agredidos, asesinados. Hablar de garantías sería hablar de planes concretos que permitan desactivar la violencia en cada uno de estos focos. Para eso requieres una política en contra de la estigmatización, una política en favor de los defensores de derechos humanos y necesitas necesariamente un proceso de solución a las inversiones del narcotráfico en Colombia. En el acuerdo se habla de todo eso.