Ante la ineficacia de la justicia ordinaria para esclarecer lo sucedido en la Comuna 13 de Medellín, la esperanza de las víctimas está puesta en lo que pueda hacer la JEP y la Comisión de la Verdad.
Por: Julio C. Londoño Á.
Sobre la Operación Mariscal se ha dicho todo durante estos 17 años. Sin embargo, la verdad, la justicia y la reparación no ha llegado a las víctimas de aquel 21 de mayo de 2002, cuando el Ejército se tomó la Comuna 13 de Medellín y disparó indiscriminadamente dejando al final del día un saldo de cuatro menores de edad y cinco adultos muertos, 37 heridos y 55 personas detenidas.
“Un año más de conmemoración ¿Qué podemos decir hoy que no hayamos dicho ya?”, se preguntan las Mujeres Caminando por la Verdad, la organización que en 2015 ganó el Premio Nacional a la defensa de los Derechos Humanos. “Creemos en la oportunidad histórica que tiene el país a partir del Acuerdo de Paz, por eso las víctimas lo defendemos, exigimos su implementación y las garantías de no repetición”.
En estos 17 años de caminar junto a otras organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad y la Obra Social Madre Laura, las Mujeres Caminando por la Verdad se han enfrentado a una justicia ordinaria que solo ha condenado al Estado por una de las víctimas, Martha Janeth Correa Murillo, quien murió por los disparos que atravesaron los muros de su casa; y destituidos e inhabilitados por cinco años, sin consecuencias penales, a José Leonardo Gallego Castrillón, entonces comandante de la Policía Metropolitana, y al subcomandante operativo, el coronel Álvaro Botero Mejía.
Esto, a pesar de que en la Operación Mariscal participaron también el director seccional del DAS, Emiro Rojas Granados; el director seccional del CTI, Oscar Castellanos Prada y de que algunos paramilitares han reconocido su connivencia con la Fuerza Pública. Existe también un proceso abierto en contra de Mario Montoya Uribe, entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, que no ha avanzado de las investigaciones preliminares.
Las víctimas pidieron que Mario Montoya Uribe diga la verdad sobre lo ocurrido en la Comuna 13 mientras era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército. Foto: Julio C. Londoño Á.
Además, el Ministerio Público ha asegurado que el entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, tuvo total conocimiento de la Operación durante un consejo de seguridad que se realizó a principios de mayo de 2002 y del cual no existe acta. Estas decisiones judiciales, más a favor de las Fuerzas Armadas que de las víctimas sobrevivientes, se han sustentado en la supuesta legalidad que tuvieron las casi veinte operaciones que padeció la Comuna 13 durante 2002.
“En esa presunta legalidad de las operaciones, esconden todas las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que se dieron en el desarrollo de esas operaciones”, explica Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad. “La mayoría de los casos donde están involucrados militares, la impunidad se mantiene por encima del 97 por ciento. Lo único que se ha medianamente esclarecido es el caso de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, por la presión nacional e internacional que ha habido. Pero incluso cuando se logran avances, se quedan en el nivel más bajo, no en los máximos responsables que son los generales y comandantes del Ejército”.
En el caso de la Operación Mariscal, las organizaciones sociales y el Ministerio Público han denunciado la sistemática violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, por el exceso en el uso de la fuerza por parte de los militares quienes ingresaron a la comuna con cerca de 700 efectivos en vehículos, tanquetas y helicópteros. Además, en el centro de aquel día aún permanece el recuerdo del papel que jugó la Unidad Hospitalaria de San Javier, donde las autoridades instalaron el centro de mando de la operación, entorpeciendo la entrada de los heridos y la labor médica.
Durante la conmemoración número 17 de la Operación Mariscal, la comunidad realizó un grafiti en apoyo al proceso de paz. Foto: Julio C. Londoño Á.
En el caso de las víctimas, no han sido reconocidas en el Registro Único de Víctimas. Por el contrario, han padecido la persecución por parte de las estructuras paramilitares que tras las operaciones tomaron el control de la Comuna 13. Es el caso de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), quienes el 6 de octubre de 2004 perdieron a la lideresa Teresa Yarse, y por lo cual el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Paradójicamente el Estado, a través de la Unidad de Víctimas, reconoció en 2017 a las cerca de 180 familiares que componen a Mujeres Caminando por la Verdad como Sujeto de Reparación Colectiva. Sin embargo, según cuenta Arboleda, desde entonces no ha habido ningún avance hacia un plan de reparación real.
Para Arboleda, la puerta más próxima para destrabar la verdad sobre la Operación Mariscal son los mecanismos creados a partir del Acuerdo de Paz: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas.
“La JEP es una posibilidad de esclarecer verdades individuales y atribuir responsabilidades. En la Comisión de la Verdad, nuestro mandato es el esclarecimiento a nivel más general”, explica Max Yuri Gil, coordinador de la Comisión de la Verdad en Antioquia y el Eje Cafetero. “En el caso de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, si bien es cierto que de la Operación Mariscal no hay una cifra alta de desapariciones —se habla de una o dos personas—; en Orión y después de ella estamos hablando de más de 100 víctimas de desaparición forzada. La Escombrera de la Comuna 13 es uno de los lugares para los cuales el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ha pedido medidas cautelares, para que sea preservado ese territorio por la sospecha de que allí hay personas inhumadas. Por eso todo el sistema va a tener que ver con la Comuna”.
Actualmente, varias organizaciones de la Comuna 13 preparan un informe para la JEP y para la Comisión de la Verdad que da cuenta de las responsabilidades del Estado, particularmente de las Fuerzas Armadas, con las víctimas de la Operación Mariscal. Para esto, deben lograr recaudar las pruebas que demuestren que hubo un plan criminal que permita a la JEP priorizar el caso y llamar a los responsables a comparecer.
El gran desafío será lograr estos informes en una Comuna que actualmente sigue padeciendo enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estructuras criminales que han ido mutando desde la antigua guerra entre milicias y paramilitares.
“Hacemos un llamado a las autoridades locales para que brinden soluciones reales al conflicto que vive hoy nuestra comuna”, pide Luz Elena Galeano, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad. “Esas soluciones no son la militarización de nuestros barrios, no queremos que historias como la de la Operación Mariscal, que cumple 17 años, se vuelva a repetir. Que sea una oportunidad para apoyar el proceso de paz, porque creemos en esta oportunidad histórica para conocer la verdad, esclarecer los hechos, qué pasó, por qué pasó y quiénes fueron los verdaderos responsables”.