La Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín se convirtió en la primera organización de los sectores LGBT en ser reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva en el marco del conflicto armado colombiano. Pero la reparación ha sido una disputa permanente con el Estado por encontrar puntos en común.
Por: Julio C. Londoño Á.
En enero de 2016, la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín se convirtió en la primera organización de los sectores LGBT en ser reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) en el marco del conflicto armado colombiano. Aunque la ley estipula un plazo de seis meses para empezar a implementar un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) a partir dicha declaratoria, la organización ha enfrentado una serie de obstáculos institucionales que han retrasado el proceso.
Para Jhon Restrepo, uno de los fundadores de la Mesa, la reparación ha sido una disputa permanente con el Estado por encontrar puntos en común. “El Estado no está preparado para una reparación de los sectores LGBT porque busca mantener un sistema, un modelo y no transformarlo. Las políticas de reparación tienen un enfoque restaurativo que busca devolver a las víctimas el lugar, lo material, lo simbólico, la dignidad. Pero en el caso de nosotros, ¿qué nos van a devolver? Si estamos es buscando poder habitar, transitar, vivir, ser y hacer en cualquier escenario”, pregunta Restrepo.
Esa ha sido la lucha desde que la Mesa LGBT se conformó en el barrio Esfuerzos de Paz, en 2007, poder transformar un territorio históricamente marcado por la guerra y olvidado por el Estado. Desde entonces, comenzó un trabajo comunitario por juntar y visibilizar no solo a las personas LGBT de la comuna, sino a otras poblaciones excluidas como las personas afro que han llegado desplazadas a este territorio desde otras regiones de Colombia.
Foto: archivo Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín
Sin embargo, el impulso que alguna vez contó con 33 jóvenes fue frenado por los grupos paramilitares que se disputaban la ladera oriental de Medellín. Como lo recuerda July Gutiérrez, integrante de la Mesa, en 2010 hubo un desplazamiento de cerca de 150 familias en la comuna. Por ese tiempo, los integrantes de la Mesa habían sido convocados para repintar un mural que rezaba “Adolfo Paz, gracias por pacificar la comuna”, en honor al jefe paramilitar Don Berna. CONVIVENCIA, pintada con los colores de la bandera arcoíris, fue la palabra que reemplazó el mensaje de los armados. El mural no duró un día. Apenas sobrevive un pequeño mensaje: “Insistir, Persistir y Resistir porque la única opción no es la guerra”, del cual los actores armados tacharon el NO para reafirmar simbólicamente su poderío.
Los hostigamientos, ataques físicos y las amenazas se convirtieron en una constante para los integrantes de la Mesa y en un mensaje de advertencia para la población LGBT de la comuna. Ese mismo año, un grupo de hombres identificados bajo el mando de Julio Perdomo, excabecilla del grupo delincuencial ‘Caicedo’, golpearon a varios integrantes de la Mesa que preparaban el primer Carnaval por la Vida y la Diversidad Sexual en la comuna. Que correría sangre y plumas si se llevaba a cabo la marcha fue el mensaje. Y aunque el evento tuvo lugar como un acto de resistencia con el acompañamiento de la policía, la Mesa se desintegraría por el desplazamiento que enfrentaron sus miembros posteriormente.
En total son 51 daños colectivos que la Mesa identificó en su proceso y que quedaron consignados en el documento de diagnóstico del daño que cerró la UARIV en julio de 2018. Un proceso que tomó más tiempo del presupuestado pues, según consignó Colombia Diversa en un informe de 2018, la Mesa se enfrentó en un inicio con la falta de diligencia y transparencia en los procesos adelantados por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV).
Por un lado, estuvieron los problemas logísticos y la falta de comunicación respecto a ciertos ajustes que la Unidad le hizo al Plan. Por otro, la poca experiencia y sensibilidad de los funcionarios públicos en temas relacionados con el género y la diversidad sexual llevaron a los integrantes de la Mesa a repetir en varias oportunidades sus relatos sobre los hechos victimizantes y explicar la relación que estos tuvieron con sus orientaciones sexuales e identidades de género.
Jhon Restrepo, cofundador de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín. Foto: Julio C. Londoño Á.
Y es que como lo explica Colombia Diversa en su informe, a diferencia de las comunidades étnicas o raciales, cuyas prácticas colectivas están ancladas en tradiciones, “las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans no constituyen de ninguna manera […] una comunidad de sujetos con características o experiencias de vida uniformes o con una visión compartida del mundo. Por el contrario, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas han usado como forma de enunciación política la sigla LGBT a modo de categoría sombrilla, con el objeto de visibilizar una raíz compartida de exclusión y discriminación –el sistema heteronormativo–, más no una forma idéntica de habitar o comprender el mundo”.
Por eso, reparar a un colectivo LGBT implica compromisos por parte del Estado para transformar las condiciones de discriminación que permiten las violencias en su contra. Porque como lo explica el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Aniquilar la diferencia, la guerra no se inventó las violencias contra las personas sexualmente diversas, pero sí las exacerbó y los actores armados impusieron sus órdenes morales en los territorios que ocuparon.
En este sentido, y a pesar de la expectativa frente a la ejecución del plan, para Jhon Restrepo es una derrota el hecho de que la UARIV, como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), haya asumido toda la responsabilidad sobre el proceso de reparación y dejado por fuera a otras instituciones como los ministerios del Interior, Justicia, Salud y Educación; que se verían obligadas a crear políticas públicas reales para atender las problemáticas históricas de la población LGBT, víctimas o no del conflicto, con el objetivo de garantizar la no repetición de lo ocurrido con la Mesa.
“Existe la posibilidad de que el plan no se cierre o que no se logre hacer en términos presupuestales, porque depende de la situación fiscal de la Unidad de Víctimas y esta se viene desmantelando. Más aún cuando hoy se propone que no hay un conflicto”, explica Restrepo. “Hoy el recurso sale exclusivamente de la Unidad. Eso hace que no podamos hacer asuntos estructurales y de fondo porque estas otras dependencias como ministerios y secretarías quedaron sin responsabilidad alguna. Eso afecta un asunto fundamental que son las garantías de no repetición y, en ese sentido, se afecta la ley como tal”, agrega.
Una de las instituciones que más impulsó a la Mesa en la Ruta de Reparación Colectiva fue el CNMH, que había prometido a la Mesa acompañar y financiar parte del proceso de implementación del PIRC. Sin embargo, para Restrepo, el cambio en la dirección de este organismo que ahora está a cargo del historiador Darío Acevedo generó una ruptura en el relacionamiento. “El equipo de género se desmanteló dentro del CNMH. Para los sectores LGBT ahora es un riesgo estar ahí y entregar nuestras memorias y nuestros procesos a una institución que hoy no es de las víctimas. Por el contrario, hoy se busca desconocer un conflicto y más aun lo que ha pasado con nosotros. Hoy no es una institución que las víctimas reconozcamos como una instancia legítima y un espacio seguro”.
En este sentido, la opinión de Restrepo es que finalmente son los movimientos sociales quienes han asumido y construido lo que el Estado no les ha garantizado. Por eso, el PIRC contempla una estrategia de rehabilitación para los sectores LGBT que pueda ser ejecutado por la Mesa. Pues aún existiendo una política pública para la población LGBT de Medellín, pocas veces se materializa en las periferias. La Voz de los Cuerpos será el programa con el que la Mesa espera generar espacios protectores y de interlocución para personas LGBT.
“Las Mesas y colectivos son espacios para el tránsito, entendido no desde lo transgénero sino en términos de construcción de identidad diversa”, explica Restrepo. “La inexistencia o el aniquilamiento de esos escenarios hacen que la población no tenga ningún entorno protector o garantías, y eso conlleva a un sinnúmero de problemáticas. Por eso, queremos generar encuentros a través del body art, ejercicios de radio, expresión corporal, baile, cartografías del cuerpo, etcétera. Además, se contará con un recurso para activaciones estética en el espacio público y unos componentes audiovisuales de los encuentros”.
Otro de los componentes que esperan desarrollar será un proceso de formación certificado por una universidad de la ciudad para formar como gestores psicosociales con enfoque LGBT, tanto a los integrantes de la Mesa como a otras personas interesadas. “¿A quién no le ha llegado el parcero con un lío con la familia porque salió del closet? O un tema de pareja, de abuso sexual, en un parque, en una discoteca. ¿Quién tiene herramientas para abordar eso? Por eso queremos generar esas redes de apoyo y entornos protectores para la población”, explica Restrepo.
Parte del plan contempla además un rubro para la adecuación y expansión de Casa Diversa (sede de la Mesa LGBT de la Comuna 8) y la elaboración de un informe de derechos humanos de la población LGBT de Medellín.
Solo hace falta la firma del documento final del PIRC, que se espera esté listo dentro de los dos próximos meses y tendría un costo aproximado de 900 millones de pesos para ser ejecutados en un plazo de tres años. Sin embargo, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley de Víctimas que iría hasta 2021, existe un alto riesgo de que el Plan no logre ejecutarse completamente si la ley no se prorroga.