Las agresiones hacia los líderes sociales y la relación entre las economías ilegales y la financiación de las campañas son las principales amenazas de las elecciones regionales de este año.
Por: Esteban Tavera
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil
La campaña electoral que culminará el próximo 27 de octubre trae consigo varias dificultades que amenazan no solo la transparencia de las elecciones sino también la implementación del Acuerdo Final de Paz. Dichas amenazas pueden resumirse en dos grandes problemas: los altos niveles de violencia en algunos territorios y la relación entre economías ilegales y la financiación de campañas regionales.
Agresiones a líderes sociales y políticos
Para el politólogo Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, la principal preocupación es que, en el actual contexto electoral, muchos de los líderes sociales que quieren participar en política no pueden hacerlo por temor. En su opinión, se puede establecer una relación de proporcionalidad entre el aumento de las agresiones a los líderes sociales y el avance de la justicia transicional. “A la mayoría de los líderes los están matando porque piden verdad y piden tierras, porque quieren participar en política, o porque se oponen a economías ilegales. Entonces, tenemos que la justicia transicional está despegando y a medida que avance, los líderes sociales serán objeto de mayor persecución. El año pasado mataban a un líder cada cuatro días y este año los están matando cada dos días y medio”, señaló Ávila.
Sobre los autores de esta persecución, Ávila asegura que el 30 por ciento han sido relacionados con disidentes de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo. El otro 70 por ciento ha sido catalogado por la Fiscalía General de la Nación como “particulares” y “autores no identificados”. “Hay gente en la legalidad que está contratando sicarios para que mate líderes sociales. Cuando uno se pregunta quién es el que está mandando a matar, la respuesta depende del territorio: en Urabá, por ejemplo, ¿quién manda a matar a los líderes de tierras? Pues los despojadores. ¿Quién manda a matar a los líderes del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en Tumaco, Nariño? Pues los narcos que quieren seguir sembrando coca en ese territorio. ¿Quién mata a los líderes que quieren participar en política en el Caquetá? Pues la competencia política”, explica Ávila. Un problema que se suma al asesinato en masa de líderes sociales es que el trabajo de la Fiscalía ha sido relativamente eficiente en el esclarecimiento de los autores materiales, pero ha fallado en identificar a los autores intelectuales.
Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, existe una coincidencia entre los lugares con mayores niveles de violencia a líderes sociales y los territorios a los que se quería apuntar con las 16 circunscripciones especiales de paz propuestas en el Acuerdo Final. “Lo que ocurrió en esas zonas es que las organizaciones criminales que tenían negocios ilícitos se quedaron quietas mientras se definía la desmovilización de las Farc. En ese momento afloraron liderazgos comunitarios que antes no existían. Cuando llegaron nuevos grupos a ocupar el vacío dejado por las Farc, al ver que no podían tranzar con los nuevos liderazgos, casi todos representados en las Juntas de Acción Comunal, empezaron a usar la violencia”.
La explicación de Barrios se sustenta en datos de la Misión de Observación Electoral. Según ese organismo, cada tres días hay una agresión contra personas que están participando en la contienda electoral. “A los líderes políticos los matan menos, pero los amenazan más, porque el espíritu del político es la transacción. Entonces, a los líderes políticos los amenazan, estos negocian con lo actores armados y no pasa más. Con los líderes sociales hay algunos que no negocian, más o menos el 45 por ciento, y otros que sí lo hacen porque esa es su forma de sobrevivir en el territorio”.
Economías ilegales
Según Barrios, en Colombia no se ha logrado que todos los partidos enfrenten las campañas electorales en igualdad de condiciones. Prueba de ello es que el 92 por ciento de los dineros que financian las campañas a elecciones regionales viene de préstamos bancarios, de aportes de amigos o de entidades privadas. Eso significa que, en muchos territorios, cuando hay pocos recursos para financiar sus campañas, estos acuden a estructuras ilegales que mueven negocios en su territorio de influencia. “Es muy grave la relación que hay entre las economías ilegales y las campañas electorales. Los territorios con economías ilegales son los más apetecidos en términos de administración pública, porque estamos hablando no solo de cultivos ilícitos, sino también de minería ilegal, de extracción de maderas o de otros minerales. Puede ser un municipio muy pequeño, pero mueve demasiada riqueza no declarada que necesita, en muchísimos casos, de la aceptación de la autoridad para que pueda llevarse a cabo”.
Ávila coincide con Barrios, pues cree que los altos costos que requieren las campañas políticas ponen a los candidatos ante un dilema: o se vuelven una fuerza minoritaria con poca representación o empeñan sus candidaturas ante los poderes económicos legales e ilegales. Esto, en su opinión, genera aún más violencia política. “Hace cuatro años, en Córdoba, comprar un voto valía 140 mil pesos, sin embargo, con el escándalo de Odebrecht, el precio bajó y hoy está costando cerca de cuarenta mil pesos. Eso se debe a que los empresarios están muertos de pánico de que haya unos coletazos por ese tema y esa es la razón por la que no financian. Eso puede tener dos consecuencias: una es que las fuerzas alternativas, al no tener que competir contra la maquinaria de la plata, puedan tener algunos resultados positivos. Pero la otra es que los candidatos que ya no pueden acudir al empresario vuelvan a acudir al narcotraficante, como lo hacían antes”.