Más de 15 años después del ataque en San Adolfo, Huila, sigue sin resolverse qué sustancia utilizó la guerrilla en una de las peores arremetidas del conflicto armado en este pueblo.
Por: Alejandra Imbachí
En sus 76 años, Rosalie Urquina ha sido testigo de los ataques a los que ha estado sometido San Adolfo, una inspección del municipio de Acevedo, al suroriente del Huila. A la experiencia de la edad, se suma todo lo que ha visto desde la sastrería que tiene al frente del parque principal del caserío, donde han ocurrido varios de los hechos más relevantes del conflicto armado.
Aunque dice que no le gusta recordar, en su mente siguen todos los detalles de aquel 2 de septiembre de 2001, cuando las Farc marcaron la historia de San Adolfo.
Era domingo de mercado. Como siempre, los habitantes salieron al parque principal a comprar todo lo que necesitaran para la casa, sus abarrotes, sus verduras. Pero el comercio estaba especialmente convulsionado ese día.
A las 11 de la mañana, una delegada de la Gobernación del Huila llegó con ollas, colchones y mercado para repartir entre los afectados de un incendio que una semana atrás consumió la casa de Francisco Burbano, en el centro de San Adolfo, a raíz de un descuido con el fogón de la cocina. A la ya inusual cantidad de personas en el parque, se sumaron quienes llegaron de otros municipios a San Adolfo, atraídos por la cosecha cafetera del momento para buscar trabajo en algún cultivo.
Pero pese al movimiento, Rosalie describe que ese día había un ambiente de zozobra, el mismo que se había convertido en cotidianidad desde hacía unos años: “Era normal ver hombres desconocidos sentados en el parque o merodeando la zona. Si de repente se iba la energía, era una clara señal de que las Farc llegarían. Vivir en San Adolfo era no tener la certeza de qué pasaría mañana”.
La incertidumbre rondaba desde finales de los años 90, cuando el Bloque Sur reforzó su presencia en el Huila, específicamente en Acevedo. Primero con el Frente 13 Cacica Gaitana y luego con el 61 Cacique Timanco. Sin embargo, las confrontaciones se remontan a los años 50 con La Violencia y luego con la presencia del Bloque Sur, que posteriormente se denominó Farc.
Como explicó el profesor Camilo Echandía de la Universidad Externado de Colombia, en su investigación ‘La guerra por el control estratégico en el Suroccidente colombiano’, los guerrilleros estaban interesados en mantener su fuerza en Acevedo porque esto les garantizaba al menos una parte del corredor entre Caquetá y Cauca, para mover armas, tropa y droga. De acuerdo con Rosalie, San Adolfo tiene fácil acceso al municipio caqueteño de Belén de los Andaquíes, a través de una zona montañosa de la Cordillera Oriental difícil de controlar.
Fue por esto que las Farc intentaron establecer su presencia en Acevedo, específicamente en San Adolfo. Algunas veces con ataques contra los civiles y otras contra la Policía y los políticos locales, ataques que el profesor Echandía califica como una táctica para desestabilizar las instituciones y reforzar su propia presencia. Este fue el llamado ‘plan pistola’, como explica el informe de 2003 del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la Vicepresidencia de la República.
En agosto de 1987, cerca de las 10 de la noche, las Farc y la Policía se enfrentaron durante casi cuatro horas. Para Freddy José Vergara, habitante de San Adolfo y testigo de los hechos “el ataque de 1987 al puesto de Policía en San Adolfo fue demasiado sangriento. Hubo muchos muertos de las Farc y aquí se escucharon rumores de algunas fosas que ellos hicieron para enterrar los cuerpos porque ellos los recogieron a todos ”. Los registros de la Policía del departamento del Huila especificaron que en el hecho la estación de Policía fue totalmente incinerada y, además, murieron un policía y 82 guerrilleros.
En septiembre de 1996, las Farc atacaron otra vez la inspección de Policía, pero en esta ocasión la de Acevedo, ubicada en su centro poblado. El periódico El Tiempo relató que el puesto de Policía fue destruido y en el ataque murió el patrullero Javier Ramírez Vega, de 30 años.
El 25 de mayo del año siguiente, las Farc se ensañaron con el alcalde de Acevedo, José Lizardo Peña, quien se había posesionado en 1995. El dirigente fue asesinado cuando se dirigía al municipio vecino de Pitalito. El crimen fue atribuido a guerrilleros que tenían presencia en el área. Posteriormente, su familia tuvo que exiliarse en otro país porque los amenazaron luego del homicidio, como lo narró el periódico Diario del Huila.
La constancia de los ataques se ratificó con la masacre de cinco personas en la vereda de San José de Riecito de la inspección de San Adolfo, el 20 de agosto de 1999. El portal Rutas del Conflicto documentó que algunas de las víctimas vivían en las veredas Playitas y Monserrate, y que el Frente 61 de las Farc estaría detrás de los hechos, de acuerdo con los reportes de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo.
Esto, en parte, explica la zozobra a la que se refiere Rosalie. Pero, aunque la violencia de esos años dejó más muertos que en otras tomas que ocurrirían en San Adolfo posteriormente, para ella el 2 de septiembre de 2001 fue lo que marcó la historia de la inspección.
Minutos antes de una incursión de las Farc
Misael Rojas* perteneció a las Farc por 40 años, hasta que dejó las armas por el proceso de paz que esta guerrilla firmó con el Gobierno colombiano en 2016. El hoy reincorporado del Bloque Sur cuenta que la entonces guerrilla siempre analizaba ciertas condiciones antes de un ataque. La primera era pensar en el enemigo, es decir, en cuántas personas había del otro lado dispuestas a contraatacar y con qué podrían hacerlo. La segunda era el clima porque, por más básico que parezca, debían fijarse en si iba a llover o bajo qué posible temperatura estarían en el enfrentamiento para definir su indumentaria. La tercera era el terreno, dónde estaban ubicados geográficamente, qué cercanía había con zonas urbanas, de qué manera y con qué transporte podían llegar al lugar. También se fijaban en el tiempo, cuánto tardaba el traslado a la zona, la hora de inicio de incursión, los minutos que duraría el ataque, la hora de salida. Finalmente, luego del operativo analizaban los buenos resultados y las mejoras para las próximas incursiones.
Aunque Misael no pertenecía ni al Frente 13 ni al 61, asegura que “las tomas se hacían para recuperar armas que tenían los policías y que se empuñaban en contra del pueblo y sus derechos. Normalmente las emboscadas las realizábamos en zonas alejadas de lo urbano y con pocos policías. Atacábamos en lugares donde teníamos certeza de victoria”. El corregimiento de San Adolfo contaba con todas esas características.
Quizá ese 2 de septiembre, las Farc estaban repasando todos los pasos que se ejecutaban durante las tomas, al mismo tiempo que el comercio de San Adolfo seguía en pleno. Nancy Ferreira, una habitante de la inspección que estaba allí ese día, cuenta que algunos estaban tomando trago en una de las tiendas del parque cuando llegaron unos hombres uniformados de las Farc. Era la 1:15 p.m. Ellos pidieron que les devolvieran unas maletas que algún particular les había guardado en la tienda unas horas antes, cuando los mismos guerrilleros fueron vestidos de civil simulando ser cosechadores de café. En las maletas tenían parte de sus uniformes y armamento.
Cuando salieron de la tienda, con las maletas en manos, llegaron varias camionetas de transporte público cargadas con quienes hasta entonces parecían jornaleros. Cinco minutos después, ellos hacían parte de las filas de combatientes que comenzaron a tomarse el caserío. Lo que más le llamó la atención a Nancy es que de las camionetas se bajó también el personal médico que las mismas Farc traían.
En poco tiempo, cerca de 300 hombres de los Frentes 61 Cacique Timanco y 13 Cacica Gaitana estaban ubicados las esquinas del pueblo, en algunos techos de casa con fachadas, en casas con lotes que conectaban a otras calles, en casas contiguas a la estación de Policía. En pocas palabras, el parque de San Adolfo estaba totalmente rodeado por las Farc, como lo relataron en un informe de la Policía de Acevedo realizado en 2014 y varios testimonios de la comunidad.
Además, los guerrilleros bloquearon las vías de acceso al pueblo, ubicándose en el cruce de las veredas La Esperanza, San Marcos y La Siberia. Algunos pobladores incluso creen que días antes, las Farc habían realizado un detallado análisis de San Adolfo, quizá con informantes en fincas, porque conocían el acceso a los túneles de la estación de Policía que funcionaban como trinchera y que a la vez eran las posibles salidas de emergencia de los patrulleros.
El objetivo esta vez era la estación de Policía, ubicada a todo el frente del parque central, y los 11 uniformados que estaban a cargo de la inspección.
“De un momento a otro, cayeron detonaciones sobre las instalaciones de la inspección que destruyeron el techo y las paredes. En medio de la toma, de la angustia por no tener suficientes compañeros, tiempo y armamento para contraatacar, decidimos acceder al túnel como única alternativa de protección. No estar preparados para un episodio de estos nos hizo caer fácilmente”, dijo Carlos Osorio*, policía que estuvo dentro de la estación en ese momento y con quien logré entrevistarme en el municipio de Palestina.
Un gas desconocido
El operativo de 300 guerrilleros contra 11 policías no dio tregua. “Los estruendos eran terribles, los gases fueron tan fuertes que permanecíamos borrachos, por un lado, esos químicos y el fuego, y por el otro, los estruendos. Muchos salimos del caserío aterrorizados”. Así recuerda Fredy Vergara, habitante de San Adolfo, ese día en el que las Farc atacaron por primera vez con gases tóxicos.
La guerrilla detuvo a los policías y los llevó a la vereda San Marcos, a un lugar conocido como el puente La Hamaca. La Sentencia 024 del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva, proferida el 1 de diciembre de 2016, detalló que el guerrillero Denys Rodríguez alias ‘Aurelio’ o ‘Timo Chengo’, del Frente 61, le dio una charla a los policías para explicarles los ideales de las Farc e invitarlos a unirse a la causa. Luego, los insurgentes liberaron a la mayoría de los policías, pero dos siguieron retenidos: el comandante segundo William González Peña y el cabo Jairo Morales Bernal, debido a su rango e importancia en la institución.
Los ya liberados regresaron a la inspección cuando eran aproximadamente las seis de la tarde. Para entonces, el malestar de la garganta que parecía reacción a los escombros se convirtió en una tos seca con picazón en la nariz y dificultad para respirar. Fue por esto que llegaron al puesto de salud de la inspección. El problema es que, como cuenta Nurt Collazos, la enfermera de ese momento, sólo había Isodine, alcohol, gasas y un par de camillas. Fue por esto que el equipo médico decidió remitirlos a Pitalito, pero sin los mejores resultados. A las ocho de la mañana del día siguiente, se reportó la muerte de los agentes Abelardo Franco Aranda, Édgar Osorio Aldana y Pablo Rolong Escobar. Las necropsias utilizadas por el Juzgado de Neiva registraron que la causa de muerte fue la inhalación de gases tóxicos que derivó en un edema pulmonar, que es una inundación de los pulmones.
El otro agente que murió también por afectación de los pulmones fue el cabo Jairo Morales Bernal, quien falleció el 3 de septiembre de 2001 en la retención, mientras la guerrilla los dirigía hacia la cumbre de una de las montañas. Por su parte, el sargento William González fue liberado 11 días después del ataque y fue uno de los sobrevivientes a los hechos.
A pesar de la certeza de que los policías murieron por los gases que lanzó la guerrilla, hoy, 17 años después, sigue sin conocerse qué sustancia específica se utilizó. Algunos periódicos del momento aseguraron que fue cianuro. Pero ni los estudios realizados en Estados Unidos, con pruebas enviadas desde Colombia, pudieron comprobar científicamente qué clase de gas mató a los agentes. Para Misael, en la mayoría de los enfrentamientos las versiones de la prensa favorecían al Ejército o a la Policía, pues muchos de sus compañeros, dijo, murieron en peores circunstancias y sin la debida atención médica.
Por su parte, la sentencia condenatoria de ‘Aurelio’, que ha sido la única jurisprudencia en contra de las Farc por estos hechos, ratificó que los policías murieron por “inhalación de gases tóxicos” aunque reconoció que nunca se identificó cuál fue esa sustancia. Por eso, el Juzgado de Neiva todo el tiempo se refirió al gas como “sustancia tóxica volátil”, sin poder precisar más allá.
Sobre la bebida que las Farc les dieron posteriormente a los policías, el agente Édgar Muñoz contó ante los juzgados que todo fue una idea de los guerrilleros para que el líquido activara más rápidamente el gas que los policías ya habían inhalado. Pero nunca hubo pruebas suficientes de ello y, además, las necropsias no lo indicaron de esa manera, según la justicia colombiana.
Los ataques con químicos han sido tan poco abordados en este caso y en la historia del conflicto colombiano en general, que un experto del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR), quien pidió la reserva de su nombre, manifestó que no existe un registro sobre el uso de gases tóxicos ni una organización que precise qué tan frecuente ha sido su uso como arma de guerra o quiénes lo han utilizado en el país. Aseguró, además, que son tan graves las consecuencias que organismos internacionales podrían intervenir si se llega a comprobar el uso de estas sustancias en el conflicto colombiano.
Más allá de la incertidumbre de los gases, el ataque de las Farc dejó otras secuelas para la Policía y, especialmente, para la población civil. El cuartel que quedó resumido en dos medias paredes, polvo y escombros. Las casas aledañas a la estación oficial presentaron daños en columnas, pisos y baños, como la de Ilde Trujillo. Durante su evaluación después del ataque, el 3 de septiembre de 2001, el comité local de emergencias del municipio de Acevedo registró que la vivienda de Pedro Guzmán sufrió daños en su techo, paredes y baños. El puesto ambulante de venta de dulces de Alcides Papamija se perdió totalmente y la camioneta de Darío Chavarro quedó con las puertas, el capote, las luces y los sillones dañados por los escombros que le cayeron encima.
Tierras codiciadas por el conflicto
Los daños a las casas de la gente del pueblo se dieron porque vivían cerca a la estación. Esto era un ejemplo de cómo la gente quedaba en medio de los grupos armados. “Ser de San Adolfo era estar en medio de un conflicto, donde los habitantes éramos unos guerrilleros para las Fuerzas Militares y unos sapos para las Farc», dijo Freddy Vergara, habitante del pueblo y testigo del ataque.
Él cuenta que además de los señalamientos por parte de los armados, también tenían que cargar con la estigmatización de las otras comunidades de la región. “Nos trataban como guerrilleros por el hecho de estar en un conflicto en el que las únicas víctimas fuimos los habitantes”, concluyó Freddy.
La zozobra que cuenta Rosalie la describe Freddy con otras palabras, al narrar cómo muchos dejaron sus cosas tiradas, vendieron su tierra a precios muy bajos; cómo era un pecado que los jóvenes prestaran servicio militar porque al llegar los mataban “dizque por informantes”. “Fue muy difícil. Entonces sobrevivimos fue guardando silencio y aguantando injusticias”, manifestó Vergara.
La incertidumbre aumentó con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a partir de 2002. La comunidad cuenta que durante el año que las Auc estuvieron en San Adolfo, ese grupo ilegal pretendió tomar el control de la zona y comenzaron a cobrar impuestos o “vacunas” a los campesinos.
La Policía de San Adolfo afirmó que la estación de este pueblo huilense solo fue reconstruida a partir del año 2007 y, en ese mismo tiempo, las Fuerzas Militares registraron el cese de actividades de las Farc en la zona.
Sin importar si los grupos armados se fueron o no del pueblo, algunos habitantes de San Adolfo siguen con temor y otros con resentimiento por lo sucedido. Muestra de ello es el poco acceso que permiten a una conversación sobre temas del conflicto. También manifiestan que en medio de las dificultades se hicieron fuertes, aprendieron a ser sinceros y no meterse en problemas. Reconocen que el conflicto les dejó sólo algo bueno, y es la unión y el sentido de ayuda y acompañamiento entre la comunidad. Algo que los motiva a seguir y es el camino de construcción de una mejor sociedad para que sus nietos no vivan lo que a ellos y a sus hijos intereses ajenos los obligaron a vivir.
*Los nombres de las fuentes fueron cambiados por cuestiones de seguridad.
Investigación realizada bajo el proyecto “Periodismo para narrar la memoria”, de Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW Akademie. Publicada originalmente aquí.
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