El asesinato de líderes sociales, la falta de recursos para la reincorporación socioeconómica de exguerrilleros, la dilación en la aplicación de la Ley de Amnistía y las divisiones al interior del partido FARC, son los principales fracasos en la implementación del Acuerdo Final de Paz a dos años de su firma.
Por: Esteban Tavera
Foto: Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Santa Lucía, Ituango
El politólogo Ariel Ávila es contundente al evaluar la implementación de los Acuerdos en estos dos años: “es un gran desastre”. Su opinión se sustenta en Cómo va la paz: reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz, un extenso informe elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), de la que es subdirector.
La investigación fue presentada el pasado 5 de diciembre en la Universidad de Antioquia, en medio de un evento académico en el que también intervinieron Andrea Aldana, investigadora de Pares, Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y José Luciano Sanín, de la Corporación Viva la Ciudadanía. Los cuatro coincidieron en que para hacer un balance del estado de la implementación es necesario mirar los Acuerdos de forma orgánica, por eso se enfocaron en los cuatro elementos que para ellos determinan su éxito o fracaso: las garantías de seguridad para los excombatientes y líderes sociales, el avance en los proyectos de reintegración socioeconómica, el funcionamiento de los mecanismos de participación política para quienes dejaron las armas y la implementación de las medidas jurídicas.
Seguridad para los excombatientes y líderes sociales
Este elemento es quizá el qué más genera preocupación entre los expertos, pues la cifra de excombatientes asesinados desde que se firmó el Acuerdo hasta noviembre de 2018 llega a 83. Además, en ese mismo período se han registrado 24 homicidios en contra de familiares de personas que dejaron las armas.
Las regiones más afectadas por este problema son Nariño, Antioquia, Cauca y Caquetá. En Antioquia, según las cifras presentadas por Andrea Aldana, investigadora de Pares, trece excombatientes han sido asesinados en lo corrido de estos dos años. “Las principales razones de los homicidios de estas personas son las viejas rencillas que dejaron en los territorios, la respuesta negativa que le dan a los nuevos grupos posFARC para volverse a vincular a la lucha armada y las retaliaciones de los grupos disidentes porque supuestamente algunos desmovilizados están trabajando en compañía con la fuerza pública”, explicó Aldana.
En cuanto a la seguridad de los líderes sociales, aspecto que también está consagrado en los Acuerdos, las cifras presentadas por Pares son aún más alarmantes. Desde la firma del Acuerdo Final se han registrado 545 agresiones a personas que ejercen algún tipo de liderazgo en sus comunidades: 274 amenazas, 200 homicidios, 56 atentados, dos agresiones sexuales, nueve secuestros y cuatro desapariciones forzadas.
Proyectos de reintegración socioeconómica
En cuanto a la reincorporación socioeconómica de los guerrilleros que dejaron las armas, de acuerdo con las cifras de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, de los 13.049 desmovilizados acreditados para recibir las ayudas primarias en su tránsito de la armas a la vida civil, 12.475 han recibido el apoyo de dos millones de pesos contemplado en el Acuerdo como la Asignación Única de Normalización. Todavía hay 574 excombatientes sin recibir la ayuda.
Por otra parte, según Ávila, de los 19 proyectos productivos de carácter nacional que debían recibir financiación del Estado, tan solo dos están en funcionamiento, los demás siguen a la espera de aval o ya fueron aprobados pero los recursos no han sido desembolsados.
“Para los excombatientes de las FARC estos son los proyectos más importantes porque en ellos prima una idea de la reincorporación como grupo y no individualmente”, agregó el investigador Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Valencia explicó que en Antioquia tan solo un proyecto productivo está en funcionamiento, pero los recursos para impulsarlo salieron del propio bolsillo de los excombatientes. Esta iniciativa se desarrolla en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación del municipio de Ituango, donde un grupo de desmovilizados se unieron con el objetivo de trabajar alrededor de la ganadería.
Pero más allá de las demoras en la aprobación de los recursos para los proyectos productivos que servirán de sustento para los antiguos guerrilleros, entre muchos de ellos la preocupación es que los espacios en donde hoy viven tienen los días contados, y muchos de ellos aún no cuentan con un ingreso mensual fijo, es decir, no tienen la capacidad de pagar un alquiler ni mucho menos de construir su propia vivienda.
Participación política
En lo relacionado con la participación política de los excombatientes de las FARC, los expertos presentaron un balance desfavorable. El principal aspecto negativo es la división que hay en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, demostrada en la hostilidad que hay entre sus líderes.
Según el informe presentado por Pares, “lo anterior se vio evidenciado en desacuerdos entre integrantes del Consejo Nacional de los Comunes, compuesto por 111 integrantes, y que se reunió entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. A esta reunión faltaron 27 personas, de las cuales siete presentaron excusas por no asistir, cinco renunciaron a su condición de militantes y los 15 restantes hacen parte de liderazgos que no se sienten satisfechos con la implementación del Acuerdo ni con las garantías para su participación política”.
Además, según Ávila, es evidente el distanciamiento que hay entre la dirigencia del partido FARC y las bases sociales. “Esto se complica con el hecho de que ellos no se pensaron la política desde lo regional sino directamente de lo nacional, entonces, hoy tienen unos congresistas pero no cuentan con ningún candidato fuerte para pelear en las elecciones regionales que se vienen el próximo año”, señaló el politólogo.
Medidas jurídicas
En cuanto a las medidas jurídicas que se contemplaron en el Acuerdo, el balance es agridulce. La parte positiva de la implementación viene por cuenta del buen funcionamiento que está teniendo la Jurisdicción Especial de Paz, en donde ya hay cinco macro casos en investigación; y por la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad y de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Sin embargo, la parte negativa está determinada por las dilaciones en la aplicación de la Ley de Amnistía. De acuerdo con las cifras presentadas por Pares, hay 327 personas privadas de la libertad que según la FARC deben ser favorecidas por los beneficios contemplados en Ley 1820 de 2016. También preocupa la orden de extradición que pesa sobre el excomandante guerrillero Jesús Santrich, quien está acusado por la Fiscalía General de la Nación de conspiración con fines de narcotráfico.
Para los expertos que participaron en la mesa, el caso de Santrich es una piedra angular en la implementación del Acuerdo, puesto que incide directamente en el éxito que puedan tener otros aspectos del proceso de paz. “Ese caso es fundamental porque puede determinar el futuro de la guerra en Colombia, es decir, puede definir si en Colombia se fundará una nueva guerrilla o se generará un nuevo proceso de bandolerización. Si extraditan a Jesús Santrich, muchos ex mandos medios de las FARC se van a sentir traicionados y van a volver a las armas a refundar la guerrilla; mientras que si no lo extraditan, es posible que esos grupos que nacieron luego del Acuerdo se queden como simples expresiones de bandolerismo. De ahí la importancia que tiene este caso”, explicó Ávila.
La mirada optimista en el balance de implementación de los Acuerdos fue presentada por el director de la Corporación Viva la Ciudadanía, José Luciano Sanín. Para él, el Acuerdo ha traído a la democracia colombiana una variedad de mecanismos de participación que le abrieron las puertas a muchos sectores de la sociedad para que se comprometieran con las discusiones políticas del país. “El Acuerdo no solo incorporó 114 tareas de participación en cada uno de sus componentes, sino que también definió una serie de medidas con el fin de ampliar los mecanismos de participación. Además, vinculó a una nueva generación a la política, despertó la esperanza de que el país se puede transformar a través de la democracia”, aseguró Sanín.
Estas esperanzas, sin embargo, contrastan con las iniciativas del nuevo Gobierno que, según el Informe Cero, publicado por el Observatorio de la Participación Ciudadana en la Implementación del Acuerdo Final, del que Viva la Ciudadanía forma parte; pese a que en los primero 18 meses del Acuerdo se evidenció algún desarrollo de los componentes de participación ciudadana, en el último semestre no hubo impulso alguno en ese campo.
Al final del evento, quedó entre los asistentes la sensación de que la implementación del Acuerdo Final logró avanzar durante el Gobierno anterior, pero que con la llegada de la administración Duque se puso freno a lo que con paso lento venía caminando.