La organización de Derechos Humanos reconoce algunos avances en el plan acordado con la Unidad de Víctimas, pero estos, asegura la encargada del proceso, no superan el 50 por ciento de la ejecución. Preocupa la falta de voluntad del nuevo Gobierno Nacional.
Por: Carlos Olimpo Restrepo S
Si el proceso de reparación al Instituto Popular de Capacitación (IPC) como víctima de agresiones en el marco del conflicto armado marchó de manera lenta entre 2015 y 2018, para los años próximos, lo que falta de su ejecución puede ser aún más demorado o, quizá, hasta sea congelado. Y ese no es el único caso que corre este riesgo.
La preocupación surge de recientes encuentros entre sujetos de reparación colectiva que ha reconocido hasta la fecha la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad encargada de hacer cumplir, por parte del Gobierno Nacional, el punto 5 del Acuerdo Final con las Farc.
Esa figura ya estaba incluida en la Ley 1448 de 2011, como un adelanto a las incipientes conversaciones que empezaban en La Habana, además de representar un avance ante la normatividad vigente para la época, que pretendía ser más integral que la establecida para el proceso desmovilización de las autodefensas.
Entre los casos emblemáticos que mayor avance presentan en la reparación son los de Redepaz, Afromujeres y el IPC, pero ninguno de ellos llega al 50 por ciento de lo acordado con la Unidad. La ONG antioqueña fue incluida en este listado debido a los ataques y amenazas recibidos entre 1999 y 2001, realizados por paramilitares del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los cuales se cuentan un atentado con explosivos la noche del 29 de agosto de 1999 y el secuestro de cuatro integrantes de la institución, en enero de ese año.
“Como hoy se está cambiando la Unidad, esto se vuelve muy dispendioso, con mucho reproceso. Hay que reconocer que allá hay personas con voluntad de hacer lo que ordena la Ley, pero algunas cabezas o jefes, no”, dice Nelly Osorno, vicepresidenta de la Junta Directiva y coordinadora del proyecto de reparación al IPC.
Pero esto es lo normal, era lo que se esperaba al cambiar el ejecutivo nacional desde el 7 de agosto de 2018. Sin embargo, advierte la dirigente, los mayores riesgos están por venir. “El 12 de septiembre hicimos un encuentro con algunos sujetos nacionales de reparación colectiva y vimos que el pesimismo es generalizado y hay varias razones para esto; en primer lugar, tememos que este gobierno no le va a apostar a la implementación del acuerdo con las Farc; segundo, porque el Centro Democrático acaba de presentar en el Congreso de la República una propuesta de reforma a la Ley 1448; y tercero, porque ya hay una propuesta de reestructuración, se empieza a ver un desmembramiento de la Unidad”.
Por eso, en el encuentro realizado en Bogotá el pasado 12 de septiembre, “la decisión que tomamos en la red nacional fue trabajar más articulados en lo colectivo. Las decisiones de cada grupo en particular se hacen desde los planes ya acordados con la Unidad, pero esa entidad es un equipo que, como está cambiando, que va para reestructuración, no sabe para dónde va”, insiste Nelly Osorno.
En el 2015, el IPC y la Unidad hicieron un diagnóstico del daño y acordaron varias acciones puntuales en el marco del Plan Integral de Reparación Colectiva y, aunque hay avances, también dificultades, en especial administrativas.
Por ejemplo, para empezar la ejecución de dicho plan, en 2015 se encargó a una empresa contratista, es decir, un operador ajeno a la entidad oficial y a la ONG, lo cual generó una discusión entre estas dos que terminó cuando se acordó que, en adelante, de los proyectos se encargaría el IPC, mediante contratos autorizados por resoluciones de la Unidad, que debían pasar los filtros exigidos por los organismos de control del Estado. Así se realizó en 2016 y 2017, pero este último año el contrato apenas fue de 45 días.
No se trata solo de que nos entreguen el recurso para su ejecución, sino de que haya tiempo para ejecutar y hacerlo bien. Estos plazos tan cortos terminan revictimizando al IPC
Nelly Osorno
Pese a esto, la investigadora reconoce el progreso en la puesta en marcha de los aspectos que hacen parte del plan acordado entre la Unidad y el IPC. “En 2016 se avanzó en las propuestas de investigación y en la recuperación y organización del archivo histórico. Este último nos sirve para las investigaciones y para avanzar en el tema del derecho a la verdad”, dice la dirigente.
Lo ejecutado en 2017 incluyó nuevas investigaciones, trabajos para fortalecer la agencia de prensa, con la realización de algunos informes especiales, y continuó la organización del archivo histórico.
Para 2018, el proyecto apenas fue aprobado el pasado 14 de septiembre, pero el IPC espera concluir la organización del archivo y dejarlo digitalizado, para que toda la información esté disponible de manera virtual. También continuará el fortalecimiento de la agencia de prensa y se van a hacer dos propuestas de investigación a la Comisión de la Verdad. “Hasta este año nuestro caso sigue en firme, pero en 2019 no se sabe”, concluye Osorno.