Las cifras sobre cultivos considerados ilícitos por las autoridades colombianas varían según la entidad y el método que se emplee para la medición y el caso de Antioquia resulta peculiar, en especial en lo que se refiere a la erradicación.
Por: Carlos Olimpo Restrepo S
Foto: Programa de sustitución de cultivos en Briceño, Antioquia/Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto
El crecimiento de los cultivos y la producción de sustancias ilícitas a parir de estos se ha incrementado de manera sostenida en los últimos cinco años y en eso coinciden el Gobierno colombiano, el de Estados Unidos y las Naciones Unidas, aunque cada uno entrega datos diferentes.
Un informe de agosto de 2018 de la Oficina para el Control de Drogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, con base en el monitoreo satelital de los cultivos, señala que en el país, a diciembre de 2017, había 209.000 hectáreas sembradas con coca, con potencial para producir alrededor de 900 toneladas métricas de cocaína al año. Esto representa un incremento de 11 por ciento con respecto a las cifras de 2016.
El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), al que se atiene el Gobierno colombiano para sus planes de erradicación y sustitución de cultivos –en el marco de la política antidrogas- establece que, hasta diciembre de 2017, los cultivos de coca ocupaban 171.000 hectáreas y una producción de 1.379 toneladas ese año, lo cual representa un crecimiento del 17 por ciento frente a 2016.
El informe de esta entidad, adscrita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), fue presentado el 19 de septiembre de 2018.
En el caso de Antioquia, por las regiones vecinas del Norte y Bajo Cauca se mueve alrededor del 8 por ciento del mercado de la coca colombiana, si se cruzan los datos recientes entregados por Estados Unidos y los que tiene el gobierno departamental y la Policía Nacional.
“Hasta diciembre de 2016, según el SIMCI, en el departamento había 8.855 hectáreas sembradas con coca. Entre 2017 y lo que llevamos de 2018 hemos erradicado cerca de 16.000 hectáreas, entonces sabemos que ese dato no es real”, asegura Lina Marcela de los Ríos, directora del programa Antioquia Libre de Coca, que apoya la erradicación forzosa y voluntaria, además de que implementa programas para la sustitución de estos cultivos.
La funcionaria agrega que, por ejemplo, “este año, hasta el 14 de septiembre, van más de 7.000 hectáreas en los nueve municipios a los que se les ha dado prioridad, que son Anorí, Briceño, Cáceres, El Bagre, Ituango, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza. Con el resto del departamento suman 7.480 hectáreas”.
Esos municipios concentran el 70 por ciento de la producción de hoja de coca en el Antioquia y aunque el informe de Estados Unidos muestra el surgimiento de nuevos cultivos en el Bajo Cauca, la Gobernación regional aseguró que el embajador de ese país en Colombia destacó, en agosto pasado, que el departamento presenta una reducción general del 20 por ciento.
Sin embargo, el informe del SIMCI señala a esta región como una donde se presentó un gran incremento del área plantada con coca. De las 8.855 hectáreas de 2016 se pasó a 13.681 en 2017, es decir, 55 por ciento más de cultivos de uso ilícito.
“Ese programa de Antioquia Libre de Coca es un pañito de agua tibia, no satisface las necesidades de un campesino. Lo que estamos tratando de hacer en Tarazá es integrar ese programa con el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), es necesario articularlos: si el gobierno nacional va a hacer una inversión y el departamental otra, finalmente si se articulan, se fortalece el proyecto y nos va mejor a todos”.
Quien habla es William Muñoz, de la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac), quien en 2017 fue uno de los líderes de la protesta de los cultivadores de coca en la región, porque “a uno le dicen que se mete en un programa de sustitución, pero de sustitución no tiene nada, eso es erradicación”. La movilización concluyó con la firma, en septiembre de 2017, de un acuerdo con el cual las familias que se acogieron al mismo han recibido pagos de dos millones cada dos meses y “se han levantado más de mil hectáreas de coca voluntariamente”.
El dirigente campesino recuerda que “nosotros empezamos desde 2015 a preparar a la gente para la implementación del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, porque ya se veía venir lo que se iba a acordar en La Habana y con eso se abría la oportunidad de un cambio de vida económica”, en referencia a lo pactado para poner fin a los cultivos de coca.
En este momento, ante el avance de la erradicación voluntaria en Tarazá y Cáceres, en ambos municipios del Bajo Cauca ya está abierta la convocatoria técnica para que, con el apoyo de profesionales, los mismos campesinos formulen los proyectos de sustitución.
“Aquí no hay imposición, trabajamos de la mano del campesino, escuchamos sus necesidades. No los obligamos a sembrar nada. La idea es volver al campesino a la cultura de la legalidad y eso no se hace a la fuerza”, sostiene Lina Marcela de los Ríos, quien explica que, por obligación legal, cualquier proyecto que la entidad respalde debe hacerse a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario departamental. Y pone como ejemplo los avances registrados en Valdivia y Briceño, donde se recibe además el apoyo de empresas privadas para tratar de garantizar el éxito comercial de las iniciativas.
Muñoz reconoce el esfuerzo departamental, pero “lo que necesitamos son unas garantías para la comercialización del producto y esto empieza porque haya vías de comunicación por donde se pueda sacar de las veredas, porque nosotros somos capaces de hacer lo que nos proponemos, pero sin vías no hay manera”.