Luego de dos años y nueve meses de haber concluido la etapa inicial de remoción de tierra sin ningún hallazgo, los restos de decenas de personas desaparecidas que se presume están en La Escombrera, occidente de Medellín, se enredan más en la maraña burocrática.
Por: Carlos Olimpo Restrepo S
Foto: Alejandro Buriticá
104 restos de personas esperan ser retirados de los 15.000 metros cúbicos de tierra que, se calcula, tiene este cementerio clandestino, donde grupos paramilitares y guerrilleros que se disputaban el control de la comuna 13 torturaban, ejecutaban y enterraban a sus víctimas.
Esa es la cifra a la que llegó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, luego de cruzar los datos de fiscales y expedientes de organismos como el Gaula, CTI, unidades de reacción inmediata y Justicia y Paz.
Aunque son casos documentados desde 1978, la mayoría corresponden a la primera década del siglo XXI y algunos van incluso hasta agosto de 2017, es decir, cuando ya había concluido la primera etapa de búsqueda de desaparecidos, que se desarrolló entre junio y diciembre de 2015.
Margarita Selena Restrepo se ha convertido en una de las voces más reconocidas dentro del grupo de víctimas que busca a alguno de sus familiares en ese lugar. Su hija, Karen Vanesa, desapareció el 25 de octubre de 2002, apenas una semana después de la Operación Orión, cuando se dirigía a la estación San Javier, del metro.
Ella, al igual que otras madres y familiares de desaparecidos, espera que la Fiscalía concluya este año un estudio técnico de fondo, a partir del cual se tenga mayor claridad sobre la ubicación de los restos y realizar una nueva intervención en La Escombrera. En enero pasado dijo que si en febrero la entidad no reanuda las excavaciones, ella misma lo haría con sus manos. Pero hoy, ocho meses después, sigue esperando.
“La escena judicial la define la Fiscalía. Tenemos el antecedente de que en el primer polígono de búsqueda (junio a diciembre de 2015) se invirtieron más de $1.500 millones de pesos y no se encontró nada. Ahora lo que se está haciendo es un análisis de contexto, se investiga mucho más para mirar, a partir de este análisis, si la Fiscalía define la intervención y dónde se debe hacer”, explica Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.
El funcionario agrega que “estamos a la espera de lo que decida la Fiscalía. Si decide que sí se debe reanudar la excavación en La Escombrera, nosotros miramos cuánto es el costo, para que la Alcaldía asigne el presupuesto para ese fin específico, mediante el Plan Integral de Búsqueda”.
Adriana Arboleda Betancur, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, asegura que “la Fiscalía ha mostrado voluntad de darle continuidad a este proceso, pero no hay un avance concreto, no tenemos claridad sobre si se va a continuar con la búsqueda allá en La Escombrera, si se va a elaborar o no el plan de búsqueda”.
Por esta razón, el pasado 30 de agosto, alrededor de 30 integrantes der organizaciones de víctimas y de derechos humanos adelantaron una manifestación en la zona y pidieron que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declare medidas cautelares sobre este lugar “consistentes en el cierre de la misma, hasta tanta se defina si se va a continuar o no, y que sea un caso que aborde la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, sostiene Arboleda.
Las leyes colombianas y los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los grupos armados al margen de la ley no establecen un tiempo claro para resolver casos como los de La Escombrera, pero tratados internacionales vigentes son claros en que se trata de derechos de inmediato cumplimiento y que los involucrados deben dar respuestas eficaces a las víctimas para explicar qué pasó con las personas desaparecidas.