De los 574 compromisos que adquirieron el Gobierno y las Farc en el Acuerdo final de paz, 74 corresponden a medidas de protección y seguridad a líderes sociales. A pesar del despliegue inicial del Estado, las medidas no son efectivas en los territorios.
Por: Juan Camilo Castañeda
Foto: Vía Libre Grupo Libertario
Según un informe realizado por Indepaz, Marcha Patriótica, Cumbre Agraria y la Fundación Heinrich Böll, entre enero de 2016 y julio de 2018, han asesinado en Colombia 443 líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc. Solo en el transcurso de este año, hasta julio 25, se habían registrado 123 casos.
En el foro Líderes y lideresas en acecho: causas, actores y políticas públicas, organizado por distintas organizaciones sociales en Bogotá, Borja Paladini, director del Instituto Croc en Colombia –entidad encargada de hacer seguimiento y dar recomendaciones al Acuerdo de Paz– señaló que justamente por la atención urgente que requieren las situaciones que enfrentan los líderes sociales, el tema más preocupante de la implementación tiene que ver con las medidas que garanticen su accionar en los territorios.
Paladini llamó la atención sobre la necesidad de seguir informando y denunciando los atropellos contra los líderes, haciendo énfasis especial en la labor que ellos cumplen en la construcción de paz en localidades que han sido abandonadas históricamente por los gobiernos.
Es fundamental valorar su trabajo porque ellos son la punta de lanza de la legitimidad del Estado en los territorios y porque sus acciones son un mecanismo que permitirá que la paz haga un tránsito de elementos formales a las transformaciones reales que se buscan
Borja Paladini
Francisco Gutiérrez, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, criticó las posturas que en su momento tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos frente a la protección de los líderes, pues según el investigador, “es inadmisible que un Estado que se reivindica como soberano, con una oferta de seguridad universalista, diga, como lo hizo Santos, que no pudo detener el asesinato de líderes”, argumentó Gutiérrez.
El investigador de la Universidad Nacional añadió, además, que si el Estado, por los compromisos que asumió con la firma del Acuerdo de paz, crea programas y proyectos para ampliar la democracia e incentivar la participación ciudadana, tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas que lideran esas iniciativas en los municipios.
“Las tres categorías de líderes que más asesinan son los reclamantes de tierras, representantes de juntas de acción comunal y líderes de sustitución de cultivos. Es lo que yo he llamado el asesinato por invitación: El Estado crea un programa de transformación territorial, pero no brinda seguridad, y dejan que se las arreglen los líderes como puedan”, comentó Gutiérrez.
El evento fue convocado por las organizaciones Rodeemos el Diálogo, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Ciudadanos por la Paz de Colombia y la Fundación Heinrch Böll. Foto: Ángela Valenzuela.
¿Quién los está matando?
Carlos Espitia, investigador de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), aseguró que en un rastreo de prensa que realizaron, encontraron que en el 62 por ciento de los casos de asesinatos de líderes sociales no se identificaron responsables, una situación que se puede explicar en que “la forma más común en la que ocurren los hechos es a través del sicariato”.
“De los 443 asesinatos que hemos documentado desde 2016, 98 se han registrado en Cauca, 62 en Antioquia, 44 en Nariño, 32 en Valle del Cauca, 23 en Chocó, 24 en Córdoba y 22 en Norte de Santander”, informó Espitia.
Según los datos de un observatorio que creó el IEPRI para hacer seguimiento a la situación de los líderes sociales, solo en el 30 por ciento de los casos han conseguido capturar a los presuntos responsables. Francisco Gutiérrez asegura que por esa razón el acecho que hay frente a este grupo poblacional es distinto a lo que ocurrió en décadas pasadas con la Unión Patriótica. “A la UP la asesinó básicamente una unión de fuerza pública, narcos y paramilitares. Aquí, no sabemos muy bien quiénes, porque la identidad de los perpetradores en su gran mayoría es desconocida y la porción en la que hoy se ve comprometida la fuerza pública es muy pequeña”, afirmó el investigador.
De acuerdo con Carlos Espitia, son seis los factores que han propiciado el acecho contra los líderes: la disputa y reacomodo de estructuras armadas en los territorios abandonados por las Farc; los reacomodos del ELN y del EPL en algunas regiones del país, como el Catatumbo; los conflictos por la tenencia de la tierra, como en el caso de Urabá y el Bajo Cauca; los vestigios de grupos paramilitares que operan en diversas regiones del país; y el ambiente de polarización y las estigmatización durante los meses de campañas políticas.
Para Sergio Roldán, director nacional del Programa de promoción y divulgación de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, un asunto en el que se debe escudriñar para frenar el asesinato de los líderes y encontrar a los responsables, “es mirar cuáles son las acciones que ellos están realizando, a quién están denunciando, qué acciones legales emprenden para defender a sus territorios”, sugirió.
Un problema de vieja data
Gloria Flórez, defensora de Derechos Humanos que representa a las organizaciones sociales en el Comité Nacional de Garantías de Seguridad, llamó la atención sobre los elementos estructurales que son determinantes en la coyuntura que viven los líderes, como la cultura de exclusión política y eliminación del opositor político que vive el país de la violencia bipartidista.
Una preocupación que tiene Flórez frente al acecho que recae sobre los líderes, es que incluso en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad han identificado que no se desarrollan medidas que busquen resolver esos problemas estructurales que determinan la persecución y el asesinato de los líderes. “Desde 1996 los defensores de derechos humanos venimos planteamos como medida de prevención el desmantelamiento del paramilitarismo, los archivos de inteligencia y el actuar efectivo de la justicia, pero nada de eso ha ocurrido”, aseguró Flórez.
Un elemento que destacaron todos las personas que participaron en el conversatorio, fue que las medidas de protección que está ofreciendo el Estado a los líderes son insuficientes, pues con un teléfono celular y un chaleco antibalas, que es en lo que consiste muchas veces el esquema de seguridad, no es suficiente para proteger la vida de los líderes amenazados en los territorios. Además, esperan que el nuevo gobierno abra espacios de conversación con la sociedad civil para hacer seguimiento a las situaciones que enfrentan los líderes y pensar conjuntamente en las acciones que pueden dar soluciones a la problemática.
*El evento fue convocado por las organizaciones Rodeemos el Diálogo, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Ciudadanos por la Paz de Colombia, DEMHOY y la Fundación Heinrch Böll.