El evento público de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano es una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas asistirán, aunque el acto esté lejos de cumplir con sus expectativas.
Por: Esteban Tavera
La comunidad de La Esperanza, en El Carmen de Viboral, aceptó participar en el acto de reconocimiento de responsabilidad que promoverá el Estado colombiano por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Según la sentencia promulgada por la Corte sobre este caso, las instituciones estatales que se vieron involucradas en la desaparición de trece personas, entre junio y diciembre de 1996, tienen hasta el próximo 31 de agosto para promover un acto que satisfaga las expectativas de las víctimas. Los detalles del mismo serán concertados entre los abogados defensores y los representantes del Estado el próximo 2 de agosto en Bogotá.
Entre las víctimas, a pesar de que ya hay consenso sobre la necesidad de promover el acto, aún hay quienes desconfían sobre el arrepentimiento de los victimarios por los crímenes cometidos.
Hernando Castaño, a quien le desaparecieron un hermano en 1996, cree que un acto de este tipo no debería surgir como obligación a una decisión judicial. “Si a ellos les naciera venir a pedir perdón y a reconocer sus culpas, uno los escucharía, pero al saber que vienen obligados, es mejor que no”, señala.
Con él coincide su hermano, Rubén Castaño, para quien el acto de perdón es innecesario. “Para el caso de mi hermano, no nos queda duda de que en su desaparición tuvo que ver directamente el Ejército Nacional, que era el que debía de cuidarnos, pero nunca han querido reconocer los hechos que el fallo demostró. Si quisieran, hace rato hubieran venido. Yo apoyaría ese acto si quienes vienen a pedir perdón fueran los responsables directos de la desaparición, pero los que vienen son de otra generación, representantes, únicamente”.
Una postura distinta tiene Carlos Muñoz, un campesino de la vereda a quien también le desaparecieron uno de sus hermanos. Aunque sabe que ese acto no le devolverá a su familiar ni servirá para encontrarlo, considera valioso que los mandos militares reconozcan su responsabilidad. “Es bueno que vengan a pedirnos perdón para que uno también pueda verlos a la cara y preguntarles a dónde fue que los tiraron, los enterraron y todo”.
Para Flor Gallego, a quien le desaparecieron el esposo y dos hermanos, el acto hace parte del proceso de sanación que deben enfrentar los familiares de las personas muertas y desaparecidas. “El Estado debe venir y dar la cara ante la comunidad, pero no debería venir cualquiera. Los militares implicados son los que tienen que venir a demostrarle a la comunidad que están arrepentidos. Debería venir el Mayor del Ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana, también el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y las autoridades departamentales y municipales que tuvieron que ver con esos hechos”.
Según Luis Castillo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, organización que acompaña a los familiares de los desaparecidos desde 1996, en este caso resulta indispensable aclararle a la comunidad que es diferente una petición de perdón a un acto de aceptación de responsabilidad. “Es una garantía de no repetición que las autoridades vengan a aceptar que por su culpa estas personas sufrieron lo que sufrieron hace 22 años. Eso es distinto a pedir perdón, lo cual es un acto de carácter individual. Lo que siempre se ha pedido es que esto no se haga por personas de bajo mando, porque suponemos que un acto siempre debe tocar las fibras de la institución militar, debe haber un proceso de reflexión interna por la comisión de esos hechos para que esto tenga un efecto dentro de la institución y en la comunidad para que vuelva a confiar en el Ejército de este país”, explicó Castillo.
Aunque los campesinos de la vereda saben que no tendrán cara a cara a los verdaderos responsables de los hechos ni a quienes en su momento los comandaban, esperan que el acto simbólico sirva para restaurar la buena imagen de sus familiares asesinados o desparecidos y que quede claro ante el país que el Estado, en lugar de brindarles protección, atentó contra su población arguyendo una lucha antisubversiva.
Marcha en conmemoración de las víctimas de la vereda La Esperanza, en el 2011. Foto: Esteban Tavera.
La sentencia de la Corte IDH
En la sentencia proferida el 31 de agosto de 2017, la Corte IDH determinó que los hechos ocurridos en 1996 se produjeron a través de una alianza entre las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, bajo el mano de Ramón Isaza, el Ejército Nacional, la Policía y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La Corte IDH identificó que durante seis meses los campesinos de la vereda La Esperanza vieron vulnerados sus derechos “al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad física, y a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la inviolabilidad del domicilio y a conocer la verdad de las víctimas de desaparición forzada”.
Además, los paramilitares, en alianza con militares, policías y agentes de inteligencia del Estado, coordinaron la desaparición de Aníbal de Jesús Castaño, Óscar Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Hernando de Jesús Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego, Irene de Jesús Gallego Quintero y Leonidas Cardona Giraldo; así como la muerte de Javier Giraldo.
La Corte IDH le ordenó al Estado que para reparar a las víctimas debe asumir unos compromisos económicos para remediar los daños que sufrieron los familiares de los desaparecidos durante estos años; compromisos judiciales para seguir indagando por los responsables directos; y también debe promover medidas de satisfacción que devuelvan la dignidad que perdieron las víctimas con los crímenes ocurridos.